“Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se convirtieron en veneno”.
Eduardo Galeano. Las venas abiertas de América Latina.
A. La construcción reciente del capitalismo español.
A.1.- Chorreando sangre y lodo.
Una nueva sucesión de golpes de Estado2, más o menos encubiertos, recorre nuevamente América Latina en un intento de revertir las alianzas aintiimperialistas que siempre han tenido a Cuba como eje y que Chávez recreó. Los tambores de guerra contra la Venezuela Bolivariana no dejan de resonar, buscando nuevas vías tras el brutal escenario de violencia fascista protagonizado en 2017 por una "oposición" criminal financiada y dirigida por multinacionales extranjeras, como ha ocurrido una vez tras otra en la desangrada Patria Grande. La novedad desde el golpe contra Chávez en 2002 es que los resortes que mueven la banda armada que perpetra el crimen están dirigidos, también, por capitalistas y políticos españoles.
Marx nos recordaba que el capital llegó al mundo chorreando sangre y lodo3 y que el expolio y el genocidio fueron condiciones necesarias para la existencia del capitalismo.
Sangre y pillaje de las clases populares europeas y de los pueblos originarios que se opusieron al saqueo, y lodo de la miseria moral y la ignominia de la cruz y la espada que, en América Latina, fueron mayoritariamente españolas. Las dimensiones del exterminio no hicieron temblar la mano de nuestros patriotas: se calcula que en 1492 había 65 millones de habitantes en América Latina. En 1700 quedaban 5 millones.
Si pudiera parecer que los más de cinco siglos transcurridos es remontarse demasiado para abordar lo que pasa ahora mismo, baste recordar las palabras del cónsul español Pablo Sánchez Terán en Córdoba (Argentina) en 2004 durante el discurso conmemorativo del 12 de octubre. Toda su zafia estupidez transparenta el relato imperial español: “..estarían mucho peor hoy bajo el dominio de las civilizaciones indígenas..(…) mucho peor estarían o estaríamos bajo las civilizaciones incaicas, aztecas, mapuches, sioux, apaches, que han sido idealizadas por historiadores y antropólogos, cuando es bien conocida su división en castas y su carácter imperialista y sanguinario”.4 Estas palabras eran pronunciadas mientras Rodrigo Rato, a la sazón director del FMI, presionaba al presidente Kirchner para reducir el gasto social, aumentar el ya importante superávit fiscal argentino (2,6%) y a destinar más fondos al pago de la deuda externa. En ese tiempo también, Repsol estaba consiguiendo enormes beneficios tras la compra de IPF en 19995. Esa gigantesca adquisición a precio de saldo - por la cual se calcula que el pueblo argentino perdió 10.000 millones de dólares6 - convirtió a la privatizada petrolera española, de un país sin apenas petróleo, en la mayor petrolera privada de América Latina y la décima del mundo.
En el imperialismo, dice Galeano, la primera división internacional del trabajo es la que hace que unos países se especialicen en ganar y otros en perder. Y el papel de perdedores se ha asignado siempre mediante la violencia. Exactamente la misma violencia que se aplica cada vez que un pueblo intenta sacudirse el yugo de la dominación y adueñarse de sus recursos, atentando inevitablemente contra la sacrosanta propiedad privada del capital local y, sobre todo, del extranjero.
Desde comienzos del siglo XX, en América Latina, la espada es empuñada siempre en primer lugar el imperialismo de EE.UU. Y detrás se esconde, vergonzante, el capitalismo de otros países europeos. Washington también dirige la amenaza de intervención militar que se cierne sobre Venezuela, con sus siete bases militares en la vecina Colombia (ya miembro de la OTAN desde la firma del Acuerdo de Cooperación Militar en mayo de 2017), la base instalada en la Amazonía peruana y la nueva base de Alcántara en Brasil7
Lo nuevo y lo que nos vuelve a situar a los pueblos del Estado español en primera línea de la responsabilidad histórica ante los pueblos agredidos, es el papel destacado de multinacionales y gobiernos españoles en el nuevo saqueo de América Latina – mediante las privatizaciones – y la consiguiente cooperación con el narcotráfico y los paramilitares para sembrar el terror en la resistencia popular.
A. 2 .- Las privatizaciones: una nueva acumulación “originaria”
La respuesta del capitalismo a la crisis iniciada en la década de los 70 y al auge mundial de los movimientos obreros revolucionarios y de las luchas de liberación nacional fue doble: la imposición de drásticas políticas de ajuste estructural y el elemento facilitador: la implantación de salvajes dictaduras.
A. 2.a.- Dictaduras para imponer el “Consenso”.
Las dictaduras de Ferdinand Marcos en Filipinas (1972) y la de Pinochet en Chile (1973), ambas apoyadas por EE.UU, e inmediatamente después sostenidas por el Banco Mundial ejemplifican la llegada de las políticas neoliberales a sangre y fuego, como todo periodo de drástico saqueo de las clases populares. El asesinato de miles de dirigentes de la izquierda y la generalización del terrorismo de Estado, extendido a la mayor parte de América Latina a partir del epicentro chileno, modificó radicalmente la correlación de fuerzas en la lucha de clases. Tras la derrota se llevó a cabo el nuevo expolio: privatizaciones masivas, reducciones del gasto social, reformas laborales y fiscales a beneficio del capital y, sobre todo, garantías de protección absoluta para los nuevos dueños de empresas y recursos naturales.
