Represión a trabajadores del INTI/ Triaca homologó el acuerdo entre Cavalieri y Carrefour/ CABA: Cinco hospitales en uno/ SiPreBA, contra el “ajuste” en Crónica y BAE …
Resumen Latinoamericano/ 26 de abril 2018.- Una nueva sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal.
Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales y sociales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com
Ctera reclamó una paritaria docente nacional
Una sentada antes de la Marcha Federal
Imagen: Ctera
Una sentada de 500 maestros frente a la Plaza de Mayo reclamó al Gobierno la convocatoria a la paritaria nacional. Los docentes de Ctera llevaron además a la Casa Rosada una carta para el presidente Mauricio Macri, con un pedido de audiencia para resolver los conflictos provinciales. Al llegar a la puerta de la Casa de Gobierno se les informó que no se les permitiría ingresar y que los atendería una empleada de Presidencia a través de las rejas.
A principios de este año, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Ejecutivo eliminó la paritaria nacioal de los docentes, que estaba contemplada en la Ley de Financiamiento Educativo. Tampoco la había convocado en 2017. La decisión de Cambiemos de eliminar este espacio de negociación, a lo que luego sumó la orden de mantener un techo del 15 por ciento de aumento salarial en las paritarias por distrito, decisión que provocó la extensión de los conflictos prácticamente en todas las provincias del país. A dos meses del inicio de las clases, todavía hay once distritos en los que no se han firmado acuerdos: Chubut, Neuquén, Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Corrientes, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Mendoza.
Ctera
El ajuste en educación no solo comprometió la negociación salarial sino que provocó cierre de escuelas, problemas de infraestructura y sobrepoblación de las aulas; se desfinanciaron las escuelas técnicas y fueron achicados o directamente cerrados programas socioeducativos.
El próximo capítulo del plan de lucha, anunciado hoy por la titular de Ctera, Sonia Alesso, contempla tres semanas de movilizaciones en el interior del país que confluirán en una Marcha Federal que llegará a la Casa Rosada el próximo 23 de mayo.
“La decisión del Gobierno de eliminar por decreto la Paritaria Nacional Docente y de subejecutar las partidas presupuestarias para Educación no sólo profundizó los conflictos provinciales sino que los multiplicó”, advirtió Alesso. “La realidad educativa se viene agravando y empeorará si no se toman medidas”, concluyó.
Los docentes neuquinos resolvieron otra semana de huelga y serán 3 consecutivas de paro
El gremio docente de Neuquén resolvió prolongar hasta el 4 de mayo el paro que mantiene desde hace dos semanas en demanda de una pauta salarial para 2018, tras fracasar las negociaciones con el gobierno de la provincia.
La decisión fue votada por el plenario de secretarios generales de la Asociación Trabajadores de la Educación (ATEN) reunido esta tarde en Villa El Chocón, después de una tensa situación que protagonizaron dirigentes del gremio con un grupo de padres y madres autoconvocados que exigían la reanudación de las clases tras bloquear el ingreso al centro educativo.
El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, y otros dirigentes mantuvieron una reunión con el grupo de padres, intercambiaron opiniones y finalmente pudieron ingresar al colegio y deliberar.
Según se decidió, la huelga docente desarrollada en las dos últimas semanas en forma ininterrumpida, se prolongará una semana más, hasta el viernes 4 de mayo en reclamo de una mesa paritaria que fije una pauta de aumento para este año.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad neuquino, Mariano Gaido, dijo que “con excepción de los docentes se comenzó a liquidar el pago de haberes a los empleados de la administración pública provincial con el ajuste trimestral acordado oportunamente”.
“Pedimos una reflexión a los dirigentes sindicales para que se garantice que los chicos estén en las aulas”, solicitó.
El funcionario provincial destacó que “el gobierno es absolutamente respetuoso de lo que definen las asambleas y el posterior plenario de ATEN y hemos dicho claramente que se está llevando adelante la carga de las diferentes liquidaciones de los incrementos salariales producto de lo que fueron las actas de acuerdo con los diferentes gremios”.
A tres meses de los despidos
Represión a trabajadores del INTI
Los trabajadores cortaron la avenida General Paz, a la altura de Constituyentes, para reclamar por la reincorporación de los despedidos, conflicto que ya tiene tres meses. La Policía de la Ciudad los desalojó con palos, balas de goma y gases lacrimógenos.
Trabajadores del INTI denunciaron que fueron reprimidos por efectivos de la Policía de la Ciudad que los desalojaron de la avenida General Paz, a la altura de Constituyentes, con balas de goma y gases lacrimógenos. Reclamaban por los despidos en el organismo, de los que ya se cumplieron tres meses sin ninguna reincorporación.
“Responsabilizamos al barrabrava de Javier Ibáñez y al presidente Macri por cualquier agresión física y por la integridad de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Lo único que estábamos haciendo es una manifestación pacífica al cumplirse tres meses de los despidos sin ninguna reincorporación. Esto es lo que quieren, a los trabajadores en la calle y la policía reprimiendo”, sostuvo la delegada Yamila Mathon, que contó que fue una de las agredidas por los efectivos.
Según el relato de la trabajadora despedida la policía llegó al corte que realizaban frente al INTI “con armas de fuego y palos” y que allí comenzaron a pegarles a los manifestantes. “Además de despedidos, los trabajadores del INTI estamos en absoluto riesgo”, sostuvo la dirigente sobre el hecho de que no había ningún medio cubriendo el conflicto. Mucho de los efectivos no tenían ningún tipo de identificación.
