El diputado de la MUD por el estado
Bolívar, Américo De Grazia Veltri, está vinculado junto con sus
familiares en negocios relacionados con la minería ilegal en el sur de
esa entidad, incluyendo la extracción y contrabando de oro, denunció el
parlamentario regional Aldrin Torres, de la bancada del PSUV.
Torres, quien es el vicepresidente del
consejo legislativo de Bolívar, dijo que la familia De Grazia ha
mostrado un crecimiento destacado de su patrimonio al menos desde el año
2010, lo cual incluye varios establecimientos de venta de alimentos,
restaurantes, una farmacia y hasta un banco con 19 agencias a nivel
nacional.
Explicó que el diputado opositor ha
utilizado su inmunidad parlamentaria para movilizar el metal precioso,
así como el dinero efectivo para pagarle a los mineros. Precisó que el
oro debe ser cancelado en dinero contante y sonante lo que requiere del
transporte de cantidades enormes de billetes, lo cual solo se podría
hacer si se utilizan las facilidades derivadas de la operación de un
banco.
Se trata de Bancamiga, una entidad
bancaria microfinanciera cuyo presidente es Carmelo De Grazia Suárez,
sobrino del diputado postulado por el partido La Causa R.
De acuerdo con Torres, De Grazia está
relacionado con el suministro de equipos de trabajo a los mineros,
contrabando de combustible y trata de blancas, o tráfico de mujeres para
actividades de prostitución en las zonas de extracción de oro.
Con base en estos elementos el
parlamentario regional asegura que la denuncia de la supuesta masacre
tiene como objetivo intentar bloquear la intervención del Estado en la
zona con el fin de poner orden en la explotación minera que se realiza
de manera artesanal, tras la modificación de la normativa legal en
diciembre y la promulgación de Arco Minero hace pocos días.
Se trata de un área de más de 112 mil
kilómetros cuadrados, donde el gobierno del presidente Nicolás Maduro
otorgará concesiones a través de empresas mixtas controladas por
Venezuela, para la explotación de oro, cobre, diamante, coltán, hierro,
bauxita y otros minerales de alto valor industrial.
De acuerdo con el diputado Torres, la familia De Grazia es propietaria de las panaderías Central, Innoni y La Nona (estas dos son también restaurantes), el restaurant La Fontana D´Orazzio y la franquicia de la red de farmacias Farmatodo en Upata, capital del municipio Piar. Asimismo en la parcela de la farmacia se encuentra la agencia local de Bancamiga.
Adicionalmente miembros de la familia
tienen participaciones en al menos 15 compañías registradas en el estado
de Florida en EEUU.
Carmelo De Grazia figura como directivo
de Royal Bostonian Capital Inc, Compass Factoring LLC, Royal Bostonian
Aviation LLC, Dream Estates Realty Group Corp., Cdb Finance Corp, Im
Trade & Investments LLC, Dgs Capital Holdings, LLC, Insta Loan
Capital LLC, Yokoyma Inmobiliare LLC.
Mientras que otros como Horazio De
Grazia tiene participación en Ciao Brickell, LLC, Mid-Town Doral 508,
LLC, Mid-Town Doral 713, LLC, Ciao Downtown LLC, Ciao Investments LLC y
La Fontana D' Orazio LLC.
Violencia llegó de repente
Aldrin Torres destacó que el uso de la violencia armada con apoyo en grupos organizados paramilitarmente, se inició en el año 2011, luego de que el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, revocó las concesiones de algunas empresas transnacionales.
La normativa reformada en esa ocasión,
que fue mal interpretada como una nacionalización, estableció que la
explotación aurifera estaría a cargo de empresas mixtas, donde el Estado
venezolano tendría una participación accionaria mayoritaria.
En ese momento comenzó la violencia
extrema a cargo de bandas criminales que utilizan la figura del
"sindicato" para ejercer el control de la extracción de oro y otros
metales valiosos.
Para Torres este es el mecanismo
impulsado por las antiguas concesionarias para mantener el control sobre
la comercialización de los minerales, ya que aunque no lo extraen, se
encargan de su vinculación con el mercado global.