Una carta documento para Triaca, abre la batalla legal contra el acuerdo Cavalieri – Carrefour/ Docentes: “El paro en toda la provincia tuvo un acatamiento del 90%”/ 1M: Unidad de los trabajadores y las trabajadoras/ Los trabajadores del Senasa resisten el ajuste/ Fallo judicial para el lado de la precarización …
Resumen Latinoamericano/ 25 de abril 2018.- Una nueva sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal.
Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales y sociales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com
Una carta documento para Triaca, abre la batalla legal contra el acuerdo Cavalieri – Carrefour
El equipo jurídico de Ramón Muerza confirmó que está enviando cartas documento al ministro y los principales funcionarios involucrados en el pacto. “En caso de que se homologue, vamos a recurrir a la justicia penal”, advirtieron.
Mientras la cadena francesa de supermercados Carrefour sigue a la espera de que el ministerio de Trabajo le homologue el Procedimiento Preventivo de Crisis, empieza a asomarse en el horizonte un potencial frente judicial que amenaza con derribar, definitivamente, el pacto firmado el viernes en Olivos.
Luego de la conciliación obligatoria que consiguieran los delegados de la firma, encabezados por el secretario de Organización Ramón Muerza, tras paralizar el sábado los establecimiento porteños contra la reducción salarial, el cierre de establecimientos y la rebaja de cargas patronales, ya se empieza a gestar lo que podría ser la batalla de fondo: la judicial.
“El acuerdo no está homologado, por ello no se configuró el delito”, le reseñó a InfoGremiales uno de cerebros detrás de la estrategia jurídica que diseña el mercantil para derrumbar el escrito rubricado por la empresa azul y roja y Armando Cavalieri. “En caso de que se homologue, vamos a recurrir a la justicia penal”, destacó.
Además adelantó que le están enviando, por estas horas, cartas documento a Jorge Triaca, al viceministro de Trabajo, Horacio Pitrau, al director Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Adolfo Alberto Saglio Zamudio y otros funcionarios de la cartera.
También están redactando la carta documento a la AFIP, por su obligación para garantizar los aportes, una dirigida a la ANSES, para que evite el desfinanciamiento del organismo que implica lo pactado, y otra a la Procuración del Tesoro, en virtud de su rol de contralor de los actos administrativos de Gobierno.
Los de Muerza, ya decididos a confrontar con Cavalieri en los próximos comicios del Sindicato de Empleados de Comercio, alistan a todo su equipo técnico jurídico. Esperan poder darle el golpe de knockout, llegado el caso, en la Justicia penal. Sostienen que lesiona derechos adquiridos, que la ley indica que algún representante de los trabajadores de la empresa debería haber estado presente en las negociaciones y que es inconstitucional.
Además de la ira que desató la ira en las bases, el entendimiento generó un peligroso efecto contagio en los Supermercados que compiten con el gigante francés. En las últimas horas muchas voces se alzaron reclamando un trato igualitario, y el efecto cascada amenaza con arrastrar a los principales empleadores de un sector que emplea 100 mil asalariados.
“El paro en toda la provincia tuvo un acatamiento del 90%”
En el contexto del cuarto paro de maestros del año, los gremios docentes protagonizaron una masiva movilización con la consigna “¡Basta de Ajuste, la educación pública no puede esperar!”. Las columnas se agruparon se agruparon en el cruce de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia, desde donde marcharon hasta la Casa de Buenos Aires, en la avenida Callao al 200.
La concentración se realizó horas después de que la Justicia habilitara los descuentos por cese de actividades. Frente a la representación del gobierno de Vidal en CABA, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel, remarcó que “el acatamiento al paro en toda la provincia tiene un promedio del noventa por ciento a pesar del amedrentamiento y las amenazas”.
“La educación no puede esperar”, dijo el gremialista que señaló a la gobernadora Vidal como la única responsable de la pérdida de días de clases. Y agregó: “hagan lo que hagan, digan lo que digan, este Frente de Unidad Docente no va a firmar una pauta salarial a la baja.”
El viernes pasado, en la última reunión paritaria, el gobierno redujo la oferta del 15% de aumento que venía ofreciendo desde el principio de las conversaciones. Ofreció un aumento salarial del 10%, a pagar en tres tramos: 5% retroactivo a enero, 3% más en abril y 2% en junio, y agregó una propuesta de retomar las discusiones a mitad de año.
La oferta incluía el caballito de batalla de Vidal: un reconocimiento por presentismo de hasta $ 3.000 por docente.
En las puertas de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, Baradel disparó: “Le decimos (a la gobernadora) que invierta en educación y deje de desfinanciar el Estado”. Y completó: “los docentes somos seres humanos que necesitamos sostener a nuestras familias, queremos un salario digno, gobernadora Vidal”.
En el mismo sentido habló la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini: “Pudo más la decisión de hacerse escuchar de los docentes, que las acciones disciplinadoras de las autoridades, como los descuentos, para que hoy estemos acá defendiendo a la Educación Pública”, dijo.
Además, adelantó que el Frente de Unidad Docente implementará la próxima semana nuevas acciones para seguir visibilizando el conflicto. “El reclamo excede lo salarial”, apuntó. Y agregó: “Hay una altísima preocupación de los docentes por las decisiones constantes de cambios en el sistema educativo que reciben a diario las escuelas y que ponen en riesgo la continuidad pedagógica”.
En la vereda de enfrente y con un nuevo conflicto abierto por las tarifas y la pretendida quita de impuestos, el gobierno de María Eugenia Vidal minimizó el paro docente y difundió que la adhesión no alcanzó al cuarenta por ciento.
El Ejecutivo informó a diferentes medios que reveló 9.838 escuelas de las 16 mil que hay en la provincia y ubicó la adhesión al paro en el 39%.
Los maestros bonaerenses reclamaron una mejor oferta salarial /Paro y críticas a Vidal
Por Laura Vales
Imagen: Bernardino Avila
El cuarto paro del año de los docentes bonaerenses buscó como escenario a las calles porteñas. Los maestros del Frente de Unidad Gremial reclamaron movilizándose a la Casa de la Provincia -en la zona del Congreso- que el gobierno de María Eugenia Vidal les presente una propuesta acorde a la inflación. A lo largo de las últimas siete reuniones paritarias la oferta se mantuvo con un techo del 15 por ciento, por lo fue rechazada. Junto con la marcha sobre la avenida Callao, también hubo protestas en el Obelisco, donde los docentes de la agrupación La Marrón organizaron una clase pública.