La CTA Autónoma repudia la represión en el INTI y respalda la lucha de las trabajadoras y trabajadores
El hecho ocurrió en el marco de la movilización que realizaron al cumplirse tres meses de la lucha por la reincorporación de los 258 trabajadores y trabajadoras despedidas en el organismo. Ante la falta de respuestas del gobierno, la asamblea decidió realizar un corte en la General Paz.
La respuesta fue una feroz represión policial, que incluyó golpes con palos y gases lacrimógenos. Incluso algunos compañeros y compañeras resultaron lastimadxs y afectadxs en las vías respiratorias y los ojos por los gas.
Ante esto, la asamblea definió darle continuidad al plan de lucha, con un acampe por 48 horas, y profundizar las medidas que sean necesarias hasta que los 258 compañeros y compañeras que hoy están en la calle estén trabajando.
Nos solidarizamos con los trabajadores y trabajadoras del Instituto, y con la Junta Interna de ATE INTI. Asimismo responsabilizamos al gobierno porteño y al gobierno nacional por la violencia desplegada y su consecuencia sobre la salud de los compañeros que solo demandan volver a sus puestos de trabajo. Exigimos la inmediata reincorporación de las y los despedidos, que se deje de vaciar el Estado y los organismo de control.
¡Basta de represión y de ajuste!
¡Bajen las armas!
Triaca homologó el acuerdo entre Cavalieri y Carrefour y se abre una caja de Pandora
El ministro dio el aval al acuerdo que generó fuerte rechazo en los establecimientos. Ahora se espera que exploren la vía judicial, mientras otros empleadores ya hablan de reclamar un trato similar.
El Ministerio de Trabajo informó anoche que homologó el acuerdo de partes alcanzado entre la Federación Argentina de Empelados de Comercio y Servicios (Faecys) y la empresa francesa Carrefour y avanzó en una “resolución” del conflicto que abre múltiples interrogantes y muchos peligros.
Las fuentes oficiales de la cartera laboral valoran el acuerdo firmado por los directivos de la multinacional y el titular del gremio Armando Cavalieri e informaron que se ofrecerá cursos de capacitación para los trabajadores que decidan acceder a retiros voluntarios.
La cartera laboral también informó que el aumento paritario pactado a partir de abril de este año entre Carrefour y el gremio recibirá “un tratamiento asimilable a no remunerativo, parcial y transitorio respecto de las contribuciones patronales al sistema de jubilaciones y pensiones”.
Lo cierto es que lo pactado por el líder mercantil tuvo un rechazo masivo en los establecimiento, que el sábado pararon y reclamaron modificaciones. La medida obligó el dictado de la conciliación obligatoria y el recalentamiento de las hostilidades entre Cavalieri y el secretario de Organización Ramón Muerza.
Con la homologación se abre lo que podría ser la batalla de fondo en esta cuestión: la judicial. “En caso de que se homologue, vamos a recurrir a la justicia penal”, destacó ayer a InfoGremiales uno de cerebros detrás de la estrategia jurídica que diseña Muerza para derrumbar el escrito rubricado por la empresa azul y roja y Cavalieri.
Además adelantó que le están enviando, por estas horas, cartas documento a Jorge Triaca, al viceministro de Trabajo, Horacio Pitrau, al director Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Adolfo Alberto Saglio Zamudio y otros funcionarios de la cartera.
También están redactando la carta documento a la AFIP, por su obligación para garantizar los aportes, una dirigida a la ANSES, para que evite el desfinanciamiento del organismo que implica lo pactado, y otra a la Procuración del Tesoro, en virtud de su rol de contralor de los actos administrativos de Gobierno.
La idea es llevar el tema a la Justicia penal. Sostienen que lesiona derechos adquiridos, que la ley indica que algún representante de los trabajadores de la empresa debería haber estado presente en las negociaciones y que es inconstitucional.
Además de la ira que desató la ira en las bases, el entendimiento generó un peligroso efecto contagio en los Supermercados que compiten con el gigante francés. En las últimas horas muchas voces se alzaron reclamando un trato igualitario, y el efecto cascada amenaza con arrastrar a los principales empleadores de un sector que emplea 100 mil asalariados.
Este portal confirmó hoy que otra firma francesa, Hipermercados Libertad, buscará un trato similar y se suma así a la multinacional Cencosud en la avanzada para reclamarle a Triaca que tome el mismo camino para mantenerse en competencia y no caer.
Otra cadena francesa podría seguir los pasos de Carrefour
Se trata del Groupe Casino, que maneja los hipermercados Libertad, con mucha influencia en el centro y norte del país. Esperan la resolución del Ministerio de Trabajo para presentar un reclamo similar.
Además de la ira que desató la ira en las bases, el entendimiento entre Armando Cavalieri y Carrefour generó un peligroso efecto contagio en los Supermercados que compiten con el gigante francés.
En las últimas horas muchas voces se alzaron reclamando un trato igualitario, y el efecto cascada amenaza con arrastrar a los principales empleadores de un sector que emplea 100 mil asalariados.
La primera en la fila sería la multinacional de capitales chilenos, Cencosud, que tendría los números más complicados. Están en duda si Coto podría requerir un auxilio similar por los últimos balancees. Hay información cruzada sobre Dia %, una cadena que ya venía expresando problemas en sus finanzas. Por último descartan a Wal-Mart y La Anónima, porque no califcarían para el requerimiento.
Según pudo averiguar InfoGremiales, una que está agazapada a la espera de la resolución del pacto Cavalieri – Carrefour es la cadena de hipermercados Libertad. Se trata de otra cadena de origen francés, Groupe Casino, poco conocida en la Ciudad de Buenos Aires pero con peso en el centro y el norte del país. Por lo que el efecto contagio sería federal y generaría impacto que arrastraría a seccionales del interior aliadas al líder mercantil.
