Ismael Ardila, ELN Voces / Resumen Latinoamericano / 18 de octubre de 2017
En esta segunda entrega sobre el petróleo, hablamos sobre los impactos ambientales que deja la explotación de los recursos de hidrocarburos. De igual forma el bum petrolero en el país, supuso una gran esperanza para la población. Pero este se tradujo en una serie de problemas sociales, ambientales culturales y económicos. En esta ocasión, hablaremos de la pérdida cultural y lo que esto representa para el país.
Aniquilamiento de la diversidad cultural
La cultura es un derecho inherente a los pueblos, esta hace referencia al cultivo del espíritu humano, configura el tejido social y abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Entre sus aspectos importantes se encuentran las costumbres, las prácticas ancestrales, las maneras de ser, los rituales y las normas de comportamiento. En suma, es el conjunto de información y habilidades que permite al ser humano la capacidad de reflexión.
En la Constitución Política de 1991, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana; en el artículo 8 dice: “es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. Pese a ello, la exploración y explotación de los recursos de hidrocarburos en Colombia es una práctica económica que trae consigo una serie de problemáticas ambientales, sociales y culturales, entre las que se encuentra la destrucción del patrimonio inmaterial cultural. Pues, junto a las compañías petroleras y sus promesas de prosperidad, llegan personas de todas partes, lo que supone un choque cultural y la pérdida de identidad territorial, alterando la riqueza cultural nativa, campesina, y las raíces culturales de los pueblos.
En las áreas de influencia de explotación petrolera se observa el cambio de su idiosincrasia, como sucede en los departamentos de la Orinoquia especialmente Arauca, Casanare y Meta. Estos departamentos son de vocación agrícola y ganadera, sin embargo, estas actividades fueron desplazadas por la bonanza petrolera, los campesinos dejaron la labor del campo para irse a trabajar como peones de las compañías petroleras, porque esto les representaba una mejor economía. (Ver http://prensarural.org/spip/spip.php?article12691)
Los pueblos indígenas en Colombia no son ajenos al exterminio cultural que lleva consigo la política económica de hidrocarburos. Desde un comienzo la actividad petrolera ha estado ligada a la violencia, al exterminio, la disgregación social, al despojo del territorio de muchos pueblos en distintas partes del país. Tal es el caso de los pueblos Awá, Barí, Inga, Kofán, Sáliba, Siona, Pijao, Sikuani, UŽwa, y Yariguies, entre otros.
Más petróleo, menos identidad cultural
La explotación petrolera se intensificó en el último tercio del siglo XX, en departamentos como Arauca, Casanare, Cesar, el Meta, Santander, Córdoba, la Guajira y Putumayo. Esta coyuntura junto con la crisis energética global y el creciente precio del petróleo, han incitado al Estado colombiano a diseñar y ejecutar macro proyectos petroleros, poniendo en marcha una descomunal estrategia de neocolonización en territorios protegidos, muchos de ellos bajo la titularidad indígena y sin importar que la mayoría de las tierras son productivas y centros sagrados para los pueblos indígenas. Es decir, los resguardos indígenas y las tierras de los campesinos, son exploradas y explotadas bajo la complicidad jurídica y legislativa.
La extracción del petróleo en los resguardos generan pérdida de la autonomía de las comunidades, e incluso el derecho propio y la legislación especial indígena es excluida, poniendo en riesgo las costumbres y conocimientos ancestrales.
Las empresas petroleras en Colombia han sido tan irresponsables con las comunidades campesinas e indígenas en sus áreas de influencia, que generan disminución de las áreas de cultivo y ganaderas. En departamentos como Arauca, Meta, Boyacá, Casanare, el desplazamiento ha generado mendicidad e indigencia en las cabeceras municipales.
En resumen, el petróleo en Colombia está ligado a la violación sistemática de los derechos individuales y colectivos de la población, reconocidos en la misma constitución política de 1991 y en instrumentos jurídicos internacionales y a los que hace parte el país (convenio 169 de la OIT y la declaración internacional de los derechos humanos).
