SEBASTIAN
POLISCHUK / Resumen Latinoamericano – A raíz de las constantes
violaciones a los derechos humanos que siguen habiendo en Paraguay, los
desalojos a campesinos y la falta de voluntad política por parte del
Estado y la justicia paraguaya de esclarecer los crímenes,
desapariciones y torturas que ha dejado la dictadura de Alfredo
Stroessner (1954-1989), Resumen Latinoamericano pudo entrevistar a Jorge
Miguel Soler militante por los derechos humanos de Paraguay en el
exterior, en Argentina y miembro de la Asociación de Crímenes de Estado
de Paraguay, quién trabaja junto a Rogelio Goiburú[1] en el Equipo de Búsqueda e Identificación de Cuerpos (ENABI).
-¿Cómo ves la situación de derechos humanos
en Paraguay, en lo que hace a la búsqueda de la verdad y justicia por
los crímenes de Estado ocurridos durante la dictadura de Alfredo
Stroessner?
Nosotros consideramos que los derechos humanos
en Paraguay están en una situación límite digamos, crítica porque
tenemos toda una estructura ya fenecida por ley, y de la cual la cabeza
es la señora Yudith Rolón[2]
que tiene todo el presupuesto, y el presupuesto que tiene que tener la
Mesa Nacional de Justicia y Reparación Histórica, lo toma ella por orden
de presidencia de Horacio Cartes, para que la ENABI no pueda funcionar,
para no poder buscar a los cuerpos e inclusive estuvieron a punto de
hacerse cargo también del presupuesto para la identificación de los
cuerpos para hacer la prueba de ADN, que logramos revertir, pero nos
dieron la mitad.
El Estado se niega terminantemente a que haya un
reconocimiento de cadáveres, no quiere saber nada, entonces nos pone en
una situación límite, ahora estamos unificando todos los derechos
humanos en el exterior para constituir un solo frente donde podamos ser
soporte de los compañeros que están adentro, unificando desde la
Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado a las distintas
organizaciones como HIJOS, Familiares y Mártires del Paraguay, Comisión
de Derechos Humanos de paraguayos residentes, entre otras, sin que
pierdan sus identidades como organizaciones, para que puedan trabajar y
que sea un solo organismo.
-Y te hago una consulta, el tema de la
situación actual de los presos políticos, los derechos humanos en la
actualidad de Paraguay, más allá de los desaparecidos, ¿Cómo lo ves o
cómo son los juicios?
Los juicios son digamos como una entelequia,
porque digamos en realidad son para afuera los juicios, pero para
adentro esta determinado desde el momento en que los detuvieron.
-¿O sea que por ejemplo un campesino que lo detienen ya sabe que lo van a condenar?
El campesino que automáticamente lo detuvieron,
ya está condenado. Porque los que definen quienes van a ser detenidos
son los grandes empresarios y los grandes terratenientes. Las fuerzas
que intervienen en los desalojos provienen más que del Estado, de los
grandes terratenientes, lo que vendría a ser los paramilitares. Las
Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) están para tapar las actividades de los
paramilitares y los parapoliciales.
-¿Y eso más o menos en qué sentido?
Hay un chileno Francisco “Pancho” Benavente, que
es el yerno de Pastor Coronel que fue el Jefe de Investigaciones de la
dictadura de Stroessner. Este hombre que es pinochetista ha organizado
la fuerza de choque de los grandes terratenientes[3].
Entonces ellos más la fuerza, de por ejemplo de los colonos de los
llamados “brasiguayos” que fueron en su primer momento un anillo de
contención de seguridad para Itaipú, de un cuerpo del ejército
brasilero, una división brasilera que se asentó como colonos a treinta
kilómetros de Itaipú. Itaipú, todo Itaipú era de Paraguay, los
brasileros ocuparon una cantidad de kilómetros para que sea binacional
con el apoyo de Stroessner, y la dictadura de Ernesto Geisel en Brasil. Y
desde ese momento, desde el año ´67 que los brasileros están poniendo
colonos, en realidad son soldados, esa gente también trae policía
brasilera para hacer los desalojos. A ese nivel estamos. A todo esto le
tenes que aportar los narcos que son parte de toda la estructura,
incluido el actual presidente de Paraguay Horacio Cartes quién vende sus
tabacos a grupos narcos de otros países como el grupo los Zetas (en
México) o el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil. Está todo
relacionado.