La llegada al poder de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y sobre todo la derrota de la emblemática huelga minera de 1984-1985 8 marcó la entrada en la Europa capitalista de las políticas neoliberales. Esta derrota del sindicalismo combativo fue posible por el aislamiento de la lucha del sindicato minero por parte de la mayor parte de los sindicatos británicos y del sindicalismo europeo integrado en la CES9, El carácter ejemplificador de esta derrota cambió también la correlación de fuerzas – esta vez mediante el soborno y la integración definitiva del sindicalismo occidental oficial en el aparato del Estado; sindicatos que, tras la II Guerra Mundial, ya habían aceptado los límites impuestos por el capitalismo (no intentar la conquista del poder político por la clase obrera) y su efímero Estado del Bienestar10.
El Consenso de Washington (1989) formalizó el conjunto de políticas imperialistas de “ajuste estructural” impuestas a los países de la periferia que, tras el terror de las dictaduras militares, podían ser ya materializadas y generalizadas mediante el soborno de las élites locales (mucho menos costoso desde el punto de vista político). El pretexto era hacer frente a la gigantesca Deuda externa pública que, como es bien sabido, fue promovida por las potencias imperiales. Al respecto, es emblemático el discurso de Thomas Sankara sobre el asunto en la Cumbre de la Unión Africana (julio de 1987) analizando el origen de la Deuda y proponiendo un frente unido para no pagarla y ..”para evitar que nos hagamos asesinar aisladamente. Si Burkina Faso, solo, se negara a pagar la deuda, ¡yo no estaré presente en la próxima conferencia!”. Tres meses después caía asesinado.
El paquete de medidas exigido a los países periféricos para acceder a préstamos del FMI y el BM – intensificando así su dependencia – iba destinado a contener la caída de la tasa de ganancia y a asegurar lo que bien puede llamarse una segunda acumulación originaria. Consistía en facilitar el saqueo de recursos naturales y de empresas públicas mediante privatizaciones, reducir la fiscalidad del capital que conllevaba la minoración del gasto social en aras de contener el déficit, establecer drásticas contrarreformas laborales y eliminar todo tipo de trabas a la inversión extranjera directa.
A.2.b.- La Guerra Civil, el Régimen de la Transición y la UE en la génesis del capitalismo español.
En el Estado español el golpe de Estado y la victoria fascista en la Guerra Civil sirvieron para el expolio tanto del patrimonio de los vencidos, como de la propiedad pública republicana. Tras tres duros años de guerra llegó la matanza o la cárcel, pueblo a pueblo, de quienes la Dictadura consideraba “rojos”, y que, por supuesto, se acompañó del robo masivo de sus bienes. Los bienes nunca fueron devueltos y decenas de miles siguen enterrados en las cunetas de las carteras, mientras todos sus asesinos viven o han muerto impunes.
Esa la acumulación de capital robado puso los pilares del nuevo capitalismo español. El escritor Oriol Malló lo expresa con contundencia: “Todas las multinacionales españolas presentes en América Latina son, en última instancia, hijas del triunfo de la insurrección fascista en España de 1936. El BBVA, el Banco de Santander, Abengoa, Iberdrola o Unión Fenosa comparten este elemento fundacional. El ciudadano medio apenas imagina que la mayoría de consorcios que dominan la economía española surgen del triunfo franquista en la guerra civil”11 Basten dos ejemplos: el Instituto de Reforma Agraria republicano expropió a la Duquesa de Alba la finca las Arroyuelas en 1933 entregándosela a 80 campesinos pobres de Carmona (Sevilla). La dictadura franquista devolvió a la aristócrata la propiedad de la finca y fusiló a varios de los jornaleros adjudicatarios12. Algo semejante ocurrió con la eléctrica Fenosa. El empresario José Quiñones, republicano progresista, era propietario de la empresa Electra Popular Coruñesa. Fue asesinado por los sublevados en 1936 y todos sus bienes fueron confiscados. Electra Popular fue otorgada al millonario amigo de Franco, Pedro Barrié de la Maza. Este la fundió con su empresa Fábrica de Gas y Electricidad, naciendo así Fuerzas Eléctricas del Noroeste (FENOSA)13.
En Europa occidental fue la Comunidad Económica Europea (CEE) la encargada de disciplinar gobiernos y asegurar – con las diferencias impuestas por la lucha de clases – la implantación de exactamente las mismas políticas. En 1986 se produjo el ingreso de España en la CEE apoyado por la izquierda del Régimen de la Transición14 quien ocultando que el “Bienestar” tocaba a su fin y que el capitalismo en crisis engendraba una nueva fase, las de las políticas neoliberales, la defendió argumentando que se trataba de entrar en una Europa-paraíso de derechos sociales y laborales. Ese mismo infundio sirvió al PSOE – con el silencio cómplice de las dos grandes centrales sindicales CC.OO. y UGT – para plantear que la entrada en la OTAN era el imprescindible “peaje” que debía pagarse para llegar al edén europeo15.