Los sindicatos y la gobernación ya expusieron ampliamente todos sus argumentos y en este tramo de la paritaria la cuestión es cuánta fuerza mantiene el reclamo. Con este objetivo a la vista, desde la gobernación salieron a bajarle el precio a la huelga y aseguraron que la adhesión fue sólo del 39 por ciento (un punto menos que la estimación que realizaron para el paro anterior). Los dirigentes, en cambio, aseguraron que entre el 85 y 90 por ciento de los docentes del conurbano se plegaron a la medida.
“Con los números de la adhesión al paro el gobierno hace lo mismo que con la inflación: dice que fue poca y después la realidad muestra que miente”, dijo a Página/12 Roberto Baradel. El titular de Suteba agregó que esperan “que la gobernadora atienda el reclamo salarial y ponga fin al ajuste en las escuelas e invierta en infraestructura y en los comedores escolares, donde hoy los chicos recibe un plato de fideos pelado y una mandarina”.
El paro se realizó después de que un fallo judicial habilitó a la provincia a descontar los días de huelga. El dictamen, firmado a principios de mes por el Tribunal del Trabajo Nº 4 de La Plata, fue difundido en vísperas del comienzo de la medida de fuerza.
“A pesar de los descuentos, que son un golpe para cualquier trabajador, los docentes decidieron parar para hacerse oír. La adhesión es muy importante, muy alta”, sostuvo desde la FEB Mirta Petrocini.
Clase pública en el Obelisco para rechazar el techo salarial de Vidal
“Enfrentamos los techos salariales del 15 por ciento, los tarifazos y despidos”, dijo Natalia Hernández, dirigente de Suteba La matanza. Se trata de un porción del gremio enfrentada a la conducción de Baradel.
Docentes de la agrupación La Marrón, nucleados en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), realizaron un corte de tránsito y una clase pública frente al Obelisco en el marco del paro de de 24 horas de los maestros de la provincia de Buenos Aires.
La dirigente del Suteba-La Matanza, Natalia Hernández, dijo que no sólo reclaman una paritaria salarial sin techo sino que se manifiestan también en contra de lo que consideran “los tarifazos” en los servicios públicos aplicados por el gobierno nacional.
Se trata de la oposición, por izquierda, dentro del Suteba a la conducción de Roberto Baradel, que incluso lo enfrentó en las urnas el año pasado y consiguió controlar algunas seccionales, entre ellas la matancera.
“Enfrentamos los techos salariales del 15 por ciento, los tarifazos y despidos”, dijo Hernández en un comunicado.
Los maestros cortaron parcialmente la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, y luego se trasladaron hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la avenida Callao al 200, donde se realizó la movilización central de la protesta por la paritaria salarial.
En Neuquén, los docentes continúan con medidas de fuerza en rechazo al techo salarial
Un conflicto que suma 23 días de huelga
El gobernador Gutiérrez no les ofrece a los maestros un aumento concreto, sino actualizaciones trimestrales según la inflación. El gremio ATEN convoca hoy a realizar asambleas para definir cómo sostienen los reclamos.
Los maestros serán los únicos estatales de la provincia que no cobrarán con aumento la próxima semana.
En Neuquén, los docentes cumplieron 23 días de paro y hoy vuelven a debatir en asambleas cómo seguir con su reclamo por salarios. El techo del 15 por ciento fijado desde la Casa Rosada tuvo una aplicación ad hoc en la provincia, donde el gobernador Omar Gutiérrez (del Movimiento Popular Neuquino) no ofreció una cifra concreta de aumento, sino que propone continuar con el acuerdo de 2017, con recomposiciones trimestrales de acuerdo a la inflación. El gremio ATEN lo rechazó, tras plantear que esto significa un 6,3 de aumento para el primer trimestre. En un intento de debilitar la protesta, la gobernación acaba de anunciar que pagará el primer aumento trimestral a los estatales con los sueldos de abril, porque ya aceptaron el esquema, pero que no se lo liquidará a los docentes.
La decisión del gobernador es una nueva poda para los sueldos de los maestros en conflicto, a quienes ya vienen haciéndoles descuentos de hasta el 30 por ciento por los días de paro.
El conflicto está así en escalada. El viernes, en un clima caldeado con la denuncia de que los descuentos fueron arbitrariamente aplicados, miles de docentes marcharon en la capital provincial. Ayer hicieron bloqueos al edificio del Consejo Escolar y las sedes de Educación en cada distrito. Para afrontar los descuentos, en las escuelas se realizan actividades de recaudación de fondos.
“Nuestro salario inicial está en 15.036 pesos –explicó a PáginaI12 Marcelo Guagliardo, titular de ATEN–. El sueldo promedio de un maestro neuquino es de 17.500, es decir que ya estamos por debajo de la línea de pobreza” (que es de 17.537,88 pesos para una familia tipo de cuatro integrantes).
El gremio reclama a la gobernación que presente una propuesta salarial para todo el año. Que incluya, además de la previsión inflacionaria de 2018, cinco puntos de recomposición por el poder adquisitivo perdido por el sector desde 2016. Ese año, reseñó el dirigente, el poder de compra de los docentes cayó 12 puntos, que en 2017 pudieron recuperar sólo de manera parcial.
Pero lo concreto es que hasta ahora no hay un número de aumento en discusión. La propuesta oficial ahora no es de un porcentaje de aumento, sino una fórmula, la de ir adecuando trimestralmente los sueldos al índice de precios que resulta de promediar los IPC de Córdoba, Neuquén y el nacional de Indec.
Desde marzo, en la provincia sólo hubo 48 horas de clases en las tres primeras semanas del año lectivo. A pesar de la intensidad del conflicto, prácticamente no hubo negociaciones: sólo se hicieron dos convocatorias formales a la paritaria, la primera el 20 de febrero, antes de empezar el año, y la segunda a mediados de abril.
