Resumen Latinoamericano / 22 de abril de 2018 / Colombia Plural
Decenas organizaciones de derechos humanos de Colombia, Estados Unidos y Europa han presentado un desolador informe al Gobierno en el que concluyen que el paramilitarismo, ese cuya existencia niega el Estado, goza de demasiada buena salud.
No parece que haya duda. Tras la supuesta desmovilización paramilitar en 2005, el paramilitarismo está fuerte y en plena expansión. Las organizaciones que hacen parte de la Mesa Nacional de Garantías (Coordinación Colombia-Europa-EEUUU, plataforma DESC); la subcomisión de DDHH de Cumbre Agraria, el Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, y 31 organizaciones regionales así se lo han hecho saber al Gobierno nacional y al país en un informe “Persistencia del paramilitarismo y falta de voluntad estatal para su judicializacion y desmantelamiento”.
Descargar el informe completo: Persistencia y Falta de Voluntad para Desmantelar Paramilitarismo
Las cifras son alarmantes. “De acuerdo al XIII Informe sobre Narco-paramilitarismo realizado por Indepaz, para el primer semestre de 2017 los grupos paramilitares tenían actividad en 274 municipios de 28 departamentos, mostrando una alta intensidad en 165 municipios de 23 departamentos”. Ese estudio pone en el primer lugar de la lista, por su expansión territorial, al “Clan del Golfo” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, con presencia en 22 departamentos y 211 municipios. Le sigue “Los Rastrojos”, con presencia en 27 municipios de 7 departamentos, y las “Águilas Negras”, con presencia en 24 municipios de 10 departamentos. Otros grupos como “Los Puntilleros”, “Cordillera”, “Los Pachenca” y “La Constru” también han aparecido como actores a nivel territorial a una escala menor. Es cartografia del Paramilitarismo 2.0 es especialmente grave en departamentos como Córdoba (con el 83% de los municipios afectados), Chocó (77%), Meta (62%), Antioquia (52%) o Risaralda (50%), siempre según Indepaz.
Este ‘nuevo’ paramilitarismo que suena tan viejo tiene unas características definidas según el informe: está integrado por personas que se desmovilizaron (mandos medios y combatientes rasos) o no desmovilizadas; ejerce control territorial; persigue a defensores/as de DDHH y liderazgos sociales; mantiene un lenguaje y unas prácticas contrainsurgentes; tiene relación con rentas ilícitas y control de mercados locales; controla de forma violenta mercados legales; tiene una profunda relación con poderes regionales (en el año 2016, por ejemplo, la Fundación Paz y Reconciliación denunció que por lo menos 40 congresistas, 14 gobernadores y 60 alcaldes de todo el país tendrían vínculos con estas organizaciones criminales), y se constata que hay colaboración con fuerzas armadas del Estado.
¿Política de Estado?
El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha definido reiteradamente que “en Colombia no hay paramilitarismo. Decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada”. Pero… cuál es la relación del Estado que los niega con estos grupos narcoparamilitares, como los están definiendo los estudiosos.
Según el informe, fechado este 18 de noviembre, “el paramilitarismo hace parte de una política de Estado, anclada en la doctrina de seguridad nacional, la cual establece entre sus estrategias de lucha contrainsurgente, la persecución al movimiento social, opositores, líderes y lideresas sociales, y defensores y defensoras de derechos humanos, a quienes se les denomina enemigo interno y se les equipara con la guerrilla, y con base en ese fundamento se le estigmatiza y agrede. Para la sociedad civil es preocupante que pese al Acuerdo de Paz, esta doctrina esté vigente y no haya sido modificada, máxime que ésta continúa justificando y naturalizando las agresiones contra el movimiento social y de derechos humanos”.
No ven los investigadores que haya un desmonte real de los instrumentos, manuales y mecanismos oficiales que fomentan la creación y el sostenimiento del paramilitarismo. De hecho, señalan que la ‘nueva’ doctrina militar, denominada Damasco y diseñada por los propios militares, no ha supuesto descartar esos manuales y procedimientos. De hecho, también alertan de que el Proyecto de ley 198 de 2018 que acaba de presentar el Gobierno para la sujeción a la justicia de los paramilitares no facilita su sometimiento, antes lo complica con nuevos tipos de delitos. Este proyecto no ofrece mecanismos claros para alcanzar la verdad a cambio de beneficios penales, y “más parece un proyecto para entrabar el sometimiento judicial de estos grupos y perpetuar la pseudo-confrontación que el Estado dice mantener con estas agrupaciones. Pareciera más reflejar el temor de que estos grupos efectivamente se desactivaran y pudieran aportar la verdad sobre quienes han sido sus financiadores, promotores y beneficiarios de sus acciones”.
