Por Delegación de Paz FARC-EP / La Habana, Cuba IJulio de 2015I
- PUTUMAYO
Tras
la desmovilización de los paramilitares en Putumayo (marzo de 2006), se
sabe que en la región continuaron operando unidades, dedicadas
especialmente a proteger el negocio del narcotráfico, ello en razón a
que uno de sus últimos jefes alias “Macaco” (Carlos Mario Jiménez),
realmente era conocido en Puerto Asís como narcotraficante, quien desde
el 2002 aproximadamente compró la “franquicia” paramilitar, quizás
buscando beneficios posteriores en el proceso que se iniciaría de
desmovilización.
El
radio de operación de los paramilitares se concentró en La Dorada-San
Miguel, Valle del Guamuéz, Puerto Caicedo y Puerto Asís principalmente,
manteniendo bases en Puerto Asís y Valle del Guamuéz (El Placer), siendo
estos lugares en donde más permanecieron.
En
Puerto Asís fue conocida la hacienda Villa Sandra (km 5 aprox.) como
uno de los lugares en donde más permanecieron, a pesar de estar ubicada
la base de la Brigada Móvil 13 en el km 1 y la de la Brigada 27 de Selva
en Santana (km 12), sobre la misma vía (Puerto Asís – Mocoa); así
mismo, Puerto Caicedo fue controlado por estas estructuras quienes
libremente se movían desde Puerto Asís por esta vía, instalando
posteriormente otro centro de operaciones o base en el corregimiento de
San Pedro (jurisdicción de Puerto Caicedo), a 5 minutos de la cabecera
municipal.
Los
pobladores de esta región dan fe que aún estructuras que pertenecieron
al Bloque Sur Putumayo continúan delinquiendo en la región; en Puerto
Asís bajo órdenes de Los Rastrojos, ejerciendo control sobre el negocio
del narcotráfico, y recibiendo apoyo económico y logístico de sectores
del comercio y narcotráfico, con la presunta complicidad de las fuerzas
militares y de policía.
image:
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT0pLoZQOUnDc93pc249So3mmTZlj5OAM5zvkUyknT8KHhegXEL0fyHaYM_9bCyX-Mmuf4973ksfQc-sJ6ky3J1aIiOjB5lowo-_aTPtKduGXRd5yLreOb2Zp9QOJaW6RzNm1IbJMKdYo/s400/PARAMILITARISMO-COLOMBIA-TERRIRISMO-DE-ESTADO.jpg
El
comandante actual de este grupo en la región es alias “El paisa”, quien
tiene hombres concentrados en una finca propiedad de Jorge Coral, o de
su familia, (exalcalde de Puerto Asís por tercera ocasión), quien en los
períodos anteriores mantuvo complicidad con las AUC; Revista Semana en
el informe de riesgo electoral en 2011 publicó audios de conversaciones
de éste con el jefe paramilitar de aquel entonces alias “Gárgola”. Dicha
finca se encuentra ubicada en el sector conocido como el 9 (Km 9),
sobre una vía terciaria que termina a orillas del río Putumayo. Allí
cerca en encuentran tres ríos (Putumayo, Acaé, Guamuéz), en cuya región
este grupo permanece custodiando un cristalizador de coca.
El
comandante actual de este grupo en la región es alias “El paisa”, quien
tiene hombres concentrados en una finca propiedad de Jorge Coral, o de
su familia, (exalcalde de Puerto Asís por tercera ocasión), quien en los
períodos anteriores mantuvo complicidad con las AUC; Revista Semana en
el informe de riesgo electoral en 2011 publicó audios de conversaciones
de éste con el jefe paramilitar de aquel entonces alias “Gárgola”. Dicha
finca se encuentra ubicada en el sector conocido como el 9 (Km 9),
sobre una vía terciaria que termina a orillas del río Putumayo. Allí
cerca en encuentran tres ríos (Putumayo, Acaé, Guamuéz), en cuya región
este grupo permanece custodiando un cristalizador de coca.
Otros
hombres de este grupo habitan en diferentes viviendas de Puerto Asís,
especialmente en los barrios Kennedy, Jardín, Villa Rosa, Los Pinos,
Buenos Aires; y en Puerto Caicedo, en el corregimiento San Pedro se sabe
que ocupan otra finca.
