Resumen Latinoamericano*, 4 de mayo 2018.
La Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin) y el Comité de Victimas de la Guarimba solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenar públicamente las sanciones económicas impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela.
“Estados Unidos está sujeto a la jurisdicción de la CIDH como Estado miembro de la OEA, por lo cual la Comisión Interamericana está en el deber, en la obligación, de intervenir para evitar que las actuaciones, especialmente las sanciones económicas impuestas por ese país, puedan vulnerar los derechos humanos del pueblo venezolano”, señaló la presidenta de Fundalatin, María Eugenia Russian.
Esta organización venezolana, reconocida con Estatus Consultivo Especial en el Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la Organización de las Naciones Unidas ONU desde el año 2015, y que se encuentra debidamente acreditada ante la Organización de Estados Americanos, se dirigió a la CIDH para hacer del conocimiento de esta instancia las implicaciones de las sucesivas medidas económicas impuestas desde el 8 de marzo de 2015, cuando el Gobierno de los Estados Unidos aprobó la Orden Ejecutiva N° 13692, donde se cataloga a Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria” a su seguridad nacional.
Al respecto, Russian señaló que “el artículo 20 de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) es muy claro y establece que ningún Estado puede aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico o político para forzar la voluntad soberana de otros Estados”.
La Presidenta de Fundalatin recordó que las medidas unilaterales del gobierno de Donald Trump interrumpen los flujos del comercio internacional de Venezuela, lo que sin duda alguna ocasiona graves consecuencias económicas y financieras que atentan contra los derechos humanos de toda la población e impide la adquisición de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales que permitan garantizar de manera oportuna y adecuada el derecho a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, al desarrollo y, como extensión, el derecho a la vida.
La representante de Fundalatin también solicitó a la CIDH que inste a los Estados Unidos a derogar las Órdenes Ejecutivas 13692 del 08 de marzo de 2015; la Orden Ejecutiva 13808 del 24 de agosto de 2017 y las Medidas Adicionales en la Orden Ejecutiva del 19 de marzo de 2018, en contra del Estado venezolano, sus empresas, organismos, y su sistema financiero.
Finalmente, Fundalatin pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exija a Estados Unidos abstenerse de imponer nuevas medidas unilaterales contra el país suramericano que afectan directamente la garantía de los derechos humanos de toda la población venezolana.
Durante su visita, Fundalatin y el Comité de Víctimas de la Guarimba sostuvieron encuentros con Caleb McCarry, Alto Funcionario Profesional del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y con el equipo de la Oficina del Congresista Keith Ellison para mostrar su preocupación por los efectos negativos del bloqueo económico de EE.UU. contra Venezuela.
Asimismo, se reunieron con organizaciones y movimientos de derechos humanos, activistas y grupos religiosos para dar a conocer la situación de Derechos Humanos en el país.
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