Resumen Latinoamericano / 7 de marzo de 2018 / Equipo de Comunicaciones, ELN Voces
En lo transcurrido del 2018, se han registrado 40 asesinatos de integrantes del movimiento social y oposición política –más de 1 asesinato cada dos días– entre los que se destacan líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes e integrantes del nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
Algunos de los líderes asesinados desarrollaban actividades relacionadas con la restitución de tierras, sustitución de cultivos ilícitos, oposición a proyectos minero energéticos, defensa de los derechos humanos, defensa del territorio y del medio ambiente.
Febrero empezó con la noticia de los asesinatos de dos lideresas sociales. Yolanda Maturana, afrodescendiente y ambientalista del corregimiento Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, Risaralda; conocida en la región por impulsar proyectos de conservación comunitaria, defensa del territorio y la biodiversidad; asesinada el 2 de febrero. Y Sandra Yaneth Luna, lideresa campesina, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Totumito Carboneras, de la región del Catatumbo, municipio de Tibú, Norte de Santander; fue desaparecida el 27 de septiembre de 2017 y encontrada muerta el 5 de febrero del presente año. En total se registran 13 asesinatos en este mes.
En los dos meses que van corridos del año, Antioquia está siendo el departamento más afectado, con 8 asesinatos, seguido de Arauca con 7, Norte de Santander y Cauca con 5. Córdoba, Sucre y Bolívar cada uno con 3. Bogotá, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo, cada uno con 1 asesinato.
Actualmente se evidencia en estos territorios la presencia del narcotráfico, la ascendencia del paramilitarismo y la economía ilegal, la explotación minera y de recursos naturales, la corrupción, la pobreza y el abandono del Estado.
Según la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo “Desde el 1° de enero de 2016 al 27 de febrero de 2018 fueron asesinadas 282 personas que se dedicaban a la defensa de la comunidad o de los derechos humanos.”
Esto se cruza con el informe “Piedra en el Zapato” presentado el 1 de marzo, por el programa Somos Defensores, donde se registran 481 agresiones a líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016, 80 de estos asesinatos, 560 agresiones en 2017, 106 de estos asesinatos; lo que denota un incremento del 32.5%.
La violencia estructural hacia líderes sociales, activistas de izquierda y defensores de derechos humanos antecede al proceso de paz con las FARC; desde años anteriores se presentaban amenazas, persecuciones y asesinatos que permanecían en muchos casos invisibles dentro de las lógicas del conflicto armado, pero que empiezan a ser más evidente y relevante por el incremento que se presenta desde la firma e inicio de la implementación de los acuerdos de paz.
Mientras continúan las pugnas y contradicciones entre la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa, que considera que este fenómeno obedece a otro tipo de situaciones, casos aislados o “líos de faldas”, que no contienen un trasfondo político y sistemático, no se toman, ni se ven disposiciones efectivas para proteger los líderes sociales y parar este nuevo genocidio.
