Posted: 18 Aug 2017 07:25 AM PDT
Las acciones del Gobierno de Barack Obama, continuadas luego por Donald Trump, han atentado contra la constitucionalidad del Gobierno venezolano.
El gobierno estadounidense se ha caracterizado por emitir juicios sobre los asuntos internos de los países del mundo. En el caso de Venezuela, ha mantenido una política hostil desde que el líder de la Revolución bolivariana Hugo Chávez llegó al poder para establecer la revolución socialista que actualmente es liderada por Nicolás Maduro.
Conzoca de manera cronológica los actos de injerencia del Gobierno estadounidense en Venezuela
El 12 de febrero de 2015, el presidente Nicolás Maduro, denunció que oficiales de la Aviación del Ejército estaban financiados por funcionarios del gobierno de los EE.UU. para llevar a cabo un Golpe de Estado en Venezuela, el cual se desarrollaría en diversas fases.
En marzo de ese año, el presidente estadounidense, Barack Obama, anunció la implementación de nuevas sanciones contra el país suramericano, por supuestas violaciones de derechos humanos y declaró una situación de “emergencia nacional” por el “riesgo extraordinario” que supone la situación en ese país para la seguridad de EE.UU.
Durante el mes de abril, la cancillería venezolana envió una carta al Jeff Simon, Gerente País de la compañía estadounidense Exxon Mobil reiterando su rechazo a las intenciones de esta empresa que busca quebrantar el cumplimiento de obligaciones bilaterales suscritas entre la República Cooperativa de Guyana y Venezuela.
En junio de 2015, John Kelly, Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, cuestionó la voluntad del Gobierno venezolano para combatir el tráfico de drogas.
En agosto, Mark C. Toner, funcionario del departamento de Estado de EE.UU., se refirió a la política electoral de Venezuela y pidió en sus declaraciones replantearse el veto impuesto a varios opositores para participar en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre e instó al gobierno a permitir una observación electoral.
John Kerry, Secretario de Estado de EE.UU., durante el mes de septiembre puso en tela de juicio la actuación de la justicia venezolana en el caso del líder de la oposición Leopoldo López, quien busca interferir en los asuntos internos del país.
Otro organismo que opera bajo la dirección del país del norte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante un informe publicado el 29 de septiembre “denunció” la presunta crisis humanitaria y violación de derechos de lo colombianos deportados por las autoridades venezolanas.
A inicios del mes de octubre, John Kerry, Secretario de Estado de EE.UU., afirmó que la democracia de Venezuela es “imperfecta”. El Ejecutivo venezolano volvió a denunciar, el 28 de octubre, las reiteradas agresiones de Washington contra el territorio latinoamericano.
Los ataques de Almagro contra Venezuela
El 31 de mayo de 2016, el secretario general de la OEA Luis Almagro solicitó la activación del procedimiento para aplicar la Carta Democrática del organismo contra Venezuela.
En un informe de 132 páginas, Almagro recurrió al artículo 20 de la Carta para, según él, “atender a la alteración del orden constitucional y cómo la misma afecta gravemente el orden democrático” (del país), como lo versa el documento de manera subjetiva.
El 1 de junio, se realizó la reunión del Consejo Permanente de la OEA, en la que expresaron su apoyo al diálogo acompañado por Unasur entre el Gobierno y oposición en Venezuela.
El Gobierno de Venezuela sostiene que la oposición venezolana, con quien Almagro se ha reunido públicamente, quiere ejecutar un “golpe suave” con acciones y ataques fomentados desde el extranjero, mediante la manipulación informativa, la movilización y la infiltración la violencia en las manifestaciones.
Posteriormente, el 13 de enero de 2017, la administración del expresidente Barack Obama renovó el Decreto que declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad interna del país norteamericano.
Donald Trump en la presidencia
Los ataques contra la República Bolivariana continuaron con Donald Trump en la presidencia, con la sanción en el mes de febrero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al vicepresidente Ejecutivo venezolano, Tareck El Aissami, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
En esta misma línea, una resolución del Senado de EE.UU., dictada el 28 de febrero, apoyó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela.
El 2 de marzo, el subsecretario de narcotráfico de Estados Unidos, William Brownfield, publicó un informe atacando las políticas antidrogas de Venezuela. Al siguiente día, el Departamento de Estado desconoció los avances del país suramericano en términos de garantía de los derechos humanos en su informe de DDHH 2016.
En abril, el jefe del Comando Sur de EE.UU., Kurt Tidd declaró que la situación en Venezuela “podría acabar exigiendo una respuesta a nivel regional”, hecho que fue denunciado por el Gobierno venezolano como una “acción injerencista”.
Durante el mes de julio, el Gobierno estadounidense sancionó a 13 funcionarios, exfuncionarios y militares venezolanos, en un intento por intervenir en la política local e impedir la elección de los candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente. Posteriormente, luego de fracasar en el intento de impedir el proceso constituyente, procedieron a sancionar al presidente Nicolás Maduro.
El 11 de agosto, el mandatario estadounidense amenazó directamente a Venezuela, al expresar que tenían “muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar, si es necesario”. Estas declaraciones han sido rechazadas por el Gobierno venezolano y gran parte de la comunidad internacional.
