Más de 26 muertos, cientos de heridos y daños materiales estimados en 100 mil millones de bolívares es el saldo provisional de la violencia generada por el demencial clima de odio y violencia desatado por las protestas opositoras en abril.
¿Sus antecedentes inmediatos? Hace poco más de un año la contrarrevolución obtuvo mayoría en la Asamblea Nacional(AN) y se sentía más fuerte que nunca. Por primera vez desde 1998 había superado al chavismo en unos comicios. No hizo más que instalarse el órgano legislativo e inició un camino irracional hacia el golpe de Estado, que es lo suyo. El nuevo presidente del Legislativo manifestó que en seis meses sacaría del cargo a Nicolás Maduro. Al continuar éste en su puesto, pasado el plazo, los legisladores oposicionistas le hicieron un juicio político en 24 horas y acordaron convocar elecciones en 30 días, decisiones para las que la AN no está facultada por la Constitución.
Para no hablar de la ridícula ausencia del mandatario que declararon.
La AN se extralimitaba cada vez más en sus competencias y atropellaba las de otros poderes del Estado, cuando decidió juramentar a tres diputados cuya elección había sido anulada por el Consejo Nacional Electoral, que la consideró fraudulenta. Ante el reiterado atropello de la Constitución, es que el Tribunal Supremo, garante de su observancia, decide declararla en desacato y en el ínterin asumir algunas de sus funciones ante asuntos que requieren resolución urgente por interés social. Bastaría que revocara la juramentación de los tres diputados para que cesara la situación de desacato.
Pero no, prefiere acusar a Maduro de haber dado un autogolpe, cuando en realidad es la mayoría opositora la que mantiene una conducta golpista desde la misma instalación de la AN, que se retrotrae al golpe del 11 de abril de 2002, del cual son cómplices todos sus cabecillas más connotados.
El autogolpe ha sido el pretexto para la nueva ola de protestas violentas, siempre apegadas, al igual que las de febrero de 2014, al manual del asesor de la CIA Gene Sharp y a las directivas de la operación Venezuela Freedom 2 del comando sur yanqui. En concordancia con la violencia opositora, sus exigencias son inaceptables por su carácter golpista: destituir a los jueces del Tribunal Supremo, convocar a elecciones de inmediato, liberar a los presuntos presos políticos y abrir un canal humanitario para asistir a la población. Puro cinismo.
Es también el caso de la marcha convocada para el miércoles 26, cuyo supuesto objetivo era entregar una carta en la oficina del Defensor del Pueblo para solicitarle que –bajo descaradas amenazas– declare en falta grave a los jueces del Tribunal Supremo, requisito legal para que la AN los destituya. El objetivo real era buscar derramamiento de sangre y una vez más lo consiguieron. Tarek Williamn Saab, defensor del Pueblo, ha declarado que la misiva ha sido entregada ya 15 veces por personeros opositores y desestimada por improcedente. Esta marcha, como siete anteriores que la oposición ha intentado conducir al centro de Caracas, no ha sido autorizada, como ocurre en otros países, donde se impide marchar en determinadas áreas. Aquí una explicación de por qué la prohibición.
Con el extremismo de derecha en el poder en Washington, la contrarrevolución tiene tres objetivos: asaltar el poder no importa el costo en vidas humanas y a la economía; impedir la recuperación económica y política de la revolución bolivariana en pleno curso, y ocultar su hundimiento político en un momento en que el chavismo ha ganado considerable fuerza, como lo demuestran sus movilizaciones de calle en comparación con las de los adversarios.
La hostilidad de la OEA, de varios gobiernos de derecha o atemorizados y la campaña mediática sin precedente contra Venezuela han contribuido mucho a estimular la demencia opositora. Un individuo mediocre, rencoroso y de baja estofa como Almagro, ha terminado de descalificar a la OEA para tratar cualquier tema relacionado con la patria de Bolívar.
Al fin y al cabo, el organismo siempre ha sido instrumento de la política injerencista y agresiva de Washington contra los gobiernos soberanos de nuestra América.
El fin único de la oposición es derrocar el orden constitucional para volver al infierno neoliberal y a la represión masiva contra el pueblo. Mucho peor y más sangrienta que la ejercida después del caracazo.
La Jornada