El patrón de la negociación paritaria neuquina muestra varios puntos similares al seguido por María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires: firma de acuerdos salariales a la baja con los gremios estatales permeables al oficialismo, vaciamiento del espacio de la paritaria docente como ámbito de negociación, descuentos a los que hacen medidas de fuerza para quebrar los reclamos.
El ministro de Trabajo y Desarrollo Social, Mariano Gaido, ratificó que la decisión oficial es dejar a los maestros fuera del incremento salarial otorgado a los otros estatales. El funcionario señaló, en este sentido, que la gobernación fijó un plazo para la aceptación del acuerdo, cumplido ayer, tras el que comenzará a liquidar los sueldos.
“La situación ha llevado a que todos los trabajadores van a tener aumento menos los docentes”, remarcó Gaido. Ratificó además que harán los descuentos de los días de paro a los maestros que adhirieron a las medidas de fuerza.
“Pedimos que acepten la propuesta para volver a sentarnos a una mesa en junio, con la posibilidad de que si no hay acuerdo extendamos esta actualización un trimestre más, con lo que la propuesta es actualizar salarios hasta septiembre. Es la mejor oferta en el país, ya que ahora en mayo cobrarían un 12 por ciento acumulado en el año”, sostuvo el ministro.
Sin embargo, desde ATEN hacen un cálculo distinto: los dirigentes gremiales aseguran que la provincia ofrece un 6 por ciento “y en potencial otro trimestre que no está escrito”.
Otra marcha por “trabajo genuino, educación y vivienda digna”
Reclamo de las organizaciones sociales
Organizaciones sociales y cooperativistas se movilizaron este mediodía por el centro porteño en demanda de “trabajo genuino, educación y vivienda digna”. “Si el gobierno del ‘diálogo’ no se sienta a dar respuestas a las demandas populares, seguiremos en las calles” sostuvieron las organizaciones.
La protesta de hoy se desarrolló en el marco de una marcha nacional que se replica en las provincias de Córdoba, Tucumán, Río Negro, Neuquén y Misiones, entre otras. En la Ciudad de Buenos Aires, los militantes se concentraron a las 10 en Plaza Constitución y desde allí marcharon por 9 de Julio hasta la avenida Belgrano para dirigirse a la Jefatura de Gabinete, ubicada en Diagonal Sur.
“La situación social y económica se deteriora día a día con la altísima inflación, el desempleo y los tarifazos. El modelo económico de Cambiemos está dejando a miles de personas sin laburo, los comedores y merenderos están a su máxima capacidad y, para colmo, (el Gobierno) intenta descargar lo más duro del ajuste sobre quienes menos tenemos”, sostuvo la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que también participó de la movilización.
La protesta continuó con una concentración frente a la sede que la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano posee en Esmeralda 255, y concluyó frente al Obelisco, a las 13. A través de un comunicado, las organizaciones convocantes (el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, la Corriente Popular Juana Azurduy y la Corriente Surcos e Izquierda Latinoamericana Socialista) subrayaron que “desde la asunción de Cambiemos la situación del pueblo está cada vez peor”.
Unidad de los trabajadores y las trabajadoras
En dicha jornada se planteará la idea de construir una herramienta gremial unificada para nuclear a todo el sector. “Necesitamos dar un paso más para seguir sintetizando las demandas comunes de la Economía Popular con una herramienta que represente la unidad de los movimientos populares en su pelea por el acceso a Tierra, Techo y Trabajo”, remarcó Esteban “Gringo” Castro, secretario general de CTEP.
Previamente, la dirigencia de los movimientos participará el 27 de abril de un acto en el microestadio de Ferro junto a las principales organizaciones sindicales para continuar enfrentando el ajuste y exigir trabajo digno para todos en unidad.
AZUL
La intendencia les cortó el transporte y más de 250 chicos de Azul todavía no empezaron las clases
Son de la zona rural del distrito y se vieron afectados por el cese del servicio que los llevaba todos los días a la escuela. Las autoridades responsables del problema no dan la cara, y las familias exigen una solución.
“Ésta es una problemática muy grande para Azul. Según nos comunicaron, las medidas fueron tomadas en La Plata y nos dicen que se han sacado los transportes por recortes y achicamientos, como se está haciendo en todos lados”, comentó en diálogo con Canal Abierto Carmen Cerrudo, trabajadora rural y abuela de uno de los niños afectados por esta medida.
Además, hizo hincapié en la situación por la que pasa la comunidad: “Para que nuestros chicos puedan ir a la escuela tenemos que recorrer distancias de más de 18 kilómetros. Los empleados rurales no tenemos permisos para llevarlos y traerlos de clases. Además, nuestros sueldos son muy bajos y no podemos pagar otro medio de transporte para asegurarles los días de clases”.
Con este panorama, el martes tuvieron una reunión que convocó el presidente del Concejo Escolar de Azul, quien, según expresa Cerrudo, es el único que atiende a los padres.
En esta asamblea se recopilaron los mapas de recorrido, las planillas de transporte y todos los datos necesarios para ser enviados a la Jefatura de Distrito y dar una solución a las familias afectadas.
Sin embargo, explica la mujer, “las reuniones continuarán y se convocará a los concejales, la inspectora general, la inspectora zonal, de secundaria, de primaria, y a los transportistas, porque la jefa distrital, Cristina Seoane, no da la cara y se desentiende del problema cuando fue por errores de ella que esto pasó”.
Revés judicial contra el Ministerio de Educación porteño
Suspenden el protocolo antitomas
La jueza Liberatori ordenó la suspensión del documento elaborado por el ministerio que conduce Soledad Acuña, en el que hace responsable de las tomas de las escuelas a los padres de los estudiantes.
Otra vez la Justicia porteña falló a favor de los estudiantes secundarios y ordenó suspender el nuevo protocolo anti tomas que elaboró el Ministerio de Educación porteño en febrero pasado como respuesta a las tomas de los colegios secundarios contra la reforma inconsulta bautizada Secundario del Futuro. La jueza Elena Liberatori declaró “inaplicable” el “instructivo sobre la forma de proceder en caso de toma de establecimientos educativos” y suspendió la aplicación de cualquier protocolo del que no hayan participado en su elaboración los estudiantes y el resto de la comunidad.
