Veinticinco líderes y lideresas sociales del Bajo Atrato Chocoano y el Urabá Antioqueño amenazados de muerte y familiares de líderes que han sido asesinados, se reunieron en Bogotá para exigir garantías y poder retornar a sus territorios. Aseguran que detrás de los asesinatos, hay intereses de empresarios que han ocupado sus tierras y que a finales de los 90, los despojaron y desplazaron de sus tierras.
De acuerdo con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, los líderes sociales “están amenazados de muerte por una estrategia determinada por empresarios vinculados a la criminalidad en la región, que han sido señalados en diferentes instancias judiciales”. Recordaron que en menos de 10 días fueron asesinados dos líderes de la región, Mario Castaño y Hernán Bedoya.
DETRÁS DE LOS ASESINATOS Y LAS AMENAZAS, HAY INTERESES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS
Estos líderes llevan más de 20 años luchando por retornar y proteger su territorio. En repetidas ocasiones han manifestado que debido a las denuncias que han realizado han atentado contra su integridad, “nos han quitado la vida”, afirmaron. Ellos y ellas han dicho que son los empresarios palmeros, ganaderos, plataneros, mineros y bananeros los que se apropiaron del territorio. Asimismo, manifiestan una complicidad de la fuerza pública, instituciones gubernamentales y representantes de empresas como la Asociación Agropecuaria Campesina AGROMAR S.A, con la que se enfrentó toda su vida Mario Castaño.Los líderes asesinados habían denunciado las actuaciones de mala fe de empresarios y representantes de empresas como Baldoyno Mosquera Palacios, Javier Restrepo y Juan Guillermo González, de quienes los integrantes de las comunidades han recibido amenazas directas de muerte. “¿Cuándo nos van a escuchar?”, se preguntan las personas.
En ese mismo sentido indican que desde 1997 ha existido una estrategia para tomar los territorios que les pertenece a las comunidades. Indicaron que “el Gobierno Nacional se ha encargado de tergiversar la realidad, dice que son ajustes de cuentas entre empresarios contra la comunidad, pero ¿qué cuentas tenemos nosotros con los empresarios? Ninguna”. Ante los medios de comunicación reiteraron que en esa región hay poderes políticos y económicos “muy poderosos que están acabando con la vida de quienes reclaman los derechos”.
PARAMILITARES Y FUERZA PÚBLICA PROTEGEN A LOS EMPRESARIOS
Ante el anuncio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia sobre el cese al fuego unilateral, los líderes del Bajo Atrato y Urabá indicaron que “es una medida que llena de esperanza”, pero que los autores intelectuales de los asesinatos son estructuras armadas contratas directamente por empresarios, “que están pagando para que nos maten”.Además, han denunciado que pese a las directrices dadas desde los altos mandos de las AGC, los integrantes de bajo mando de esa estructura operan como sicarios en el territorio. “Por 300.000 o 500.000 pesos matan a cualquiera”, expresan.
Por otra parte, les sorprende que aun con la presencia de la Fuerza Pública continúen sucediendo estos asesinatos. En esa línea, aseveraron que el Batallón de selva No. 54, que se encuentra en Llano Rico, acompaña al empresario cuando llega a la comunidad, “el ejército lo cuida cuando se dirige a las tierras que le ha quitado a la comunidad. Los militares lo acompañan a hacer todos los procedimientos ilegales”.
“PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN ABSTENERSE DE RECIBIR DINERO DE EMPRESAS INVOLUCRADAS EN ASESINATOS A LÍDERES”
Teniendo presente el inicio de la carrera electoral, los líderes y lideresas fueron enfáticos en manifestar que los políticos, “tienen que dejarnos a los campesinos en nuestras tierras tranquilos”. Afirmaron que la sociedad “no puede seguir eligiendo a los mismos de siempre” y que los partidos políticos debería abstenerse de recibir recursos para sus campaña de las empresas que están comprometidas en el asesinato de líderes.Diferentes organizaciones sociales han instado a los partidos políticos a que actúen de manera transparente para que en el futuro, “no queden atrapados y dirigidos por los intereses de esas empresas”. Finalmente, los líderes exigieron una reunión con Guillermo Rivera, Ministro del Interior y con el vicepresidente Óscar Naranjo, para que se dé una respuesta clara sobre la situación de las tierras y la protección de las comunidades, y “no tengamos que volver a unas exequias nunca más”.
