Revista Insurrección
La masacre perpetrada por la policía el 5 de Octubre, en la vereda Puerto Rico, del municipio de Tumaco, deja 9 campesinos asesinados y más de 50 heridos, es una grave afrenta al cese al fuego acordado con el gobierno; cuyo objetivo primordial es “mejorar la situación humanitaria de la población”. Esta tragedia está en dirección contraria a éste propósito, en tanto que violentan la letra y el espíritu de lo acordado. Por ello, demandamos con urgencia la actuación y pronunciamiento del Mecanismo de Veeduria y Verificación, conformado por la ONU, la iglesia y las partes.
La Masacre de Tumaco y las mentiras gubernamentales con que la están tratando de encubrir, es una contradicción a los propósitos de paz, que demanda de la unidad popular y nacional, para una gran movilización nacional y de opinión, que enfrente la criminalización continuada de la protesta social.
Esta tragedia continúa demostrando como las armas del Estado, siguen colocándose al servicio de las políticas del Estado y las clases dominantes. Mientras los de arriba, sigan empleando la violencia para perpetuarse en el poder, no será posible avanzar hacia una nueva realidad en el país y por tanto hacia la solución política, tal como lo desea el Ejército de Liberación Nacional y la gran mayoría de los colombianos.
Una verdad que pretenden ocultar, además de la autoría y responsabilidad de la policía en la masacre, es que las comunidades campesinas, claman porque el Gobierno cumpla los acuerdos de erradicación voluntaria y cree fuentes económicas alternas; pactados con ellas, en los años anteriores.
Algunos creen que la orden de disparar la dieron los generales Salamanca -comandante de la policía Regional Nariño-, y Tafur -comandante de la Fuerza de Tarea Pegaso del Ejército-; No, no, no... la orden la impartieron desde la capital de los Estados Unidos.
La voz cantante de la amenaza la dio Trump el 13 septiembre, cuando gritó que si no hay “progresos significativos” en la erradicación de cultivo de coca, colocaría a Colombia en la lista de los Estados fallidos, incapaces de controlar el tráfico de cocaína. Un detalle no tan menor, es que confesó que no había incluido al país en tal lista, porque la Policía y las Fuerzas Armadas son “socios estrechos de los EEUU, para mantener la seguridad en el hemisferio”, y porque ellas “han reiniciado la erradicación, reducida significativamente desde 2013”.
El pasado 3 de julio, K. Whitaker, embajador de EEUU en Bogotá, atribuyó el crecimiento de cultivos de coca, a “la protesta social de 2013, que afectó la erradicación”.
Por su parte W. Bronfield, subsecretario de Estado para asuntos de narcotráfico internacional, el 2 de agosto, amenazó que si no se frena la expansión de cultivos de coca en Colombia, “pronto van a presentarse problemas bilaterales”. Al tiempo, la bancada republicana en el senado de los EEUU, leyó un memorando del expresidente uribe, en que acusan al gobierno de Santos de “abandonar la lucha contra los cultivos ilícitos, para favorecer la negociación con las Farc”. Mientras los voceros del partido Demócrata calificaron el crecimiento de los cultivos de coca, como “el fracaso del Plan Colombia”.
En un Informe de la Agencia antidrogas (DEA) de los EEUU, de principios de septiembre, dice que los cultivos de coca en Colombia pasaron de ser 78 mil hectáreas en 2012, a 188 mil en 2017. Crecimiento que atribuye a la suspensión de la fumigación aérea desde octubre de 2015, al recorte desde 2008 de dos tercios del presupuesto para erradicación manual, al capítulo Cuarto del Acuerdo con las Farc que incentivó la siembra, y a la reducción de operativos de erradicación en zonas de las Farc durante la negociación para evitar choques militares.
El 24 de septiembre, Whitaker, anunció que en los meses siguientes habría “resultados contundentes” en la lucha contra los cultivos ilegales. Once días después los EEUU obtuvieron los primeros resultados contundentes, en la Masacre de Tumaco.
Hay que recordar como un 6 de diciembre de 1928, las ametralladoras Browing emplazadas en las cuatro esquinas de la plaza de Ciénega, Magdalena, ametrallaron a los trabajadores bananeros. Hoy se repite la tragedia con los mismos componentes denunciados por Gaitán, cuando dijo que “la oligarquía tiene la metralla para el pueblo y la rodilla en tierra para el oro yanqui”; Operación genocida a la que calificó como “arreglar problemas sociales con revólver”.