Liberatori suspendió la resolución 643/18, en la que el Ministerio de Educación porteño estableció las “Pautas para la Convivencia Escolar que deberá cumplir el equipo de conducción en caso de producirse la toma de establecimientos educativos de gestión estatal”. Frente a una posible toma, el nuevo protocolo ordenaba a los directores de escuela a llamar a los padres de los estudiantes para que retiren a los chicos de las escuelas y en caso de no hacerlo serían los adultos los responsables por eventuales daños en los edificios.
Este protocolo, sin embargo, no fue el primero. Antes, la cartera que conduce Soledad Acuña le había solicitado a los directores de escuela que ante la toma del establecimiento realicen la denuncia en la comisaría más cercana. En la audiencia convocada por la jueza, los representantes del Ministerio negaron haber dado esa orden, aunque el instructivo fue enviado por correo electrónico desde una cuenta oficial del gobierno porteño.
En ambos casos, la nueva sentencia dictada por el juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº4 ordena la suspensión. En el caso del primer instructivo, el que solicitaba la denuncia policial, Liberatori lo declara “inaplicable” y dispone su “inaplicabilidad total en el futuro”. En el caso del segundo protocolo, la jueza lo suspende hasta tanto no el Ministerio no “subsane las omisiones incurridas en la elaboración de las pautas”, en referencia a la falta de participación de la comunidad educativa y los mismos estudiantes.
“La Sra. Ministra de Educación Soledad Acuña, no tuvo en cuenta durante la elaboración ni en el contenido de dicho “protocolo” o “pautas” que establece la resolución 643/MEGC/18, la manda constitucional y legal de oír a la comunidad educativa y a los niños, niñas y adolescentes”, aclaró la jueza en el fallo, que se conoció ayer. “Este incumplimiento debe ser subsanado”, remarcó la magistrada.
“El fallo le da la razón a los chicos. Este nuevo protocolo se hizo sin la participación de los alumnos y sin respetar algunas normas que ya existen como las mediaciones escolares”, sostuvo el asesor tutelar Gustavo Moreno, autor del amparo. Según Moreno, lo que el Ministerio llama toma responde en realidad a una ocupación pacífica por parte de los estudiantes en el marco de un conflicto escolar. “Como ocurre adentro de la escuela tiene que ser abordado desde un punto de vista de una mediación y ya hay normativa para eso”, señaló el asesor, que celebró el nuevo fallo de Liberatori.
Sin embargo, la mayor preocupación desde el Ministerio Público Tutelar, insiste Moreno, es que ninguno de los protocolos elaborados por la ministra Acuña contempla la cuestión de fondo: cómo resolver las causas de la ocupación. “Lo que hay que resolver son los motivos de la ocupación, no las consecuencias. Y eso no quita la responsabilidad de los chicos en caso de que ocurran ilícitos, eso también ya está enmarcado en la ley”, puntualizó Moreno.
Desde el Ministerio de Educación porteño confirmaron a este diario que aún no fueron notificados oficialmente del fallo pero que de todos modos apelarán la medida.
Agroindustria anticipó más de 200 despidos en el organismo /Los trabajadores del Senasa resisten el ajuste
Los trabajadores del Senasa denuncian el riesgo sanitario que implican los despidos.
Imagen: Twitter ATE Senasa
Los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) concluirán el viernes el paro de 96 horas iniciado ayer contra los despidos anunciados en el organismo, y el próximo miércoles evaluarán cómo continuar el plan de lucha si el Ministerio de Agroindustria mantiene los recortes. La cartera que conduce Luis Etchevehere envió 330 telegramas de despido la semana pasada y poco después notificó de manera informal otras 220 cesantías en el propio Senasa.
Imagen: Twitter ATE Senasa
Los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) concluirán el viernes el paro de 96 horas iniciado ayer contra los despidos anunciados en el organismo, y el próximo miércoles evaluarán cómo continuar el plan de lucha si el Ministerio de Agroindustria mantiene los recortes. La cartera que conduce Luis Etchevehere envió 330 telegramas de despido la semana pasada y poco después notificó de manera informal otras 220 cesantías en el propio Senasa.
Nadia Suárez, delegada de ATE, contó a Página/12 que “hoy tenemos una parálisis operativa total, con funcionarios que, desde que se anunciaron los despidos, dejaron de venir y cerraron las oficinas con llave”, entre ellos, Ricardo Negri, titular del Senasa , y Santiago Hardie, el secretario de Agricultura Familiar que ejecutó la poda de 130 puestos de trabajo en diciembre, de los cuales solo se reincorporó a 44.
“Hay compañeros que se enteran por algunos jefes que los van a despedir, pero no hay notificaciones formales”, advirtió Suárez, quien denunció que los más afectados son los contratados, en algunos casos con más de diez años de antigüedad. “Inclusive hay un compañero contratado desde 2003, que está en pleno concurso para un cargo, y le avisaron que lo echan”, añadió.
Como parte de la protesta, hoy hubo un corte parcial en Paseo Colón y Avenida Belgrano, frente a la sede del Senasa, donde se denunció que el conflicto afecta al correcto funcionamiento del Senasa. “El control sanitario de todos los alimentos corre por cuenta nuestra, y en estas condiciones no se puede trabajar correctamente”, advirtieron los trabajadores del organismo.
Formosa, 25 de abril de 2018
SOLIDARIDAD CON TRABAJADORES DESPEDIDOS
El Frente Nacional Campesino (FNC) se solidariza con los todos los trabajadores despedidos del Ministerio de Agroindustria de la Nación, el SENASA y otras reparticiones públicas, exigimos la inmediata reincorporación de todos los despedidos.
Expresamos nuestra más profunda preocupación y rechazo ante la ola de despidos de trabajadores como parte del desguace del estado que viene llevando adelante el actual gobierno.
Los nuevos despidos de trabajadores en el Ministerio de Agroindustria y el SENASA tienen como antecedentes los despidos en el mismo ministerio, en el INTA y el INTI, los despidos afectan en forma directa a los trabajadores, los agricultores familiares y los medianos productores de las economías regionales, quienes generan fuentes de trabajo y garantizan los alimentos para todos los argentinos.
Las políticas de ajuste y libre mercado están destruyendo la producción de la Agricultura Familiar y de las economías regionales. Los beneficiarios de los ajustes en el estado son los grupos concentrados de la economía, la oligarquía nacional y las transnacionales, mientras genera pobreza y miseria para el pueblo argentino.