Hipermercados Libertad emplea unos 3500 trabajadores, es otro actor trascendente en el mercado, y de homologarse el “salvataje” a Carrefour, encararía un tratamiento similar para su personal que el rubricado por la cadena azul y roja.
Moyano negocia con el Enacom por OCA y levantó el paro de hoy
La Federación de Trabajadores Camioneros, que lideran Hugo y Pablo Moyano, suspendió el paro nacional y movilización previsto para hoy, luego de negociaciones mantenidas con las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
Las fuentes gremiales del sindicato camionero informaron que la medida de fuerza “fue suspendida” a la espera de la prosecución y resultados de las difíciles negociaciones por la prórroga de la concesión a la firma de correos Oca.
La organización sindical había dispuesto para hoy una huelga nacional en las ramas correo y clearing del convenio colectivo de trabajo 40/89, que incluía una masiva movilización de esos sectores hacia las puertas del Enacom, en Perú 103 de la Capital Federal, “en defensa y resguardo de 7 mil empleos directos en riesgo en Oca”.
Los dirigentes camioneros Moyano (h) y Pedro Mariani explicaron que en la empresa de correo privado -intervenida y con abultadas deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)- “están en riesgo 7 mil puestos de trabajo directos y aproximadamente otros 4.500 empleos de forma indirecta”, según indicaron.
El Enacom, creado en 2015, es un ente regulador que depende del Ministerio de Modernización.
Los camioneros reclaman “la continuidad de la totalidad de los puestos de trabajo” en Oca, ante la posible decisión oficial de prorrogar o no su licencia para operar.
“Es inadmisible que queden sin más en la calle casi 11.500 trabajadores. Es preciso profundizar los esfuerzos para preservar esos empleos”, señalaron voceros gremiales.
Las fuentes camioneras explicaron a esta agencia que Oca tiene idéntica estructura nacional que el Correo Argentino y sufre “competencia desleal”, y expresaron que realiza trabajos específicos que “la hacen merecedora de que se halle una salida”.
Luego de varias horas de negociaciones, Hugo y Pablo Moyano decidieron levantar la protesta en gesto de “buena voluntad” para continuar hoy las negociaciones.
En Chaco se entusiasman con el ajuste y quieren “retirar” 7 mil estatales
El gobernador de Chaco, Domingo Peppo, calculó que “alrededor de 7.000 empleados públicos podrían optar por retiros voluntarios” de acuerdo con una “estimación realizada en diversos organismos” del Estado provincial.
En declaraciones radiales a medios locales, el mandatario chaqueño Domingo Peppo, insistió en que “se va a promover una ley para establecer un programa de retiros voluntarios de la provincia”.
Peppo anticipó que si se logra ese objetivo de que 7.000 empleados públicos opten por esa alternativa “el programa sería un éxito rotundo” porque significaría “el 10 por ciento del total de la planta de personal”.
“Creemos que la ley que vamos a enviar a la Legislatura va a tener la atención de muchos empleados de la administración pública que, entendemos, están expectantes ante la posibilidad de una ley de retiro”, afirmó Peppo.
El Poder Ejecutivo no envió aún a la Legislatura el proyecto de ley en cuestión, pero estimó que “el retiro voluntario podría llegar al hasta el 70 por ciento de los haberes”, y que eso “tendrá que ver con la antigüedad en el empleo, pero el tema aún está en estudio”.
También dijo que “se evalúa la alternativa de que quienes opten por el retiro voluntario también puedan jubilarse una vez que cumplan con la edad de jubilación”.
Peppo dijo que “a nivel nacional se pondrá en marcha un programa que va a permitir parte del financiamiento”.
“Queremos utilizar esa herramienta, que es fundamental para nosotros en estas circunstancias”, completó.
Cambiemos pulveriza el salario y el empleo
Ejercicio de pérdida salarial a marzo de 2018 realizado por los compañeros y compañeras de la Junta Interna de ATE INDEC.
A continuación, el informe completo realizado por los trabajadores y trabajadoras del INDEC nucleados en ATE:
Cambiemos pulveriza el salario y el empleo
Durante los primeros meses del 2018 advertimos que sería un año complicado para la clase trabajadora y sus familias.
Días antes de la publicación del IPC del diciembre 2017 –donde se daba a conocer la inflación acumulada del ese año- , ya alertábamos se iba a profundizar el ataque a los trabajadores, bajo distintos formatos: ponerle techo a las paritarias, flexibilización laboral, mayor precariedad del empleo, y la demonización de los representantes gremiales. Con la intención de hacer caer el peso del ajuste sobre las espaldas de los trabajadores, tanto formales como informales, activos como no activos.
A este cuadro, tenemos que sumar, los aumentos en los servicios que están entrando en vigencia este año y que ya planteo el gobierno que se mantendrán los incrementos “graduales” de los servicios durante este y el próximo año. Incrementos que según el INDEC representan el 8% de los ingresos de un hogar promedio.
Si bien el 2018 se presentó como un año de alta inflación, hoy se agudiza la situación de los trabajadores con despidos y cierres de plantas tanto en las administraciones públicas como en el sector privado.
El avance de la inflación, que en el acumulado de los últimos 28 meses fue del 92,8%,alejó mes a mes nuestro salario del monto necesario para mantener el poder de compra vigente en Noviembre de 2015. Actualizando a precios de Marzo de 2018 las diferencias de nuestro salario respecto al que permitiría mantener dicho poder adquisitivo, se acumula un déficit de $54.307 (para un trabajador con categoría D0, cuyo salario bruto actualmente asciende a $16.533, lo que implica más de tres meses de sueldo). Es decir que este sería el monto necesario para adquirir al día de hoy los bienes y servicios de los cuales tuvimos que privarnos en este período.
