Posted: 01 Feb 2018 06:50 AM PST
Moscú,
Rusia. Ucrania toca los tambores de la guerra en Donbass bajo la
discreta batuta de Estados Unidos, en medio de una crisis de poder del
mandatario Piotro Poroshenko y la cercanía de las elecciones
presidenciales en Rusia.
La Rada Suprema (parlamento unicameral ucraniano) aprobó un proyecto de ley sobre la reintegración de las regiones rebeldes de Donetsk y Lugansk, donde Rusia aparece como agresor criminal y el Sureste ucraniano como territorio bajo ocupación de Moscú.
Hasta el momento, la operación de castigo iniciada en abril de 2014 por Kiev contra la población sublevada del Donbass, con saldo de más de 10 mil muertos, en su gran mayoría civiles, era presentada como una acción antiterrorista.
Las medidas tomadas por las jefaturas de Donetsk y Lugansk, tras el golpe de Estado en Kiev, en febrero de 2014, buscaron evitar que en esas regiones ocurriera lo mismo que lo visto en edificios administrativos de otras zonas ucranianas, cuando neofascistas tomaron esas instalaciones.
Sin embargo, Kiev situó como terroristas a los participantes en esas acciones de resistencia civil contra la asonada golpista y la eliminación del ruso como idioma oficial para justificar las acciones bélicas en el Donbass.
Ucrania empleó medios del ejército, pero ahora lo podría hacer con una base legal, con mayores posibilidades de poner a su disposición todos los recursos de las fuerzas armadas.
Además, Kiev, como afirmó el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, enterró los acuerdos de Minsk, pactados en febrero de 2015, al ignorar ese documento en la llamada ley de reintegración, que dará poderes sin precedentes al jefe de Estado.
Poroshenko podría declarar el estado de guerra no solo en el Donbass, sino también en cualquier otra parte del estado, es decir, si es necesario, considerar las protestas en su contra como una acción contra la seguridad del país o posponer elecciones, si no son convenientes.
La presencia de Estados Unidos en la confesión de la citada legislación, con un lenguaje totalmente antirruso, prejuiciado y basado en acusaciones sin pruebas, podría hablar del interés de Washington en la explosión de una guerra en el Sureste ucraniano, comenta la prensa local.
El enviado especial estadunidense, Kurt Volker, dio el visto bueno en su momento a las protestas contra Poroshenko en el centro de Kiev, organizadas por el exmandatario georgiano Mijail Saakashvili, pero pasado un tiempo, se reunió con el presidente ucraniano.
Analistas del diario digital Boeonoe Obazrienie consideran que el jefe de Estado debe aún firmar la ley de reintegración, para lo cual buscará sondear con cuidado la posible reacción de Alemania, Francia y, sobre todo, de Rusia, los tres garantes de los acuerdos de Minsk.
Sin embargo, la puesta en práctica de la citada legislación supone un solo camino: resolver la situación en el Sureste ucraniano por medio de la fuerza.
Kiev se preocupa poco de ocultar su interés por los territorios de Donetsk y Lugansk, sin importar en principio el destino de los habitantes, como mismo hubiera ocurrido en el caso de Crimea, donde la población decidió mediante un referendo en 2014 regresar a la soberanía rusa.
Ante la amenaza real de una guerra en el Donbass, el mando militar ruso situó nuevas divisiones de modernos sistemas antiaéreos S-400 en el Norte de la referida península, cuyo radio de acción no sólo abarca toda su parte Norte, sino el territorio de Donetsk y Lugansk.
Una contienda bélica en el Donbass podría ser el pretexto del gobierno ucraniano para desviar la atención de la difícil situación socioeconómica y la corrupción, cuando desde Occidente se exige constituir un Tribunal Especial contra el referido flagelo.
Especialistas de Boeonoe Obazrienie estiman que Estados Unidos está interesado en crear un ambiente de inestabilidad directamente en la frontera con Rusia, cuando se acercan los comicios presidenciales de marzo venidero, en los que Vladimir Putin buscará su reelección.
Algunos expertos más osados llegan a considerar, incluso, que como en Occidente se fabricó el pretexto de la supuesta injerencia rusa en los comicios norteamericanos, podría intentarse con igual éxito la tesis de unas elecciones presidenciales rusas ilegítimas.
En opinión de analistas en Washington, las autoridades estadounidenses podrían emplear la explosión de un conflicto a gran escala en la frontera rusa como un factor de inestabilidad que, a su modo de ver, inhabilitaría a la nación euroasiática para realizar elecciones en condiciones normales.
Pero el diferendo con Rusia también pasa por el tema del gas. Moscú tuvo en cuenta las dificultades a principios de este siglo para trasladar ese combustible a Europa por los gasoductos ucranianos y decidió buscar vías alternativas.
Estados Unidos, por un lado, interesado en modernizar y tomar el control del sistema de gasoductos ucraniano, y por el otro, en entrar en el mercado europeo con su gas de esquisto, dirige parte de sus sanciones contra el sector energético ruso.