Nos oponemos a la tercerización y o privatización de los servicios del SENASA. Los argentinos necesitamos alimentos seguros e inocuos y eso solo sería posible con un SENASA independiente y fortalecido.
Exigimos políticas públicas diferenciadas (programas y proyectos; créditos blandos, subsidios y asistencia técnica) para los agricultores familiares y las economías regionales de la Argentina. Exigimos políticas públicas que apunten al desarrollo rural sustentable y que tenga por objetivo la soberanía alimentaria de los pueblos.
Por último llamamos a las organizaciones hermanas de la ciudad y el campo a dialogar y unir esfuerzos ante el avasallamiento de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales por parte del gobierno.
Atentamente.
COMISIÓN COORDINADORA
FRENTE NACIONAL CAMPESINO
Fuertes rumores sobre un inminente acuerdo salarial de los bancarios
La Bancaria y las cámaras empresariales convinieron un cuarto intermedio hasta hoy para proseguir las negociaciones. Se habla de un porcentaje que rompería el techo salarial, más un bono y una importante cifra por el día del bancario.
A pesar del hermetismo de ambas partes, fuentes de la cartera laboral confirmaron que sindicalistas y empresarios negocian desde hace más de 48 horas (dentro y fuera del Ministerio de Trabajo) la posibilidad de alcanzar un acuerdo salarial definitivo que destrabe el conflicto.
Los mismos voceros indicaron ayer Télam que el diálogo con representantes de las cuatro cámaras y del Banco Central continuaran hoy en la sede ministerial de Leandro N. Alem al 650, en horario a determinar.
Al no haber podido cerrarse aún el acuerdo salarial, La Bancaria paralizó las tareas en todo el país el 6, 17 y 18 de este mes.
Los rumores que invadieron los bancos ayer, y que llegaron a InfoGremiales, hablan de un acuerdo que podría sellarse hoy en un 18.5% retroactivo a enero, lo que rompería el techo salarial que viene sosteniendo con esfuerzo el Gobierno Nacional.
Además se pactaría un bono de $ 4.000 y el monto que se paga cada año por el día del bancario llegaría a los $ 28.000.
La duda, a esta altura, es si en caso de avanzar en ese sentido, el Gobierno le daría a Sergio Palazzo una victoria paritaria, tras 5 meses de conflicto, para que la presente en los actos por el 1° de mayo y fortalezca su figura en medio del desconierto cegetista.
La Asociación de Médicos renunció a su lugar en el Consejo Directivo de la CGT
Una crisis sindical que se profundiza
La moyanista Sandra Maiorana dejó la Secretaría de Salud en rechazo a la inacción de la actual conducción frente a las políticas del gobierno de Cambiemos. La reemplazará otro aliado de Moyano, Agustín Amicone (calzado).
Por Felipe Yapur
Sandra Maiorana junto a los triunviros Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña.
Imagen: Guadalupe Lombardo
La crisis interna de la CGT se profundiza de manera lenta y paulatina. Ayer, la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) presentó su renuncia al cargo que ocupaba Sandra Maiorana en la Secretaría de Salud del Consejo Directivo. La inacción de la central obrera frente al avance de la crisis que provocan las políticas del gobierno de Cambiemos y la falta de solidaridad ante el permanente reclamo de la AMRA de repudiar por completo el texto de la reforma laboral que el gobierno busca debatirla otra vez en el Congreso, fueron las razones de la dimisión que complican las intenciones de gordos e independientes por hacerse del control de la CGT.
La salida de AMRA se suma a la renuncia que en diciembre último presentó la UOM con similares críticas a la conducción cegetista al sostener que flaqueó ante las movilizaciones contra la reforma previsional y, sobre todo, en las negociaciones con la reforma laboral. Sobre este punto, Maiorana aseguró a PáginaI12 que “planteamos en más de una oportunidad nuestra oposición a la reforma laboral porque le quita a los profesionales, incluidos los médicos, la categoría de trabajadores para pasar a ser autónomos con todos los perjuicios que ello acarrea”.
El argumento de la renuncia puede parecer un tanto desfasado en el tiempo pero hay dos elementos a tomar en cuenta. Por un lado, el gobierno dejó trascender la idea de reflotar la reforma laboral aunque dividida en varios proyectos de ley. Pero sobre todo, los médicos no olvidan que tanto gordos e independientes hicieron caso omiso a sus reclamos porque en sus obras sociales mantienen a los médicos sin registrar: “La gran mayoría de nuestros afiliados médicos trabaja en negro y la reforma laboral que se acordó, que si bien luego se desconoció, no revierte esa situación”, aseguró Maiorana. De allí es que la dirigente sostiene que encontró poca solidaridad en gordos e independientes ante este reclamo y es por eso que la AMRA, luego de un largo debate en las diferentes seccionales, se decidió la renuncia. Eso sí, en su crítica siempre despega a los triunviros Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña que, si se quiere, da cuenta de su cercanía con el moyanismo pero también de la alianza que se está regenerando en el marco del proceso de renovación de las autoridades de la CGT con los representantes del gastronómico, Luis Barrionuevo. La relación entre Moyano y Barrionuevo tiene vaivenes. En enero se distanciaron luego de que el gastronómico desistiera de ser parte de la movilización del 21F y parecía que los puentes se habían roto pero eso ya es historia.
Por otra parte, la renuncia de la AMRA no perjudica la representación de los gremios aliados a Camioneros porque quien reemplazará a Maiorana es otro hombre del Moyano, el secretario general del calzado, Agustín Amicone, hasta ahora vocal segundo quien además tiene la condición de ser parte de las 62 Organizaciones, una de las agrupaciones sindicales que hacia su interior se debate en una lucha interna entre moyanistas y los aliados del fallecido dirigente de Uatre y el macrismo, Gerónimo “Momo” Venegas.
