Posted: 20 Apr 2018 01:30 PM PDT
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| El presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores, 20 de febrero de 2018. |
El Gobierno de Venezuela ha entregado este jueves una nota de protesta al encargado de negocios colombiano en Caracas por permitir a los algunos magistrados opositores la celebración de una sesión en Colombia contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. En un comunicado, la Cancillería venezolana ha informado que la nota de protesta fue entregada a la misión colombiana “por los hechos acaecidos en la sede del Congreso del país vecino, el pasado 3 de abril”.
En esa fecha, la exfiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz entregó a los magistrados del llamado Tribunal Supremo en el exilio, nombrados por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, de mayoría opositora, y no reconocidos por el Gobierno, pruebas para que esta corte abriera un juicio a Maduro por su presunta participación en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
En este sentido, el Gobierno venezolano ha denunciado que los magistrados de dicha corte son, en realidad, un grupo “de abogados usurpadores de funciones” que realiza una “simulación de actos públicos que son de la exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela”.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, calificó el martes de “inadmisible en el derecho internacional público” que Colombia “preste un territorio, un salón oficial de una institución del Estado colombiano para atentar contra la democracia venezolana”.
El titular del Ministerio Público venezolano también señaló a su antecesora en el cargo, Ortega Díaz, como “una delincuente de altísima peligrosidad para el país” contra la que dijo tener “un cúmulo de pruebas”.
Saab, asimismo, tachó de ilegal la decisión de los parlamentarios de oposición de aprobar el proceso de “antejuicio de mérito” contra Maduro y descartó que esta medida tuviese eficacia jurídica.
Las acusaciones contra Maduro se iniciaron en agosto de 2017, cuando la ex fiscal general Ortega Díaz presentó documentos los cuales constatan que la campaña de Maduro en 2013 fue financiada con dinero de la constructora Odebrecht, por lo que exigió que el mandatario fuese juzgado por delitos de “corrupción propia y legitimación de capitales”.
Por su parte, Caracas considera que las pruebas de Ortega carecen de validez y la acusa de ‘propiciar la extorsión’ y usar la justicia con fines políticos.