Muchas
de las muertes que se presentan entre estos dos municipios ocurren
entre Puerto Asís (km 1-5-9- Santana – San Pedro), un corredor de no más
de 30 kilómetros en donde están una Estación de Policía, la base
militar de la Brigada Móvil Nº 13 (Km1), el Batallón de Ingenieros (Km
5), la Brigada 27 de Selva (Santana) y una Base de la Policía (Puerto
Caicedo).
En
Puerto Asís, desde el año 2014 especialmente, Los Rastrojos reclutaron
jóvenes para vincularlos al expendio de drogas, instalando las llamadas
“ollas” del microtráfico en los barrios Jardín, Villa Paz, Montañita,
Buenos Aires, Metropolitano, Calle del Puerto (sector de los bares).
Se sabe que en Puerto Asís, se ha mantenido la estructura armada neoparamilitar al servicio del narcotráfico y sicariato.
Igualmente, la policía1 reconoce
recientemente la existencia de otra estructura armada, FUR (Fuerza
Urbana Revolucionaria) y que al parecer opera principalmente en Orito y
Valle del Guamuéz; sin embargo no la cataloga como Bacrim, sino
delincuencial.
Recientemente,
el 7 de abril del presenta año, entre Orito y el Empalme (Jardines de
Sucumbíos, Ipiales), salió un panfleto amenazando organizaciones y
líderes, firmado por un grupo que se hace llamar Grupo Armado La Mano
Invisible - Comandos Urbanos. La amenaza en panfletos apareció después
de fuertes despliegues militares en dicha región, por lo que las
comunidades relacionan esta amenaza proveniente directamente de los
militares; a pesar de ello, se ha tenido conocimiento que estas amenazas
se debe a la preocupación que existe en grupos y sectores de
ultraderecha en la región con relación a la fuerza que el movimiento
social está ganado en la región y que entrará a las contiendas electores
a disputar alcaldías y concejos en varios municipios del departamento;
los poderes tradicionales catalogan las iniciativas como estrategia
política de las Farc.
En
mayo pasado un grupo armado vestido de civil atacó a una comunidad
indígena Nasa en coincidencia con las operaciones empresariales
petroleras, que se vieron afectadas por una denuncia comunitaria
instaurada contra la multinacional Gran Tierra de Canadá.
Todos las situaciones aquí descritas, las han denunciado organizaciones de derechos humanos
- META
2.1 Municipio de El Castillo
En el año 2013 los grupos paramilitares inician una oleada2 sobre
este municipio con el fin de ejercer el control social y económico en
la región. Los paramilitares hacen presencia en los caseríos del
Encanto, Medellín del Ariari, Puerto Esperanza y área urbana del
Castillo. Los paramilitares vestían prendas militares, de civil y
algunos con radios y armas.
El
día viernes 21 de junio de 2013 se realizó un consejo de seguridad en
el municipio y en este espacio las autoridades del municipio
reconocieron la presencia de paramilitares los cuales operan de manera
abierta en Medellín del Ariari y en las zonas rurales del municipio. De
igual forma se reconoció el cobro de extorsiones a los comerciantes y
dueños de fincas de la región.
Militares
del batallón 21 Vargas en ocasiones han manifestado que se retiran de
algunas zonas del municipio para que los paramilitares puedan actuar, y
puedan ejercer el control que la fuerza pública no puede. Los
paramilitares han exigido a los pobladores información sobre el paradero
de la guerrilla, nombres de las y los líderes de las comunidades,
quiénes fueron integrantes del partido comunista y quiénes pertenecen a
otras iglesias fuera de la católica. De igual manera manifiestan
abiertamente que su presencia en la región es para controlar los robos,
la venta de marihuana a los viciosos y a los guerrilleros.
Cabe
resaltar que la presencia de estructuras paramilitares coincide con el
avance del proceso de socialización del Área de Perforación Exploratoria
– APE Guarupayo dentro del Bloque petrolero CPO 9.
En
la actualidad las estructuras paramilitares realizan control de civil
en los caseríos de la parte baja del municipio y desde allí seguimiento y
control a los habitantes de la parte alta del mismo.
2.2 Municipio de Mapiripán
El
municipio es controlado por estructuras paramilitares que tienen su
base de operaciones en el caserío conocido como La Jungla, desde donde
despliegan operaciones en Cooperativa, Guacamayas, San Andrés, con
puntos de control. Desde ahí controlan los vehículos que se mueven por
la vía al igual que las personas que salen y entran a la región.
