FLOR GOCHE/Resumen Latinoamericano/Contralínea – Hasta marzo
de 2015, en el país se enlistaron oficialmente 25 mil 821 personas “no
localizadas” en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De éstas, 10
mil 836 desaparecieron en lo que va del actual gobierno. El resto, es
decir la mayoría, data de la administración de Felipe Calderón. Por su
metodología, la base de datos gubernamental podría ocultar centenas de
desapariciones, señalan organizaciones civiles. Esta realidad constituye
“una verdadera tragedia nacional”, considera Santiago Corcuera,
integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
En agosto de 2014, el gobierno mexicano reconoció la existencia de 22 mil 611 personas “no localizadas”. Siete meses después, a marzo del año en curso, ya son 25 mil 821.
Más del 40 por ciento de las personas que a la fecha se encuentran en calidad de “no localizadas” (10 mil 836) desapareció en lo que va del actual gobierno: de enero de 2013 a marzo de 2015. Mientras que el 54 por ciento (13 mil 996) fue durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Se trata de personas que hasta el momento permanecen en calidad de desaparecidas, es decir, que no han sido encontradas vivas o muertas.
Estas cifras constan en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped), que se alimenta de las denuncias presentadas ante las agencias del Ministerio Público, tanto del fuero federal como del común. El instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabiliza únicamente a las personas que aún no han sido localizadas.
El 72 por ciento de las personas que actualmente se encuentran desaparecidas (18 mil 536) son varones. En tanto, el 59 por ciento (15 mil 294) están en edad productiva, y el 25 por ciento (6 mil 467) son menores de 19 años. Estos indicativos sobre el perfil de las 25 mil 821 “no localizadas” se desprenden de la estadística oficial.
El Rnped permite, asimismo, ubicar las entidades con los más altos índices de desaparición. Se trata, en primer lugar, de Tamaulipas, con 5 mil 479 casos. Le siguen Jalisco, con 2 mil 248; Estado de México, con 2 mil 74; y Nuevo León, con 2 mil 21.
En febrero pasado, México fue examinado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Como parte de sus observaciones finales, éste advirtió un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas.
“Una verdadera tragedia nacional”, así se refiere Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, a la dimensión que ha alcanzado el fenómeno de la desaparición de personas en México.
En entrevista con Contralínea, y bajo la aclaración de que los comentarios que emite son a título personal, el maestro en derecho por la Universidad de Cambridge dice que, en aras de desarrollar las medidas adecuadas y efectivas para la erradicación de las desapariciones, el Estado mexicano debe reconocer la dimensión del problema, tal como se lo recomendó, en 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.
Sin embargo, a la fecha, el gobierno mexicano sigue sin reconocer la magnitud de la problemática en cuestión, además de que le ha faltado voluntad para resolverla, señala Corcuera Cabezut.
A decir del exintegrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, el origen de la tragedia de las desapariciones en territorio mexicano data de 2006, luego del “espiral de violencia” que desató la “guerra contra el narcotráfico”, política de seguridad ejercida por Felipe Calderón a través del empleo de las Fuerzas Armadas.
Registro oficial podría ocultar cientos de desapariciones
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no reflejaría la totalidad de las desapariciones que ocurren en el país. Las razones son diversas: no incluye a las personas que ya fueron localizadas; no da cuenta de los casos que carecen de denuncia ante la autoridad; respecto de los hechos que constan en el fuero federal, sólo contempla las averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2014 y 2015.
Un ejercicio realizado por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila permite entrever las desapariciones en México. De un total de 147 casos que tienen averiguación previa en la PGR, la organización civil encontró que tan sólo 23 constan en el Rnped. De acuerdo con este parámetro, en ese caso la base de datos oficial ocultó el 84 por ciento de los casos de desaparición.
A este subregistro habría que adherir los casos que no constan en los expedientes judiciales porque, como explica Corcuera Cabezut, los familiares o seres queridos de la persona desaparecida no siempre denuncian. Esto ocurre, precisa el experto, principalmente por temor o por el trato de “hostigamiento terrible” que reciben en su intento de exponer los hechos ante la autoridad ministerial.
Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, comenta que la base de datos gubernamental no es “muy confiable”, dada su falta de rigor técnico y su “rudimentaria metodología” de recopilación de información. Es así, asegura, que dicho registro no refleja el número real de desaparecidos a nivel nacional.
Derivado de un acuerdo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en 2011 el gobierno mexicano empezó a construir una base de datos de personas no localizadas basada en información de las procuradurías y fiscalías locales. Al 30 de noviembre de 2012, es decir, en vísperas del fin del sexenio de Felipe Calderón, ésta llegó a acumular un total de 26 mil 121 registros.
De acuerdo con información difundida por la PGR, la base de datos oficial sería depurada y actualizada por la administración de Enrique Peña Nieto a partir de la eliminación de los nombres de las personas ya localizadas y de la identificación de homonimias o registros duplicados. Es así que, a marzo del año en curso, constan en el registro gubernamental 25 mil 821 casos de personas no localizadas.
A principios de 2012 se expidió la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, la cual regula la operación, funcionamiento y administración del Rnped. La aplicación de la misma corresponde al Ejecutivo federal, a través del Secretariado Ejecutivo, quien tiene la obligación de publicar el registro actualizado en su página electrónica.
En febrero pasado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU externó su preocupación por la falta de reglamentación de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, y por el hecho de que el Rnped no diferencia entre las desapariciones perpetradas por particulares y las forzadas, es decir, aquellas que son obra de agentes del Estado o de personas o grupos que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia.
“Mientras toma nota de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, al Comité le preocupa su falta de reglamentación, así como el hecho de que el registro no incluye información que permita determinar si la persona pudo haber sido sometida a desaparición forzada.”
Los expertos de la ONU recomiendan al Estado mexicano contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que, como mínimo, refleje de forma exhaustiva y adecuada todos los casos de personas desaparecidas, al contemplar datos como sexo, edad, nacionalidad, así como lugar y fecha de desaparición; incorpore información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada o de un hecho sin participación alguna de agentes estatales; permita generar datos estadísticos respecto de los casos de desaparición forzada aun cuando hayan sido esclarecidos; sea completado con base en criterios claros y homogéneos, y actualizado permanentemente.
En agosto de 2014, el gobierno mexicano reconoció la existencia de 22 mil 611 personas “no localizadas”. Siete meses después, a marzo del año en curso, ya son 25 mil 821.
Más del 40 por ciento de las personas que a la fecha se encuentran en calidad de “no localizadas” (10 mil 836) desapareció en lo que va del actual gobierno: de enero de 2013 a marzo de 2015. Mientras que el 54 por ciento (13 mil 996) fue durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Se trata de personas que hasta el momento permanecen en calidad de desaparecidas, es decir, que no han sido encontradas vivas o muertas.
Estas cifras constan en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped), que se alimenta de las denuncias presentadas ante las agencias del Ministerio Público, tanto del fuero federal como del común. El instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabiliza únicamente a las personas que aún no han sido localizadas.
El 72 por ciento de las personas que actualmente se encuentran desaparecidas (18 mil 536) son varones. En tanto, el 59 por ciento (15 mil 294) están en edad productiva, y el 25 por ciento (6 mil 467) son menores de 19 años. Estos indicativos sobre el perfil de las 25 mil 821 “no localizadas” se desprenden de la estadística oficial.
El Rnped permite, asimismo, ubicar las entidades con los más altos índices de desaparición. Se trata, en primer lugar, de Tamaulipas, con 5 mil 479 casos. Le siguen Jalisco, con 2 mil 248; Estado de México, con 2 mil 74; y Nuevo León, con 2 mil 21.
En febrero pasado, México fue examinado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Como parte de sus observaciones finales, éste advirtió un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas.
“Una verdadera tragedia nacional”, así se refiere Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, a la dimensión que ha alcanzado el fenómeno de la desaparición de personas en México.
