12 marzo, 2017
Al menos 500 hectáreas de sembradíos de arroz destruidos, casas incendiadas y pozos de agua contaminados con gasoil y gramoxone (un potente herbicida altamento tóxico) son algunos de los datos que aporta María Alejandra Tovar, sobre el desalojo y agresión que el pasado martes 7 de marzo realizaron fuerzas policiales y militares. Ella es una de las campesinas que forma parte de un grupo de más de 400 familias que desde hace unos 5 años procuran el rescate de las 7.777 hectáreas que conforman un hato ganadero ubicado en el municipio Pedraza del estado Barinas, la región donde nació y creció el comandante Hugo Chávez, máximo lider de la Revolución Bolivariana.
Se trata del hato Las Mercedes, ubicado al occidente de la capital de la entidad, Barinas, en el llamado eje andino, cuyos presuntos propietarios son parte de una acaudalada familia de la “godarria” del estado Lara: los Riera Zubillaga. Su representante es el abogado Ignacio Riera Sigala quien para mejor referencia es director del exclusivo Country Club de Barquisimeto.
Hasta el predio, ubicado en la vía hacia la población de Mamporal, llegaron el martes pasado (7 de marzo) unos 60 efectivos de seguridad, entre agentes de la policía regional y efectivos de la Guardia Nacional con el fin de desalojar al colectivo de campesinos que desde el 28 de diciembre pasado ocupa un área de resguardo y produce distintos rubros en lo que consideraban que era la última etapa del rescate de tierras ociosas o con uso no conforme.
El saldo presentado por María Alejandra incluye la destrucción de todos los conucos con rubros como plátano, yuca y otros tubérculos de uso doméstico, el robo de animales menores como gallinas y cochinos y la sustracion de bombas de agua y herramientas agrícolas. “De siete motobombas que había sólo apareció una en un comando policial”, explica en una extensa conversación telefonica.
Para destruir los sembradíos de arroz, cultivado en diversas parcelas como el principal rubro comercial, usaron los tractores y rastras que pertenecen al propio hato. En la tarea que acabó con la posibilidad de producir cerca de 3 millones de kilos del cereal se emplearon trabajadores al servicio de los terratenientes. El hecho es realmente contradictorio especialmente porque ocurre justo en la semana que se celebra el primer aniversario de lo CLAP, un mecanismo impulsado por el presidente Nicolás Maduro para garantizar la distribución de alimentos.
Hasta la ropa que había en ranchos y cambuches (viviendas precarias) se la robaron y luego le prendieron fuego a todo. Las llamas se mantuvieron al menos hasta el jueves según el relato de la campesina.
En este evento sólo se reportó una persona detenida, uno de los parceleros, que afortunadamente fue liberada al día siguiente sin ser sometida a un proceso penal.
De acuerdo con lo que explicó la señora Tovar el proceso de rescate había avanzado hasta el punto en que el Instituto Nacional de Tierras (INTI) había determinado el caracter de tierras ociosas (DTO) y de uso no conforme del hato. Incluso ya había sido aprobado el rescate total del predio a favor de colectivo de cual forma parte María Alejandra. Valga acotar que el rescate es el mecanismo establecido en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, promulgada por el comandante Chávez en diciembre de 2001, para que latifundios improductivos o con baja productividad retornen al Estado y sean adjudicados a familias que realmente este dispuestas a producir.
No son procesos sencillos y generalmente se prolongan en el tiempo, pues los presuntos propietarios pueden recurrir a los tribunales agrarios y presentar medidas de control para garantizar sus derechos. Asimismo pueden recurrir a prácticas ilegales para corromper a los funcionarios responsables de los procesos administrativos (INTI) o judiciales y adulterar inspecciones e informes.
En este caso ocurrieron todas esas cosas probablemente, incluyendo un intento de desplazar al colectivo inicial para dar tierras a otro grupo de campesinos que no son del sector. Sin embargo todas las trabas aparentemente habian sido superadas. Incluso una demanda que fue hecha contra el INTI y que debieron responder los campesinos ante la omisión del organismo para hacerse parte.
Por eso la intervención policial-militar del martes fue inesperada e inmotivada. Verbalmente los jefes policiales argumentaron que actuaban en atención a una medida judicial de protección dictada por un tribunal agrario. Sin embargo el juez señalado negó que hubiera dictado esa medida.
También dijeron que era porque el INTI, en Caracas, había otorgado un certificado de finca productiva al hato. Pero el propio presidente, José Rafael Avila, dijo que eso era mentira en una reunión con los voceros de los campesinos el pasado viernes.
Por lo que hasta ahora la responsabilidad concreta de los hechos parece centrarse en la coordinadora regional del INTI en Barinas, la abogada Ingrid Gil Guzmán y el coronel José Bolívar, funcionario de la secretaría de seguridad y orden público de la gobernación de la entidad. En Las Mercedes también nombran a los jefes policiales Franklin Salinas y Osmar Sánchez además del oficial de la GNB al mando de un grupo militar.
