Posted: 25 Apr 2018 01:00 PM PDT
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| De izquierda a derecha los congresistas Mario Diaz-Balart, Carlos Curbelo, Ileana Ros-Lehtinen y el alcalde de Miami Francis Suárez. |
Los congresistas republicanos Ileana Ros-Lehtinen, Carlos Curbelo y Mario Díaz-Balart anunciaron la presentación del proyecto de Ley Nica, que frenará cualquier financiamiento de EE.UU. a Nicaragua, so pretexto de que el Gobierno nicaragüense ha violado los derechos humanos. “Espero que el Senado apruebe pronto la Ley Nica, que establece que Estados Unidos no otorgará ninguna ayuda económica ni financiera a Nicaragua hasta que se produzcan reformas y elecciones democráticas, y se respeten los derechos humanos”, informó el lunes la legisladora Ros-Lehtinen, por el estado estadounidense de Florida (sureste).
La congresista detalló que las manifestaciones registradas en la nación centroamericana no están relacionadas con la reforma del Sistema de Seguridad Social propuesta por el Gobierno de Nicaragua, la cual fue revocada el domingo por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
Por su parte, Curbelo señaló que “Ortega es un dictador que ha erosionado todas las instituciones democráticas y ha convertido al país en 'su hacienda personal'”, algo que, en su opinión, no se puede tolerar.
En este contexto, Díaz-Balart también afirmó que no se puede vivir en un hemisferio donde se permite, con “impunidad, que se censure a la prensa”, así como tampoco el “asesinato del pueblo en las calles”, razones por las cuales EE.UU. seguirá presionando al Gobierno de Ortega económica y diplomáticamente.
Espero que el Senado apruebe pronto la Ley Nica, que establece que Estados Unidos no otorgará ninguna ayuda económica ni financiera a Nicaragua hasta que se produzcan reformas y elecciones democráticas, y se respeten los derechos humanos”, informó la legisladora republicana por el estado estadounidense de Florida (sureste) Ileana Ros-Lehtinen.
La reforma impuesta el miércoles pasado por decreto gubernamental reducía las pensiones en un 5 % y aumentaba las contribuciones de empresas y trabajadores para rescatar al Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS). El Gobierno nicaragüense pretendía recaudar así 250 millones de dólares (203 millones de euros).
Dicha reforma ha desencadenado una oleada de protestas, repudiadas por sectores mediáticos del país, que sumieron a Nicaragua en el caos, con violentos choques entre manifestantes y policías, incidentes que se han saldado, hasta la fecha, con 20 personas muertas, entre ellas un agente del orden público, además de con saqueos a negocios y destrucción de edificios públicos.Ortega denunció el sábado que detrás de las protestas había una conspiración impulsada por grupos opositores del país, financiados por Estados Unidos y el narcotráfico; sin embargo, aceptó dialogar con los empresarios privados sobre el polémico tema de la reforma.
hispantv
