25 Ago. 2017
Mientras
tanto, los defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría cancelar pronto el
programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA,
por su sigla en inglés). Esta política otorga protección legal a casi
800.000 jóvenes inmigrantes indocumentados para vivir y trabajar en
Estados Unidos. Los jefes interinos del Departamento de Seguridad
Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se reunieron
esta semana para discutir el futuro del programa DACA,
ya que los gobernadores republicanos de diez estados amenazaron con
demandar al gobierno de Trump si no lo cancela para el 5 de septiembre.
No está claro si Trump y el fiscal general, Jeff Sessions, harían una
defensa judicial del programa. Además, el juez federal que presidiría el
recurso judicial, Andrew Hanen, previamente ha fallado en contra de las
políticas de inmigración del ex presidente Barack Obama. Por otra
parte, el medio McClatchy informó esta semana que los principales
asesores de Trump, entre ellos el general John Kelly –jefe de gabinete
de Trump–, el yerno de Trump Jared Kushner y su hija Ivanka Trump están
presionando por un acuerdo que preservaría el programa DACA
a cambio de una legislación que pague por un muro fronterizo y más
instalaciones de detención, limite la inmigración legal e implemente el
programa E-verify para verificar el estatus migratorio de las personas.
En respuesta, Lorella Praeli, de la Unión Estadounidense por las
Libertades Civiles, dijo: “Tenemos 800.000 ejemplos de por qué el DACA fortalece a Estados Unidos y por qué este programa debe seguir funcionando. El DACA
es exitoso, popular y constitucional, y debe permanecer en los libros
hasta que el Congreso apruebe una nueva solución legislativa para tratar
el estatus de los beneficiarios del DACA”.
