El alcalde es uno de ellos, junto con al jefe de bomberos y a otras personas ligadas al mundo asociativo.
Sigue la caza de brujas: profesores, tuiteros, ciudadanos de a pie, alcaldes, diputados, consellers, president… nadie escapa a la acción del ministerio del interior que continúa reprimiendo por múltiples vías: citaciones judiciales, actuaciones policiales, multas y sanciones, detenidos y encarcelados… Ya se deben contar por miles y aumentará en las próximas semanas, según anunció el mismo ministro del interior. Los acusaciones son variadas, usando el código penal o la ley mordaza del PP. Incitación al odio es la más común cuando andan la policía o la guardia civil de por medio. Es el caso de las decenas de ciudadanos de Reus.
La sorpresa ha llegado a la ciudad de Reus (Baix Camp) en forma de citación judicial. Una veintena de personas del municipio, el alcalde incluido, han sido imputados por un delito de incitación al odio. El requerimiento iba dirigido a una parte de las personas que participaron en las protestas a las puertas de los hoteles donde se alojaba la policía española, en los redactores del manifiesto que se hizo para pedir que los agentes marcharan del hotel, el jefe de los bomberos, empresarios, a quienes fueron grabados e identificados, o a personas que colgaban carteles.Además de los mencionados, otros imputados, como miembros del movimiento escolta, personas vinculadas al casal independentista Despertaferro y militantes de la Izquierda Independentista (EI), en general, se encontrarán esta tarde para decidir qué respuesta se dará. El abanico de imputados alcanza a cualquier que haya participado, de alguna manera u otra, en las movilizaciones del 15 de septiembre al 4 de octubre.