En
el caserío de Mapiripan hay presencia paramilitar, los cuales se
movilizan en motocicletas dentro del casco urbano y a las zonas rurales.
Cabe señalar que la presencia paramilitar incluye las zonas de cultivo
de Palma aceitera perteneciente a la empresa POLIGROW, empresa
italiano-española que desarrolla el mono cultivo de Palma en el
municipio.
En
el casco urbano existe presencia policial y una base del Ejército, los
cuales no actúan ante la presencia de grupos neoparamilitares.
Los Urabeños operan
en el área de la Finca Santa Ana, expropiada por Poligrow a miembros en
proceso de sucesión de las tierras de la familia Aljure. Se mueven en
el área que comprende el caserío de la COPERATIVA, el caserío del CIARE y
el caserío de GUACAMAYAS. Entre quienes comandan esta estructura se
encuentra el conocido con el alias de “El Tomate”.
Los conocidos como de Del Meta operan
en las orillas del Caño Ovejas hacia San José del Guaviare, cerca de
los municipios de Puerto Rico y de Puerto Lleras, en particular en las
veredas el MIELÓN, EL TRINCHO, el AGUILA y PUEBLO SECO.
Una tercera estructura se hace llamar como “Los Héroes o los Libertadores”, que
tienen su lugar de operaciones en frente del municipio de Mapiripán,
del otro lado del Río Guaviare, en ese departamento. Pero operan también
en el casco urbano.
- CHOCÓ
3.1 Cuenca del rio Curvaradó
Se
conoce de la fuerte presencia de estructuras paramilitares en esta
cuenca con la instalación de puesto de control en el puerto de Brisas
del Curvaradó, comunidad de Llano Rico, Apartadocito, El Cerrado,
Quebrada Montería y Despensa Baja. En estos lugares los paramilitares
hacen constante presencia, amedrantan a las comunidades y líderes
comunitarios. Adicionalmente se sabe que el centro de operaciones de
estas estructuras es el corregimiento de Pavarandó, perteneciente al
municipio de Mutatá y en Belén de Bajirá. Las operaciones las realizan
en medio de la presencia policial y militar.
3.2 Pedeguita y Mancilla
En
esta Cuenca se sabe del fuerte control ejercido por las estructuras
paramilitares de Los Úsuga (Urabeños), quienes a lo largo de las
comunidades de San Andrés, Santa María, Campo Alegre, Playa Roja y el
Siete, que conforman el consejo comunitario, tienen una larga red de
informantes y estructuras armadas, que controlan el tráfico de armas y
de droga.
En
Pedeguita se asientan los grupos herederos de SOR TERESA GÓMEZ,
repobladores traídos en concurso con la Diócesis de Apartadó,
concretamente a través del padre Leónidas Gallego. Desde allí se han
creado grupos armados de civiles de presión que operan con la tolerancia
y conocimiento de la policía de Urabá, que se encuentra en Belén de
Bajirá. Allí se han definido estrategias para atacar a los reclamantes
de tierras. Han torturado y quemado propiedades de los habitantes
despojados que regresan.
3.4 Cuenca del rio Cacarica
La
estructuras paramilitares ejercen actualmente control militar y social
en los municipios de Turbo, Antioquia y Rio Sucio, Chocó. Así mismo,
existe un control sobre los puertos intermedios de esta ruta sobre el
rio Atrato, tales como: Bocas del Atrato, Tumaradó, Puente América o
Travesía, La Honda y Yarumal, a través de informantes y personas armados
vestidos de civil.
Los
municipios de Turbo y Rio Sucio son los lugares donde las comunidades
desarrollan parte de las actividades en cuanto a la venta de excedentes
de producción, como la compra de bienes de supervivencia y también donde
paramilitares controlan el ingreso de alimentos hacia el sector rural.
Desde allí emiten ordenes y amenazas de detención bajo la premisa de que
tienen destino a la guerrilla.
En
el caso de Tumaradó y La Honda las estructuras sobre los ríos obligan a
las embarcaciones a acercarse allí, revisan las cargas, exigen
facturas, cobran extorsión y acusan a la población de ser colaboradora
de las guerrillas.
En el caso de Tumaradó al cruzar la orilla se encuentra una base fluvial, sin que actúen sobre los armados.
3.5 La Larga Tumaradó
Se
conoce de la presencia de paramilitares en la comunidad de
Tierradentro, quienes hacen presencia constante en estos territorios,
así como el control ejercido por estas estructuras en el municipio de
Belén de Bajirá, en donde tienen su centro de operaciones.