La adhesión de España a la CEE (1986), el Acta Única (1987) y, sobre todo, el Tratado de Maastricht (1992) impusieron condiciones drásticas que implicaban privatizaciones masivas para poder acceder a la Unión Económica y Monetaria. Este marco normativo y todos sus desarrollos proporcionaron el referente jurídico y lo que es más importante, la legitimación política, para que los gobiernos del PSOE y después del PP llevaran a cabo el desmantelamiento del sector público empresarial (siderurgia, minería, construcción naval, etc) y la privatización de las grandes empresas públicas, incluida la banca Argentaria.
El desmantelamiento de la industria pesada, la minería o los astilleros, una buena parte en manos del Estado, así como en gran medida la agricultura y la ganadería, fueron condiciones para el ingreso en una CEE hegemonizada por el capital francés, y sobre todo, por el alemán, que liquidaban así la competencia para sus productos y ganaban grandes cuotas de mercado. En este proceso se destruyeron 2.700.000 empleos públicos estables.
Las dimensiones de la desindustrialización relacionada directamente con la adhesión a la CEE y la implantación del euro son enormes: entre 1970 y 2009 el peso total de la industria en el PIB pasó del 34% al 15%16 La colaboración de las cúpulas de las dos grandes centrales sindicales, CC.OO y UGT aseguró que las duras luchas obreras que se dieron en cada empresa quedaran asiladas y no se ofreciera una resistencia integral y potente al desmantelamiento agropecuario y sobre todo industrial, llamado eufemísticamente “reconversión”.
Si el Estado en el capitalismo sirve indefectiblemente a las clases dominantes, en el Estado español desde la Guerra Civil el capitalismo español ha dependido directamente del Estado para desarrollarse. Antes de cada privatización, la inmensa mayoría iniciadas por el PSOE, el gobierno propiciaba fusiones y grandes inversiones públicas destinadas a modernizar la empresa en cuestión. Una vez producida la rápida acumulación derivada de la compra a precio de saldo de empresas prestadoras de servicios públicos en régimen de cuasi-monopolio se emprendía la expansión internacional, sobre todo hacia América Latina, también de la mano de los gobiernos de turno. Y los altos cargos de esos gobiernos, incluyendo presidentes de gobierno y ministros, se cobraron los servicios prestados sentándose en los consejos de administración de empresas que ellos y ellas habían privatizado y que se convirtieron en tiempo récord en multinacionales17.
Las privatizaciones empresariales masivas comenzaron a mediados de los 80 y conocieron su mayor auge durante toda la década de los 90, aunque después la venta de empresas públicas haya continuado con menor intensidad18. Una tras otra, las directivas europeas iban colaborando en la liquidación de los sectores públicos “para abrirlos a la competencia”. Se generaba así otra nueva acumulación de capital, la de un capitalismo en crisis que no arriesga nada porque compra a precios ridículos monopolios de servicios públicos que venden a una clientela cautiva.
La maniobra se inició tres años después de la victoria electoral del PSOE con mayoría absoluta19. En 1985 había 130 empresas públicas directas y alrededor de 850 empresas públicas filiales de ámbito estatal. En 1999 la mayor parte había sido privatizada.
Entre 1985 y 1992, además del comienzo de la entrada de capital privado en gran escala, lo más relevante fue la reestructuración de todo el sector público empresarial, curiosamente mientras se decía que “la mejor política industrial es la que no existe”. Se acometieron grandes inversiones estatales y fusiones con el objetivo de hacer competitivos internacionalmente a determinados sectores para, se decía desde el Gobierno, aumentar así los ingresos del Estado.
El proceso de fusiones fue espectacular. “Nueve empresas públicas del sector del petroquímico y del gas fueron absorbidas por Repsol, que pasó así a ser no solo la primera empresa del sector sino también la primera empresa industrial española. Cinco empresas públicas del sector del aluminio fueron fusionadas en Inespal. Seis empresas públicas del sector de la electrónica fueron absorbidas por Indra. Ocho empresas públicas del sector de la alimentación fueron adquiridas por Tabacalera. Las acciones de todas las empresas públicas eléctricas fueron adscritas patrimonialmente a la más importante, Endesa, pasando ésta a ocupar una posición de dominio en el sector eléctrico español. Algo parecido se llevó a cabo con los diferentes bancos públicos (Banco Exterior, Caja Postal, Banco de Crédito Industrial y los bancos del Instituto de Crédito Oficial) que fueron fusionados en una nueva sociedad creada al efecto en 1991: Argentaria, quien poco tiempo después acabaría convertida en la A del Banco Bilbao Vizcaya. Las empresas públicas de la siderurgia (las principales: Ensidesa, AHV y Siderurgia del Mediterráneo) fueron fusionadas en una nueva empresa pública creada al efecto: Corporación Siderúrgica Integral (Aceralia). Y estas nuevas gigantescas empresas públicas surgidas, reforzadas o ampliadas como consecuencia de los procesos de reestructuración /concentración anteriores, (Repsol, Inespal, Indra, Tabacalera, Endesa, Argentaria (Banca pública), Aceralia son las que fueron privatizadas poco tiempo después mediante la venta de acciones, culminándose el proceso en 1999”20.