Así, el poder adquisitivo del salario de marzo de 2018 resulta un15,8% inferior al de noviembre de 2015.
Seguimos planteando que en la nueva ronda paritaria que esta pérdida acumulada del poder adquisitivo – tanto en los sectores privados y públicos – sea efectivamente saldada. Lo contrario significaría postergar aún más las demandas del conjunto de los trabajadores y en particular la de los estatales.
Cabe señalar que si bien todos los trabajadores han perdido contra la inflación, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores estatales ha sido de mayor intensidad que en el sector privado: por ejemplo, mientras que en noviembre de 2015 el salario de un trabajador D0 representaba el 66% del salario promedio del sector privado registrado, en marzo de 2018 esa relación resulta de alrededor del 59%.
Metodología
El cálculo se realizó tomando como base el salario de una categoría D0, según escala salarial vigente del convenio SINEP Decreto N° 2098 de la Administración Pública Nacional, y se consideró esa categoría por ser la que representa la mayoría de los trabajadores del sector.
El salario se presenta tanto en su valor nominal como en su valor constante a precios actuales (marzo de 2018), para lo cual se consideró hasta abril de 2016 el IPCBA y hasta diciembre de 2016 el IPC-GBA del INDEC y desde enero de 2017 en adelante el IPC-Cobertura Nacional del INDEC.
La cuarta columna representa la pérdida del valor absoluto del salario al comparar el poder de compra de cada mes con el poder de compra de noviembre de 2015 (expresada en pesos de marzo de 2018).
La conclusión es que la pérdida acumulada entre el salario que cobra un trabajador con categoría D0 y la inflación entre diciembre de 2015 y noviembre de 2017 fue de $54.307, monto que representa más de 3 meses de su salario (dato que es generalizable a toda la administración pública, pues el monto total para cada trabajador depende del nivel del salario de la categoría en la que se encuentra enmarcado).
Adicionalmente, se presenta información sobre la evolución del Nivel General del IPC y del salario promedio del sector privado registrado, en términos corrientes y constantes. Este último tipo de salario también ha perdido claramente la carrera contra la inflación en los últimos 20 meses (82,5% vs. 92,8%), pero lo ha hecho en una magnitud bastante inferior a lo registrado con el salario estatal regulado por SINEP (62,2% vs. 92,8%).
1 – Escala salarial vigente según convenio SINEP Decreto 2098/08 y paritarias anuales. Corresponde al escalafón de Planta Transitoria y Contratados, Nivel D, grado 0, con adicional por título secundario.
2 – Estos meses recibieron el aumento salarial correspondiente a las paritarias anuales
3 – Se incluye la 1er y 2da cuota de compensación salarial de la remuneración del SINEP.
4 – Remuneración normal y permanente desestacionalizada (OEDE-MTEySS: www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede/estadisticas_nacionales.asp).
5 – Los salarios del sector privado de octubre de 2017 a enero de 2018 fueron estimados aplicando al monto de la remuneración permanente y desestacionalizada del mes anterior la variación interanual de la remuneración por todo concepto (cuyo valor se conoce con mayor antelación que la remuneración permanente y desestacionalizada). Los valores de febrero y marzo fueron imputados aplicando la variación promedio intermensual registrada en los últimos 10 años, ajustada por la relación entre la variación intermensual 2017 de los meses del año con información consolidada -enero a septiembre- y la variación intermensual de esos meses en los últimos 10 años (arrojando 1,1% en febrero y 1,9% en febrero).
6 – Se suma 1er pago de la compensación por diferencia entre la pauta salarial y la inflación acumulada del 2017 (4 cuotas de 1,2% no acumulables calculada sobre el salario de mayo 2017).
Prensa ATE
Larreta avanza con un proyecto frustrado de Macri
Cinco hospitales en uno
El gobierno porteño insistirá con la venta de los edificios de los hospitales Marie Curie, Ferrer, Udaondo y el IREP. Esos centros serían trasladados al predio de Parque Patricios que hoy ocupa el Muñiz, donde se demolerán varios pabellones. Los trabajadores denuncian que el objetivo es dar lugar a un millonario proyecto inmobiliario.
El Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta quiere lograr lo que el presidente Mauricio Macri no pudo cuando ocupaba ese cargo: unificar los hospitales Curie, Ferrer, Udaondo y el IREP en el predio de Parque Patricios del Muñiz. La obra comenzaría a licitarse en 2019, en caso de que se apruebe en la Legislatura, con una fecha estipulada de finalización en 2021. Pero los trabajadores de los centros de salud resisten la fusión porque entienden que representa “el cierre de los hospitales” y el fin de la atención pública sanitaria para ceder terreno a las clínicas privadas.
“Complejo Hospitalario Sur” es el nombre que lleva el proyecto inmobiliario presentado por el Ministerio de Salud de la Ciudad a las autoridades de los hospitales el 11 de abril, que busca concentrar en el hospital de Infecciosas F. Muñiz al hospital de Gatroenteorología B.Udaondo, al hospital de Rehabilitación Respiratoria M. Ferrer, el Hospital de Onocología M. Curie y el Instituto de Rehabilitación Piscofísica. Para hacerlo, deberá modificar por completo la estructura edilicia del Muñiz -desprotegida, a pesar de su valor patrimonial, por el veto de Macri en 2010 a la norma que declaraba intocables a su construcción y pabellones-. Las obras de Larreta ahora los demolerá, con el supuesto objetivo de construir 500 m2 nuevos y 10.000 mts2 de “remodelación y mejoras”. En el medio, pretende dejar al Muñiz con sólo 150 de sus 350 camas y destinar al Complejo 500 camas en total: 100 para “críticos”, 50 “crónicos” y 350 “generales”.