- valle
4.1 Buenaventura
En
todo el Pacífico la desmovilización paramilitar del Bloque Calima fue
parte de un montaje para legitimar el proceso de la ley 975, pero el
territorio quedó y se mantiene hasta la fecha bajo el control de las
estructuras que asumieron la fachada de Águilas Negras, Rastrojos,
Empresa, Gaitanistas o Urabeños, pero mantienen la misma lógica de
actuación al lado de la fuerza pública para garantizar el despojo desde
el desplazamiento forzado, el control social territorial para el tráfico
de droga y el favorecimiento a la inversión empresarial y extranjera en
el principal puerto de Colombia y en medio de la mayor militarización
que pueda tener una ciudad.
El control actual de Buenaventura está bajo el mando de los Úsuga.
El
Distrito de Buenaventura está ubicado en la Costa Pacífica, del
departamento del Valle del Cauca. Es el puerto por el que ingresa y sale
el 60% de productos de la economía del país.
Un
importante grupo de habitantes de este municipio se encuentra ubicado
en barrios de “bajamar”, antiguos manglares cortados, aplanados y
rellenados con escombros, donde los pobladores de Buenaventura, han
construido sus casas, cerca del océano para desarrollar su actividad
económica de supervivencia.
Este
panorama de exclusión social se superpone con los intereses económicos,
que en la actualidad se concentran en el puerto de Buenaventura, como
el proyecto de la sociedad Puerto Industrial AGUA DULCE S.A – SPIA
subsidiaria de Internacional "Container Terminal Service Incorporate”,
La terminal logística de Contenedores, TLBUEN, aeropuerto internacional,
las bodegas de almacenamiento de carbón, oleoducto del
Pacífico, Ferrocarril Transandino, un puerto minero, el proyecto
de MALECON turístico y la mencionada CADENA hotelera, proyectada sobre
el territorio donde habitan 12 barrios de Bajamar.
En
el casco urbano de este puerto marítimo hace más de 5 años no se
reporta presencia evidente de grupos guerrilleros. Las cifras de
violaciones a derechos humanos y desplazamientos forzados es el más alto
de todo el país. La mayoría de estas violaciones son atribuidas a los
grupos sucesores de paramilitares que surgieron en Buenaventura luego
de que el Bloque Calima de las AUC se desmovilizara en diciembre de
2004. Al menos desde octubre de 2012, los Urabeños y la Empresa han sido
los dos principales grupos neoparamilitares que se disputan el control
de la ciudad y en la actualidad se consolida del grupo paramilitar
conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Human
Rights Watch en un reporte publicado hace varios meses, advirtió que
“que barrios enteros de la ciudad se encontraban bajo el dominio de
poderosos grupos sucesores de paramilitares”
El informe además indicó que:
“Estos
grupos descuartizan a sus víctimas y arrojan los restos humanos a la
bahía o en los manglares que se extienden en sus orillas, o los
entierran en fosas clandestinas, según han señalado residentes y
funcionarios. En varios de los barrios, los residentes denuncian que
existen “casas de pique”, donde los grupos desmiembran a sus víctimas.
Varios residentes con quienes hablamos indican que han escuchado a
personas que gritaban e imploraban piedad mientras eran desmembradas en
vida”.
En
el casco urbano de Buenaventura se ha reportado la existencia de
fronteras invisibles donde se restringe, de facto, la movilidad de los
habitantes, ello se suma a que los chantajes, la extorsión y las
amenazas se han acentuado en los últimos meses. Human Rights Watch
también reportó que “Los
Urabeños y la Empresa han controlado la circulación de residentes entre
los distintos barrios de la ciudad. Los grupos vigilan de cerca a las
personas que transitan por diversas calles o barrios donde tienen
presencia activa. Si ingresa a un barrio una persona que el grupo que lo
controla no conoce —o que se sabe que proviene de una zona dominada por
un grupo rival— se expone a que se presuma que tiene vínculos con
enemigos y a ser asesinada o ser desaparecida”.
Entre
octubre y noviembre de 2012 se produjeron 8 eventos de desplazamiento
masivo por la intensificación de la confrontación armada entre los
grupos ilegales conocidos como Los Urabeños y La Empresa, que afectó a
seis barrios de Bajamar, más de 1.500 familias y 5.000 personas, los
cuales fueron denunciados ante la opinión pública por la Defensoría del
Pueblo, ACNUR y OACNUDH en el mes de noviembre de 2012. Según cifras
oficiales, cada año desde 2011,
Buenaventura ha sido el municipio de Colombia donde más personas han
sufrido desplazamiento forzado: 22.028 residentes abandonaron sus
hogares en 2011, 15.191 en 2012 y 13.468 entre enero y octubre de 2013.
