Por Maria Fernanda de la Quintana*. Resumen Latinoamericano, 2 abril 2018.
El neoliberalismo se orienta a la reducción de la participación del estado dirigida a ciertos aspectos de la vida social, principalmente en los que hace a la protección y derechos de las personas más vulnerables. Derechos como salud, educación, vivienda, pasan a ser regulados por la lógica de oferta y demanda y el estado pasa a ocupar un lugar mínimo, originando más vulnerabilidad social que integración. Para este gobierno las políticas sociales son fuente de gasto y no inversión social. La insuficiencia de recursos financieros destinados a cuestiones básicas como la vivienda, la educación, la salud y el acceso a los servicios es la lógica del mercado dominando todos los campos. La “reforma del estado” implicó la reorientación de recursos y herramientas gracias a la victoria política de las fuerzas dominantes a expensas de los más vulnerables.
Se ha sugerido que falta eficacia en la gestión pública en cada espacio institucional y sociopolítico, lo que explicaría la poca consistencia del diseño de las políticas públicas con objetivos inclusivos.
Pero es falso, porque sí se invierte en la optimización de ganancias de los sectores concentrados y más aún, en el fortalecimiento de los gastos del estado destinados a la represión de la respuesta popular.
Las masas resisten el modelo de exclusión. Por ahora, con objetivos defensivos.
La mano dura puesta en práctica por las fuerzas de seguridad despliega poco a poco un estado policial, ya manifiesto en el caso del joven Kukoc asesinado por Chocobar, el asesinato de Rafael Nahuel y la desaparición y posterior “ahogamiento” de Santiago Maldonado.
La mano dura puesta en práctica por las fuerzas de seguridad despliega poco a poco un estado policial, ya manifiesto en el caso del joven Kukoc asesinado por Chocobar, el asesinato de Rafael Nahuel y la desaparición y posterior “ahogamiento” de Santiago Maldonado.
Pero el estado no cuenta solamente con el puño policíaco, ya que tiene en sus manos gran parte del aparato jurídico.
Las decisiones arbitrarias del poder judicial sobre los militantes funcionan como fuerza disciplinatoria del campo popular, demoliendo todas las garantías constitucionales del estado democrático de derecho.
La apuesta oficial es generar sobre las mayorías un terror paralizante que impida cualquier respuesta defensiva y mucho menos, capaz de hacer vacilar las políticas depredatorias en curso.
Sin embargo se da por sentado demasiado pronto que las masas argentinas se encuentran en un estado de desorganización irreversible y que aceptarán pasivamente todas las tropelías que el neoliberalismo comete sobre ellas. Las calles argentinas han sido testigos recientes de numerosas movilizaciones enormes alrededor de temas concretos, como la defensa de los jubilados ante la ley expropiatoria y el día internacional de la mujer.
Nuestro pueblo ha mostrado en el pasado no tan lejano una notable capacidad de resistencia, exhibida políticamente el 19 y 20 de diciembre de 2001.
El dilema entre lo paralizante y la acción defensiva todavía no está resuelto. En la esfera de la política superestructural, la oposición vacila entre la opción de unirse y la de negociar subrepticiamente con la derecha. Pero abajo, en las entrañas de la patria, la decisión está ya tomada. La cuenta regresiva ha comenzado.
*Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades.
Especializada “Bioética y Derechos Humanos en América Latina”. UBA.-
Especializada “Bioética y Derechos Humanos en América Latina”. UBA.-