Todas estas empresas fueron privatizadas entre 1992 y 1999 en una mano a mano perfecto entre el PSOE y el PP. El objetivo de toda esta auténtica planificación industrial no era, obviamente, aumentar los ingresos del Estado sino convertir a las llamadas joyas de la corona en empresas rentables para inmediatamente después ser entregadas al capital privado.
Por otra parte nuevas reformas fiscales iban reduciendo progresivamente la presión impositiva sobre el capital, con la correspondiente disminución de ingresos de la hacienda pública.Se autocumplía así la profecía del aumento del déficit público. Creada la enfermedad, llegaba la medicina: establecer topes de déficit inferiores al 3% del PIB. Se lograban así los verdaderos objetivos: reducir el gasto social y privatizar lo público rentable.
El pretexto de incrementar los ingresos del Estado con la venta de empresas públicas fue una gran estafa propiciada en cada situación de crisis por la presión de “hacer caja”. Ocurrió todo lo contrario. No solamente el Estado dejaba de percibir los ingresos correspondientes a la actividad económica de la empresa vendida, sino que las privatizaciones realizadas por los gobiernos del PSOE y del PP entre 1986 y 2004 sólo generaron al Estado unos ingresos aproximados de 50.000 millones de euros21. Para poder establecer una comparación puede valer el dato de que en 2008, los ingresos de las tres mayores multinacionales en dólares fueron: Telefónica 77.254 millones, Repsol IPF 67.006 y BBVA 51.44922.
Si para las arcas públicas se trató de “pan para hoy y hambre para mañana” fue una gran orgía de negocios para los nuevos ricos. La “cultura del pelotazo”, la “beautiful people”, son términos que se instalaron para explicar el ritmo vertiginoso de ganancias obtenidas por un grupo selecto de nuevos ricos, principalmente con las privatizaciones, desde finales de los 80 y durante la década de los 90. El primer ministro de Industria del gobierno PSOE en 1982 y posterior Ministro de Economía, Carlos Solchaga, puso en boga dos frases que definen los gobiernos de la socialdemocracia: “la mejor política industrial es la que no existe” y “España es uno de los países del mundo donde es más fácil hacerse rico rápidamente23. Los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE siguieron tan suculenta trayectoria mientras hubo algo rentable que vender.
Desde comienzos del siglo XXI la parasitación del sector público por el capital privado – sobre todo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria - se extiendió a servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales que atienden a personas dependientes24.
A.2.c.- El despojo de derechos de la clase obrera.
El “milagro” económico no provenía del desarrollo de sectores industriales que, como hemos visto, se desmantelaron en ese mismo periodo de tiempo. El “pelotazo” se generó por la compra de empresas estratégicas convertidas por el poder político y con dinero público en monopolios enormemente rentables, a cuyos nuevos propietarios privados los gobiernos del PSOE y del PP, además, habían dotado de instrumentos legales para proceder a deshacerse de las antiguas plantillas con prejubilaciones masivas y falsas invalideces. A ellos les sucedió una serie de contrarreformas laborales25 que, iniciadas con los Pactos de la Moncloa26, transformaron el mercado laboral español destruyendo en cascada derechos sociales y laborales. Estas reformas - pactadas o consentidas por las cúpulas sindicales – permitieron liquidar sin apenas coste para los empresarios centenares de miles de puestos de trabajo con salarios relativamente altos y con derechos mientras en situación de relativa paz social se implantaba la precarización masiva27.
En el Estado español los derechos sociales y laborales no llegaron con la “democracia”. Todo lo contrario. Se conquistaron con duras luchas obreras -con muertos y muchos años de cárcel – durante la Dictadura. Fueron los Pactos de la Moncloa28 los que inauguraron el “consenso” y el comienzo de un despojo masivo de derechos que aún continua.
El caso de Telefónica es bien ilustrativo. En 1996 tenía una plantilla de alrededor de 80.000 personas trabajando, hoy es inferior a la cuarta parte de esa cifra. Esa disminución de empleo directo con salarios altos y estabilidad se ha sustituido por una cantidad aún mayor de empleo precario y falsos autónomos distribuidos en doscientas empresas subcontratadas.
El ejemplo de Telefónica también vale para mostrar que no es casual que ex presidentes de gobierno y ex- ministros de PP y PSOE compartan sillones en consejos de administración de empresas privatizadas. Han sido ejecutores de exactamente las mismas políticas y, además, comparten relaciones con las mafias latinoamericanas. En 1996, cuando el gobierno de Felipe González ya había perdido las elecciones a favor de Aznar, y en un periodo de tiempo en el que ningún gobierno está legitimado para tomar decisión importante alguna, vendió una filial de Telefónica, la empresa Sistemas de Instalaciones de Telecomunicaciones S.A.(SINTEL) a la familia Mas Canosa. Da la casualidad de que el PP, supuesto opositor al gobierno del PSOE había sido acusado durante la campaña electoral de recibir financiación, precisamente de la familia Mas Canosa.