Larreta superó incluso el plan de Macri, quien intentó en 2008 unificar el Muñiz, el Ferrer y el Udaondo pero finalmente la iniciativa hizo agua en la Legislatura. “Esta iniciativa nos une a todos los que tenemos el compromiso de mejorar la salud pública en la ciudad”, había destacado por entonces Macri durante una conferencia de prensa, al referirse al consenso alcanzado con los gremios estatales para avanzar en esta obra. Macri pensaba destinar un presupuesto de 172 millones para el ajuste. Ahora Larreta vuelve a intentarlo y suma otros dos hospitales al emprendimiento.
“Desde fines de 2017 hasta el momento se han considerado aspectos estratégicos del proyecto y durante 2018 se iniciará el proceso de planificación para avanzar en su posible funcionamiento y definición del proyecto sanitario y arquitectónico”, reza el documento enviado hace dos semanas a los directivos de los centros de salud, al anunciar el desarrollo del “nuevo centro de complejidad” que formará parte de la red pública de salud de la Nación. El nuevo proyecto inmobiliario se planeará a lo largo de este año, durante el cual se realizarán “relevamientos y rondas de acuerdo tendientes a definir el alcance y características del proyecto”, según consta en la nota enviada a los directores, firmada por Daniel Ferrante, subsecretario de planificación sanitaria del Ministerio de Salud.
El Gobierno de la Ciudad estipula que el complejo podría costar cerca de 160 millones de dólares, que pagará en parte con las ventas de los edificios de los otros cuatro hospitales (valuados en total en 123 millones de dólares). Como en distintos recortes en el sector público, el proyecto enarbola el “ahorro” que implicará no mantener en funcionamiento los hospitales por separado: 207.704.160 pesos. Conscientes de que hay “desventajas” en el proyecto, en el plan de acción incluyeron “acuerdos políticos con los gremios por el solapamiento de todas las estructuras jerárquicas” y “plan para evitar los motivos de judicialización más probables”.
Los trabajadores ya están organizados para resistir. El martes los empleados del Muñíz realizaron una asamblea en rechazo “al proyecto de demolición del hospital con el único objetivo de proyecto inmobiliario”. “Es la salud de la gente pobre y a más de uno de ustedes les solucionamos más que sus obras sociales”, resaltaron. El Marie Curie, en tanto, convocó el 10 de mayo a las 10 hs a pacientes, familiares y médicos a un abrazo para condenar el recorte. Mientras que los trabajadores del IREP lanzaron una campaña por Change en la que señalan que la fusión alterará su identidad, especialización y el adecuado trabajo con los pacientes con discapacidad motora. “Esto pone en riesgo todo el trabajo llevado a cabo desde hace más de 60 años y que nos ha convertido en un Hospital de Referencia en la Rehabilitación”, señalan.
Pararon los trabajadores de Encuentro, Pakapaka y DeportTV
Señales reparó en la medida que se realizó ayer. Mediante un comunicado, los trabajadores difundieron la situación que viven en los medios a cargo de Lombardi.
“`A 7 meses del vencimiento de la paritaria 2017, la empresa adeuda a los trabajadores de televisión el porcentaje correspondiente al aumento, retroactivo al mes de octubre 2017 de la misma. Están pagando sueldos de 2016.Aún se encuentra pendiente de resolución la reincorporación de uno de los 18 compañeros despedidos sin causa el día 3 de enero del corriente año, y luego de negociada la reincorporación de 5 compañeros, la misma sigue aún sin definición por parte del Ministro Lombardi, sin justificación manifiesta.A fin de abril vencen los contratos a plazo fijo de 17 compañeros de distintas áreas que se desempeñan en las señales y con la excusa de un futuro traspaso a la nueva sociedad del estado, Contenidos Públicos S.E. (CP SE) las autoridades del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos no confirman su continuidad o extensión de los contratos con Educ.ar S.E.Siendo que desde el 111 de marzo de este año a los trabajadores de las señales Pakapaka y DeporTV se les confirmó el traspaso a la sociedad del estado CP SE, al día de hoy siguen sin confirmar concretamente el traspaso del resto de los compañeros de televisión de las señales Encuentro y del Polo Audiovisual (Técnica, Posproducción).Manifestamos nuestra preocupación ante la falta de comunicación y respuestas frente a los planteos que manifiesta esta Comisión ante las autoridades del Sistema Federal de Medios sobre las medidas futuras con respecto a las condiciones de trabajo y la incertidumbre general.Luego de más de dos años como autoridades frente a los trabajadores de televisión de las señales, el Sistema Federal de Medios aún no da respuesta sobre la recategorización de más 10 compañeros, argumentando promesas de revisión una vez que la planta de trabajadores haya pasado a la nueva sociedad, dilatando las definiciones y manteniendo personal trabajando en tareas que no les corresponden por sueldos menores.Al mes de abril, los trabajadores de las seña les manifestamos nuestra preocupación ante el vaciamiento de personal generado por los retiros voluntarios y el despido de compañeros en áreas fundamentales para el funcionamiento de las señales y el vaciamiento de contenidos ante la falta de contenidos nuevos para producir durante el presente año.Los trabajadores de televisión exigimos desde hace años ante las autoridades de las señales, anteriores y actuales, la homologación de un convenio de trabajo redactado entre las partes que al día de hoy no se ha homologado, lo cual ha generado gran parte de estos conflictos y que el Sistema de Medios propone la revisación del mismo no dando lugar a las reuniones para debatirlo con el gremio.Hay compañeros del gremio UPCN que realizan tareas para las señales de televisión que el Sistema de Medios aún no ha reconocido como trabajadores de Televisión.Por último, la falta de respuestas por parte del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos para la resolución de todos estos conflictos no hace más que generar un clima de incertidumbre y precariedad laboral a todos los trabajadores de televisión que conformamos las señales de Encuentro, Pakapaka y DeporTV, quienes nos encontramos trabajando a reglamento y realizando asambleas que se incrementan una hora por día, por lo que este sindicato responsabiliza directamente a las autoridades frente a las futuras medidas que tomará el gremio´”.
