Sigue la política de ‘descabezamiento’ de los líderes independentistas de que hablaba la vicepresidenta del gobierno con la intención de “liquidar el movimiento soberanista” por todos los medios (políticos, policiales, judiciales, mediáticos…).
La respuesta del aparato Estado de la monarquía borbónica a la derrota del bloque del 155 en las impuestas elecciones catalanas del 21-D no se ha hecho esperar: en una resolución dictada al día siguiente de las elecciones (y la fechas nunca son casuales) por el juez del Tribunal Supremo encargado del procesamiento de los dirigentes políticos y sociales del independentismo catalán, se amplía el proceso por malversación de fondos, sedición y rebelión a los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del último parlamento, además de los presidentes y secretarios generales de los partidos independentistas y la presidenta de la AMI. La imputación se basa en el largo informe de la Guardia Civil que, entre otras cuestiones, plantea que las manifestaciones de la Diada de los últimos años son parte del proceso de rebelión o que los destacamentos de la policía española que intervinieron en el referéndum del 1-O no utilizaron la violencia.
Una nueva constatación de la política de ‘descabezamiento‘ de los líderes independentistas de que habló la vicepresidenta del gobierno con la intención de “liquidar el movimiento soberanista”por todos los medios (políticos, policiales, judiciales, mediáticos…).
El Supremo amplía la causa por rebelión a Rovira, Mas, Boya, Gabriel, Lloveras y Pascal
Salen mencionados en el informe entregado por la Guardia Civil al juez Llarena el 15 de diciembre pasado
El juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena, que instruye el procedimiento contra varios miembros soberanistas acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos, ha ampliado la causa al presidente Artur Mas; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal; las ex-diputadas de la CUP Anna Gabriel Mireia Boya; y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras. Las nuevas investigaciones se han hecho públicas hoy, al día siguiente de unas elecciones catalanas que han vuelto a dejar una mayoría absoluta de las fuerces independentistas en el parlamento.
El día 11 de diciembre Llarena pidió a la Guardia Civil –en su condición de policía judicial– numerosa información para empezar la instrucción. Por ejemplo, información individualizada de los miembros del llamado ‘comité estratégico para la independencia’ (incluido en el documento ‘EnfoCats’), para saber qué papel habían tenido en la consecución de la declaración de independencia.
Este informe policial –de más de quinientas páginas– fue entregado al juez el día 15 de diciembre y las partes tuvieron conocimiento ayer. Los nombres de los nuevos investigados aparecen como miembros de este comité estratégico. Según la Guardia Civil, ‘todos fueron copartícipes de diseñar la estrategia que tenía que conducir a la independencia; diseñaron, orientaron, dirigieron y controlaron la implementación de sus planes para la creación de un estado soberano; y movilizaron los recursos humanos y materiales necesarios’.
El documento redactado por la Guardia Civil, que indica todos los nombres de quienes han participado en el proceso independentista, es en el que se ha basado el juez Llarena para elaborar la resolución sobre la investigación de los nuevos integrantes de la causa por rebelión.
Imputaciones basadas en el informe policial
Fundamentándose en este informe, el juez ha decidido ampliar ‘el espacio subjetivo de la investigación’, tal como recoge a la resolución dictada hoy. Basa las nuevas imputaciones en el documento ‘EnfoCats’, pero también en las anotaciones encontradas en la agenda personal de Josep Maria Jové, porque considera que todos los investigados participaron en reuniones que se recogen en sus anotaciones.
El magistrado Llarena considera que los hechos que se investigan se han podido cumplir ‘bajo la dirección y coordinación’ de un conjunto de personas entre las cuales están los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del último parlamento, además de los presidentes y secretarios generales de los partidos independentistas y la presidenta de la AMI.
Llarena añade que los nuevos investigados parece que tuvieron una ‘participación principal y destacada’ en el proceso independentista, ‘dándole el apoyo político que necesitaba la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron a cabo’. Nuevamente, basa estas afirmaciones en el atestado de la Guardia Civil, entregado al Supremo cuatro días de haberlo encargado el juez.
Sin citaciones, por ahora
El juez les ha notificado la condición de investigados porque se puedan personar en la causa, tener acceso a la información de las actuaciones y ejercer su derecho de defensa, tal como prevé el artículo 118 de la ley de enjuiciamiento criminal. De momento, ninguno ha sido citado a declarar.
