Por Nancy Flores
Militares en las calles
Una
nueva guerra sucia tiene lugar en México y se encubre en la supuesta
lucha contra las drogas que patrocina Estados Unidos y consuma el
gobierno del panista Felipe Calderón 94.540 militares en las calles.
Como
en las décadas de 1960, 1970 y principios de la de 1980, luchadores,
líderes sociales, defensores de los derechos humanos, políticos y
periodistas son victimados a mansalva.
La
“guerra” contra el narcotráfico es en realidad una guerra social que
busca propósitos no confesados, señala el politólogo y antropólogo
Gilberto López y Rivas, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia-Morelos.
—Es un proceso de militarización y de criminalización de las luchas sociales, en donde se
ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a usar la violencia
selectiva. Como lo hizo en el pasado, a través de la Guerra Sucia con
desapariciones forzadas, ahora (lo hace) con la impunidad en el terreno
represivo, supuestamente, en contra de los cárteles de las drogas.
Y
es que, en lo que va de la administración federal, más de 23 mil
civiles han sido ejecutados extrajudicialmente. De éstos, al menos 55
eran activistas; 33, periodistas, y 20, políticos, revela una
investigación hemerográfica hecha por Contralínea.
El
más reciente, ocurrido el 28 de junio pasado: el candidato del Partido
Revolucionario Institucional al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre
Cantú, fue acribillado junto con tres personas más de su equipo cerca
del Aeropuerto Internacional de Ciudad Victoria, en el kilómetro 9 de la
carretera Ciudad Victoria- Soto la Marina.
Además,
de acuerdo con datos del Frente Democrático Oriental de México, en este
gobierno se cuentan 4 mil desapariciones forzadas por motivos políticos
y sociales. “El narcotráfico se ha convertido en un pretexto
del gobierno federal para convertir al Estado en patrullaje militar y
fascismo opresor del pueblo”, indican los representantes de esa asociación.
Tal
es el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez,
militantes del Ejército Popular Revolucionario, desaparecidos el 25 de
mayo de 2007 tras ser detenidos por policías federales.
La
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a
la Comunidad –que depende de la Procuraduría General de la República–
admite conocer 35 crímenes de lesa humanidad relacionados con
desaparición forzada, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de
información 00017000150309 hecha por este semanario.
Crímenes de Estado
Aunque
el gobierno federal impulsa la creencia de que todas las personas
ejecutadas y desaparecidas son víctimas de la delincuencia organizada,
asociaciones civiles señalaron en su momento que cada uno de los
homicidios de los activistas fueron crímenes de Estado.
Los
asesinatos se caracterizan, en su mayoría, por sus victimarios:
comandos armados no identificados, que acabaron con la vida de los
luchadores sociales a balazos, incluyendo el tiro de gracia. Algunos
activistas fueron previamente levantados y sus cuerpos presentaron
huellas de tortura.
Respecto
de la veintena de políticos, sus muertes sucedieron en medio de
procesos electorales. En total, más de un centenar encajan en la
definición de crímenes políticos o de Estado.
Uno
de ellos, el que cobró la vida de Armando Villarreal Martha –dirigente
de la Organización Agrodinámica Nacional, líder de productores y
campesinos que exigen la revisión de tarifas eléctricas para consumo
agrícola y opositor al Tratado de Libre Comercio de América del Norte–,
perpetrado el 14 de marzo de 2008 por un comando armado.
También,
el de Benjamín Franklin Le Barón Ray –sucedido el 8 de julio de 2009–,
quien encabezaba un movimiento social en contra del secuestro en
Chihuahua. Según su familia, 20 hombres armados y con vestimenta militar
lo secuestraron en su casa, ubicada en el municipio de Galeana.
O
el del comandante Ramiro, del Ejército Revolucionario del Pueblo
Insurgente. El 4 de noviembre de 2009, siete narcoparamilitares,
liderados por el Cuche Blanco Palacios, le tendieron una emboscada en la
comunidad de Palos Grandes, municipio de Ajuchitlán, Guerrero.
—Las
violaciones a los derechos humanos seguirán presentándose mientras las
Fuerzas Armadas estén en la calle. Seguirá latente, con justa razón, la
percepción ciudadana de que el gobierno está reprimiendo a sus
opositores, dirigentes sociales e inconformes que ya miran a la
insurrección ante las condiciones económicas, de inseguridad y de acoso
–señala el general brigadier en retiro Samuel Lara Villa.
Agrega: “Hay
muchos casos en los que las autoridades aplican el disimulo y la
impunidad a las corporaciones represoras. Asoma la guerrilla: el caso
del comandante Ramiro, que preventivamente fue ejecutado por cometer el
error de anunciar, de manera imprudente, la reactivación de la lucha
armada. La guerrilla asciende cada día en el rango de las amenazas a la
seguridad nacional”.
