Resumen Latinoamericano / 18 de abril de 2018 / Sergio Martín-Carrillo, Celag
La operación en Brasil para enturbiar
los éxitos de los Gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT),
principalmente los de Lula Da Silva, continúa. Esta semana entró en
prisión el expresidente, que se encontraba liderando todas las encuestas
de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en octubre de
este año. La ofensiva contra el PT se ha encaminado por todos los
frentes de la acción política: medios de comunicación, presiones
internacionales, grandes grupos económicos, judicialización de la
política y hasta el ejército se ha sumado en estas últimas semanas. El
objetivo es claro: apartar del regreso al ejecutivo al partido que ha
ganado las últimas cuatro elecciones presidenciales. Las vías también:
primero golpe institucional (con la destitución de Dilma) y ahora
apartando de la contienda electoral a Lula.
Con el golpe consumado y Temer en el
ejercicio del poder, Brasil comenzó un tránsito acelerado hacia la
profundización del modelo neoliberal. La disputa económica es el
principal campo de batalla por el poder en Brasil. Durante los años de
Gobierno del PT, los distintos programas sociales como Brasil Sin Miseria, la Bolsa Familia o el programa Hambre Cero garantizaron
la salida de la extrema pobreza de 36 millones de brasileños. El PT no
planteó un cambio revolucionario en el modelo, sin embargo, supo
utilizar al Estado -a través del gasto y la inversión pública- como la
mejor arma para luchar contra la injusticia social.
A partir de 2014, con la economía
afectada por la crisis de los precios de las materias primas y el
Gobierno de Dilma cada vez más debilitado, el acercamiento a los
sectores de la derecha fue cada vez más evidente y su presencia en el
ejecutivo mayor. Desde ese año, el déficit fiscal fue incrementándose.
Una vez desalojada Dilma de la presidencia, el plan neoliberal podía ser
implementado sin impedimentos. La consolidación fiscal se acometió por
la vía rápida. Se disminuyeron el gasto y la inversión social. Se aprobó
un techo de gasto consolidando el ajuste fiscal más severo de la
historia reciente de Brasil e impidiendo que los sucesivos ejecutivos
durante los próximos veinte años -independientemente de la voluntad
expresada en las urnas- pudieran sobrepasar dicho límite.
Esta reforma consolida en la
Constitución el golpe de las élites económicas sobre las grandes
mayorías. Las políticas que habían permitido salir de la pobreza y la
extrema pobreza a millones de brasileños ahora estaban limitadas
constitucionalmente.
Por el lado de los ingresos fiscales
también ha intervenido el Gobierno de Temer. Esta intervención se ha
sustentado en la obtención de ingresos en el corto plazo a través de la
venta de empresas públicas, comprometiendo de esta forma las
posibilidades de generación de ingresos públicos futuros y sostenidos en
el tiempo. El mega plan privatizador, recogido en el Programa de
Alianzas de Inversión, tiene en su foco a 57 servicios públicos. Entre
los últimos pasos dados destacan la reciente venta de Electrobrás, el
acuerdo para la venta del 51 % de Embraer a la estadounidense Boeing y
la privatización de cuatro de los 18 aeropuertos puestos a subasta (el
resto se privatizará a finales de 2019). La agenda privatizadora
continuará con la subasta a finales de este año de la Casa de la Moneda y
los puertos de Belém, Vila do Conde, Paranaguá y Vitória. Todas estas
ventas permiten al Gobierno la obtención de ingresos públicos en el
corto plazo que sirven para maquillar las cuentas, pero, sin embargo,
comprometen la capacidad futura de generación de nuevos ingresos
públicos. Además, en muchos de los casos se trata de sectores
estratégicos, por lo que su privatización supone comprometer la
soberanía económica de Brasil.
Estas han sido las acciones del actual
Gobierno brasileño en favor de la necesaria consolidación fiscal. Sin
embargo – y a pesar de estas intervenciones, tanto por el lado del gasto
como de los ingresos- el déficit primario brasileño sigue siendo uno de
los más altos de la región suramericana, siendo (según los datos del
último Informe de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe
-CEPAL-) del 1,7 % del Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2017. En
cuanto a la deuda pública, Brasil está a la cabeza de todos los países
de América Latina alcanzando el 74 % sobre el PIB en diciembre de 2017,
mientras que la media de los países de América Latina se sitúo casi en
la mitad, el 38,4%.1
El ajuste recae sobre las grandes
mayorías pero crea a su vez grandes oportunidades de enriquecimiento a
las oligarquías propietarias del gran capital. Si antes Brasil era
admirado por los resultados en cuanto a la reducción de la pobreza,
ahora se sitúa al frente de los ranking de países creadores de
pobreza. Según los datos del Banco Mundial, los brasileños que viven por
debajo del umbral de la pobreza pasaron de ser 2,5 millones en 2016, a
3,6 millones a finales de 2017. La consolidación fiscal de la derecha
brasileña no sólo no consigue reducir el déficit fiscal y la deuda
pública, sino que acrecienta los déficit sociales y vuelve a expulsar a
la pobreza a millones de brasileños.
1CEPAL
(2018). Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe. Los desafíos de
las políticas públicas en el marco de la Agenda 2030.