Uno de los objetivos fundamentales de la transacción era despedir a la mayor parte de la plantilla. La respuesta obrera no pudo ser más contundente: organizó en pleno Paseo de la Castellana de Madrid una acampada de 1800 trabajadores durante seis meses, escribiendo una de las páginas más heroicas de la lucha obrera de los últimos tiempos29. El valor patrimonial de la empresa cuando se vendió era de 6.250 millones de pesetas. Se traspasó por 4.900 y en 2002 experimento “una pérdida patrimonial” de 1.200 millones de pesetas de la que los trabajadores hicieron responsables a la familia Mas Canosa y a la dirección de Telefónica30.
La lucha obrera de SINTEL puso de manifiesto una conexión política que tenía sus raíces mucho antes: la de los partidos del Régimen de la Transición con las mafias económicas de la extrema derecha latinoamericana.
B. El segundo saqueo de América Latina.
Hasta la década de los 80 del siglo XX, España fundamentalmente recibía inversiones extranjeras. A finales de los 90 se convirtió en el sexto mayor inversor del mundo. Mientras en 1980 la Inversión Extranjera Directa (IED) suponía un 0,9% del PIB en 1999 alcanzaba el 17%. El Estado español fue el segundo en inversiones directas en América Latina, solo por detrás de EE.UU.
No solamente era asombrosa la rapidez con la que se había generado tamaño poderío empresarial, sino que además era insólita por su intensidad y delimitación geográfica. En la década de los 90, dos tercios de los flujos de capitales españoles de dirigía hacia América Latina, mientras que sólo recorría ese camino el 22% de la inversión de la UE-15 o el 9% de la de EE.UU.31
Las dimensiones de este hecho producido en tan breve lapso de tiempo sorprendió en Europa y en EE.UU., país en cuya prensa se comentaba con asombro la irrupción de “los nuevos conquistadores españoles”.
Desborda los objetivos de este artículo reproducir cada uno de los pasos de las empresas españolas en América Latina, pero interesa destacar que, al igual que prácticamente todas ellas se construyeron a partir de empresas públicas privatizadas, exactamente lo mismo ocurrió al otro lado del Atlántico. El “riesgo y ventura” que se atribuye a sí mismo el accionar del capital no funciona mediante ninguna mano invisible. La penetración del capital español se impulsó desde las más altas instancias políticas y tuvo un comienzo estelar. Fue en la I Cumbre Iberoamericana en Guadalajara en 1991, con un elenco de actores memorable: el rey Juan Carlos, Felipe González, Mario Soares (Portugal), Carlos Salinas de Gortari, (México), Alberto Fujimori (Perú), Carlos Menem (Argentina), Carlos Andrés Pérez (Venezuela), Violeta Chamorro (Nicaragua), entre otros32. Allí se firma la Declaración de Guadalajara33 en la que, más allá de los lugares comunes protocolarios propios de este tipo de documentos, como la pertenencia de todos a una “misma comunidad”, se establecen dos acuerdos concretos:
A la vista de los trascendentales acontecimientos económicos que se desarrollaron inmediatamente después no cabe duda de que allí se selló la voluntad política de llevar a cabo desregulaciones y privatizaciones a gran escala de empresas públicas y recursos naturales.
El primer trampolín lo constituyó la compra de empresas privatizadas en Argentina, a precio de saldo, para lo que se constituyó un cártel de empresas a instancias del gobierno PSOE que incluía a: Repsol, Telefónica, Iberia, Iberdrola, Gas Natural y Mapfre. No se trataba de buen olfato empresarial, ni siquiera sólo de información privilegiada. Se trató de toda una programación desde las esferas políticas al servicio del negocio privado. Menem viajó a Madrid en 1990 y le ofreció a Felipe González la venta de IPF, el gas y la telefonía.
En 1992 el gobierno de Carlos Menem, con Domingo Cavallo como ministro de economía privatizó el gigante IPF; durante el violento debate parlamentario se denunciaron presiones políticas y sobornos por valor de más de ocho millones de dólares. Antes se había vendido la empresa ENTEL a Telefónica y Aerolíneas Argentinas a Iberia, con graves conflictos con sus plantillas y quema de banderas españolas en manifestaciones.
La elevada rentabilidad y el bajo coste de las adquisiciones argentinas “mas bien una requisa”34 permite al grupo de empresas reinvertir masivamente en el resto de América Latina. La penetración de capital extranjero en estas empresas no alteró mucho su funcionamiento, ya que la gerencia siempre era española. Una de las bazas fundamentales del Estado español es ser la cabeza de puente entre la UE y América Latina.
Reproduzco a continuación datos tomados del Observatorio de Multinacionales en América Latina35 que ilustran la relación directa entre privatizaciones y penetración del capital español en la región. Entre 1986 y 1999 las privatizaciones en América Latina supusieron más de la mitad de las realizadas en los países del sur. En ésta época la IED de empresas españolas en la zona ascendió a 110.000 millones de euros.
