Luis
Britto García
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Los criminales suelen tener formas de
operación fijas y constantes, que los identifican, y es obvio que un “nuevo
modus operandi”, calificado de tal porque prácticamente no había antecedentes
de él en Venezuela, es idéntico a los procedimientos usualmente empleados por
dos categorías de homicidas: los sicarios y los paramilitares colombianos. Las dos variedades de delincuentes
adquirieron visibilidad a partir del 9 de mayo de 2004, cuando el presidente Hugo Chávez Frías
anunció la detención en Baruta de 130 paramilitares colombianos con uniformes
militares venezolanos. Los menores fueron devueltos a su país; el resto fue
indultado en 2007. Averiguaciones ulteriores revelaron que la finalidad del
grupo era participar en un plan de magnicidio y luego efectuar ataques contra
el ejército venezolano, a fin de representar un aparente cuadro de guerra civil
que legitimara una intervención extranjera. Uno de los reclutas que intentó
desertar fue ejecutado con una técnica atroz propia de esos grupos, la “corbata
colombiana”. El alojamiento, el
transporte, la logística y la intendencia habían sido costeadas por conspicuas
figuras de la oposición venezolana (Britto García Luis y Miguel Ángel Pérez
Pirela: La invasión paramilitar. Operación Daktari. Caracas, Correo del Orinoco,
2012).
2
No concluyó así la invasión de
grupos armados a Venezuela. Informa el general López Hidalgo que hay “paras” en
siete estados (ÚltimasNoticias, 11-5-04, p.12). El 25-6-2006 el DiarioVea
reseña que paramilitares colombianos asesinaron a nueve campesinos al Sur
del Lago. El 4-4-2007 añade que cuatrocientos mercenarios estadounidenses se
concentran en la frontera frente a Apure. Jaime A. Moreno denuncia en Rebelión
del 26-6-06 que los campesinos colombianos desplazados hacia el Sur del
Lago son semiesclavizados por mafias extranacionales: “Los terratenientes,
mafiosos paramilitares colombianos y los terratenientes escuálidos venezolanos,
desarrollaron una unidad y complementariedad eficaz, se necesitan mutuamente:
los primeros han encontrado en el Zulia agrícola el escenario ‘perfecto’ para
acumular y legalizar capitales en tranquilidad; no cuentan con el acoso de la
insurgencia guerrillera colombiana y la presión de los campesinos por rescatar
su tierra, y se favorecen por el apoyo de los escuálidos que a su vez les
conviene fortalecer su proyecto contrarrevolucionario, antibolivariano y
secesionista”. Diversas denuncias afirman que paramilitares cobran vacuna e
instalan alcabalas en todos los estados fronterizos; Eleazar Díaz Rangel en
entrevistas en VTV y editoriales en Últumas
Noticias considera dichas informaciones dignas de atención. La agencia EFE
informa, el 12-6-2007, que las autoridades venezolanas incautaron en la
frontera del Táchira 40 mil cartuchos de armas de guerra a dos paramilitares
colombianos. ABN reporta el 13-6-2006 que, según la revista Semana
aparecieron 14 nuevos grupos paramilitares en la Hermana República,
y que “También en el departamento de la Guajira colombiana, se ha reportado la presencia
y actividad de un grupo paramilitar conformado al menos por 70 efectivos
armados, que formaron parte de la estructura del Frente Contrainsurgencia Wayúu
de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.
