Thierry
Meyssan
Una
vez más, la administración Obama trata de cambiar por la fuerza un régimen que
se resiste a sus designios. El 12 de febrero de 2015, un avión
propiedad de Academi (ex Blackwater) disfrazado con las insignias de
las fuerzas armadas de Venezuela debía bombardear el palacio presidencial
de Caracas para eliminar físicamente al presidente Nicolás Maduro. Los
conspiradores tenían previsto poner en el poder a la ex diputada María
Corina Machado y hacerla aclamar de inmediato por varios
ex presidentes latinoamericanos.
El presidente Obama había emitido un claro aviso. Lo puso
por escrito en su nueva doctrina de defensa (National Security
Strategy): «Estamos del lado de los ciudadanos cuyo pleno ejercicio de
la democracia está en peligro, como los venezolanos». Siendo Venezuela,
desde la adopción de la Constitución de 1999, uno de los Estados más
democráticos del mundo, esa frase presagiaba lo peor en materia
de intentos destinados a impedir su marcha por el camino de la independencia y
la redistribución de la riqueza nacional.
Era
el 6 de febrero de 2015. Washington terminaba de planificar el derrocamiento de
las instituciones democráticas de Venezuela. El golpe de Estado estaba
planificado para el 12 de febrero.
La
«Operación Jericó» contaba con la supervisión del Consejo de Seguridad
Nacional (NSC), bajo la responsabilidad de Ricardo Zúñiga. Este
«diplomático» es el nieto de otro Ricardo Zúñiga, el presidente del
Partido Nacional de Honduras que organizó los golpes militares de 1963 y de
1972 a favor del general López Arellano. El Ricardo Zúñiga que ahora
trabaja en la Casa Blanca dirigió desde 2009 hasta 2011 la estación de
la CIA en La Habana, donde reclutó agentes y los financió para
fabricar una oposición contra Fidel Castro a la vez que negociaba la reanudación
de las relaciones diplomáticas con Cuba, finalmente anunciada
en 2014.
Como
siempre en ese tipo de operaciones, Washington se esfuerza por
no parecer implicado en los acontecimientos que sin embargo dirige. La
CIA organiza y dirige a los golpistas a través de organizaciones
supuestamente no gubernamentales: la NED (National Endowment for
Democracy) y sus dos tentáculos de derecha, el International
Republican Institute (IRI) y de izquierda, el National
Democratic Institute (NDI); la Freedom House y
el International Center for Non-Profit Law.
Además,
Estados Unidos siempre recurre a sus aliados utilizándolos como contratistas
en ciertos aspectos del putsch. Esta vez participaron al menos
Alemania –a cargo de la protección de los ciudadanos de los países de
la OTAN durante el golpe–, Canadá –a cargo del control del aeropuerto
internacional civil de Caracas–, Israel –encargado de garantizar los asesinatos
de varias personalidades chavistas– y el Reino Unido –a cargo de la
propaganda de los golpistas. Finalmente, también moviliza sus redes políticas
para que reconozcan a los golpistas: en Washington,
el senador Marco Rubio; en Chile, el ex presidente Sebastián
Piñera; en Colombia, los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés
Pastrana; en México, los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox;
en España, el ex presidente del gobierno José María
Aznar.
Para
justificar el putsch, la Casa Blanca había estimulado grandes empresas
venezolanas a retener en sus almacenes enormes cantidades de productos de
primera necesidad. La no distribución de esos productos tenía como
objetivo provocar grandes colas ante los comercios y el estallido de motines
estimulados por la acción de provocadores infiltrados entre
los consumidores descontentos. La maniobra fracasó ya que,
a pesar de la escasez artificialmente provocada durante enero y febrero y
de las colas ante las tiendas, los venezolanos nunca llegaron a atacar
los comercios.
Para
reforzar el sabotaje económico, el presidente Obama había firmado, el 18 de
diciembre de 2014, una ley que impone sanciones contra Venezuela y contra varios
de sus dirigentes. Oficialmente, Washington decía querer sancionar a las
personalidades responsables de la represión contra manifestaciones
estudiantiles. En realidad, desde el inicio del año, Washington estaba
pagando un salario -4 veces superior al ingreso medio de los
venezolanos– a los miembros de pandillas que se dedicaban a agredir a las
fuerzas del orden. Estos falsos estudiantes asesinaron a 43 personas
en varios meses y sembraban el terror en las calles de
Caracas.
La
acción militar estaba bajo la supervisión del general Thomas W. Geary, desde la
sede del SouthCom en Miami, y de Rebecca Chavez, desde el Pentágono. Como
subcontratista de la parte militar del golpe aparecen el ejército privado
Academi (ex Blackwater); una firma actualmente administrada por el
almirante Bobby R. Inman (ex jefe de la NSA) y John Ashcroft
(ex secretario de Justicia de la administración
Bush).