Hay un dato más que está relacionado con de la CGT y es que Hugo Moyano desistió de irse de la central obrera como pregonaba su hijo. La semana pasada el gremio anunció que la renuncia se limitaba sólo a Pablo Moyano, que no será más el secretario Gremial de la CGT, y que su lugar lo ocupará el actual secretario de Política de Transporte del gremio, Omar Pérez, un hombre de confianza del veterano líder sindical. Diferente fue la actitud de la UOM que la renuncia a la Secretaría de Interior que ocupaba Francisco “Barba” Gutiérrez incluyó el retiro del gremio del Consejo Directivo mas no de la central obrera. A Gutiérrez lo reemplazó el vocal primero Luis Cejas del sindicato de viajantes de comercio y que responde justamente a Barrionuevo. Pero más allá de las diferentes actitudes tomadas por estos gremios, lo cierto es que en este tiempo de renovación tanto a camioneros, gastronómicos y metalúrgicos los une la idea de contar con una CGT más fuerte y crítica de las políticas del gobierno de Cambiemos.
El nivel de empleo en el sector manufacturero es el más bajo desde 2010
La industria de destruir trabajos
El Ministerio de Trabajo registró en febrero 16.800 puestos industriales menos que en el mismo mes del año pasado y una reducción de 2400 empleos con respecto a enero. Desde que Mauricio Macri asumió como presidente se destruyó el 5,5 por ciento del total de puestos de laborales en el sector.
Imagen: Sandra Cartasso
El empleo registrado en la industria alcanzó en febrero su nivel más bajo en siete años. El proceso destrucción de puestos de trabajo por goteo en las actividades manufactureras retrotrajo los niveles de ocupación sectorial a los observados a mediados de 2010. Las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo evidencian que en el segundo mes del año existieron 16.800 puestos industriales menos que en el mismo período del año pasado y una reducción de 2400 empleos frente a enero. La destrucción acumulada en las actividades fabriles asciende a 68.940 posiciones desde el recambio presidencial que representan el 5,5 por ciento del total en el sector.
Los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) evidencian, sin embargo, que la lenta pero sostenida caída del empleo industrial es compensada por la incorporación de asalariados en actividades vinculadas a los servicios donde existe mayor inestabilidad y salarios más bajos. Desde la llegada del gobierno de Cambiemos el número de asalariados registrados del sector privado anotó un aumento de 37.700 trabajadores. Comercio, reparaciones, servicios sociales y de salud, hotelería y restaurantes son las actividades que más empleo crearon a lo largo de los últimos veintiséis meses cubiertos por las estadísticas oficiales. Los datos publicados muestran un incremento mensual marginal de 1000 asalariados registrados del sector privado que en la comparación frente al mismo mes de 2017 mostró una mejora de 77.900 trabajadores.
En la balanza del empleo privado los datos muestran que la construcción logró recuperar el terreno perdido con la paralización de la obra pública y la recesión pero los niveles de ocupación sectoriales están en línea con los observados a finales de 2015. La construcción llegó a registrar la destrucción de 50.000 empleos en julio de 2016, el equivalente al 10,9 por ciento del total de los puestos registrados del sector. La reactivación le permitió recuperar los niveles de empleo y en febrero pasado se registraron 3500 posiciones más que al momento del recambio presidencial. Las cifras en el segundo mes de 2018 marcaron una mejora de 1400 puestos contra enero y un incremento de 38.200 posiciones frente al mismo período del año pasado.
Una familia necesita 17.867, 28 pesos para no caer en la pobeza
Cada vez es más caro no ser pobre
Imagen: Sandra Cartasso
Mientras la alianza gobernante defiende el tarifazo en el Congreso, el Indec dio a conocer las cifras de la Canasta Básica Total (CBT), que releva los ingresos que debe tener una familia tipo para cubrir los bienes y servicios sin caer en la pobreza. Según el informe, en marzo se necesitaron 17.867, 28 pesos para no ser pobre, un 26,8 por ciento más que en marzo de 2017. Mientras que las familias que lograron quedar por encima de la línea de indigencia, o sea, cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), necesitaron 5.644,62 pesos, enfrentando un incremento interanual del 22,3 por ciento.
En la CBT el Indec mide no solo los ingresos necesarios de una familia tipo para cubrir sus necesidades alimentarias —requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles— sino también servicios esenciales como la luz, el gas, el agua, el transporte y la salud. El tarifazo que se discute en el Congreso esta tarde afecta directamente a los primeros tres, pero el Gobierno también ordenó fuertes subas en el sistema de transporte, que continuarán en junio, y sucesivos aumentos en medicina prepaga.
En ese contexto, la CBT, que actúa como referencia para saber si una familia está por encima o por debajo de la línea de pobreza, trepó un 1,9 por ciento entre febrero y marzo, y un 26,8 por ciento en relación al mismo mes del año pasado. En el último mes del primer trimestre de 2017, la CBT era de 14.090,52 pesos, mientras que el mes pasado llegó a 17.867,28 pesos.
En cuanto a la CBA, mientras en marzo de 2017, una familia tipo, integrada por una pareja y dos hijos pequeños, necesitaba 4616,34 pesos, para no caer en la pobreza, en marzo de este año ese mismo grupo necesitó 5644,62, lo que representa un incremento anual del 22,3 por ciento. La variación con respecto a febrero fue del 1,5 por ciento.
Regalan pan para reclamar por el tarifazo y la baja del consumo
Panazo en el Congreso
Los panaderos de Buenos Aires convocaron a una protesta frente al Congreso donde regalarán cinco mil kilos de pan. Fila desde temprano para conseguir pan gratis.
Imagen: Bernardino Ávila
Mientras la oposición realiza un nuevo intento para ponerle un freno a los tarifazos desde dentro del Congreso, afuera, en la plaza, los panaderos de Buenos Aires regalan cinco mil kilos de pan a modo de protesta para denunciar la baja en las ventas y el aumento de los servicios públicos y las materias primas que usan para producir. “No soportamos más”, reclamaron los panaderos del Centro de Industriales Panaderos del Oeste (Cipod), una de las entidades que convocó a la protesta.
“Hay panaderías que tardan seis días para pagar la luz. A eso hay que sumarle el gas, el agua. Nosotros creemos que ya es un abuso indiscriminado para nuestro sector”, denunciaron también desde la entidad en la convocatoria a la protesta.
El llamado al “panazo” surgió tras un nuevo aumento del bolsón de harina registrado en los últimos días. Al mismo tiempo, los panaderos denunciaron que las ventas cayeron un 70 por ciento, por la baja del poder adquisitivo de los consumidores. “Aumentaron mucho los precios pero bajamos la producción”, remarcaron.
