Posted: 30 Nov 2017 05:25 AM PST
aristeguinoticias.com
Durante el foro I Foro Internacional de Delincuencia Juvenil, Vázquez Camacho dijo que estos adolescentes viven en estados de la República donde la tasa de violencia homicida es muy alta.
“Tenemos en el norte del país algunas, otras en occidente, en la costa Pacífico, en el Golfo. Más que fijarnos en la entidad, lo que hay que ver es dónde se concentran esos puntos rojos de violencia. Ver si en esos lugares hay jóvenes en riesgo que una dimensión es ser estatus nini y trabajar sobre todo con estos jóvenes en esas zonas porque sabemos que ahí es donde hay más riesgo de que se pudieran vincular. ”
Por su parte, Carlos Cruz Santiago, director general de Cauce Ciudadano, indicó que de acuerdo con cifras oficiales al día la tasa de homicidios es de 21 por cada 100 mil habitantes.
Sin embargo sostuvo que “la cifra es engañosa porque hay que ligar la tasa de desaparición diaria, entonces podríamos estar enfrentando un fenómeno que nos pueda llevar quizá entre 40 y 45 personas en general, de los cuales el 70 por ciento son jóvenes del norte del país. La zona del Bajío, Guanajuato tiene un desastre, Colima, Sinaloa, toda la Cuenca del Pacífico, en todo el país está con el problema de los asesinatos.
Agregó que los jóvenes son utilizados por el crimen organizado. “Lo que hace con ellos es darles reconocimiento, lo financia, le genera mecanismos de aprecio, cariño y lo hace responsable. El Estado lo que debería invertir en proyectos productivos para sus adolescentes, pero hay un ‘adultocentrismo’ en donde no se quiere ver a los jóvenes como un sector prioritario de atención sino como un grupo vulnerable que no lo es”.
Para resolver el problema de los adolescentes involucrados en la delincuencia organizada, “tenemos que tener una ley de desmantelamiento patrimonio y uso social de bienes confiscados, así como la creación del sistema nacional de desmovilización frente a la estúpida Ley de Seguridad Interior que está por aprobarse en la Cámara de Diputados”, finalizó.
(Con información de La Jornada)
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En México hay alrededor de 300 mil jóvenes llamados ‘ninis’ (ni estudian ni trabajan) en riesgo de participar con el crimen organizado, señaló Pablo Vázquez Camacho, director general de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad en la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.
Durante el foro I Foro Internacional de Delincuencia Juvenil, Vázquez Camacho dijo que estos adolescentes viven en estados de la República donde la tasa de violencia homicida es muy alta.
“Tenemos en el norte del país algunas, otras en occidente, en la costa Pacífico, en el Golfo. Más que fijarnos en la entidad, lo que hay que ver es dónde se concentran esos puntos rojos de violencia. Ver si en esos lugares hay jóvenes en riesgo que una dimensión es ser estatus nini y trabajar sobre todo con estos jóvenes en esas zonas porque sabemos que ahí es donde hay más riesgo de que se pudieran vincular. ”
Por su parte, Carlos Cruz Santiago, director general de Cauce Ciudadano, indicó que de acuerdo con cifras oficiales al día la tasa de homicidios es de 21 por cada 100 mil habitantes.
Sin embargo sostuvo que “la cifra es engañosa porque hay que ligar la tasa de desaparición diaria, entonces podríamos estar enfrentando un fenómeno que nos pueda llevar quizá entre 40 y 45 personas en general, de los cuales el 70 por ciento son jóvenes del norte del país. La zona del Bajío, Guanajuato tiene un desastre, Colima, Sinaloa, toda la Cuenca del Pacífico, en todo el país está con el problema de los asesinatos.
Agregó que los jóvenes son utilizados por el crimen organizado. “Lo que hace con ellos es darles reconocimiento, lo financia, le genera mecanismos de aprecio, cariño y lo hace responsable. El Estado lo que debería invertir en proyectos productivos para sus adolescentes, pero hay un ‘adultocentrismo’ en donde no se quiere ver a los jóvenes como un sector prioritario de atención sino como un grupo vulnerable que no lo es”.
Para resolver el problema de los adolescentes involucrados en la delincuencia organizada, “tenemos que tener una ley de desmantelamiento patrimonio y uso social de bienes confiscados, así como la creación del sistema nacional de desmovilización frente a la estúpida Ley de Seguridad Interior que está por aprobarse en la Cámara de Diputados”, finalizó.
(Con información de La Jornada)
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