El
expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva cumple este lunes su
primer mes de cárcel como preso político en una celda de aislamiento
habilitada en la sede de la Policía Federal (PF), en Curitiba.
Lula
fue trasladado al recinto policial de la capital paranaense el 7 de
abril último desde la sede del Sindicato de los Metalúrgicos en el ABC
paulista, donde permaneció durante casi 48 horas resguardado por miles
de manifestantes que incluso frustraron su primera tentativa de ponerse
en manos de la justicia.
Dos
días antes, el juez federal Sergio Moro ordenó sorpresivamente, y sin
agotarse siquiera los recursos de apelación en segunda instancia, su
encarcelamiento para comenzar a cumplir una pena de 12 años y un mes
decretada en enero de este año por el Tribunal Regional Federal de la
Cuarta Región (TRF-4), de Porto Alegre.
La
condena, insisten los abogados de la defensa del ex dignatario, no es
solo injusta, sino también resultante de un proceso judicial marcado
desde su inicio por 'groseras nulidades' y en el transcurso del cual no
se mostró una sola prueba de la presunta culpabilidad de Lula, acusado
de corrupción pasiva y lavado de dinero.
Acompañado
desde el momento de su encierro por centenares de militantes e
integrantes de movimientos sociales y populares que llevan adelante la
vigilia Lula Libre, en su primera manifestación pública, el 16 de abril,
el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) afirmó que 'como todo
inocente estoy tranquilo, pero indignado'.
En
su mensaje a los participantes de la acción solidaria y de respaldo,
Lula manifestó además que continuaba desafiando a (la operación
anticorrupción) Lava Jato, al Ministerio Público, al juez Sergio Moro y
al tribunal de segunda instancia (TRF-4) a probar los delitos que se le
imputan.
Dos días después, en un segundo comunicado, sostuvo que 'por ustedes valió la pena nacer y por ustedes valdrá la pena morir'.
En
una resolución aprobada en la propia ciudad de Curitiba, la dirección
nacional del PT reafirmó que Luiz Inácio Lula da Silva continúa siendo
su aspirante a la Presidencia de la República y que registrará su
candidatura el próximo 15 de agosto.
La
prisión inconstitucional de Lula, su condena sin pruebas por jueces
parciales, y la negativa de la quinta sala del Superior Tribunal de
Justicia y de la mayoría del Supremo Tribunal Federal de asegurarle el
derecho de recurrir en libertad constituyen la mayor violencia contra un
líder nacional desde la redemocratización, sostuvo el PT.
Durante
su primer mes de encierro, el exmandatario fue privado por la jueza
federal de Paraná Carolina Lebbos de recibir al Premio Nobel de la Paz
Adolfo Pérez Esquivel y al teólogo Leonardo Boff, quienes solicitaron
hacerle una visita de carácter humanitario y de asistencia religiosa.
Lebbos
negó otras 25 solicitudes para visitar a Lula, incluida la presentada
por la depuesta presidenta constitucional Dilma Rousseff, y también
prohibió a una comisión externa de la Cámara de Diputados inspeccionar
las condiciones en que cumple condena el exdignatario, en franca
violación de la Constitución de la República. (Pensando Américas-Prensa
Latina)