Desde el Cipod detallaron que la luz les aumentó un 1490 por ciento, el gas un 1297 y el agua casi mil por ciento más. Los panaderos explicaron también que la bolsa de harina de 50 kilos tuvo un incremento del 50 por ciento entre enero y abril, o sea, pasó de 250 pesos a 500 aproximadamente.
“Los impuestos, la luz, el gas, nos están matando. Yo trabajó desde los 12 años en la panadería, se la dejaba un 30 por ciento al sucursalero, pero no se puede vender un pan a la calle a 50 o 60 pesos”, contó un panadero que dio su testimonio a video que distribuyeron desde la entidad para convocar a la protesta. “Ya no se puede más, yo, lamentablemente, tuve que sacar gente y estoy trabajando con mi hija. A veces, tengo unas ganas de llorar. Una solicitud, una marcha, algo hay que hacer. Una solución hay que buscarle urgente porque nos vamos a fundir todos”, finalizó.
La Corte afirmó que no hay “relación laboral” entre un monotributista y su empresa
Fallo para el lado de la precarización
La Corte Suprema emitió un insólito fallo que podría dejar en una mayor situación de vulnerabilidad a los trabajadores precarizados. Resolvió que un monotributista que presta servicios para una empresa no necesariamente tiene un vínculo con ella y que esa relación tampoco guarda “los rasgos típicos de la relación laboral” entre quien presta su fuerza de trabajo y quien la remunera.
La medida del máximo tribunal fue tomada en el marco de una causa iniciada por un médico neurocirujano que denunció al Hospital Alemán y a su empresa de medicina prepaga por empleo no registrado. Hacía casi siete años que trabajaba para esas instituciones y como antes no había hecho ningún cuestionamiento, la Corte estableció que él había aceptado las condiciones de trabajo sin ninguna relación de dependencia en el medio.
Según el fallo firmado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, uno de los motivos por el cual esa prestación no guardaba “los rasgos” de una relación laboral era porque el denunciante “era monotributista y emitía facturas no correlativas” a las empresa de Salud. Es decir, por hacer lo mismo que hacen todos los trabajadores precarizados que no entregan facturas continuas por tener que presentar sus honorarios en las distintas empresas que trabajan.
Además, los tres jueces del máximo tribunal, que revocaron dos fallos de instancias anteriores que le habían dado la derecha al denunciante, cuestionaron al médico porque antes de su denuncia “no invocó ni probó que haya gozado de licencias o vacaciones pagas”, que son beneficios propios de la relación de dependencia. Para los ministros, ello probaría la falta de una relación laboral formal.
Y no solo eso. Para relativizar aún más el vínculo entre las empresas de salud y el médico, el fallo destaca que el profesional solo cobraba por los servicios prestados (…) en la realización de prácticas médicas”, siendo que, efectivamente, ese es el servicio que suelen prestar los profesionales de la salud que se dedican a ello.
El fallo está a tono con las críticas que el gobierno nacional le hace a la pregonada “industria del juicio”, y con las que el presidente Mauricio Macri y varios funcionarios de su Gabinete intentan desacreditar la legislación que garantiza la vigencia de los derechos laborales sancionados con fuerza de ley.
En este sentido, otro de los puntos del fallo de la Corte es su rechazo a un planteo admitido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que en una instancia anterior había interpretado que “el contrato de locación de servicios”, un eufemismo utilizado para los meros proveedores, “no existe más en ningún ámbito del derecho”.
La Corte, en cambio, mantuvo“la vigencia indiscutible de la figura de la locación de servicios” y por lo tanto consideró que esto no prueba la prestación de servicios por parte del médico denunciante ni deja claro que hay un vínculo laboral entre él y la institución denunciada.
Medios y comunicación
Tarifa(zo)s comunicacionales
Diego Rossi analiza los costos crecientes de los servicios de telefonía, Internet y servicios audiovisuales y deja en evidencia la existencia de otro tarifazo poco advertido y no siempre percibido por la ciudadanía.
Imagen: Bernardino Avila
Con mayor sigilo y gradualismo que la luz y el gas, el aumento de los costos de servicios de telefonía, Internet y contenidos audiovisuales viene consolidándose en la puja mensual por quedarse con una tajada creciente de los ingresos de los hogares argentinos.
Los tarifazos ocupan un destacado lugar en la agenda política porque el peso de las boletas de luz y gas sobre los ingresos laborales se multiplicó desde la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada. Según investigadores del Cifra-CTA “las tarifas se llevan el 14,5 por ciento del total de los salarios” (Tomás Lukin en PáginaI12, 20/4/2018).
Pero un porcentaje similar se sumaría en los sectores de menores ingresos en caso de querer acceder a una “canasta básica de consumos de información y comunicación” estimada actualmente en $2300 por abonos de TV por suscripción, pack fútbol, Internet y dos líneas de telefonía móvil por grupo familiar.
Las grandes empresas de televisión por cable y de telecomunicaciones, se han esforzado en evitar cualquier regulación tarifaria. Entre 2003 hasta 2015, las telefónicas –por persuasión– y Cablevisión –mediante amparos judiciales promovidos por propios o amigos– han neutralizado los intentos de determinar costos en sus cadenas de valor o de fijar precios máximos.
En tiempos recientes, el DNU 267/15 de Mauricio Macri derogó el criterio de abono social para la TV por cable o satelital, y podó las atribuciones que el Estado tenía para regular o auditar cuadros tarifarios de licenciatarios audiovisuales o TIC.
El “mercado” (o sea, las estimaciones de ganancias empresarias, cuyos balances no han sido perdidosos) determina cuánto pagamos mensualmente. Así, un promedio estimado del valor de abono básico de TV por suscripción para 2017 en Argentina ascendió a 33 dólares por mes mientras que la media para Latinoamérica ha sido de 22 dólares mensuales (Business Bureau, 2018).
Por otra parte, el manejo arbitrario de precios, promociones y combos ofertados por Fibertel-Cablevisión (ahora Telecom Argentina), incumple lo estipulado por la Ley Argentina Digital sobre precios y tarifas “justas y razonables” (art. 48). La misma empresa presenta variaciones al agregar 25 Megas de Internet al combo de TV de pago según la localidad de residencia del consumidor.
