La empresa Herrera C.A ubicada en el
estado Zulia, intervenida en enero de este año por acaparamiento,
distribuía durante la noche productos de higiene personal a
contrabandistas del mercado interno, también conocidos como
"bachaqueros", denunció la ministra de Comercio, Isabel Delgado.
En entrevista para el diario Ciudad
Caracas, publicada el pasado martes, Delgado detalló que durante el
proceso de intervención "en la noche, llegaron los 'bachaqueros', y no
fue a protestar, sino porque iban todas las noches (a comprar). Allí
había incluso una estructura de facturación nocturna, porque esa empresa
entregaba de noche toda su mercancía y por eso la tomamos".
La ministra agregó que debido a este
procedimiento ilícito, en la empresa Herrera C.A "hubo una fuga
importante de mercancía", que fue vendida a los "bachaqueros",
conformados por mafias que contrabandean hacia Colombia productos de
primera necesidad para su reventa.
El pasado 12 de enero, como parte de la
lucha contra la guerra económica, el Gobierno Nacional recuperó
toneladas de bienes primera necesidad para la población, entre alimentos
y productos de higiene y aseo, en un galpón perteneciente a la empresa
distribuidora Herrera C.A, ubicada en la zona industrial del municipio
San Francisco, en Maracaibo, estado Zulia.
En el lugar, el vicepresidente de la
República, Jorge Arreaza, acompañado por los funcionarios de la
Superintendencia de Precios Justos y de la Guardia Nacional Bolivariana
(GNB), se decomisó 7.116 unidades de leche maternizada Enfamil de 400
gramos y 7.188 unidades de 900 gramos; 44.940 unidades de Sustangen de
450 gramos y 5.760 unidades de 1,2 Kg; 17.076 kilos de caraotas; 1.776
litros de leche completa líquida, 40 toneladas de harina de maíz
amarillo, 40.240 kilos de arroz y 8.200 latas de guisantes, entre otros
alimentos.
También estaban siendo acaparados en el
galpón más de un millón de unidades de pañales, 370.000 kilogramos de
detergente en polvo, 277.380 unidades de jabón de baño, 43.570 litros de
suavizante, 561.888 unidades de máquinas para afeitar, 78.770 unidades
de toallas sanitarias, 61.152 unidades de champú y 16.800 unidades de
desodorante, entre otros artículos de aseo e higiene personal, así como
otros productos como 22.580 unidades de pilas y 182 unidades de papel
aluminio.
A la compañía se le aplicó el artículo
60 de la Ley de Precios Justos, que establece la privativa de libertad a
los dueños de la empresa, con penas entre 10 a 11 años, el decomiso de
toda la mercancía y la confiscación de los activos. Dicha mercancía fue
puesta a la orden del Ministerio para el Comercio para su venta al
pueblo a preciso justos.
(AVN)