Año País Empresa privatizada Empresa compradora/accionista
Aerolíneas Argentinas Iberia/Marsans
Venezuela CANTV Telefónica
Edelnor/Edelsur ENDESA
Año País Empresa privatizada Empresa compradora/accionista
Bolivia YPBF REPSOL
CRT Telefónica
La penetración de las multinacionales españolas en Amércia Latina, representadas por Telefónica (hoy Movistar), REPSOL, Gas Natural Endesa (que absorbió a Unión Fenosa), Iberdrola, Banco de Santander y BBVA, ha sido de tal magnitud que en la actualidad buena parte de los ingresos de estas compañías proceden de la región americana. El BBVA obtenía en 2015 allí el 50% de sus beneficios; el Santander, el 54% en la misma fecha y Telefónica, el 49% en 201436. En la actualidad el BBVA es el mayor banco de México y el Banco de Santander está entre los cinco más grandes de Brasil.
El indudable vínculo político que acompaña el comienzo y el desarrollo de la penetración de “los nuevos conquistadores españoles” en América Latina tiene el sello de una organización, el PSOE y, sobre todo, un nombre propio Felipe González. Sus años al frente del gobierno de España, con mayoría absoluta en el Parlamento, entre 1982 y 1993, y hasta 1996, apoyado por el grupo catalán CiU, expresan nítidamente ese papel impulsor.
Estas relaciones político-empresariales son consustanciales al capitalismo, como es la corrupción que de ellas se deriva. Valga como muestra un botón, la empresa pública Fomento del Comercio Exterior (FOCOEX). Según informe de la Fiscalía Anticorrupción, entre 1991 y 1992 fueron abonados por FOCOEX 1.310 millones de pesetas a intermediarios. Gloria Barba, esposa del entonces ministro Carlos Solchaga, ocupaba en aquel momento uno de los altos cargos de la citada empresa37. He aquí algunos de los casos más conocidos denunciados:
Otros escándalos afectaron a Chile y a Bolivia. En Chile, Ricardo Lagos, durante su etapa de Ministro de Educación compró material educativo al Grupo PRISA con un sobreprecio de 664 millones de pesetas, un 70% por encima de su coste. En Bolivia, siendo Ministro Tito Hoz de la Vila bajo la presidencia de Sánchez de Lozada se llevo a cabo una reforma educativo que dejo en manos de Santillana la producción y venta de libros para los estudiantes de primaria. Después se denunció que la citada empresa contrató para un alto cargo a la hija del Ministro41
El Grupo PRISA ha hecho gigantescos negocios en América Latina no mediante la mano invisible del mercado sino de un descomunal apoyo gubernamental y de su papel de representante político/mediático de los intereses de las multinacionales españolas en América Latina. Llamo la atención sobre el hecho de que los mismos dirigentes políticos que venden el patrimonio público a empresas extranjeras, ponen en esas mismas manos la formación de las futuras generaciones – a través de la editorial Santillana - facilitando el colonialismo cultural.
El poder del lobby del PSOE en América Latina se extendió – y permanece – mucho más allá de su presencia en el gobierno, superando con creces al del PP, que lo consiguió sólo de su mano. En 2001, cuando el llamado superministro de economía argentino Domingo Cavallo contrató como asesor al ex ministro socialista de economía, Carlos Solchaga, volvió a ponerse de manifiesto hasta qué punto el PSOE - de la mano de Felipe González – mantenía un alto grado de influencia y de poder en la sombra en América Latina, cinco años después de haber dejado el gobierno. Un editorial de ABC de la época comentaba el asunto lamentándose de que el PP no supiera rentabilizar de la misma forma que el PSOE – para sus grupos económicos afines, se entiende - la acción de Gobierno: “Las relaciones del ex presidente del gobierno [Felipe González] con algunos de los más influyentes personajes de la zona le han permitido erigirse en socio cualificado de un selecto y exclusivo club que controla los hilos del poder y extiende sus recetas económicas. Durante sus años al frente del Ejecutivo, Felipe González se ocupó personalmente de impulsar el desembarco empresarial español al otro lado del Atlántico con una política fuertemente criticada por la oposición que denunció el trato de favor de los gobiernos del PSOE con grupos afines”42.
B.1.- La oscura génesis de la potente red de influencias de Felipe González en Latinoamérica.
El 1 de diciembre de 2014 el presidente colombiano Juan Manuel Santos concedió a Felipe González la nacionalidad colombiana. Culminaba así una larguísima relación del ex presidente del gobierno español con un país que, junto con Venezuela, marcó su biografía.
