Resumen Latinoamericano*, 8 de abril 2018.
Por João Filho
En la víspera del juicio del habeas corpus de Lula, el jefe de las Fuerzas Armadas usó el Twitter para colocar el cuchillo en el cuello de los ministros del STF. El recado fue claro: o los jueces pavimentaban el camino hacia la prisión de Lula o el hombre que está sentado sobre el arsenal bélico de la nación tomaría alguna actitud. La intimidacióna la democracia fue aplaudida públicamente por políticos, generales y hasta por el juez Marcelo Bretas. El perfil del TRF-4 en Twitter, el tribunal de segunda instancia que condenó a Lula sin pruebas, también curtió el tweet que contenía la amenaza golpista del comandante del Ejército.
Barroso declaró que el tribunal estaba dentro de la “hoguera de las pasiones políticas” y que era necesario interpretar la Constitución en “sintonía con el sentimiento social”, lo que es una aberración desde cualquier punto de vista. Al día siguiente, el movimiento político Vem Pra Rua, convocó una manifestación en Porto Alegre en la que se puso fuego en 11 muñecos que representaban a los ministros del Supremo. Estaban allí, literalmente, las “hogueras de las pasiones políticas” representando el “sentimiento social” con el que Barroso está en sintonía.
Es innegable que todos estos actores están políticamente alineados y actuando en conjunto con el objetivo de sacar a Lula de las elecciones en las que aparece como favorito. El comandante de las FA está vigilante e intimidando cualquier posibilidad de traición interna en la colusión. Todo eso sería un escándalo en cualquier democracia seria del mundo, lo que no es nuestro caso, ya que tenemos una justicia que está remolcada de un “sentimiento social” y no de la letra fría de la Constitución.
Para los brasileños que creen ser el PT el gran enemigo de la nación, la prisión de Lula fue uno de los orgasmos múltiples y colectivos que ellos han alcanzado en los últimos años. El antipetismo, ese “sentimiento social” que regula las decisiones de Barroso, se ha convertido en una patología y no representa sólo una ojeriza sólo al partido, sino a todos los partidos de izquierda y cualquier pensamiento proveniente de este espectro político.
Esta revuelta contra lo que dicen ser “impunidad” es mentirosa y no resiste a los hechos. La indignación no está calcada en principios morales, sino ideológicos. MBL, Vem Pra Rua y congéneres que organizan el antipetismo jamás golpearon una canica en el balcón contra la impunidad de Fernando Capez (PSDB) o de Eduardo Azeredo (PSDB) y de otros del grupo político a los que están alineados ideológicamente. También no vimos al comandante del Ejército usar sus redes sociales para reclamar de la impunidad de algún tucán. La hipocresía de los moralistas no es una novedad.
Lárcia Lúcia hizo lo que estuvo a su alcance para negar el hábeas corpus de Lula, así como lo hizo cuando ayudó a impedir que Aécio Neves fuese preso – todo de acuerdo con el “sentimiento social”, que aplaudió la decisión contra Lula.
El día posterior, el presidente del TRF-4 conversó con Radio Band News y afirmó que la prisión sólo sería “posible a partir del agotamiento de los recursos del segundo grado” y que los abogados de Lula tendrían hasta el próximo martes (10/04) para presentar nuevo embargo al TRF-4. “Estos embargos deberán ser examinados por el tribunal. Después del juicio de estos embargos, el relator del proceso, ahí sí, está autorizado a comunicar al juez Moro para eventual cumplimiento de la decisión.
Horas después, al enterarse de que el ministro Marco Aurelio Mello podría conceder liminar solicitada por los abogados de Lula, la prisión fue decretada. Es decir, el tribunal hizo exactamente lo contrario de lo que su presidente había declarado horas antes y autorizó a Moro a decretar la prisión sin juzgar los nuevos embargos. El juez, con una sede de Torquemada, emitió el despacho con la orden de arresto en apenas 22 minutos, un nuevo récord para un proceso acostumbrado a batir récords de ligereza. Un documento obtenido por EL PAÍS reveló que partió del Ministerio Público Federal la presión por el aceleramiento de la ejecución a la iniciativa de presionar por la rápida ejecución de la condena. Mauricio Gotardo Gerum, procurador de la República, firmó un documento que pedía al TRF-4 para que liberara inmediatamente la prisión y así “estanca la sensación de omnipotencia” de Lula, que no estaría sometiéndose a las decisiones judiciales. Un verdadero escarnio.
Las otras ocho determinaciones de arresto de reos de la Lava Jato de Paraná, por ejemplo, llevaron entre 18 y 30 meses para ser expedidas. La de Lula sólo llevó 9. ¿Por qué tanta ansiedad justamente en ese proceso? ¿Por qué no esperar el agotamiento de los recursos jurídicos sin atropellar la ley? Es una prisa que no se justifica jurídicamente, sólo políticamente. Un levantamiento de Zero Hora no deja ninguna duda de que todo lleva la mitad del tiempo cuando el proceso involucra el nombre del ex presidente:
Del juicio en primera instancia hasta apelación
Promedio: 96 días
Proceso de Lula: 42 días
Tiempo hasta la conclusión del voto del ponente
Promedio: 275,9 días
Proceso de Lula: 100 días
Tiempo entre revisión y juicio
Promedio: 105 días
Proceso de Lula: 54 días
Parece que la justicia de la República de Curitiba no es ciega. Es caña, sólo ve con el ojo derecho y camina con una agenda electoral debajo del brazo. Pero ese es sólo uno más de una cadena de acontecimientos construidos durante todo el proceso para perjudicar a Lula, no quedando dudas de que estamos ante una cacería política.
En el caso de los líderes mesiánicos de una cruzada moral, Sergio Moro y la clase que trata a la prisión de Lula como trofeo se convirtieron simultáneamente héroes y rehenes de un antipetismo delirante – aquel que llegó un día a gravar ese mismo STF de “bolivariano”. El recado está dado: Lula será arrestado antes de las elecciones, cueste lo que cueste y nada, ni siquiera la Constitución, interrumpirá esa misión divina del bien contra el mal. La crisis institucional se intensifica a medida que nos acercamos a las elecciones.
La crisis institucional se intensifica a medida que nos acercamos a las elecciones. Treinta y tres años después de la redemocratización, aun teniendo en cuenta significativos avances democráticos conquistados en ese período, el marco institucional actual es sombrío y la democracia sigue fragilizada. De los 4 últimos presidentes electos, 2 sufrieron impeachment y 1 está a punto de ser arrestado. FHC, cuya posibilidad de reelección fue comprada de manera escandalosa en un esquema sumamente comprobado, es el único que pasó ileso y hoy disfruta de la jubilación y aún es incensado por los grandes medios como gran analista de la vida brasileña. Lula, que salió con un 89% de popularidad tras ocho años de mandato y hoy se presenta como el candidato favorito de los brasileños para la próxima elección, está en camino de la cárcel por una condena mucho más basada en convicciones que en pruebas. Incluso porque una prisión política no carece de pruebas. Basta un cierto “sentimiento social”.
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