Telesur / Resumen Latinoamericano / 8 de noviembre de 2017
La institución española anuló los acuerdos emitidos por el parlamento catalán referentes a la declaración de la independencia de la región.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidió ese miércoles de forma unánime anular los acuerdos por los que el Parlamento catalán declaró la independencia de la región el pasado 27 de septiembre e instó a la Fiscalía a querellarse de nuevo contra la presidenta del ente parlamentario, Carme Forcadell por el delito de desobediencia.
Por otro lado, el tribunal de garantías dejó sin efecto la imposición de la multas que fue fijada a finales del pasado mes de septiembre, de 12.000 euros diarios al subalterno de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía, Josep María Jové como responsable electoral del 1-O, ya que no llegó a ejercer.
Asimismo, anularon por la misma razón la multa de seis mil euros diarios que se impuso a Montserrat Vidal y Roca, por el mismo motivo.
El TC también declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Transitoriedad, en una resolución presentada por el magistrado Ricardo Enríquez, que la norma impugnada es contraria “de modo explícito a principios esenciales e indisociables de nuestro ordenamiento constitucional: la soberanía nacional”.
El magistrado afirmó que el derecho a la autonomía que la Constitución reconoce a las nacionalidades y regiones que integran España “no es ni puede confundirse con la soberanía” y recordó que el derecho de autodeterminación “‘no está reconocido en la Constitución, ni cabe aducir que forme parte de nuestro ordenamiento por vía de tratados internacionales de los que España es parte, ni tampoco encuentra fundamento en el derecho internacional”.
Cataluña está sumida en una nueva jornada de movilizaciones en las que se han bloqueado una treintena de carreteras y vías de tren en la región.
Los manifestantes reclaman la libertad de los activistas independentistas y los exconsejeros autonómicos encarcelados tras la declaración de independencia. Por su parte, Carles Puigdemont, presidente de la Generalidad depuesto por Mariano Rajoy, permanece en Bélgica pese al pedido de extradición interpuesto por el Gobierno español.