El
Programa para la seguridad nacional (2009-2012) revela que, entre 2010 y
2012, el gobierno federal intensificará su proyecto castrense de
“recuperación” de territorios controlados no sólo por el narcotráfico,
sino sobre todo por la guerrilla.
El
antecedente inmediato a estas prácticas gubernamentales ocurrió en las
décadas de 1960 a 1980, cuando los gobiernos priistas emplearon la
fuerza para acabar con la disidencia política.
Ahora,
las prioridades de la administración calderonista son: “Recuperar el
control pleno en territorios endémicamente afectados por las actividades
delictivas” y “recuperar aquellos espacios que han sido cooptados de
manera ilegítima por terceros, subvirtiendo el orden constitucional”.
Caravanas de la muerte
En
esta nueva guerra sucia, la responsabilidad del gobierno federal
mexicano no se reduce a los asesinatos políticos y las desapariciones
forzadas. También alcanza a la llamada limpieza social: ejecuciones
selectivas en contra de delincuentes, presuntos delincuentes, adictos,
estudiantes, disidentes y civiles.
La
más reciente, ocurrida el pasado 26 de junio en el Centro de
Rehabilitación Fuerza para Vivir, AC, ubicado en Gómez Palacio, Durango.
Ese día, un comando armado, que arribó al lugar a bordo de varios
vehículos, asesinó a nueve personas e hirió de gravedad a otras ocho.
Entre
las más dramáticas ejecuciones colectivas, está también la de Villas de
Salvárcar, Ciudad Juárez, Chihuahua. El 1 de febrero de este año, un
comando armado irrumpió en una fiesta estudiantil y asesinó a 16
adolescentes. Además, lesionó a otros 12 muchachos.
Respecto
de esta matanza, Calderón afirmó que se trataba de jóvenes implicados
en la delincuencia organizada. Ante la imposibilidad de probar su dicho,
finalmente se retractó.
Según
las autoridades federales, los comandos armados son parte de la base
social del crimen organizado. No obstante, podrían ser las reeditadas caravanas de la muerte que financia la propia administración calderonista.
Como lo informó la columna Oficio de Papel (el 29 de diciembre de 2008), el gobierno ha creado grupos clandestinos de elite militar similares a la Brigada Blanca (utilizada durante la Guerra Sucia para exterminar a las guerrillas rural y urbana).
Informantes
de alto nivel del Ejército Mexicano –que solicitan el anonimato–
afirman que los comandos militares operan en zonas territoriales
específicas del país, aunque no como parte de los operativos conjuntos
que se han acordado entre el gobierno federal y los gobiernos estatales.
Desde
mediados de 2008, las caravanas de la muerte estaban bajo las órdenes
del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien fuera procesado por
abuso, tortura y desaparición de por lo menos 143 personas supuestamente
vinculadas a grupos subversivos de Guerrero, en la década de 1970 y
principios de 1980.
—El
Ejército está actuando para detectar a luchadores sociales y cualquier
foco de disidencia, a través de los grupos de información de zona.
El Ejército tiene infiltrada a toda la sociedad a través de esos grupos
clandestinos, conocidos como Gizes. Una vez que son detectadas las
personas que son incómodas al Ejército o al gobierno, las ejecutan. Aquí
no pasa nada: ejecutan, torturan, violan mujeres. Hay 3 mil 175 quejas
en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no pasa nada –indica
el general brigadier Francisco Gallardo.
El también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México explica que “las
Fuerzas Armadas se han dedicado a desarticular los movimientos
sociales, a través de ejecuciones contra objetivos seleccionados, como
el caso de Ramiro en Guerrero, y de luchadores sociales en Chihuahua”.
Impunidad a criminales militares
En
este contexto, la administración de Calderón se ha esforzado por
garantizar la impunidad de los militares que asesinan civiles o les
violan sus derechos humanos. De acuerdo con Human Rights Watch, “el
sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con su
obligación de impartir justicia en casos de abusos militares contra
civiles”.
La
organización internacional señala, en su reporte Impunidad uniformada,
que “las investigaciones militares sobre violaciones graves de derechos
humanos, cometidas por militares contra civiles durante las últimas
décadas, no han concluido con sanciones de los responsables y han
reforzado una cultura de impunidad”.
Cita como ejemplo que, en enero de 2009,
funcionarios de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional
dijeron a sus representantes que eran “muchas” las imposiciones de
condenas penales contra personal militar por delitos cometidos contra
civiles. “No obstante, sólo pudieron recordar un único caso de 1998”.
