Resumen Latinoamericano*, 9 de mayo 2018.
El primer caso tuvo lugar el día viernes cuando diez hombres se bajaron de un camión y atacaron a disparos a los campesinos y las campesinas del predio Las Palmeras, Parroquia Páez, Municipio Pedraza, estado Barinas. El segundo fue el pasado martes, cuando un grupo de quince hombres llegaron a caballo y camioneta, y dispararon contra los(as) campesinos(as) del predio La Escondida, Parroquia Manuel Palacio Fajardo, Municipio Rojas.
Dos casos similares en pocos días, en tierras rescatadas. En el primer caso, los campesinos y campesinas están produciendo y tienen el documento de titularidad entregado por el Instituto Nacional de Tierras (Inti). En el segundo caso, se trata de una tierra rescatada por el Inti desde el 2010, luego cedida en comodato al Complejo Azucarero Ezequiel Zamora para que las pusiera a producir, pero que, denuncian los campesinos, las terciarizó a un terrateniente, Ricardo Mora, quien contrató a los quince hombres armados y fue parte del ataque a bordo de su Hilux.
En ambos casos los campesinos y las campesinas están bajo amenaza de muerte, sin poder entrar o salir del predio, ni hacer ingresar las semillas necesarias para la próxima siembra. Se trata de un modus operandi similar, conocido en las luchas campesinas, que trae a la memoria inmediata los casos de terratenientes que contrataron sicarios, dando lugar a más de 300 campesinos asesinados. No podemos permitir que vuelva esa escalada, debemos frenarla cuanto antes.
El caso de Las Palmeras, es ejemplo muy claro de las contradicciones con el tema campesino: mientras el Inti otorga la titularidad a los campesinos, el juez 3ro agrario de Barinas, Orlando Contreras, se presentó junto al terrateniente Jesús Gómez afirmando que no reconocía los papeles del Inti. Dos años atrás ese mismo juez había ordenado al Cicpc llevarse detenidos a los campesinos, robándoles motobomba, fumigadora, animales, y hace tres meses, se habían llevado detenido a ocho campesinos por ese mismo rescate, y actualmente están con medida de presentación cada 30 días.
También en el caso de La Escondida los ataques vienen de antes. En octubre del año pasado les habían destruido siembras de plátano, maíz, frijoles.
Esta situación demanda una rapidez de respuestas. El Inti debe entregar la titularidad en La Escondida a las 108 familias, como se comprometió el mes pasado. En el caso de Las Palmeras falta entregar los papeles para veinticinco familias más. En cuanto a los cuerpos de seguridad, deben resguardar la seguridad de los campesinos, y no prestarse a complicidades que cuestan desalojos, cárceles y muertes. En cuanto al poder judicial debe ser revisado desde dentro, son varios los casos donde los jueces atentan contra el campesinado.
Estamos en un momento de disputa en el tema agrícola. Han sido muchos los desalojos en del 2017 hasta la fecha, también han sido muchas las resistencias para que no sucedan, y en estas últimas semanas se han visto algunos avances, como en los casos de Gavilán La Chaqueta, y Otoño La Primavera, en el caso de Barinas, y en La Fortuna, en Mérida. El presidente Nicolás Maduro ha sido claro, no deben permitirse desalojos. Pero sabemos que el poder es más complejo que una orden, actúa de diferentes maneras, y los terratenientes, la oligarquía, está dispuesta a todos los mecanismos para no ceder tierras y recuperar las pérdidas. Frenemos la arremetida de violencia que intenta escalar. Sigamos por el camino de la democratización de las tierras y la producción.
