Colombia Informa /Resumen Latinoamericano/ 5 de febrero 2018 .-
Debido a los recientes asesinatos a líderes y lideresas sociales en Colombia, un grupo de personas hicieron un plantón en el centro de Bogotá el pasado miércoles 31 de enero. Allí, distintas personas y organizaciones sociales demandaron justicia por los 24 asesinatos que se cometieron en ese mes y exigieron garantías institucionales para quienes continúan defendiendo los derechos de sus comunidades y territorios en el país.
El homenaje fue convocado desde el pasado 27 de enero luego de que se conociera públicamente el asesinato de Temístocles Machado, líder social de Buenaventura. Sin embargo, quienes asistieron gritaron y encendieron velas por todos y todas aquellas personas que, luchando por una vida digna y la Paz de sus comunidades, han sido asesinadas.
Deissy Perilla, asistente al acto, manifestó que hay un patrón evidente es esta matanza sistemática de líderes y lideresas sociales. “Los lugares en los que se han llevado a cabo los asesinatos no tienen presencia del Estado, a pesar de que son territorios clave para los Acuerdos de Paz”, afirmó. Una contradicción terrible que siguen viviendo comunidades como la de Buenventura, donde la guerra ha azotado permanentemente sus vidas.
Según la Defensoría del Pueblo, la organización Somos Defensores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del movimiento político Marcha Patriótica, y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en el primer mes de este año fueron asesinados 24 líderes sociales. Los Departamentos con el mayor índice de asesinatos fueron Arauca (5) y Antioquia (4). Aunque los autores de la mayoría (17) de estos crímenes se desconocen, las comunidades vinculan a las Fuerzas Militares en cinco de ellos y a una disidencia del exgrupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- en otro.
Para Aiden Salgado, activista palenquero, “los violentos no están de acuerdo con los resultados de la negociación entre las FARC y el Gobierno en estos territorios y han venido ejerciendo atentados contra las personas que lideran procesos de sustitución de cultivos, de restitución de tierras e incluso de la misma implementación de los Acuerdos”.
Según Salgado, el Estado tiene que hacer hacer presencia no solamente militar, sino también política y económica, implementando proyectos productivos que garanticen condiciones de vida digna; de esta manera se cerraría la puerta a los grupos que hoy ocupan lugares que antes controlaba esa insurgencia -FARC- y que se caracterizan por la confluencia de poblaciones indígenas, afro y abundantes recursos mineroenergéticos.
Han sido los paramilitares, los sectores políticos tradicionales y empresariales aquellos que han demostrado su rechazo a quienes levantan la voz contra la desigualdad. En este sentido, el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales en Colombia es responsabilidad de un Estado que carece de legitimidad en las diferentes regiones del país y que ha sido cómplice de los grupos que manifiestan su interés por continuar la guerra contra las comunidades que resisten en los territorios.