Ante
la sociedad, la administración federal ha reiterado por todas las vías
posibles que las personas asesinadas son delincuentes y que la milicia
está para proteger a la sociedad y combatir al crimen. Sin embargo, a lo
largo de esta serie periodística, Contralínea ha documentado
que la “guerra” contra las drogas es una farsa que sólo sirve para
asesinar miles de civiles en total impunidad.
Uno
de los casos en los cuales se incriminó de manera injustificada y sin
ninguna prueba a las víctimas es el de Jorge Antonio Mercado Alonso y
Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Asesinados
por militares en su área de estudio, el pasado 19 de marzo los jóvenes
fueron presentados por la administración federal como sicarios. No
obstante, la institución educativa aclaró que se trataba de alumnos de
posgrado, con beca de excelencia y excelente desempeño académico.
Más
aún, en el ámbito de las ejecuciones extrajudiciales, el Estado
mexicano siempre tiene responsabilidad, incluso cuando los acribillados
sí forman parte de la delincuencia organizada.
Según
su definición, la ejecución extrajudicial es la privación arbitraria de
la vida de una o varias personas por parte de agentes estatales: “Una
forma de pena sin proceso o pena extralegal, aplicada al margen de un
proceso legal y en contravención al principio de legalidad”.
—No
me consta, judicialmente hablando, que el Ejército esté asesinando
luchadores sociales. Sí me consta, de acuerdo con las denuncias que se
han hecho, que el Ejército está siendo acusado de cometer masivos actos
de abusos de derechos humanos en México; eso sí. Sin embargo, el hecho
concreto de luchadores sociales, no. El Ejército, en este momento, corre
el peligro de estar siendo corrompido y capturado por los grupos
criminales, de estar siendo sujeto de acusaciones masivas de abusos de
derechos humanos y de que, como institución, pierda legitimidad y todo
valor en el futuro –dice Edgardo Buscaglia, experto en temas de
seguridad.
El también académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México indica que “hay
un problema de abuso masivo de derechos humanos que está siendo
investigado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y
por las Naciones Unidas, que han recibido denuncias muy graves por este
tipo de atropellos”.
Del
1 de enero de 2007 al 23 de octubre de 2009, la CNDH tuvo conocimiento
de 12 quejas en contra del personal castrense por trato cruel y/o
degradante; nueve por retención ilegal; nueve por detención arbitraria;
siete por ejercicio indebido del servicio público; seis por
incomunicación; cinco por emplear arbitrariamente la fuerza pública,
indica la respuesta a la solicitud de información 09000759 hecha por un
ciudadano.
Además,
refiere cuatro quejas por cateos y visitas domiciliarias ilegales;
cuatro por ejercicio indebido de la función pública; cuatro por faltar a
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el
desempeño de sus funciones; tres por omitir notificar a la familia o
conocidos sobre el arresto, detención, traslado, lugar de custodia,
estado físico y sicológico, así como situación jurídica del prisionero;
tres por omitir, obstaculizar o impedir la comunicación con el abogado
defensor o sus familiares; dos por intimidaciones; dos por ejercicio
indebido del cargo, entre otros.
El general brigadier en retiro, Samuel Lara Villa, explica que “la
ciudadanía pronto resintió los efectos de los retenes de control en las
vías de comunicación, el patrullaje, los rondines y el empleo de las
armas de fuego para responder a la capacidad de fuego y de maniobra de
los malhechores. El resultado tenía que ser la muerte de gente inocente,
incluyendo niños y estudiantes”.
“La
responsabilidad –afirma el presidente de la Federación de Militares
Retirados General Francisco J Múgica, AC– es de quien los mandó a esa
‘guerra’ sin respaldo legal. Tarde o temprano [el presidente] tendrá que
responder ante el tribunal que la historia le depare.”
Francisco
Gallardo vaticina que, con esta “guerra”, Calderón va a acabar su
mandato con cerca de 50 mil ejecuciones extrajudiciales. “Va a haber una
excesiva violación a los derechos humanos. Esto que está pasando en
México con la militarización pasó en El Salvador, donde Estados Unidos
impulsó una militarización para ‘romper’ el comunismo en Centroamérica.
Allí hubo 75 mil ejecuciones extrajudiciales”.
—
(*)
Periodista y coordinadora de edición de la revista mexicana
Contralinea, Periodismo de Investigación. Es egresada de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Investiga: lavado de dinero,
paraísos fiscales, delitos de cuello blanco, corrupción gubernamental,
temas energéticos.
Fuente: Contralínea/Red Voltaire (Tomado de Sendero de Fecal)