En entrevista con Contralínea, y bajo la aclaración de que los comentarios que emite son a título personal, el maestro en derecho por la Universidad de Cambridge dice que, en aras de desarrollar las medidas adecuadas y efectivas para la erradicación de las desapariciones, el Estado mexicano debe reconocer la dimensión del problema, tal como se lo recomendó, en 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.
Sin embargo, a la fecha, el gobierno mexicano sigue sin reconocer la magnitud de la problemática en cuestión, además de que le ha faltado voluntad para resolverla, señala Corcuera Cabezut.
A decir del exintegrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, el origen de la tragedia de las desapariciones en territorio mexicano data de 2006, luego del “espiral de violencia” que desató la “guerra contra el narcotráfico”, política de seguridad ejercida por Felipe Calderón a través del empleo de las Fuerzas Armadas.
Registro oficial podría ocultar cientos de desapariciones
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no reflejaría la totalidad de las desapariciones que ocurren en el país. Las razones son diversas: no incluye a las personas que ya fueron localizadas; no da cuenta de los casos que carecen de denuncia ante la autoridad; respecto de los hechos que constan en el fuero federal, sólo contempla las averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2014 y 2015.
Un ejercicio realizado por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila permite entrever las desapariciones en México. De un total de 147 casos que tienen averiguación previa en la PGR, la organización civil encontró que tan sólo 23 constan en el Rnped. De acuerdo con este parámetro, en ese caso la base de datos oficial ocultó el 84 por ciento de los casos de desaparición.
A este subregistro habría que adherir los casos que no constan en los expedientes judiciales porque, como explica Corcuera Cabezut, los familiares o seres queridos de la persona desaparecida no siempre denuncian. Esto ocurre, precisa el experto, principalmente por temor o por el trato de “hostigamiento terrible” que reciben en su intento de exponer los hechos ante la autoridad ministerial.
Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, comenta que la base de datos gubernamental no es “muy confiable”, dada su falta de rigor técnico y su “rudimentaria metodología” de recopilación de información. Es así, asegura, que dicho registro no refleja el número real de desaparecidos a nivel nacional.
Derivado de un acuerdo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en 2011 el gobierno mexicano empezó a construir una base de datos de personas no localizadas basada en información de las procuradurías y fiscalías locales. Al 30 de noviembre de 2012, es decir, en vísperas del fin del sexenio de Felipe Calderón, ésta llegó a acumular un total de 26 mil 121 registros.
De acuerdo con información difundida por la PGR, la base de datos oficial sería depurada y actualizada por la administración de Enrique Peña Nieto a partir de la eliminación de los nombres de las personas ya localizadas y de la identificación de homonimias o registros duplicados. Es así que, a marzo del año en curso, constan en el registro gubernamental 25 mil 821 casos de personas no localizadas.
A principios de 2012 se expidió la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, la cual regula la operación, funcionamiento y administración del Rnped. La aplicación de la misma corresponde al Ejecutivo federal, a través del Secretariado Ejecutivo, quien tiene la obligación de publicar el registro actualizado en su página electrónica.
En febrero pasado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU externó su preocupación por la falta de reglamentación de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, y por el hecho de que el Rnped no diferencia entre las desapariciones perpetradas por particulares y las forzadas, es decir, aquellas que son obra de agentes del Estado o de personas o grupos que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia.
“Mientras toma nota de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, al Comité le preocupa su falta de reglamentación, así como el hecho de que el registro no incluye información que permita determinar si la persona pudo haber sido sometida a desaparición forzada.”
Los expertos de la ONU recomiendan al Estado mexicano contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que, como mínimo, refleje de forma exhaustiva y adecuada todos los casos de personas desaparecidas, al contemplar datos como sexo, edad, nacionalidad, así como lugar y fecha de desaparición; incorpore información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada o de un hecho sin participación alguna de agentes estatales; permita generar datos estadísticos respecto de los casos de desaparición forzada aun cuando hayan sido esclarecidos; sea completado con base en criterios claros y homogéneos, y actualizado permanentemente.
