Resumen Latinoamericano / 26 de abril de 2018 / Misión Verdad
Una danza de dólares gira en torno a la injerencia de las agencias estadounidenses que desde 2002 financian al antichavismo venezolano y regional. Muchas son las preguntas que surgen respecto del destino de estas inmensas cantidades de dinero y la legalidad de esos fondos, pues ha sido una política sostenida que en 2017, año del último intento de revolución de colores, no decepcionó a sus receptores.
¿Qué son la USAID y la NED?
Como herramientas para ejercer el poder blando desde hace varios años, Estados Unidos cuenta con agencias gubernamentales como la USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU), que depende directamente del Departamento de Estado y es el ariete de sus proyectos de intervención no convencional en Latinoamérica desde 1961.
Para 2013 la USAID había distribuido más de 200 mil millones de dólares en “ayudas” militares y económicas a los países donde EEUU ejerce dominio en protección de sus intereses. Para ello “ayuda” de diversas maneras como préstamos para el desarrollo, asistencia técnica, fondos para emergencias y, sobre todo, apoyo militar y político con énfasis en estrategias de espionaje, desestabilización e intervención armada y/o político-financiera.
Por otra parte, a partir de la Guerra Fría, el Congreso estadounidense mediante una propuesta de Ronald Reagan creó la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) para prestar ayuda a los disidentes de la Unión Soviética y sus zonas de influencia. Desde 1983 subvenciona estructuras que se encargan de redistribuir en el exterior el dinero del que disponen entre asociaciones, sindicatos obreros y patronales, así como partidos de derecha y de izquierda.
Es así como el Congreso estadounidense puede financiar directa o indirectamente la intervención en cualquier país del mundo. Al ser “no gubernamentales”, las ONG pueden desarrollar agendas políticas que las embajadas no pueden asumir sin violar la soberanía de los Estados anfitriones.
Largo prontuario en Venezuela y el mundo
La USAID opera en el África subsahariana, Asia, América Latina y el Caribe, Europa, Eurasia y Oriente. Decide, financia, dirige y controla planes, programas y proyectos vinculados con el desarrollo de la agricultura, la democracia y la gobernabilidad, el crecimiento económico y el comercio, la educación y las universidades, el medio ambiente y las alianzas mundiales para preservar el nuevo orden mundial capitalista con el pretexto de la “asistencia humanitaria”. Sin embargo su actuación determina a fondo la vida política de los países latinoamericanos donde interviene. Dos casos:
- En Haití: la USAID organizó, orientó y financió varias de las organizaciones políticas haitianas que provocaron el secuestro y golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide en 2004. El senador demócrata Christopher Dodd señaló que la USAID había destinado 1.2 millones de dólares para entrenar a los rebeldes de Haití, para más de 20 mil fusiles M-16 y equipos militares de alta tecnología suministrados por el ejército de la vecina República Dominicana.
- En Honduras y Nicaragua: la USAID y varias ONGs de Europa apoyaron la persecución contra los maestros hondureños, gremio que fue uno de los más combativos en la resistencia al golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Varios de sus miembros fueron asesinados. Igual en Nicaragua, donde el sello y el financiamiento de la USAID se hizo visible por promover a las principales ONG y partidos de oposición que organizaron las protestas violentas contra el gobierno de Daniel Ortega.
Algunos datos de la NED:
- La rama empresarial de la NED es el Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE, por sus siglas en inglés) que agrupa a Transparencia Internacional. Su corresponsal a comienzos del siglo XXI era Pedro Carmona Estanga.
- Su rama sindical, el Centro Americano para la Solidaridad de los Trabajadores (ACILS, por sus siglas en inglés), participó activamente con la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en el golpe de Estado perpetrado en Venezuela contra el presidente Hugo Chávez en 2002.
Desde 2002 la presencia de la USAID en Venezuela ha sido para promover y asegurar la salida del chavismo del poder, para lo cual ha financiado partidos y organizaciones políticas y medios de comunicación en Venezuela, potenciando su estructura e influencia y enriqueciendo a sus dirigentes con dólares, asesoría estratégica y recursos para sus actividades políticas y no políticas.
Sin acuerdo ni autorización alguna del gobierno de Venezuela para estar en el país, ha financiado y ayudado a diseñar cada campaña electoral del antichavismo, atizando el conflicto político y violando los más básicos principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos.
Ya entre 2002 y 2003 funcionarios del gobierno estadounidense financiaban a partidos y medios antichavistas con la expectativa de que estos últimos debían ser reforzados mientras ONG como Súmate, Ciudadanía Activa, Voto Joven, Sinergia, Cedice, Radar de los Barrios, Espacio Público y otros fueron conformadas a la luz de este financiamiento.
La danza de dólares en Venezuela en 2017
Según cifras de la misma USAID, el año de mayor desembolso al antichavismo fue 2008 (10 millones de dólares de los 14 que se comprometieron) mientras que en 2011 hubo menos aportes (1,8 millones de dólares).