3
Actualidad
Étnica divulga el 19-7-2007 que “Desde el año 2002 el pueblo wayuú ha
sufrido una arremetida por parte de los grupos paramilitares, que según voceros
wayuú siguen operando en Maicao y en la Guajira. Violación y ensañamiento
contra las mujeres, secuestros, más de 200 homicidios, desplazamientos masivos
y pérdida de bienes son los casos que más afectan a los wayuú”, y añade que
“Para su defensa, los wayuú siempre han hecho uso de las armas y algunas veces
para dirimir conflictos internos”. El 16-12-2007 el diario Panorama, del
Zulia, basándose en “fuentes de completa confianza” revela que “En Venezuela,
el paramilitarismo tiene su punta de lanza en Maracaibo”, con las bandas
Águilas Negras, Águilas Azules y Águilas Rojas y que desde 2004 terratenientes
de Machiques contrataron al coronel colombiano Novoa para que les entrenara
mercenarios. Añade que opera en Zulia el heredero del imperio criminal del capo
colombiano “Jorge 40”,
Miguel Villarreal, alias “El Salomón”, jefe de las Águilas Azules y Rojas,
quien controla el contrabando de gasolina hacia Colombia. El paramilitarismo
invade nuestro principal estado petrolero y ganadero, codiciado objetivo de
diferendos fronterizos y complots de secesión. El 13 y 14 de diciembre de 2007,
Eligio Rojas resume en Últimas Noticias el informe anual de Provea según
el cual narcotraficantes y paramilitares actúan unidos en lugares como El
Valle, Petare y el Mercado Mayor de Coche, donde “estos grupos son financiados
por los comerciantes y camioneros de la zona”. Testigos presenciales les
atribuyen prácticas de tiro en San Blas y la Fila de Mariches. El paramilitarismo invade la
capital.
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Cuatro industrias explota la
delincuencia en los sectores populares: la trata de personas, el narcotráfico,
el préstamo usurario y el juego. Los paracos sustituyen en forma acelerada al
hampa criolla. Bandas con entrenamiento militar, organización militar,
armamento militar y financiamiento del crimen organizado desalojan a simples
rateros, cobradores de peaje o arrebatadores de celulares. La página colombiana
El Tiempo.com de 2 de julio de 2005 demuestra que los paracos lavan sus
capitales en los países vecinos mediante “Contrabando de gasolina, arroz,
electrodomésticos y vehículos, transporte público (colectivos y mototaxis),
juegos de azar (chance y casinos), confecciones, construcción y
prostitución”.
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En la mayoría de las fuentes
citadas, aparecen paramilitares y sicarios asociados a grupos opositores, bien
políticos, bien terratenientes de extrema derecha. Buena parte de las
defunciones de autoridades y de ciudadanos
bolivarianos durante los ataques terroristas de principios de 2014 se
debieron a certeros balazos en la cabeza, presumiblemente disparados por
personas con entrenamiento militar o paramilitar. Todas las evidencias apuntan
a que este “nuevo modus operandi”
y sus perpetradores han sido introducidos en Venezuela por la misma oposición. Buena parte de las muertes de autoridades y ciudadanos bolivarianos durante los ataques terroristas
de principios de 2014 se debieron a certeros balazos en la cabeza, presumiblemente
disparados por personas con entrenamiento militar o paramilitar. El
incalificable asesinato perpetrado por
el “defensor de Derechos Humanos” Lorent
Saleh contra Rober Serra y su acompañante muestra también una rúbrica de
crueldad inútil y ensañamiento encaminado a difundir pavor. El execrable crimen
contra Liana Hergueta y el tratamiento infamante inferido a sus restos llevan
la misma firma. Basta considerar a sus confesos autores: Trejo Mosquera,
dirigente de Primero Justicia, participante en guarimbas, prepara y ejecuta el
asesinato porque las denuncias de la víctima estafada podrían perjudicar su
“carrera política”. Pérez Venta, también “defensor de Derechos Humanos” por
propia confesión terrorista guarimbero, militante de Voluntad Popular, de JAVU
y de Operación Libertad; vinculado con Antonio Ledezma, María Corina Machado y
Álvaro Uribe, es coautor material, junto con José Angulo Sánchez, delincuente común. Tenemos así una
alianza macabra entre dirigencia derechista, sicariato, terrorismo, hampa
ordinaria y falsa “Defensa de Derechos Humanos”. Todas las evidencias
corroboran que este “nuevo modus operandi” y sus perpetradores han sido
promovidos en Venezuela por la oposición. Si así se oponen, cómo serán
gobernando. Todo el año sería Día de los Muertos.
(TEXTO/FOTOS:
LUIS BRITTO)
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