Para los habitantes de Santa Rosa y Toay (La Pampa) el valor ofertado en febrero de este año por agregar 25 Megas de Internet era de $72 más; para Posadas el valor ascendía a $354 más; para otras ciudades como San Francisco, Jesús María, Villa María, Río Cuarto o Neuquén era de $570 más, mientras que en Capital Federal, Rosario o Córdoba costaba $648 más.
Entre los anuncios oficiales del impacto de la inflación realizados en marzo, el INDEC anunció que “la variación interanual 2017 del componente “comunicación ha sido del 32,6%” mientras la inflación fue del 25,4% durante el mismo período.
Impactó fuerte en febrero de 2018 el aumento del 9,1% en “comunicación”, básicamente determinado por el aumento en el servicio de telefonía móvil. Las empresas se curaron en salud, previo a cualquier marco de desregulación en debate.
Tomemos la provincia de Córdoba para relacionar los ingresos promedio con las tarifas del prestador Cablevisión-Fibertel-Telecom (oligopólico por más del 80% en sus principales ciudades, según el Enacom).
- si una familia cordobesa integrada por un matrimonio y dos hijos en edad escolar que está al filo de la línea de pobreza tomara el “combo Cablevisión HD + Pack Futbol (“FTB”) + Internet 25 Megas” en Córdoba capital y Villa Carlos Paz- (con valor total $1917,41), hubiera gastado el 12,5% de sus ingresos.
- si a este “doble play” de TV de pago e Internet, le agregaran dos abonos mínimos o tarjetas de prepago de telefonía móvil (triple play sin telefonía fija), sin dudas se superaría el 15% de los ingresos mensuales de la Canasta Básica Total familiar.
Para los usuarios de menores recursos, ante estos impactos tarifarios debería restablecerse el “abono social” para la TV por cable y ampliarse el criterio de “tarifa social” a la provisión de servicios de acceso a Internet.
Negar el acceso a contenidos diversos, así como a la conectividad de Internet por vías indirectas de costes inasequibles supone una restricción al ejercicio de los derechos humanos, de acuerdo a la doctrina de las Naciones Unidas y diversas declaraciones de organismos multilaterales que nuestro Estado reconoce pero nuestro gobierno ignora.
* Docente e investigador Observatorio Dercom FSOC-UBA y Undav
Los números de Cambiemos: dos años consecutivos de caída salarial
De acuerdo al Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, mayor desempleo, aumento de la represión a la protesta social, y una significativa reducción de convenios colectivos homologados por el Ministerio de Trabajo son el saldo de 2017 en el mercado laboral.
Con respecto al primer punto, el informe refleja que la tasa de desempleo se ubicó a finales de 2017 en los niveles más bajos de los últimos dos años. Sin embargo, ello se dio a la par de un crecimiento persistente del trabajo no registrado y de un retroceso de la tasa de asalarización.
Los ocupados por cuenta propia crecieron un 5,6% anualy los asalariados en casas particulares, un 4,3%. Por su parte, los asalariados registrados del sector privado aumentaron un 1,3% y los del sector público un 1,3%, porcentajes que se encuentran más cercanos al crecimiento vegetativo de la población.
En diciembre de 2017 el salario real de los asalariados registrados del sector privado se ubicó un 1,6% por debajo de los niveles del mismo mes del año anterior, situación que replicó el comportamiento de 2016 cuando la caída salarial había sido del 4,3%. Por primera vez desde la crisis del 2001 se registraron dos años consecutivos de caída salarial en la comparación punta a punta.
En cuanto al segundo eje, el estudio sostiene que en el sector privado la cantidad de conflictos laborales se redujo un 12,9% en comparación con un año atrás, situación que se da allí donde el factor disciplinamiento se incrementa: el miedo a perder el puesto de trabajo disuade de iniciar cualquier reclamo. En 2017, tres de cada cuatro conflictos en este ámbito se originaron en un reclamo vinculado a despidos, suspensiones o deudas salariales.
En el sector público también se destaca el crecimiento de los conflictos vinculados a situaciones de crisis, que se encuentran en los mayores valores relativos desde que comenzamos a realizar este relevamiento en 2011.La respuesta estatal a este cambio en la dinámica de la conflictividad (menos conflictos en los lugares de trabajo, mayor presencia de acciones masivas en la vía pública) incluyó una intensificación de la represión de la protesta social. En particular, durante 2017 se duplicaron las detenciones de manifestantes en el marco de protestas colectivas en comparación con el año anterior.
El cuestionamiento a las instancias colectivas de resistencia a las políticas gubernamentales incluyó también un incremento de las acciones destinadas a deslegitimar o dificultar la acción sindical. Entre ellas se encuentran la intervención de sindicatos, el desconocimiento de sus procesos electorales y la detención y persecución de dirigentes.
Finalmente, el análisis también da cuenta de una reducción del 42% de convenios y acuerdos colectivos homologados por el Ministerio de Trabajo de la Nación en comparación al año anterior.
Se trata de la menor cantidad de negociaciones colectivas desde el año 2007, principalmente por un desaliento por parte del Ministerio de Trabajo y de los empleadores, favoreciendo una mayor unilateralidad, una resistencia por parte de las organizaciones a negociar en condiciones de mayor debilidad estructural e institucional, y aspectos administrativos en los procesos de homologación. En cualquier caso, la magnitud de la caída da cuenta de transformaciones que, de sostenerse en el tiempo, pueden implicar cambios muy significativos en el sistema de relaciones laborales.
En términos generales los acuerdos salariales se ubicaron por debajo de la inflación anual de 2017, situación que podría repetirse en 2018, ya que las negociaciones vienen cerrando en un 15% pese a que las expectativas inflacionarias relevadas por el Banco Central no bajan del 20% anual.
“Cabe interrogarse acerca de las razones que explican este cambio en la dinámica de la conflictividad laboral sectorial ante un escenario que se presenta manifiestamente contrario a las expectativas de los trabajadores, no ya de recuperar el salario real luego de dos años consecutivos de caída, sino de al menos pactar incrementos nominales que no se ubiquen por debajo de la inflación prevista para el año en curso”, sostiene el estudio.
Ilustración: Marcelo Spotti