Fuente: seniales.blogspot.com.ar
SiPreBA, contra el “ajuste” en Crónica y BAE
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires advirtió que “el vaciamiento del grupo Crónica no tiene fin”.
Las prepagas vuelven a subir: 7,5 por ciento desde el 1° de junio
El tarifazo en la salud
El gobierno nacional autorizó a las empresas de medicina privada a aumentar sus cuotas hasta un 7,5 por ciento a partir del 1 de junio, lo que implica una suba de 11,5 por ciento en lo que va del año. El incremento es el segundo en lo que va de 2018 y el séptimo que la administración nacional autoriza a las prepagas en menos de un año y medio.
El argumento utilizado por el gobierno de Mauricio Macri es el de siempre: “El incremento de los costos del sector”, que en su mayoría están valuados en moneda extranjera. Así lo dice la resolución 798/2018 del Ministerio de Salud publicada hoy en el Boletín Oficial.
En ese marco, la disposición firmada por el titular de la cartera sanitaria, Adolfo Rubistein, añade que la Superintendencia de Servicios de Salud “evaluó la caracterización del sector de las empresas de medicina prepaga y revisó el incremento de costos del sector”, con lo cual “resulta razonable autorizar un aumento general, complementario y acumulativo”.
El aumento del 7,5 por ciento a partir de junio se suma al 4 que ya habían aplicado las prepagas en febrero. El año pasado se habían aplicado cinco incrementos en las cuotas: 5 por ciento en febrero, otro 5 en julio, 6 en agosto, 5 más en septiembre y 6 por ciento en diciembre
El 38% de las empresas no reconocerá el lunes 30 como feriado
El próximo fin de semana será largo debido a que el Gobierno decidió anexar el lunes 30 de abril al martes 1 de mayo por el Dia del Trabajador convirtiéndolo también en feriado. Según un nuevo estudio solo el 38% de las empresas reconocerá ese día como no laboral.
La información surge de un sondeo realizado por PwC Argentina y arroja que solo un 3% de las compañías optará por mantener una jornada laboral reducida durante el próximo lunes.
Asimismo, la investigación, que se realizó sobre un total de 135 empresas, destaca que el 54% de ellas otorgarán una jornada en calidad de feriado.
Por último, un 16% de las compañías todavía está evaluando que medidas tomarán de cara al fin de semana largo.
Por Fernando Krakowiak
Una tarifa social cada vez menos social
Ofreció dejar en suspenso los cambios para el gas sólo en mayo y junio y que las provincias compartan el costo fiscal de la medida. De ese modo, los usuarios vulnerables recuperarán el descuento original a mediados del otoño y volverán a perderlo apenas iniciado el invierno.
(Por Fernando Krakowiak) La negativa a modificar la tarifa social del gas se convirtió en la mayor muestra de la intransigencia oficial. Los referentes radicales le solicitaron al presidente Mauricio Macri la semana pasada suspender las limitaciones que se introdujeron en el beneficio a partir de diciembre y la contrapropuesta fue frenar su aplicación sólo por dos meses, siempre y cuando las provincias compartan el costo fiscal de la medida. Si finalmente se llega a un acuerdo, los usuarios más vulnerables recuperarán el descuento original durante parte del otoño y volverán a perderlo a los nueve días de iniciado el invierno.
Beneficio y cambios
El primer tarifazo del gas que aplicó el gobierno en abril de 2016 fue complementado con una tarifa social para los sectores de bajos recursos que incluía la bonificación del 100 por ciento del gas natural que consumiesen, debiendo abonar sólo los costos de transporte y distribución incluidos en la factura. A partir de diciembre del año pasado ese beneficio se recortó.
Ahora la bonificación es de 100 por ciento, pero solo sobre un bloque de consumo base y de 75 por ciento sobre un segundo bloque cuyo volumen es igual al bloque inicial, en línea con el beneficio vigente para los usuarios de la electricidad.
El consumo alcanzado por la bonificación del 100 por ciento varía según la compañía y el mes, tal como se detalla en el anexo II de la resolución 474-E del 30 de noviembre de 2017. Por ejemplo, un cliente de Gas Natural Ban tendrá en agosto una bonificación de 100 por ciento sobre los primeros 73 m3 y de 75 por ciento sobre los 73 m3 siguientes. Por lo tanto, a partir de los 146 m3 de consumo mensual empieza a pagar el gas como cualquier otro cliente.
El 28 de marzo, cuando anunció el último aumento, el ministro de Energía Juan José Aranguren, justificó los cambios: “A partir de la adecuación tarifaria de diciembre hicimos algo muy parecido a lo que rige para la red eléctrica en donde el consumo equivalente para el usuario R1 está liberado del costo. Luego de ese nivel hay un bloque que paga el 25 por ciento y después rige la tarifa plena. Creemos que es una forma de fomentar el uso responsable del gas natural”, aseguró.
Los cambios pasaron relativamente desapercibidos en diciembre, pero ahora que se acerca el invierno diversos especialistas advirtieron que los usuarios de la tarifa social deberán afrontar fuertes aumentos ya que el recorte de la bonificación llega justo cuando el incremento interanual acumulado de la tarifa plena supera el 100 por ciento (al incluir las subas de diciembre y abril). Fue por eso que hasta la Unión Cívica Radical, integrante de la coalición Cambiemos, pidió revisar la medida por temor al impacto que generará entre los más pobres.