Todo ello hace de la llamada ley de reintegración de Donbass una bomba de tiempo, capaz de dinamitar la de por sí frágil estabilidad regional con consecuencias, al parecer, impredecibles para Europa.
Antonio Rondón/Prensa Latina
La Rada Suprema (parlamento unicameral ucraniano) aprobó un proyecto de ley sobre la reintegración de las regiones rebeldes de Donetsk y Lugansk, donde Rusia aparece como agresor criminal y el Sureste ucraniano como territorio bajo ocupación de Moscú.
Hasta el momento, la operación de castigo iniciada en abril de 2014 por Kiev contra la población sublevada del Donbass, con saldo de más de 10 mil muertos, en su gran mayoría civiles, era presentada como una acción antiterrorista.
Las medidas tomadas por las jefaturas de Donetsk y Lugansk, tras el golpe de Estado en Kiev, en febrero de 2014, buscaron evitar que en esas regiones ocurriera lo mismo que lo visto en edificios administrativos de otras zonas ucranianas, cuando neofascistas tomaron esas instalaciones.
Sin embargo, Kiev situó como terroristas a los participantes en esas acciones de resistencia civil contra la asonada golpista y la eliminación del ruso como idioma oficial para justificar las acciones bélicas en el Donbass.
Ucrania empleó medios del ejército, pero ahora lo podría hacer con una base legal, con mayores posibilidades de poner a su disposición todos los recursos de las fuerzas armadas.
Además, Kiev, como afirmó el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, enterró los acuerdos de Minsk, pactados en febrero de 2015, al ignorar ese documento en la llamada ley de reintegración, que dará poderes sin precedentes al jefe de Estado.
Poroshenko podría declarar el estado de guerra no solo en el Donbass, sino también en cualquier otra parte del estado, es decir, si es necesario, considerar las protestas en su contra como una acción contra la seguridad del país o posponer elecciones, si no son convenientes.
La presencia de Estados Unidos en la confesión de la citada legislación, con un lenguaje totalmente antirruso, prejuiciado y basado en acusaciones sin pruebas, podría hablar del interés de Washington en la explosión de una guerra en el Sureste ucraniano, comenta la prensa local.
El enviado especial estadunidense, Kurt Volker, dio el visto bueno en su momento a las protestas contra Poroshenko en el centro de Kiev, organizadas por el exmandatario georgiano Mijail Saakashvili, pero pasado un tiempo, se reunió con el presidente ucraniano.
Analistas del diario digital Boeonoe Obazrienie consideran que el jefe de Estado debe aún firmar la ley de reintegración, para lo cual buscará sondear con cuidado la posible reacción de Alemania, Francia y, sobre todo, de Rusia, los tres garantes de los acuerdos de Minsk.
Sin embargo, la puesta en práctica de la citada legislación supone un solo camino: resolver la situación en el Sureste ucraniano por medio de la fuerza.
Kiev se preocupa poco de ocultar su interés por los territorios de Donetsk y Lugansk, sin importar en principio el destino de los habitantes, como mismo hubiera ocurrido en el caso de Crimea, donde la población decidió mediante un referendo en 2014 regresar a la soberanía rusa.
Ante la amenaza real de una guerra en el Donbass, el mando militar ruso situó nuevas divisiones de modernos sistemas antiaéreos S-400 en el Norte de la referida península, cuyo radio de acción no sólo abarca toda su parte Norte, sino el territorio de Donetsk y Lugansk.
Una contienda bélica en el Donbass podría ser el pretexto del gobierno ucraniano para desviar la atención de la difícil situación socioeconómica y la corrupción, cuando desde Occidente se exige constituir un Tribunal Especial contra el referido flagelo.
Especialistas de Boeonoe Obazrienie estiman que Estados Unidos está interesado en crear un ambiente de inestabilidad directamente en la frontera con Rusia, cuando se acercan los comicios presidenciales de marzo venidero, en los que Vladimir Putin buscará su reelección.
Algunos expertos más osados llegan a considerar, incluso, que como en Occidente se fabricó el pretexto de la supuesta injerencia rusa en los comicios norteamericanos, podría intentarse con igual éxito la tesis de unas elecciones presidenciales rusas ilegítimas.
En opinión de analistas en Washington, las autoridades estadounidenses podrían emplear la explosión de un conflicto a gran escala en la frontera rusa como un factor de inestabilidad que, a su modo de ver, inhabilitaría a la nación euroasiática para realizar elecciones en condiciones normales.
Pero el diferendo con Rusia también pasa por el tema del gas. Moscú tuvo en cuenta las dificultades a principios de este siglo para trasladar ese combustible a Europa por los gasoductos ucranianos y decidió buscar vías alternativas.
Estados Unidos, por un lado, interesado en modernizar y tomar el control del sistema de gasoductos ucraniano, y por el otro, en entrar en el mercado europeo con su gas de esquisto, dirige parte de sus sanciones contra el sector energético ruso.
Todo ello hace de la llamada ley de reintegración de Donbass una bomba de tiempo, capaz de dinamitar la de por sí frágil estabilidad regional con consecuencias, al parecer, impredecibles para Europa.
Antonio Rondón/Prensa Latina