Según
los reportes de la Defensoría del Pueblo desde el 2013 se ha observado
la instalación de prácticas como el desmembramiento y la tortura. Entre
junio y octubre de 2013 se conocieron ocho casos de esta naturaleza, y
el último reportado hasta el 7 de noviembre del año pasado se reportó
durante la primera semana de ese mes cuando fueron hallados los restos
de un menor de edad que trabajaba como motorista de una lancha de
pescadores, y de quien apenas se encontró el tronco en un sector del
barrio Viento Libre. Human Rights Watch en un informe publicado en el 2013 reportó que“durante
el último año y medio, se hallaron en Buenaventura restos humanos
descuartizados que pertenecían al menos a una decena de personas, muchos
de los cuales aparecieron en las playas y costas de la ciudad y zonas
aledañas, conforme indican versiones oficiales y artículos en los
medios"
Adicionalmente, el reclutamiento forzado, incluidos menores de edad, por parte de grupos
neoparamilitares también ha sido advertido por organismos nacionales e
internacionales. En 2013, la Personería de Buenaventura recibió
denuncias de 35 casos de intentos de reclutamiento forzado que afectaban
mayormente a víctimas de entre 17 y 25 años.
Con
la finalidad de tener controlada a la comunidad y tener informantes
dentro de sus filas, las estructuras paramilitares han incorporado
niños, niñas y jóvenes del sector. En el caso de los niños estos son
vinculados desde muy temprana edad como informantes o “campaneros”; son
los que brindan datos de la presencia de extraños en la calle, al mando
de los paramilitares. Algunos niños y niñas han sido vinculados como
informantes y han sido enseñados a cometer actos crueles como a
descuartizar gatos y perros.
Dentro
del proceso de introducción a la estructura paramilitar se les vincula
con el consumo de drogas, se les paga mensualmente con dinero o con
drogas psicoactivas, como la marihuana, el bazuco o la cocaína; se les
instruye en técnicas de terror e intimidación, uso de armas AK y de 9
mm, y en la muerte violenta de gatos y de perros.
La
mayoría de los comandantes de los barrios son jóvenes entre los 18 a 25
años, los cuales en la mayoría de los casos son los responsables de
prácticas tan atroces como el descuartizamiento de personas o ”pique”.
Un joven puede recibir mensualmente un promedio de $700.000, equivalente
a 350 USD
Conforme
a la información documentada por la Comisión de Justicia y Paz, en el
área urbana relatan que desde noviembre de 2013 hasta la fecha han sido
asesinadas entre 80 a 100 personas. Dado el enorme temor que enfrentan
los habitantes de Buenaventura y los temores por represalias, existe en
varios casos información precaria sobre las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en la que se han desarrollado varios de los homicidios y
actos de tortura.
En
el mes de junio de 2014 en el barrio Piedras Cantan hace presencia el
grupo paramilitar conocido como los “AGC Gaitanistas”, al mando de los
paramilitares alias “Didier”, “Indio” y “Santiago”, quienes ya salieron
de la zona.
Los
paramilitares realizaron diversas reuniones comunitarias en las que se
presentaron como una organización político-militar conformada por más de
35 hombres. Ellos señalaron que entrarían a ocupar uno de
los puentes llamado Brisas.
De
acuerdo con los anuncios, alias “Didier”, “Indio” y “Santiago”
sostuvieron que semanalmente ingresarían grupos de paramilitares hasta
conformar un contingente de 2.500 hombres en Buenaventura. Agregaron que
ellos contaban con respaldo de la policía y de militares y también de
autoridades locales. Distribuyeron el periódico denominado “El
Gaitanista”.
Esta
arremetida paramilitar se da pocos meses después de que “La Empresa”,
ubicada en el barrio Piedras Cantan, realizara una supuesta
desmovilización, en mayo del 2014 en un acto público al que asistieron
distintas entidades de gobierno nacional y local, entre ellos el Coronel
en retiro FERNANDO MOJICA.