Cuarenta años antes, en 1974, como magistralmente relata Joan Garcés43 se habían acumulado acontecimientos que hacían temer a las élites mundiales que la próxima muerte de Franco desencadenara una situación difícilmente controlable en el Estado español. Las luchas obreras y populares habían alcanzado gran envergadura en un contexto internacional de auge generalizado de la movilización social marcado por la Revolución de los Claveles en Portugal (25 de abril de 1974), la derrota de la monarquía fascista griega - familia directa de la futura reina de España - en Referéndum en diciembre del mismo año y la inminente derrota de EE.UU. en Vietnam. En esa época ya existía constancia documental de la colaboración del PSOE con la Embajada de EE.UU. para – a cambio de apoyos materiales - “combatir al partido comunista”44
En este contexto es elegido Felipe González secretario general del PSOE. Es bien conocido y está ampliamente documentado el apoyo recibido por la nueva dirección socialista por parte de la CIA y de la socialdemocracia alemana45. Es menos conocida su temprana relación con personajes latinoamericanos de más que dudosa reputación en Colombia y Venezuela.
En 1974 Felipe González conoció al empresario guipuzcoano Enrique Sarasola, radicado en Colombia, y – a través de él – a Belisario Betancourt, recién nombrado embajador de Colombia en Madrid. Ese mismo año Felipe González viajó a Venezuela invitado por el presidente de ese país y miembro de la Internacional Socialista, Carlos Andrés Pérez (CAP). En aquella época del boom del petróleo la nación caribeña era conocida como la “Venezuela Saudita” y Felipe recorría el país en el avión presidencial.
En 1976 y 1977, de la mano de Sarasola y Betancourt el futuro presidente González viajó a Colombia y con ellos conoció a los destacados narcotraficantes Santofimio y Escobar. El primero fue ministro de Justicia en 1974, y condenado por el asesinato en 1989 del candidato presidencial Luis Carlos Galán junto al conocido capo Pablo Escobar.
 En 1982 ambos narcotraficantes, acompañados de otros diputados del Partido Conservador colombiano fueron invitados a la fiesta de celebración de la victoria del PSOE en el hotel Palace de Madrid, de cuya presencia hay abundante testimonio documental46, incluso se hace referencia a ello en la sentencia de Santofimio por asesinato47. Mientras esto sucedía, Escobar instauraba en Colombia la “ley de Plata o Plomo” un régimen de terror, extorsiones y asesinatos, y creaba las llamadas “autodefensas campesinas” destinadas a la guerra entre entre bandas de narcos y a provocar el terror para facilitar el desplazamiento de familias campesinas.
Estas relaciones empezaron a fructificar cuando, en el mismo año 1982 en el que el PSOE gana las elecciones con mayoría absoluta, Betancourt es elegido presidente de Colombia y acusado de haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña electoral48. Poco después nombró alcalde de Medellín, ciudad controlada por Pablo Escobar, a Álvaro Uribe, a quien tuvo que destituir pocos meses después por sus evidentes conexiones con el narcotráfico.
Betancourt lanzó el proyecto del metro de Medellín con un coste de 650 millones de dólares, faraónico para la época. Varios países europeos pusieron en marcha toda su maquinaria de presiones para conseguir la adjudicación. Un testigo afirmó: "más que un concurso para una obra de ingeniería civil, parece una película de gánsters"49.
Finalmente las adjudicatarias fueron las empresas patrocinadas por Sarasola:Ateinsa, Siemens, Entrecanales y Construcciones y Contratas. El gerente de Metro Medellín Consorcio Hispano-alemán fue Diego Londoño White, amigo íntimo de Pablo Escobar. El acuerdo final se cerró en 1983, con intermediación de Felipe González ante Betancourt, quien oportunamente viajó a España para recibir el premio Príncipe de Asturias. Sarasola recibió por su intermediación 3.500 millones de pesetas que ocultó a través del despacho panameño Arze & Guardia. Informaciones creíbles acerca del reparto de esa fortuna con Felipe González, y su implicación en los llamados “Papeles de Panamá”, llevaron a Izquierda Unida a solicitar en el Congreso la formación de una Comisión de Investigación que no prosperó50.
Buena parte de las conexiones más importantes de Sarasola con el paramilitarismo y el narcotráfico vienen a través de su cuñado Carlos Arturo Marulanda, ex ministro y embajador ante la UE. Fue arrestado en España bajo la acusación de conformación de grupos paramilitares, graves violaciones de los derechos humanos a consecuencia de los cuales cuatrocientas familias campesinas fueron obligadas a huir de su hacienda de Bellacruz mediante el incendio de sus casas, y la tortura y el asesinato de más de treinta personas, en presencia del Ejército. Extraditado a Colombia fue puesto en libertad, a pesar de constituir unos de los mayores escándalos de la época 51.