Y eso es lo que creen los autores del informe que pasó con el supuesto proceso de Justicia y Paz. En aquella ocasión, “no todos los grupos paramilitares se desmovilizaron; (…) los efectos de las desmovilizaciones no fueron efectivos debido a que la desmovilización no fue simultánea. (…) muchos mandos medios no se acogieron al acuerdo y siguieron funcionando[1], y por último, los financiadores y terceros beneficiados por el paramilitarismo no fueron efectivamente investigados y sus estructuras se mantuvieron intactas en las regiones tras la desmovilización, y siguen sin rendir cuentas, aunque la legislación reciente para superar las atrocidades del conflicto les da la opción de hacerlo de manera ‘voluntaria’, ya que la justicia ordinaria no lo ha hecho y nada indica que lo hará”[2].
Tal y como se explica, paramilitarismo e impunidad parecen ir de la mano. Según la Evaluación de la Contraloría General de la República al proceso de la Ley de Justicia y Paz hasta la fecha en el proceso de Justicia y Paz solo se han fallado 47 sentencias en las que se condenaron 195 postulados, tan sólo un 8,2% de los aspirantes a los beneficios de la legislación de Justicia y Paz. Demás, denuncian las organizaciones, “la Fiscalía General de la Nación sigue sin investigar las confesiones de los postulados en la jurisdicción especial de Justicia y Paz que evidenciaron la alianza y la participación de más de 120 empresas con las estructuras paramilitares, entre las que se encuentran: Drummond, Chiquita Brands, Postobón, Ecopetrol, Termotasajero, la Federación Nacional de Ganaderos y comerciantes, bananeros y ganaderos de Urabá, que fueron señaladas de financiar sus crímenes y ayudar a la expansión del proyecto”.
Expansión actual
El informe señala la gravedad del momento actual, en el que los grupos paramilitares no han dejado de expandirse y, más bien, han aprovechado los vacíos territoriales dejados por las FARC, en el marco del cumplimiento del acuerdo de La Habana. “La presencia paramilitar no ha dejado de expandirse. Estos grupos, como se evidencia la expansión y control de las AGC (Clan del Golfo), desde Sucre, Córdoba y Antioquia y toda la región Pacífica desde el Chocó hasta Tumaco, siguen expandiéndose con la anuencia de la Fuerza Pública, en tanto que el anuncio Pacto Político Nacional consignado en el Acuerdo Final de La Habana para sacar la violencia de la Política no volvió siquiera a ser mencionado por el Estado Colombiano. Esta falta de voluntad para desmontar y judicializar el fenómeno paramilitar parece obedecer a una lógica según el paramilitarismo sigue siendo útil y no habría llegado aún el momento de desmontarlo”.
Ante esta inacción oficial, los firmantes del informe apuntan 12 recomendaciones, entre las que están: que el Estado colombiano consolide su presencia integral y efectiva en las zonas rurales; que se prioricen los cambios estructurales en las zonas rurales, particularmente en aquellas más afectadas por el conflicto, y a empoderar a la administración local y la justicia; que el gobierno ponga en marcha de manera inmediata y efectiva los programas y mecanismos contenidos en el Acuerdo Final para el desmantelamiento de las estructuras paramilitares; corregir los aspectos del sistema integral de justicia transicional que no se ajustan a las normas internacionales; que la Fiscalía General de la Nación acele las investigaciones contra terceros financiadores del paramilitarismo, miembros de la Fuerza Pública favorecedores del paramilitarismo y funcionarios públicos, no armados que actuaron con colaboración o encubrimiento de estos grupo, o que se depure a los miembros de las fuerzas armadas vinculados con hechos de paramilitarismo y graves violaciones a los derechos humanos y someter a debate público la discusión de la doctrina de seguridad nacional y la transformación de la fuerza pública.
[1] MASSE, Frederic (2011). ¿Bandas criminales o neoparamilitares?, en Foreign Affairs Latinoamerica, Volumen 11 numero 2.
[2] EL Tiempo (2015). Justicia Investiga a 12.000 empresarios que financiaron paramilitares. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15721824
