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Cuando
el 1ro de mayo de este año el Presidente venezolano Nicolás Maduro
convocó a una Asamblea Nacional Constituyente como salida a un escenario
de violencia política que algunos analistas calificaron de Guerra
civil, pocos creyeron que siete meses después el chavismo estaría
celebrando tres victorias electorales al hilo. Lo cierto es que de
entonces acá los bolivarianos alcanzaron el gobierno de 19 de los 23
estados, incluyendo los emblemáticos Lara y Miranda -donde hacía rato el
chavismo no gobernaba- y tomaron el control del 92% de los municipios,
además de eliminar la violencia opositora y retomar a través de la
Constituyente la iniciativa política que habían perdido tras la derrota
en las parlamentarias de diciembre de 2015.
Eso,
en medio de una situación que le ha llevado a perder tres importantes
aliados en el continente (Argentina, Brasil y Ecuador) y la llegada de
Donald Trump a la Casa Blanca, quien ha radicalizado la agresión
política y económica ya desatada por su antecesor Barack Obama que
declaró a Venezuela "amenaza inusual y extraordinaria" a la Seguridad
nacional estadounidense.
Aunque
la situación económica es muy desfavorable aun para el gobierno
bolivariano el precio del petróleo se ha recuperado moderadamente, en
buena medida por las acciones impulsadas por Maduro en la Opep, y los
Comités locales de abastecimiento y producción (Clap) han sido exitosos
en el enfrentamiento al desabastecimiento provocado, no ha cesado la
persecución financiera y la inflación inducida desde el exterior.
Por
otra parte, las recientes acciones de reorganización y ataque a la
corrupción dentro de la estratégica megaempresa Pdvsa, así como la
sustitución de la Fiscal Luisa Ortega pueden colocar al liderazgo
revolucionario de Maduro en condiciones de poder asumir las elecciones
presidenciales de 2018 con un discurso que quite a la oposición
cualquier bandera de supuesta lucha anticorrupción.
Pero
todo esto trasciende con mucho a Venezuela. Si bien es cierto que desde
el golpe de estado contra el gobierno de Manuel Zelaya en Honduras ha
existido una cadena derrotas para los liderazgos de izquierda
antimperialista en Latinoamérica, también lo es que solo en Argentina
esa derrota ocurrió por vía electoral, mientras los procesos más
radicalizados como Bolivia y Venezuela han logrado permanecer a pesar de
la embestida mediática y guerra económica en su contra porque aunque
con muchas limitaciones aun, se han empeñado en modificar en profundidad
las estructuras sociales y económicas de la dominación capitalista.
La
judicialización de la persecución política emprendida contra líderes
como Lula o Cristina, o las balas contra manifestantes que hemos visto
llover recientemente en Buenos Aires y Tegucigalpa, así como la
represión contra activistas sociales, y el papel en todas esa
estrategias de los medios de comunicación privados enseña el precio a
pagar por dejar intacto en manos de la oligarquía el poderío económico y
mediático creyendo que una vez retornados al único elemento de poder
que habían perdido (el gobierno) iban a respetar las reglas del juego
democrático. Solo en Venezuela desde que se inició la Revolución
bolivariana, el
sector privado ha recibido alrededor de 340.000 millones de dólares a
tasa preferencial para importar los bienes finales o insumos para la
producción, lo que permitió fortalecerse, fugar divisas y sabotear la economía nacional.
Lo
sucedido en Ecuador, donde el liderazgo vencedor en una apretadas
elecciones se ha apartado del legado de la Revolución ciudadana para
comenzar a desmontarlo sin que quienes lo llevaron al poder -las bases y
parlamentarios del movimiento Alianza País- puedan hacer otra cosa que
denunciarlo, pone en discusión las limitaciones y el personalismo de los
sistemas presidencialistas donde no se rinde cuentas a los electores ni
hay posibilidad de revocación.
Con
una consolidación de los gobiernos populares en Venezuela y Bolivia, el
año 2018 no se presenta prometedor para el neoliberalismo en
Latinoamérica, la posibilidadde un regreso al gobierno de Lula, con
distancia el político más popular de Brasil, las cifras de triunfo que dan las encuestas a Andres Manuel López Obrador en México,
un país con una profundísima crisis social, política y económica, y el
efecto de un Donald Trump que es una máquina de fabricar antipatías
hacia las políticas de Washington, podrían significar el inicio del fin
de lo que Rafael Correa ha llamado la restauración conservadora, y
entonces habría que ver si las izquierdas han sido capaces de aprender
de sus derrotas.