Según
esa parte del plan, un avión militar Super Tucano,
matrícula N314TG, comprado por Academi en Virginia, en 2008, para asesinar
a Raúl Reyes, número 2 de las FARC colombianas, avión falsamente
identificado con las insignias de las fuerzas armadas de Venezuela, debía
bombardear el palacio presidencial de Miraflores y otros objetivos entre los que
se encontraban la sede del ministerio de Defensa, la dirección de
Inteligencia y la sede de TeleSur, el canal de televisión multinacional creado
por el ALBA. El avión se hallaba en Colombia, el cuartel general de
los putchistas había sido instalado en la embajada de Estados Unidos en
Bogotá –la capital colombiana– con la participación del embajador
estadounidense Kevin Whitaker y de su segundo, Benjamin Ziff.
Varios
oficiales superiores, activos y retirados, habían grabado de antemano un mensaje
a la Nación anunciando que habían tomado el poder para restaurar el orden en el
país. También estaba previsto que suscribirían el plan de transición, publicado
en la mañana del 12 de febrero de 2015 en el
diarioEl Nacional y redactado por el Departamento de Estado
estadounidense. El plan incluía la formación de un nuevo gobierno,
encabezado por la ex diputada María Corina Machado.
El
golpe de Estado pondría en el poder a María Corina Machado. El 26 de enero
de 2015, la ex diputada recibía en Caracas a sus principales
cómplices extranjeros.
María
Corina Machado fue presidenta de Súmate, la asociación que organizó y
perdió el referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez Frías,
en 2004, utilizando para ello –ya en aquel momento– los fondos de la NED
(National Endowment for Democracy) y los servicios del publicista francés
Jacques Seguela. A pesar de aquella derrota, María Corina Machado fue
recibida con honores por el presidente George W. Bush en el Buró Oval de la Casa
Blanca el 21 de marzo de 2005. Después de ser electa en 2011 como
representante del Estado de Miranda, el 21 de marzo de 2014 María Corina Machado
se presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) como jefa de
la delegación de Panamá a ese foro continental y fue inmediatamente
destituida de su cargo de diputada por haber violado así los artículos
149 y 191 de la Constitución de Venezuela.
Para
facilitar la coordinación del putsch, María Corina Machado organizó en Caracas,
el 26 de enero, un coloquio denominado «Poder ciudadano y Democracia
hoy», en el que participaron la mayoría de las personalidades venezolanas y
extranjeras vinculadas a la intentona golpista.
¡Mala
suerte! La Inteligencia Militar venezolana estaba vigilando a las personalidades
sospechosas de haber fomentado un complot anterior para asesinar al presidente
Maduro. En mayo de 2014, el fiscal de Caracas había acusado a María Corina
Machado, el gobernador Henrique Salas Romer, el ex diplomático Diego
Arria, el abogado Gustavo Tarre Birceño, el banquero Eligio Cedeño y
el hombre de negocios Pedro M. Burelli, quienes negaron haber escrito sus
propios e-mails afirmando que habían sido falsificados por la Inteligencia
Militar. Por supuesto, todos eran cómplices.
Al
seguir la pista de estos conspiradores, la Inteligencia Militar descubrió la
«Operación Jericó». En la noche del 11 de febrero, los principales
líderes de la conspiración y un agente del Mosad israelí fueron arrestados y se
reforzó la protección aérea de la capital venezolana. Otros implicados fueron
arrestados el 12 de febrero. El día 20, las confesiones de los arrestados
permitieron la detención de otro cómplice: el alcalde de Caracas,
Antonio Ledezma.
El
alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, era el agente de enlace con Israel.
Ledezma había viajado secretamente a Tel Aviv, el 18 de mayo de 2012,
para reunirse con el primer ministro israelí Benyamin Netanyahu y con el
ministro de Relaciones Exteriores Avigdor Lieberman actuando como representante
del jefe de la oposición venezolana, Henrique Capriles Radonski.
El
presidente Nicolás Maduro compareció de inmediato en televisión denunciando
a los conspiradores.
Mientras tanto, en Washington, la portavoz del Departamento de Estado hacía
reír a los periodistas que recordaban el golpe de Estado organizado por Obama
en 2009 en Honduras o más recientemente, en enero de 2015, en la
intentona golpista de Macedonia, al declarar: «Esas acusaciones, como
todas las anteriores, son ridículas. Es una política de hace tiempo,
Estados Unidos no apoya las transiciones políticas por medios
no constitucionales. Las transiciones políticas deben ser
democráticas, constitucionales, pacíficas y legales. Hemos visto varias
veces que el gobierno venezolano trata de desviar la atención de sus
propias acciones acusando a Estados Unidos u otros miembros de la
comunidad internacional por los acontecimientos en el interior de Venezuela.
Esos esfuerzos reflejan falta de seriedad de parte del gobierno de Venezuela
al enfrentar la grave situación que está
confrontando.»
Para
los venezolanos, este golpe de Estado abortado plantea un grave dilema:
¿Cómo mantener la democracia cuando los principales líderes de
la oposición están en la cárcel por haber preparado crímenes en contra
de la democracia?
Para
quienes aún creen, erróneamente, que Estados Unidos ha cambiado, que
ese país ha dejado de ser una potencia imperialista y que ahora defiende la
democracia en el mundo, la «Operación Jericó» es un obligado tema de
reflexión.