Consumo estimado
El portal del Ente Nacional Regulador del Gas ofrece un simulador para calcular el consumo de gas estimativo de una vivienda. Si se toma como referencia un matrimonio con dos hijos pequeños en una casa ubicada en la localidad de Gregorio de Laferrere, el consumo bimestral en invierno llega a 713,5 m3 desagregado del siguiente modo:
Una estufa de 2500 Kcal/hora en el living comedor 12 horas en piloto y 12 horas encendida todos los días del mes consume 209,4 m3.
Una estufa de 2500 Kcal/hora en la pieza de los chicos 16 horas en piloto y 8 horas prendida todos los días suma otros 149,6 m3.
Un calefón de 12 litros por minuto prendido dos horas diarias y quedando las 22 horas restantes del día en piloto consume 260,3 m3.
Una hora de un horno doméstico por día suma 16,2 m3.
Dos horas diarias de un anafe de cuatro hornallas agrega otros 78 m3.
La tarifa social de Gas Natural Ban en julio bonifica el 100 por ciento de los primeros 89 m3 consumidos y el 75 por ciento de los segundos 89 m3, mientras que en agosto solo 73 m3 están cubiertos con la bonificación del 100 por ciento y los segundos 73 m3 tienen un 75 por ciento de descuento. Por lo tanto, en ese bimestre, que en teoría es el más frío del año, el subsidio cubriría total o parcialmente el consumo de 324 m3, mientras que los 389,5 m3 restantes que completan el consumo estimado de 713,5 m3, que el año pasado estaban bonificados al 100 por ciento, deberán ser afrontados sin ningún tipo de descuento.
Sin concesiones
Ante el pedido de revisión de esta medida, el gobierno ofreció suspenderla solo durante mayo y junio, pese a que ese período cubre apenas nueve días del invierno. “Esto permitirá implementar una campaña de difusión sobre los alcances del régimen de tarifa social y de prácticas para reducir el consumo de gas natural”, aseguró el Ministerio de Energía el lunes a través de un comunicado, aunque el restablecimiento del beneficio original se implementará solo en aquellas provincias que se hagan cargo del 50 por ciento del costo fiscal adicional que suponga ese subsidio, algo difícil de calcular porque dependerá de cuánto frío haga y cuánto consuman los usuarios de la tarifa social.
(*) Fuente: Página 12
Dictaron la Emergencia Tarifaria en Lomas de Zamora y en San Martín
Los Concejos Deliberantes de los partidos de Lomas de Zamora (en el sur del Gran Buenos Aires) y el de San Martín (en la zona norte del GBA) declararon en el día de ayer la Emergencia Tarifaria por el lapso de un año.
Lomas de Zamora
El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora declaró ayer la emergencia tarifaria en el distrito por el lapso de un año, con el apoyo de Unidad Ciudadana y la negativa del bloque de Cambiemos. En ese sentido, el cuerpo solicitó al Ejecutivo nacional y provincial que retrotraiga las tarifas al 31 de diciembre de 2017.
Los concejales de Unidad Ciudadana lograron aprobar una comunicación para manifestar su apoyo al proyecto presentado por la senadora nacional Cristina Fernández que busca retrotraer las tarifas de servicios públicos al año pasado e impedir su aumento hasta el 31 de diciembre de 2019.
Cambiemos se opuso al proyecto y el Frente Renovador se abstuvo, ya que consideraron que la de la ex Presidenta no fue la única iniciativa presentada en el Congreso para frenar el “tarifazo”, sino que hubo varios.
También, el Concejo determinó la creación de una “Comisión de Emergencia Tarifaria”, compuesta por el presidente del cuerpo y un representante de cada bloque, que se encargarán de asesorar legalmente a los vecinos sobre el aumento de las boletas de luz, gas y agua.
Otros de los proyectos aprobados fueron dos comunicaciones para exigirles a Edesur, al Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) y a los ministerios de Energía y de Salud que cumplan con la ley nacional de Electrodependientes.
San Martín
El Concejo Deliberante de San Martín dio un paso a favor del proyecto presentado por el bloque de Unidad Ciudadana y declaró la Emergencia tarifaria en todo el distrito, por el lapso de un año.
“Celebramos la sanción de este proyecto necesario y pedido por los vecinos, comerciantes y Pymes del distrito. El brutal tarifazo impacta en el bolsillo de los trabajadores, que cada vez pierden más poder adquisitivo”, manifestó el concejal oficialista, Hernán Letcher.
Para el edil, los indiscriminados aumentos de las tarifas “destruye la producción” de las Pyme y “golpea a los clubes de barrio cuyos ingresos no alcanzan para atender estos aumentos”.
“Era imprescindible declarar la emergencia tarifaria y frenar esta situación derivada de la decisión del gobierno de eliminar los subsidios y favorecer la rentabilidad de las empresas”, explicó.
El proyecta frenará los aumentos por un año, así como también prohíbe “nuevos incrementos”. Entre otros puntos, exige al municipio que “gestione la eximición de la tarifa de electricidad y/o tasas municipales que se incluyen en la factura de consumo eléctrico a electro dependientes, personas con discapacidad dentro del plazo de un año”.
