La decisión de acelerar el juicio al expresidente Lula en segunda instancia, es la quintaescencia del régimen de excepción y del terrorismo jurídico instalado en Brasil.
El juicio de Lula tendrá un trámite totalmente excepcional, mucho más rápido que el ritmo normal de juicio del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región [TRF4], que en promedio consume 14,5 meses para dictar una sentencia de segunda instancia.
Lula, sin embargo, será juzgado en el tiempo récord de apenas cinco meses. Es una decisión arbitraria que tiene motivación exclusivamente política. La aceleración del juicio expone la mecanización procesal operada en el contexto del llamado “derecho penal para enemigos”, opuesto al “derecho penal del ciudadano”.
La violencia sobre el “reo-enemigo” es pesada: suspensión de los derechos y de las garantías legales y procesales; condena previa, sin pruebas y basada en “convicciones”; y extremo subjetivismo de investigadores e la Policía Federal, procuradores y jueces, todo protegido y dimensionado por una brutal y constante masacre del terrorismo mediático, en la que la Red Globo ocupa un papel destacado.
El régimen de excepción anticipa la condena de Lula para inviabilizar su candidatura presidencial, considerada como imbatible en cualquier escenario proyectado para 2018 y contra cualquier opción electoral probada por la clase dominante hasta ahora.
Esta carta jurídica de excepción es la compensación de la oligarquía golpista a la incapacidad de evitar la elección del ex presidente Lula en las urnas. La oligarquía intenta, con este golpe dentro del golpe, asegurar la continuidad del mismo y de las políticas antipersonales y antinacionales que están devastando y colonizando el país.
Sólo Lula tiene autoridad política y moral para restaurar la democracia y el Estado de Derecho y dar inicio a la reconstrucción económica y social de Brasil. La prohibición de Lula, si se consuma, podrá sumergir al país en un ambiente de inestabilidad y conflicto social de dimensión impensable. Cualquiera que sea el resultado de una elección fraudulenta, éste jamás será aceptado por el pueblo brasileño.
La oligarquía golpista demostró al agotamiento que, en un escenario de mayor ilegalidad e ilegitimidad del régimen, no dudará en adoptar medidas autoritarias y antidemocráticas necesarias para su mantenimiento. La guerra contra Lula es la guerra contra el pueblo y contra el ideal de una nación justa, soberana y democrática. Esta guerra, al parecer, está lejos del final.
(*) Integrante del Instituto de Debates, Estudios e Alternativas (Idea) de Porto Alegre (Brasil), fue coordinador-ejecutivo del 5º Fóro Social Mundial y Director de la Secretaría Administrativa del Mercosur.