En
este proceso de desmovilización de la estructura neoparamilitar “La
Empresa” se firmaron actas de compromisos de desarme y de presencia
permanente por parte de la Infantería de Marina, quien asumió la
responsabilidad de no permitir el ingreso de paramilitares al sector
Piedras Cantan, lo cual incumplieron dejando ingresar a Los Gaitanistas,
sin hacer ningún tipo de control.
Se
constatan además los nexos directos entre las estructuras
neoparamilitares con la fuerza pública, porque según los testimonios de
uno de los paramilitares que participó en la supuesta desmovilización,
informó que cada vez que iban a realizar un asesinato le pagaban al
comandante de la policía de turno, para que se retirara con sus hombres
por determinado tiempo, mientras ejecutaban el hecho. De la misma forma
trabajaban con la Infantería de Marina a quienes les ofrecían algún tipo
de estupefacientes y dinero para que les dieran el espacio y poder
actuar con tranquilidad.
Los
asesinatos de pobladores siempre se han efectuado en cercanía a la
fuerza pública, sin tener ninguna reacción inmediata contra los
victimarios.
La
estructura neoparamilitar Los Gaitanistas, salieron del sector de
Piedras Cantan por presión de la comunidad en el mes de noviembre 2014 y
a pesar de haber solicitado la intervención urgente por parte de la
Policía Nacional, lamentablemente no hubo una reacción
institucional adecuada al riesgo que asumió la comunidad, posibilitando
nuevamente el asentamiento de otro grupo neoparamilitar, mal llamadas
BACRIM, en la calle Piedras Cantan.
Según
una fuente policial, en el lugar agentes estatales habrían incautado
armas de fuego luego de la solicitud de intervención del Estado. Sobre
este supuesto hallazgo no hay reportes oficiales ni en medios de
información, lo que resulta bastante extraño, tan extraño como el hecho
que a pesar de la presión de la comunidad horas después y ante la
ausencia de una permanente presencia policial en los lugares de acceso a
la calle, los paramilitares en este sector se asentaron nuevamente.
4.2 Cuenca del Río San Juan
La
presencia paramilitar en este sector, ha estado en disputa por las
Águilas Negras y los Rastrojos. Este sector es de gran importancia para
ellos pues es uno de los corredores principales del narcotráfico. Han
ocasionado desplazamientos de los pobladores en diversas ocasiones. En
el año 2010 asesinaron a dos afrodescendientes, uno de ellos, Edwin, fue
asesinado por los paramilitares en presencia de la Infantería de
Marina, según un testigo de la región. En el año 2014 fueron desplazadas
comunidades indígenas de esta cuenca, porque se encuentran en situación
de confinamiento por parte de las estructuras neoparamilitares. Estas
estructuras hacen presencia en Isla de Mono, Cabeceras y García Gómez.
4.3 Trujillo
Hoy
25 años después de la masacre de Trujillo, esta localidad sigue en
manos del paramilitarismo. El terror se impone para favorecer verdades a
medias como las que registra el informe de memoria histórica de la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, y la respuesta
de solución amistosa que recibimos las víctimas el pasado 14 de abril.
Mientras, el Estado colombiano y el Gobierno Nacional legitiman con la
Unidad de Víctimas y su política asistencialista el despojo de tierras
que hoy favorece a la multinacional papelera Smurfit Kappa Cartón de
Colombia. Al mismo tiempo se concretan nuevos despojos en el marco de la
política de restitución, legitimando así una propuesta de “paz”
edificada sobre dos décadas de control paramilitar.
Hoy
es un secreto a voces que tanto en el casco urbano, como en la zona
rural de Trujillo, la estructura paramilitar de Los Rastrojos controla
el poder político incidiendo en la elección de alcaldes y concejales,
controla el poder económico derivado del procesamiento y negocio de la
droga, vinculando niños desde los 10 años, en el consumo y en el micro
tráfico de estupefacientes, especialmente en el área urbana, así como en
labores de red de informantes o de reclutamiento como campaneros.
Controla el poder económico derivado de la extorsión y cobro de
impuestos a campesinos y ganaderos de la región; controla el poder
social, interviniendo en la vida familiar y comunitaria, especialmente
de las áreas rurales.
Hoy
es un secreto a voces que la desmovilización de paramilitares en
Trujillo, como la del Bloque Calima en 2005 y la de algunos miembros de
Los Rastrojos en abril de 2013, ha sido una farsa y que incluso casos
como el de alias “Chorizo”, capturado desde mayo de 2014, muestran que
desde la cárcel se sigue con el mismo poder paramilitar sobre Trujillo.