En 2017 el financiamiento fue de 5 millones de dólares, 3,9 de ellos destinados al sector “Gobernanza y sociedad civil”. El organismo que más recibió de dicho desembolso fue la Fundación Panamericana de Desarrollo (PADF, siglas en inglés) con 1,6 millones de dólares. Este organismo pertenece a la OEA y está co-financiado por corporaciones como Chevron y Merck, 950 mil dólares fueron destinados por PADF al programa “Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Proyecto de Participación de Venezuela” enfocado en aumentar la “capacidad” de las organizaciones de la sociedad civil que participaron activamente en el ciclo de violencia callejera y armada del año pasado, y 750 mil a “Actividad de Derechos Humanos en Venezuela”.
Le sigue Freedom House con 1,1 millones de dólares destinados a programas llamados “Análisis Constitucional” y “Actividad de Derechos Humanos en Venezuela”. También el Instituto Republicano Internacional (IRI) con un programa llamado “Ayuda al suministro independiente de noticias” que pretende “adaptar el contenido de noticias independientes a los formatos y estilos que prefieran los venezolanos de bajos ingresos, y apoyará los canales de distribución de información que sean accesibles al público objetivo”.
La NED, por su parte, ha destinado 415 mil de los 2,6 millones de dólares asignados para intervenir en Venezuela en 2017 a “Comunicaciones Estratégicas Cohesivas”. Se trata de que “A través de los medios de comunicación no tradicionales, los ciudadanos venezolanos y los miembros de la comunidad internacional reciban mensajes coherentes y coordinados que les informen con precisión sobre la situación en Venezuela”. También ha destinado 200 mil dólares a “Construcción de Capacidad Estratégica para Actores Democráticos Locales” para la formación de líderes políticos y otro tanto a “Derechos Humanos”.
A diferencia del financiamiento de la NED en Nicaragua, con respecto a Venezuela los nombres de las ONG están camuflados. Los nombres con los que justifican el financiamiento, sin embargo, es exacto a los objetivos de muchas de las “organizaciones de la sociedad civil” consolidadas en Venezuela, y que durante el año pasado fueron vanguardia de la insurrección opositora. Es lógico que se trate de entes como Foro Penal, Espacio Público u Observatorio Venezolano de la Violencia, que rinden cuentas del financiamiento sirviendo de base narrativa y estadística para las vocerías extranjeras que actúan contra Venezuela.
Tejiendo el escenario de la intervención con dólares
Es posible que los fondos de PADF hayan sido administrados por Luis Almagro, quien activamente promovió el golpe y la intervención en Venezuela en colaboración con actores políticos como Julio Borges (Primero Justicia), Freddy Guevara (Voluntad Popular) y ONG como Foro Penal, Observatorio Venezolano de la Violencia, Espacio Público, entre otras, que se mantuvieron activas defendiendo a los “manifestantes” detenidos por las autoridades al atentar contra instalaciones públicas y construyendo el expendiente de la “crisis humanitaria”. Los resultados del dinero invertido durante todo 2017.
Cabe destacar que el mencionado suministro de noticias con el que la NED justifica su financiamiento a la oposición se centra en los numerosos medios digitales que se han diseminado ampliamente en las redes sociales; antes que independientes, mantienen un sesgo antichavista y cooperan en la difusión de campañas de rumores para infundir terror en la población.
Tanto la mascarada de los medios independientes como la narrativa de “crisis humanitaria” y de defensa de los derechos humanos se conectan en la creación del expediente que justifique una “intervención humanitaria”, promovida por opositores locales casados con la agenda del senador Marco Rubio.
No por casualidad el administrador de la USAID resaltó la reunión entre dirigentes opositores y el vicepresidente Mike Pence, poniendo en relieve que el financiamiento entregado en 2018 va según el plan de crear las condiciones de una “intervención humanitaria”.
Surge la pregunta respecto del destino y transparencia en el manejo de estos fondos dentro y fuera del territorio nacional, cabe preguntarse si son declarados al fisco y, de no ser así, cuáles son las eventuales violaciones a la legislación venezolana. Un cálculo somero de lo desembolsado por la USAID al antichavismo, a la tasa de dólar impuesto por la clase empresarial, supera los 3 billones de bolívares, mientras que la NED ha desembolsado algo más de 1,6 billones de bolívares. Este dinero se destinó a agrupaciones que no funcionan en el país, sin embargo no son nombrados los actores venezolanos beneficiarios del financiamiento.
En lo que va de año (2018) han sido desembolsados 1,6 millones de dólares por la USAID a los mismos organismos, poco más de la mitad de ellos se han destinados a programas como “Procesos electorales transparentes” (Instituto Nacional Demócrata o NDI) y “Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Proyecto de Participación de Venezuela” (PADF), aun cuando el antichavismo se ha negado a acudir a las elecciones presidenciales del próximo 22 de mayo y varios de sus partidos han perdido su legalidad por no contar con los requisitos necesarios para continuar existiendo.
Siguen las preguntas respecto del objetivo de dicho financiamiento, tras las derrotas electorales en 2017 y la escasez de logros políticos, el balance es elocuente para financiados y financistas.
Es probable que con esa cantidad de dinero entregado estén buscando estimular, nuevamente, una agenda insurrecional para perturbar los próximos comicios y generar las condiciones para que Washington avance en su campaña de cerco financiero contra Venezuela.
