Siguiendo la línea discursiva de los principales operadores (Luis Florido del partido Voluntad Popular, Alfonso Marquina de Primero Justicia y José Guerra) del Proyecto de Ley de Reforma del Decreto N° 2.179 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional el pasado día jueves, al menos tres grandes aspectos se desprenden para lo que intentará ser, según los intereses financieros extranjeros que representan, el nuevo contenido que regirá la arquitectura legal y de la principal institución financiera del país.
Estos tres grandes aspectos pueden sintetizarse en: 1) Que el nombramiento de la junta directiva del BCV sea nuevamente facultad de la AN; 2) Que se publiquen las cifras macroeconómicas del estado actual de la economía nacional; 3) Restringir la impresión de billetes y restituir las capacidades monetarias y financieras de la institución.
Presentadas así, con esa envoltura tecnocrática y supuestamente objetiva, es que los intereses políticos y financieros que se tejen detrás de dicha reforma pueden colarse sin generar mayor bullicio mediático.
Punto por punto
- Cuando José Guerra se refirió el día de ayer desde la tribuna de oradores al "nombramiento de la junta directiva por parte de la AN" se está refiriendo al posicionamiento en esos puestos claves a operadores neoliberales que pudieran ejercer, en un caso hipotético de ejecutarse efectivamente la ley y de que efectivamente puedan ocupar uno o dos puestos en el directorio, fuertes presiones nacionales e internacionales para que el Gobierno se desgaste en una discusión monetarista y tecnocrática mientras subterráneamente la destrucción sostenida de los sistemas de precios ubica simultáneamente dichas medidas neoliberales en los medios privados como la única vía para "salir de la crisis". Provocar por vía de esa presión que nos hagamos un autogol.
- En un contexto de guerra financiera donde la gran banca estadounidense y sus subsidiarias alrededor del mundo desarrollan varias estrategias de bloqueo financiero mediante la fabricación de alarmas de default, proyecciones hiperinflacionarias basadas en Dólar Today y aumento sostenido del riesgo crediticio del país, la publicación de la cifras del BCV dejan de ser un "bien público" como lo planteó José Guerra para convertirse en un inventario estadístico con el cual esa estrategia de bloqueo financiero repuntaría con parámetros de información oficial del Estado venezolano. Estaría el BCV (principal institución financiera del Estado venezolano) brindándole información sensible a los bancos estadounidenses y a sus agencias financieras para que les sea posible constatar como el mismo Estado que dice estar representando el BCV no está capacitado para dirigir la política financiera, monetaria y cambiaria del país. Ahí es donde la filosofía Cedice (y más arriba la de las oligarquías financieras del gran capital transnacional) muestran todo su potencial planificando el obligatorio desmantelamiento de las instituciones básicas del Estado-nación en beneficio de sus cada vez más criminales procesos de saqueo y acumulación de capitales.
El problema no está en presentar las cifras o no, el problema real es el uso político que el gran capital transnacional le dará en función de su bloqueo financiero contra el país y si el BCV convalidará el desmantelamiento de sí mismo como instancia elemental para la soberanía política del país. No son simplemente estadísticas, ya en este punto del asedio financiero ese proyecto de alianza con bancos y corporaciones significa un problema de seguridad de Estado.
- El argumento bajo el cual José Guerra, Luis Florido y Alfonso Marquina responsabilizan de la "inflación" a la política monetaria del BCV y no a la destrucción del sistema de precios encabezada por la tasa especulativa de Dólar Today poco tiene que ver con un discurso propio, sino más bien con la repetición automática de la prédica que emana desde medios financieros como Bloomberg Business, Financial Times o The Wall Street Journal: los que diseñan los razonamientos, premisas y proyecciones a ejecutar de la guerra financiera contra el país. Y en ese sentido común la "inflación" sería un problema excluvisamente monetario y no la consecuencia de guerras financieras contra países casi siempre periféricos que se candidatean para ser absorbidos y desmantelados por bancos y corporaciones trasnancionales.