-Y una consulta ¿Cómo es el tema de la
fiscalía? ¿Cómo la vez, teniendo en cuenta por los diarios que tiene
bastantes irregularidades?
Bueno las fiscalías en general, funcionan con
hijos de torturadores. Porque al sacarlo a Stroessner toda esa
estructura tenía que ir a algún lado, no se iba a ir a su casa, entonces
fueron a las fiscalías y a los juzgados. O sea tenes que la mayoría de
los fiscales son hijos de torturadores, fue el mismo Estado el que los
puso, es el mismo Estado que está. Cuando subió Fernando Lugo, entro una
ventanita de aire puro, pero no podía hacer nada[4].
-¿Y por eso esta la Masacre de Curuguaty[5]?
La Masacre fue hecha para poder sacarlo, porque ya lo habían querido sacar y no lo habían podido sacar.
-Y ahora ¿Cómo es esta este tema, la causa del juicio?
Esta el compañero Rubén Villalba, Néstor Castro y otros compañero
están en prisión domiciliaria. Rubén es un caso testigo de lo que pasa
con los campesinos, estás condenado. A Castro y a otros compañeros
(Arnaldo Quintana, Adalberto Castro, Felipe Benítez Balmori, Néstor
Castro) los tuvieron que sacar porque fue tal la presión, que los
tuvieron que sacar, pero a Villalba lo pusieron de nuevo para que quede
como ejemplo de que no cambia la situación, bueno tuvieron que bajarse
de dos testigos, pero lo demás sigue igual[6].Algo similar pasó con otros campesinos, los seis campesinos que fueron extraditados de Argentina y que fueron ilegalmente extraditados, porque ya tenían el refugio[7].
[1] Rogelio Goiburú es coordinador del
Equipo Nacional para la Investigación, Búsqueda e Identificación de
Personas Detenidas-Desaparecidas y Ejecutadas Extrajudicialmente (ENABI) y Director de la Dirección de Reparación y Memoria Histórica del Ministerio de Justicia
[2] Yudith Rolón, es la actual
directora de la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación del Paraguay
quién además recientemente se postulo como candidata a ocupar el cargo
de defensora dentro de la Defensoría del Pueblo de Paraguay, apoyada por
el nefasto juez Baltasar Garzón, quién es conocido por haber ordenado
detenciones y torturas arbitrarias a catalanes y vascos (ver: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=156969)
[3] Francisco “Pancho” Benavente, amigo de Eduardo Avilés uno
de los fundadores durante el 2009 de grupos de choque como el Comando
Anticomunista Paraguayo, en estrecha relación con la Asociación Rural de
Paraguay durante el año 2009.http://mariategui.blogspot.com.ar/2009/10/paraguay-se-esta-organizando-grupo.html
[4] Uno de los fiscales conocidos es
el fiscal Jalil Rachid quién está a cargo del caso de la Masacre de
Curuguaty, y es hijo de Bader Rachid referente stronista.
[5] La Masacre de Curuguaty fue un
hecho ocurrido el 15 de junio del 2012, en el que campesinos que
resistían al desalojo de tierras fueron brutalmente desalojados por la
policía que se negó a dialogar. Del hecho resultaron muertos 11
campesinos y 6 policías. A los pocos días de ese hecho el propio poder
político saco al ex-presidente Fernando Lugo de su mandato, quién no
hizo nada y demoraba en realizar la prometida Reforma Agraria.
[6] En el caso de Curuguaty se sigue acusando
a: Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro,
Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores
López Peralta por los hechos de tentativa de homicidio doloso, invasión
de inmueble ajeno y asociación criminal. Mientras que no se imputo a
ningún policía o empresario, por las muertes de los campesinos, solo se
intento indagar sobre la muerte de los policías.
[7] http://2014.kaosenlared.net/america-latina-sp-1870577476/al2/ecuador/92241-paraguay-caso-de-los-seis-campesinos-extraditados-por-argentina:
En julio del año 2014, seis dirigentes campesinos paraguayos Agustín
Acosta González, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Giménez,
Gustavo Lezcano Espínola, Roque Rodríguez Torales y Arístides Luciano
Vera Silguero, fueron devueltos a Paraguay por parte del gobierno
argentino, tras refugiarse políticamente en ese país, por falta de
garantías en el juicio, por el caso de mayo de 2006 en el que se los
acusa, junto a un grupo mayor de militantes del Partido Patria Libre, de
su participación en la planificación del secuestro y muerte de Cecilia
Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas Grau.