En el momento hay temor por personas foráneas que están apareciendo en
fiestas y reuniones comunitarias intimidando con sus armas, aunque no se
sabe bajo el nombre de qué estructura paramilitar van a quedarse.
En
estas condiciones la paz que el Estado colombiano impone en Trujillo se
legitima con el silencio que imponen los paramilitares, con la Unidad
de Víctimas pagando indemnizaciones individuales y reparaciones
colectivas a cambio de impunidad, con despojo de nuevas tierras a cambio
de viviendas en Cali, con favorecimiento a la inversión empresarial de
la multinacional papelera y de intereses privados en el negocio del
agua.
A
pesar de 25 años de control paramilitar y de la impunidad que se impone
judicial y socialmente, las víctimas de las y los desaparecidos de la
masacre continuada de Trujillo siguen construyendo paz con justicia
social y ambiental, desde la memoria, la dignificación de la vida como
campesinos y campesinas y desde la exigencia para que en Trujillo se
garantice el derecho a la no repetición, con el desmonte efectivo y real
de las estructuras paramilitares. Sólo así habrá condiciones reales
para la paz.
- CAUCA
5.1 Mercaderes
Algunos
de los paramilitares que controlaron la zona de Mercaderes se hacían
llamar con alias Robinson, Moneda, Enano, William . Actualmente no son
tan visibles, pero conservan el control de algunas zonas en Mercaderes,
sitios como Arboleda, El Pilón, El Bado, Cajamarca, la carretera
Panamericana entre el Estrecho hasta el Bordo Cauca.
Cajamarca vereda de Mercaderes y el
Pilón son las zonas de control más fuerte del paramilitarismo en la
actualidad, y son lugares donde actualmente están desarrollándose
procesos de Minería y sísmica.
En
Julio del presente año 2015 se encontró el cadáver degollado de un
anciano agricultor en su finca en Mercaderes, crimen atribuido a
paramilitares. El 29 de Julio también fueron asesinados dos adultos
pesadores de ganado en las afueras de Mercaderes Cauca. Últimamente
llegan a la morgue de Mercaderes muchos cuerpos con señales de tortura.
- COSTA ATLÁNTICA
Entre
el 2008 y 2011 los grupos narcoparamilitares derivados de las
estructuras desmovilizadas hicieron presencia constante en los 7
departamentos que integran la región Caribe, específicamente en 88
municipios. A la fecha ya existe un proceso de reingeniería consolidado
que se percibe por la capacidad operativa de distribución de cada una de
sus estructuras a lo largo y ancho de la región.
Existen unas estructuras paramilitares claramente definidas y posicionadas.
Rastrojos:
- Atlántico
Se ubican en 11 municipios, lo que corresponde al 47% del total de los municipios del departamento.
- Bolívar
Se ubican en 17 municipios, lo que corresponde al 34% del total de los municipios del departamento.
- Cesar
Se ubican en 18 municipios, lo que corresponde al 72% del total de los municipios del departamento.
- Córdoba
Se ubican en 17 municipios, lo que corresponde al 56% del total de los municipios del departamento.
- Guajira
Se ubican en 7 municipios, lo que corresponde al 46% del total de los municipios del departamento.
- Magdalena
Se ubican en 10 municipios, lo que corresponde al 33% del total de los municipios del departamento.
- San Andrés
Se ubican en 1 municipio, lo que corresponde al 100% del total de los municipios del departamento.
- Sucre
Se ubican en 9 municipios, lo que corresponde al 34% del total de los municipios del departamento.
Urabeños:
- Atlántico
Se ubican en 3 municipios, lo que corresponde al 13% del total de los municipios del departamento.
- Bolívar
Se ubican en 30 municipios, lo que corresponde al 61% del total de los municipios del departamento.
- Cesar
Se ubican en 19 municipios, lo que corresponde al 76% del total de los municipios del departamento.
- Córdoba
Se ubican en 22 municipios, lo que corresponde al 73% del total de los municipios del departamento.
- Guajira
Se ubican en 9 municipios, lo que corresponde al 60% del total de los municipios del departamento.
- Magdalena
Se ubican en 12 municipios, lo que corresponde al 40% del total de los municipios del departamento.
- San Andrés
Se ubican en 1 municipio, lo que corresponde al 100% del total de los municipios del departamento.