No estamos ante un problema de política monetaria como lo hacen ver José Guerra y Luis Florido. Intentar restringir la impresión de billetes por parte del BCV sin lugar a dudas se corresponde a un cálculo político y no económico: restarle margen de maniobra y capacidad de respuesta al Gobierno venezolano ante la guerra financiera transnacional expresada en la inflación. Un BCV "autonómo" como ellos lo presentan tendría como objetivo fundamental destruir la capacidad que tiene el Gobierno a través de la impresión de moneda (transformada en aumentos de salarios, pensiones, bonos vacacionales, misiones sociales, financiamiento agrícola, financiamiento de empresas públicas, etc.) para hacerle frente a la inflación.
Sin embargo, el proyecto aprobado en primera discusión también se plantea influir en las funciones básicas del BCV en cuanto a la política cambiaria. El BCV es parte fundamental en el diseño de la política cambiaria (precio de las divisas y la regulación y vigilancia de ese mercado) y tiene la prerrogativa para suscribir los convenios cambiarios bajo los cuales el BCV compra los dólares que entran a Pdvsa por concepto de exportaciones petroleras. Esto supondría una poder de decisión y de influencia elevado (previa presión internacional de bancos estadounidenses y agencias financieras) en cuanto al diseño del mercado de divisas y su precio (que dentro de su plan está planteada la liberación del control cambiario) y la planificación de la impresión monetaria: aspectos claves de la política financiera del Estado venezolano.
Toda privatización del Estado comienza por su banco central
Aunque si bien la reforma prevista por la Asamblea Nacional tendrá automáticamente una respuesta negativa por parte del Ejecutivo, es imprescindible precisar estos intereses financieros y transnacionales que se sitúan detrás y por qué, en este sentido, es estratégico cambiar el funcionamiento estratégico del BCV como institución elemental para la soberanía del país, independientemente de su efectiva aplicabilidad en los meses por venir, lo cual no disminuirá los ataques que presionan hacia su desmantelamiento absoluto con Alfonso Marquina, José Guerra y Luis Florido como operadores principales a lo interno.
Final a pie de página
Durante el mes de diciembre y enero, y con la respectiva pisada de acelerador luego del nombramiento de Luis Salas como Vicepresidente el Área Económica, las agencias financieras antes comentadas y los bancos estadounidenses y británicos como JP Morgan, Barclays y Bank Of America, incluido el FMI, han desarrollado una estrategia de ataque contundente hacia el BCV y hacia la política económica del Gobierno venezolano. El último globo de ensayo desinformativo del corresponsal en Venezuela del aparato de propaganda política y financiera, The Wall Street Journal, sobre la "importación de billetes" también se encuentra engranada dentro de esas maniobras de difamación internacional de las cuales se aferran los operadores financieros de la derecha para promover con urgencia la reforma a la ley del BCV.No por casualidad ayer mismo, cuando se estaba "discutiendo" la reforma de la ley del BCV, la agencia financiera Bloomberg Business publica su nota más pesada contra la estabilidad financiera del país, afirmando que es "inminente" el default y el colapso de la economía venezolana si no se hace "algo". Ese "algo" es la toma del BCV.
Contra la economía del país no conspiran José Guerra y demás operadores financieros investidos de parlamentarios, sino los bancos estadounidenses y las corporaciones transnacionales: las que verdaderamente cobrarían con una ley de desmantelamiento del BCV en pro de sus procesos de acumulación de capitales y secuestro de las reservas internacionales.
A final de cuentas esa ley de reforma lo que está planteando es la reducción (en el mejor de los casos) de las pensiones, aumentos salariales y financiamientos de misiones sociales desde la educación pasando por la salud y la alimentación.
Toda privatización del Estado comienza por su banco central: la institución que administra y planifica nada más y nada menos que el poder del dinero y hacia dónde debe dirigirse. José Guerra sabe para quién trabaja y en nombre de cuál banco estadounidense emitir los pagarés. Del dicho al hecho hay mucho trecho, deberán mostrar músculo y no sólo discursos para adueñarse de las bóvedas del Estado venezolano.
