La Argentina tiene un fuerte déficit
fiscal, lo que supone un mayor gasto público respecto de los ingresos,
por lo que conviene distinguir en qué se gasta y cuál es el origen de
los fondos del Estado. Solo así se puede indagar respecto del déficit y
como resolverlo.
Al respecto y para 2017, un informe de
reciente publicación la CEPAL señala que para Argentina: “…el déficit
fiscal se mantuvo elevado en los primeros diez meses del año (un 4,7%
del PIB), pese a la política de reducción de los subsidios de los
servicios públicos, a la recaudación extraordinaria del impuesto
especial del blanqueo de capitales y al aumento de los ingresos
tributarios asociados al mayor nivel de actividad.”[1]
Con la baja de subsidios a los servicios se
encareció la vida, con especial impacto entre los sectores de menores
ingresos, mientras que el blanqueo supone el perdón estatal a grandes
evasores, descubriendo claramente perjudicados y beneficiarios de la
política económica y fiscal del gobierno Macri.
Más adelante se indicará en el estudio de
CEPAL que el ajuste realizado para achicar gastos estatales fue
contrarrestado por el mayor gasto en intereses derivado del fuerte
endeudamiento público. Dice textualmente el escrito: “Tras el pago de
los intereses de la deuda, el resultado fiscal ascendió al 4,7% del PIB,
por encima del 4,1% registrado en igual período de 2016.”
Hemos destacado en varias ocasiones que el
Ministro de Finanzas augura la continuidad del creciente endeudamiento
público por lo menos hasta el 2022.
Queda claro que toda la sociedad financia
con endeudamiento del Estado la lógica regresiva de la distribución del
ingreso. Se trata de una hipoteca gravosa en el corto y largo plazo.
Resulta claramente contrario a cualquier semejanza a los propósitos de
Robin Hood que podría sugerirse de una estrategia para combatir y abatir
la pobreza, por lo que algunos sostienen que se trata de un robo
apañado desde el consenso electoral.
La contabilidad nacional, que mide egresos e
ingresos desnuda una gigantesca transferencia de recursos desde los
sectores empobrecidos a los más enriquecidos. En el texto de la CEPAL se
destaca el mantenimiento de la indigencia pese al crecimiento logrado
en el presente año, que recupera lo perdido en 2016.
El mayor déficit se carga sobre jubiladas y jubilados
Resulta interesante descubrir cómo con la
“reforma previsional” en trámite parlamentario y fuertemente protestada
en las calles, se piensa achicar el déficit desde el gobierno Macri.
Más allá de temas de fondo, como la edad
jubilatoria, la modificación de la actualización de ingresos
previsionales supone una reducción de recursos para beneficiarios de
jubilaciones y otros derivados de la seguridad social, como la
Asignación Universal por Hijos e Hijas (AUH) o a los combatientes en
Malvinas.
El argumento oficial es que bajo la nueva
fórmula de actualización se genera un “ahorro” estimado en 100.000
millones de pesos para el 2018, lo que significa que lo que se ahorra el
Estado es lo que no perciben los millones de beneficiarios de la
seguridad social, perceptores de jubilaciones y la AUH.
Como argumento se sostiene que la economía
nacional no es sustentable con este déficit fiscal y del propio sistema
previsional, sin contabilizar las pérdidas de ingresos fiscales que
supusieron las quitas y eliminaciones a las retenciones por
exportaciones, o las reducciones al impuesto de bienes personales. Mucho
más si se considera en simultáneo la propuesta de reforma tributaria en
ciernes, que impulsa la rebaja de la tasa de ganancias, del 35 al 25%,
para empresarios que reinviertan sus excedentes.
Es un chantaje hacia una mayoría
empobrecida, a quienes se les restringen ingresos para hacer funcional
el orden capitalista y su Estado, asegurando ganancias y rentabilidad
para inversores externos y locales, cómo si ello fuera la única manera
de reducir el déficit.
No solo es el gobierno, sino que el
chantaje asocia como actores directos a buena parte de los legisladores y
gobernadores, oficialistas y opositores, quienes negocian cuotas de los
ingresos fiscales para atender necesidades provinciales y a costa de
los sectores de menores ingresos.
La novedad es que para facilitar la sanción
legislativa se ofrecería por Decreto presidencial una compensación
mediante un bono de 750 pesos por única vez a los/as jubilados/as con
ingresos menores a los 10.000 pesos mensuales y aportes al régimen
previsional por 30 años, y un bono de 375 pesos, también por única vez, a
jubiladas/os ingresados al sistema por moratorias y sin los años de
aportes. También un bono por única vez de 400 pesos para beneficiarios
de AUH. Todo sumaría unos 4,000 millones de pesos, una miseria del 4%
respecto del ahorro de 100.000 millones antes mencionado.
No solo se trata de una estafa evidente,
sino que desnuda las formas de financiamiento del Estado y del
capitalismo en las condiciones actuales, de fuerte iniciativa política
del poder y del gobierno ante el espaldarazo electoral de octubre.
Política e instituciones
Como alguna vez sostuvimos, la política no solo transita por las instituciones.
El movimiento de la sociedad se expresa vía
conflicto en la protesta callejera y eso acontece en estos días, por lo
que la historia no termina, aun con pactos, leyes o decretos que
confirman la regresiva distribución del ingreso.
Un interrogante para pensar remite al
resultado de la confrontación entre la formal legalidad institucional o
la presión social que apunta a modificar esa ecuación de la
institucionalidad, que siempre es transitoria, sino lo que habría sería
una agobiante y conservadora inmovilidad.
Solo a modo de ejemplo señalemos que sin la
lucha popular hace 100 años no hubiera existido la reforma
universitaria, o más cercano en el tiempo, sin el accionar del
movimiento por los derechos humanos, nunca hubiera habido anulación de
las leyes de impunidad y por ende no existirían los juicios actuales con
condenas a los genocidas. Los ejemplos en este sentido son muchos y
variados, lo que expresa la riqueza y vitalidad de una cotidianeidad que
puede aspirar a superar y transformar la realidad.
La institucionalidad está siempre en
disputa y favorece a pocos enriquecidos o a muchos que aspiran a una
sociedad del Vivir Bien o el Buen Vivir tal como sostiene la lógica
civilizatoria de los originarios.
Se equivocan aquellos que imaginan la proyección del consenso electoral para contrarreformas de carácter impopular.
En todo caso devela los problemas políticos
en la Argentina, que atraviesan a los sectores dominantes de la derecha
en el gobierno, pero también a la izquierda y a quienes imaginan una
perspectiva sustentada en un proyecto emancipador.
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2017
[1] CEPAL. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe
2017. Argentina. En: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42651/18/BPE2017_Argentina_es.pdf (consultado el 15/12/17
