Resumen Latinoamericano*, 27 de febrero 2018.
El 27 de febrero de 1989 se produjo un estallido social que con el tiempo tomaría el nombre de “El Caracazo”, pero que en realidad se inició en las ciudades Guarenas-Guatire del estado Miranda, en donde los venezolanos expresaron todo su descontento en contra de las medidas neoliberales asumidas por el presidente Carlos Andrés Pérez (CAP) y su gobierno, que tan solo tenía 25 días de haber asumido el liderazgo político de la nación.
Producto del denominado “paquetazo” anunciado por CAP, el 16 de febrero se impuso un nuevo sistema económico que produjo una liberación de precios, aumentó el transporte público en un 30%, estimó un incremento durante al menos tres años seguidos de los productos derivados del petróleo, eliminó la tasa de cambio preferencial, incrementó los servicios públicos como agua, luz, electricidad, congeló los cargos en la administración pública y liberó hasta un 30% de las tasas de interés activas y pasivas.
La decisión del gobierno estuvo sostenida en la petición de un préstamo económico al Fondo Monetario Internacional (FMI), que se estima alcanzó los cinco mil millones de dólares.
A pesar de que el gobierno negó la represión en contra de la población y solo reconoció la muerte de 276 venezolanos, algunas investigaciones arrojan que en las fosas comunes de La Peste, en el Cementerio General del Sur, se depositaron más de dos mil cadáveres.
Aquella mañana, los guatirenses y guarenenses descargaron toda su ira reprimida por años de opresión por parte de un sistema que terminaba de mostrar toda su ferocidad en contra de la clase trabajadora.
Mientras tanto en Caracas, y en horas de la mañana, la revuelta social tomó cuerpo en las calles de las avenidas Fuerzas Armadas y Urdaneta, y también en sectores como Catia, El Valle, La Hoyada, Nuevo Circo y Caricuao.
Para las horas de la noche, el Presidente ofreció una declaración televisada a los venezolanos en donde suspendió las garantías constitucionales y justificó la acción de los cuerpos de seguridad del Estado.
De igual forma puso en marcha el denominado Plan Ávila, dando la orden de su implementación al ministro de la Defensa para ese año, Ítalo del Valle Alliegro.
El Plan Ávila ejecutado por los cuerpos de seguridad del Estado como la extinta Policía Metropolitana, la Disip, la Guardia Nacional y el Ejército Nacional tuvo órdenes de masacrar al pueblo justificados en el vandalismo desatado en contra de establecimientos privados.
PAÚL MARTÍNEZ R. / CIUDAD CCS
La rebelión popular del 27 de febrero de 1989, conocida como el Caracazo, resume el contraste entre el modelo de gobierno promovido por el puntofijismo, que apeló a medidas neoliberales frente a la crisis económica de aquellos años, y el sistema de protección social fortalecido por la Revolución Bolivariana ante las agresiones contra la estabilidad y equilibrio del pueblo venezolano.
En ese sentido, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recalcó este martes el compromiso en la defensa de los derechos de la población con políticas sociales dirigidas a resguardar los derechos esenciales del pueblo, en medio de una guerra económica, perpetrada por agentes financieros y actores de la oposición, que se ha caracterizado por la especulación, el contrabando y la escasez, además del bloqueo financiero contra el país impuesto por Estados Unidos y sus aliados internacionales.
“Hace 29 años se vivió un estallido social espontáneo y sin precedentes tras una serie de medidas económicas neoliberales aplicadas en ese momento. Gracias a Dios eso es historia, porque gracias a la Revolución Bolivariana brindamos protección al Pueblo con beneficios sociales”, escribió el mandatario en la red Twitter.
Precisamente, el proceso político fundado por el comandante Hugo Chávez aceleró su nacimiento ante los efectos de la rebelión popular vivida el 27 de febrero de 1989, que el propio líder socialista consideró “la chispa que encendió el motor de la Revolución Bolivariana”.
Y es que la pobreza en la cual vivían cinco de cada diez hogares venezolanos se recrudeció por los recortes aplicados por el entonces presidente, Carlos Andrés Pérez, en los recursos destinados a atender las necesidades del pueblo, que era llamado gasto social y al que se destinó solo el 6,9% del presupuesto de la nación en aquel momento.
29 años después, en medio de una guerra multidimensional contra la estabilidad social y económica de los venezolanos, el Ejecutivo fortalece sus política de protección social a través del sistema del Carnet de la Patria y destina el 72% de su presupuesto anual a áreas como salud, educación y vivienda.