(*) Fuentes: Política del Sur / Infocielo
Protesta contra las tarifas y más allá
Por Julio Gambina
El debate político en la coyuntura se concentra en las tarifas de los servicios públicos. El asunto importa porque la electricidad, el gas, el agua o cualquiera de los servicios públicos privatizados aumentan más allá de cualquier indicador de inflación y supera las posibilidades de pago de la mayoría de la población, no solo de trabajadores sino de sectores de la pequeña y mediana empresa. Incluso, existen empresarios o iniciativas culturales, sociales o deportivas que se ven en la potencialidad de cerrar sus puertas ante la imposibilidad de cancelar esas acrecidas facturas.
Por eso hubo ruidazos en distintas ciudades del país el miércoles pasado y movilización con velas el jueves, en protesta contra el tarifazo. El gobierno se defiende y señala que durante el kirchnerismo hubo atraso de tarifas y subsidios generalizados a los usuarios de la zona metropolitana, la ciudad Capital y el Gran Buenos Aires, y que lo que ahora se intenta es la regularización de los precios de los servicios públicos privatizados alineando el precio local con el internacional.
En este sentido es clave considerar la evolución de los precios internacionales del petróleo, en crecimiento en el último tiempo y acercándose a los 70 dólares el barril. Vale considerar que el precio local de producción está rondando los 10 dólares el barril, con lo cual, la diferencia entre el precio internacional y el costo local de producción debe considerarse como excedente apropiado por la cadena de valor, privada y transnacional, de la producción energética. Algo similar ocurre con el precio internacional y el costo local de producción del gas.
Los grandes beneficiarios son las transnacionales de la energía que manejan la cadena de valor de la energía en el país, desde la extracción de hidrocarburos a la distribución de los derivados.
No sorprende que el tema central sea la apropiación de la ganancia, base para una lógica de acumulación y en todo caso de reinversión productiva de los inversores beneficiarios. Lo sorprendente es que la maximización de las ganancias no genera aumento de la reinversión productiva, sino que se verifica la tendencia a la remisión de utilidades al exterior como parte de la fuga de capitales. Los precios locales intervienen en la lógica mundial de los inversores extranjeros que actúan en el negocio de los servicios públicos privatizados.
El ajuste tarifario satisface el objetivo gubernamental de disminuir el gasto público vía reducción hasta la eliminación de los subsidios a los servicios públicos privatizados, trasladando el costo del ajuste al conjunto de los usuarios, y afectando a los sectores de menores ingresos relativos. El subsidio se explicó en el pos 2001 ante la demanda de resarcimiento de las empresas titulares de los servicios, afectadas por la devaluación a la salida de la convertibilidad. El resultado fiscal de los tarifazos no es el esperado por los gobernantes, ya que el déficit subsiste y convoca a nuevos y generalizados ajustes, que buscan nuevas áreas de afectación más allá de los servicios públicos: educación, salud, salarios estatales.
Desde amplios sectores de la oposición e incluso aliados del gobierno, surge la demanda contra el tarifazo. Se requiere morigeración de los aumentos, llegando a reclamar retrotraer las tarifas a los valores de diciembre del 2017. Lo que no se discute es el modelo de producción y distribución de energía, que fuera gestado desde las privatizaciones en los 90 y consolidado desde entonces.
Los beneficios de las privatizaciones solo reditúan como ganancia empresaria y pérdida de derechos de los usuarios, lo que puede calificarse como resignación de soberanía, para el caso, energética.
Estrategia para recuperar soberanía energética
Por eso es que no alcanza con la protesta por el precio de los servicios, sino que la crítica debe extenderse al modelo privatizador surgido en los 90, y es más, si el modelo previo, de empresa estatal tampoco resultaba adecuado, la búsqueda debe plantearse en términos de socialización.
Es la propia sociedad la que debe auto gestionar los servicios públicos y hacerlo desde una concepción de derechos de ciudadanía, de soberanía energética, que apunta más allá de la producción, distribución y consumo de la energía.
La lógica de derechos supone una estrategia productiva y de desarrollo que trasciende la propiedad social de los medios de producción aplicados a la prestación de los servicios públicos.
Ello convoca a nuevos desafíos científicos y tecnológicos a desplegar desde la Universidad Pública y los ámbitos estatales de desarrollo en ciencia y técnica, tanto en el Estado Nacional, como Provincial y municipal. Incluso, no alcanza con un accionar nacional, sino que se requiere el concurso articulado en el mismo sentido de otros países de la región.
Claro que esto último va a contramano de la decisión de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú de abandonar la UNASUR, cuya instalación en la pasada década apuntaba a desplegar mecanismos alternativos de integración regional en la perspectiva de desarrollos soberanos.
Muchos cuestionan en estas horas las posibilidades de un rumbo diferenciado al oficial, de actualización a rajatablas de las tarifas.
El problema es que si solo se discute precio el diálogo puede ser de sordos, ya que el Estado pretende eliminar el subsidio (gasto público) y los concesionarios privados quieren el máximo precio posible en acuerdo con los niveles internacionales del insumo básico, en una etapa de crecimiento de esos precios de los hidrocarburos.
Por eso creemos que es necesario cuestionar el modelo energético surgido en los 90 y no modificado sustancialmente desde entonces.
Ello demanda un debate político ideológico que contrapone dos concepciones. Una que se afirma en que la energía es un bien comercial y la otra sostiene que se trata de un derecho de ciudadanía en este tiempo del desarrollo civilizatorio. Con este enfoque es que se piensa que nadie debiera tener dificultades para acceder al agua, a la calefacción o a la electricidad, entre otros derechos.
Desde el gobierno se insistirá en pagos en cuotas y en una crítica a la herencia del déficit fiscal recibido. Muchos insistirán en la protesta por el costo de vida del tarifazo y los menos insistiremos en cuestionar el modelo productivo y de desarrollo sustentado en la mercantilización y extranjerización de la energía.
Buenos Aires, 22 de abril de 2018