Las andanzas posteriores de Sarasola y sus conexiones desbordan los límites de este trabajo. Baste reseñar que, en 1990, el narcotraficante español arrepentido Ricardo Portabales declaró ante el juez Garzón que en el año 1988 hubo una reunión en un hotel de Isla Cristina (Huelva) para vender fusiles AK-47 a los narcotraficantes colombianos. “A la reunión de Isla Cristina asistieron -indicó Portabales- el empresario Sarasola, los narcotraficantes Laureano Oubiña y Paz Carballo y el traficante de armas Monzer Al Kassar”52. Recientemente el nombre de su hijo Fernando Sarasola Marulanda aparece vinculado a la trama de blanqueo de capitales del grupo hispano-israelí Gao Ping53
Otro de los contactos latinoamericanos iniciales de Felipe González fue Gustavo Cisneros, también a través de Carlos Andrés Pérez. En 1983, tras la expropiación del holding RUMASA, el Consejo de Ministros aprobó la venta de Galerías Preciados al grupo empresarial “Organización Cisneros” por 1.500 millones de pesetas.Sólo se pagó la mitad. El Estado renunció a cobrar la otra mitad. Además Cisneros recibió de la Administración préstamos para el saneamiento de su nueva propiedad por valor 11.500 millones de pesetas. Cinco años después la empresa fue vendida por 30.600 millones 54
Este empresario desarrolló su fortuna bajo el paraguas de Carlos Andrés Pérez en Venezuela y la familia Bush en EE.UU. Hoy es uno de los hombres más ricos de América Latina, sus negocios incluyen más de 50 firmas e incluyen desde la propiedad del potente complejo mediático Venevisión, a empresas de publicidad, inmobiliarias, turismo, cosméticos..etc.
En repetidas ocasiones se le ha vinculado con el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. En 1985, el economista norteamiericano Lyndon La Rouche, especializado en la investigación del tráfico de drogas y fundador de la revista Executive Intelligence Review destinada a ese fin intentó la distribución en Venezuela de su libro Narcotráfico S.A. La nueva Guerra del Opio55. Uno de sus capítulos está íntegramente dedicado a la familia Cisneros, considerada como figura clave en América Latina para ese tipo de negocios. Los servicios de inteligencia venezolanos requisaron el libro y un tribunal prohibió su venta en el país.
La relación de Felipe González con Cisneros, inciiada tan temprano y de forma tan llamativa, es determinante para valorar las relaciones de los gobiernos españoles con Venezuela.
B.2. Los intereses económicos y políticos eclosionan: la implicación española en el Golpe de Estado contra Chávez de 2002.
Este engranaje político-empresarial mostró su perfil más abiertamente siniestro y criminal con la participación del gobierno del PP, dirigentes del PSOE y multinacionales españolas en el Golpe de Estado contra Chávez en 2002. Se llevó a cabo en estrecha alianza con EE.UU. - y sirviendo de punta de lanza de la UE. Vale la pena recordarlo porque los intereses que mueven el infame andamiaje detrás de la escena son los mismos que actúan ahora en Venezuela y algunos protagonistas también.
El olor a petróleo guió las manos de los directivos del BBVA, del Banco de Santander, de Repsol y del Grupo Prisa, del gobierno de Aznar y de Felipe González, dispuestas a mancharse de la sangre de Chávez y del pueblo venezolano para proteger sus negocios.
El 1 de diciembre de 2004 el Ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos compareció a petición propia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados para explicar la implicación del gobierno del PP en el golpe contra Chávez de abril de 2002. Abrió su exposición afirmando: “ que hubo un golpe de Estado en Venezuela; que el embajador español recibió instrucciones del Gobierno y, en tercer lugar, que el objetivo de estas instrucciones — mejor dicho, para evitar juicios de intención —, que el efecto de la ejecución de esas instrucciones y de otras actuaciones fue apoyar el golpe”56. Y esas consecuencias iban más allá del Estado español ya que España ejercía por entonces la presidencia de turno de la UE.
Según su relato, antes del comienzo de la maniobra de desestabilización, el embajador español en Caracas Viturro de la Torre de reunió a sus colaboradores para marcar la estrategia a seguir durante los decisivos días que se avecinaban: debían insistir por todos los medios en la necesidad de que Chávez convocara un Referéndum para modificar la Constitución y adelantar las elecciones para desalojarle. Exactamente las mismas decisiones políticas que la oposición calificó de golpe de Estado, cuando Maduro las adoptó en 2017.
El Ministro en su comparecencia - cuya atenta lectura recomiendo – reprodujo los telegramas enviados por el embajador Viturro de la Torre57. En el correspondiente al mismo día del golpe, 12 de abril, de madrugada, tras la confirmación de que hubo 20 muertos en las cercanías del Palacio Presidencial decía: “Estrategia de oposición dirigida a conseguir salida presidente Chávez a través presión Ejército está dando, pues, resultado. Confederación de Trabajadores de Venezuela, patronal, aprovecharon conflictos Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA, para conseguir movilización masiva población caraqueña, que por su parte...” - cierro cita – y quiero ahora llamar la atención de Sus Señorías sobre la siguiente frase [palabras de Moratinos], “...puso ayer muertos necesarios para provocar intervención del Ejército, única fuerza de este país, frente a la debilidad de los partidos políticos de la oposición , capaz de poner fin al Gobierno del presidente Chávez”
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10 de mayo de 2018
El Régimen de la Transición(1) y el capital español en el saqueo de América latina Narcotráfico, paramilitarismo e imperialismo. Por Ángeles Maestro *
La Revolucion de la Clase Media
Descontento en el corazon del capitalismo: el Reino Unido