- Sucre
Se ubican en 17 municipios, lo que corresponde al 65% del total de los municipios del departamento.
Águilas Negras:
- Atlántico
Se ubican en 1 municipio, lo que corresponde al 4% del total de los municipios del departamento.
- Bolívar
Se ubican en 13 municipios, lo que corresponde al 26% del total de los municipios del departamento.
- Cesar
Se ubican en 1 municipios, lo que corresponde al 4% del total de los municipios del departamento.
- Córdoba
Se ubican en 18 municipios, lo que corresponde al 60% del total de los municipios del departamento.
- Magdalena
Se ubican en 5 municipios, lo que corresponde al 16% del total de los municipios del departamento.
- Sucre
Se ubican en 6 municipios, lo que corresponde al 23% del total de los municipios del departamento.
Paisas:
- Atlántico
Se ubican en 11 municipios, lo que corresponde al 47% del total de los municipios del departamento.
- Bolívar
Se ubican en 18 municipios, lo que corresponde al 36% del total de los municipios del departamento.
- Cesar
Se ubican en 8 municipios, lo que corresponde al 32% del total de los municipios del departamento.
- Córdoba
Se ubican en 19 municipios, lo que corresponde al 63% del total de los municipios del departamento.
- Guajira
Se ubican en 6 municipios, lo que corresponde al 40% del total de los municipios del departamento.
- Magdalena
Se ubican en 11 municipios, lo que corresponde al 36% del total de los municipios del departamento.
- San Andrés
Se ubican en 1 municipio, lo que corresponde al 100% del total de los municipios del departamento.
- Sucre
Se ubican en 7 municipios, lo que corresponde al 26% del total de los municipios del departamento.
Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC):
- Atlántico
Se ubican en 1 municipios, lo que corresponde al 4% del total de los municipios del departamento.
- Bolívar
Se ubican en 1 municipios, lo que corresponde al 2% del total de los municipios del departamento.
- Cesar
Se ubican en 1 municipios, lo que corresponde al 4% del total de los municipios del departamento.
Existen 3 estructuras de rearme paramilitar ubicadas en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Guajira y Magdalena; estas son:
- La Oficina de Envigado, con presencia en Bolívar y Magdalena.
- Alta Guajira, ubicada en cuatro municipios de la Guajira y uno de Magdalena.
- Autodefensas del Sur del Atlántico, como su nombre lo indica están posicionadas en el sur del departamento.
CESAR
El
día 30 de junio de 2015, aproximadamente 180 familias decidieron
retornar a los predios baldíos de los cuales fueron despojados en 1996
por parte de grupos paramilitares al mando de “Juancho Prada”, en el
corregimiento de Simaña municipio de La Gloria departamento del Cesar.
La negligencia del INCODER en un proceso agrario que lleva más de 25
años y la última resolución expedida por esa entidad, la vulnerabilidad y
extrema pobreza, el desconocimiento sistemático a sus derechos y la
denegación de justicia, fueron las principales motivaciones para decidir
retornar.
El
día 01 de julio del 2015, aproximadamente a las 7:30 a.m., incursionó
un grupo de policías y ESMAD, bajo el mando del Teniente Coronel
Mauricio Bonilla comandante del Distrito de Policía del Sur del Cesar al
predio Venecia en donde se encontraban las 180 familias víctimas de
desplazamiento forzado, que habían decidido regresar el 30 de junio de
2015, a las tierras que les fueron despojadas hace 19 años.
Junto
a la policía y el ESMAD, llegaron varios hombres encapuchados y
armados. Uno de ellos fue visto y reconocido por la comunidad como alias
“Panelo”, un paramilitar que participó en 1996 de los hechos criminales
sucedidos en contra de la comunidad que obligó su desplazamiento. El
paramilitar no fue desmovilizado y continua operando en la región a
pesar de que ello se ha venido denunciando públicamente.
A
manera de conclusión podemos afirmar entonces que entre el 2008 y el
2011, estas estructuras se recomponen a partir de la definición de
nuevas alianzas con el narcotráfico, grupos sicariales, delincuentes
comunes y fundamentalmente con los reductos no desmovilizados y
desmovilizados, especialmente del Bloque Norte de las AUC; otro elemento
importante es la clandestinidad de las líneas de mando, entre estos
alias “Alejandro o 101”, “Tolemaida”, “Codazzi”, “Omega”, “Jimmy”, y
“Rambo”
El propósito es el control social territorial para los negocios de actores privados.
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