Cuba: Un ejército para el Tercer bloqueo. Por Javier Gómez Sánchez

por La pupila insomne javiergosanchez09@gmail.com En el 2014 aparecía publicado en La Pupila Insomne  el texto Contra el tercer bloqueode Iroel Sánchez, donde se refería a la tendencia a designar a las trabas burocráticas y políticas prohibitivas como ¨segundo bloqueo¨, después del bloqueo estadounidense que sería el ¨primero¨. Planteaba en el texto la aparición, que comenzaba a ser cada vez más visible en ese entonces, de un ¨tercer bloqueo¨, que de la mano de especuladores hacían (y siguen haciéndolo en el 2018) disparar los precios de los productos agrícolas. Aunque su intención era llamar la atención concretamente hacia la especulación en el comercio de productos del agro, la existencia de este ¨tercer bloqueo¨ en los cuatro años transcurridos no solo ha aumentado, sino que ha ido echando raíces, y expandiéndose hacia casi todo tipo de artículos y productos.  Si bien el ¨primer bloqueo¨ ha tenido una respuesta en el trabajo diplomático de Cuba reflejado en la votación cada año en la ONU que ha aislado a quienes lo mantienen, y el ¨segundo bloqueo¨ ha sido combatido con mayores o menores resultados objetivos y subjetivos en la última década, el ¨tercer bloqueo¨ ha carecido por largo tiempo de una respuesta palpable por la población que lo padece. En días recientes la prensa ha reflejado el resultado de operativos de las autoridades en varios agro mercados y lugares de venta de materiales de la construcción. Las acciones y su divulgación marcan un cambio de actuación hacia lo que ha sido un reclamo popular reiterado. Más allá de la especulación con  productos agrícolas -contra la que específicamente sí se han tomado diversas medidas, aunque difícilmente pueda controlarse mientras se mantengan modos de venta de gran informalidad como las carretillas y la existencia de una cantidad de mercados de ¨ oferta y demanda¨- , las dinámicas que aumentan el costo de la vida para los cubanos a través del acaparamiento, reventa y especulación de precios según el nivel de desabastecimiento de algún artículo (en gran medida creado artificialmente por el propio proceso) incluye áreas de consumo como alimentos envasados, artículos de aseo y ferretería. Al menos en La Habana, se han consolidado redes ¨especializadas¨  y segmentadas en cada uno de estos sectores. Todos, o en su gran mayoría, salidos de las propias tiendas minoristas que los expenden formalmente. Un mercado negro, que mercado al fin y al cabo, tiene una gran capacidad y velocidad para identificar todo aquello que puede llegar a tener un valor ¨en la calle¨. La estructura posee varios niveles de lo visible a lo invisible: El primero es la mesa de venta para la que un individuo, con frecuencia mujer, posee una licencia. Un vistazo a lo que aparece en exhibición en estas mesa-fachada, aparecidas tras la creación y otorgamiento de miles de licencias para la venta ¨artículos artesanales ¨ -realizados con las pocas materias primas y tecnologías disponibles por sus productores, de baja calidad y factura, además de con poca demanda- permite percatarse fácilmente de que el verdadero ingreso de una parte considerable de los poseedores de esas licencias no proviene de la venta de esos escasos artículos que legalmente pueden ser producidos y vendidos, pues apenas les daría para vivir. Un segundo elemento es el lugar de almacenamiento proporcionado por un individuo que alquila su vivienda para esta función, en las inmediaciones de la mesa, lo que hace que el vendedor o vendedora le pida unos minutos al cliente necesitado, para  ir al lugar de almacenamiento a buscar el artículo. Almacenar fuera del punto de venta permite protegerse ante posibles inspecciones. Se puede imaginar, teniendo en cuenta el volumen de artículos ofrecidos, que estas viviendas-almacén podrían fácilmente tener habitaciones completamente dedicadas a esta función, si no la vivienda completa. Un tercer sujeto hace la función de abastecedor, trasladando desde las tiendas los productos acaparados. Probablemente sea este, por su rol en la cadena, quien domine realmente el negocio y sea su verdadero propietario, pues es quien decide qué productos acaparar y su cantidad, así como establecer un precio de venta según el precio de compra en la tienda estatal. Es probable que un solo abastecedor llegue a tener varias mesas de venta en distintos puntos de la ciudad. Un cuarto individuo completa la cadena, pues hay que tener un dominio de lo que sale a la venta en decenas de establecimientos diseminados por la ciudad y lograr acapararlos inmediatamente, lo que sería casi imposible sin la participación de empleados de las propias tiendas, que avisan al acaparador cuando llega el producto. No es de extrañar que en muchos casos la operación de acaparamiento se produzca antes de que el producto aparezca en exhibición, o que los empleados hagan reservas de cantidades a solicitud de los acaparadores. Un mismo empleado pudiera manejar los contactos de más de un abastecedor y llamar a una lista de ¨puntos¨,  cómo se les conoce popularmente. Se recibiría un porciento por encima del precio de cada artículo acaparado, depositándose su costo en la caja del establecimiento, por lo que técnicamente no hay robo. Por solo citar el ejemplo de las bebidas, si calculamos unos centavos por encima en cada malta, refresco, cerveza o jugo, acaparados en tiendas, cafeterías y restaurantes estatales para su venta por la gastronomía privada -sin implementarse protecciones a algunas marcas- se puede imaginar que las cantidades con las que se benefician periódicamente los participantes son considerables, aun teniendo que compartirlas con otros empleados y gerentes. Es posible encontrar negocios de gastronomía privada, incluso en espacios rentados por el Estado, cuya oferta de productos revendidos supera -a veces con creces- la oferta de productos propios elaborados.  Para los trabajadores y administrativos de las redes de tiendas minoristas, la existencia de esos mercados significan además una dinámica catalizadora para cumplir los planes de ingreso, pues el acaparamiento de un producto deposita de un golpe en la caja contadora cantidades cuya recaudación en condiciones normales demoraría mucho más. Con frecuencia, no solo se tolera la presencia de vendedores informales en las puertas de las tiendas (modalidad que llega prescindir de la mesa-fachada), sino también dentro de esta.  Otras veces son los propios empleados y porteros de la tienda quienes tras la pregunta de ¨¿Qué está buscando?¨, ofrecen al frustrado cliente la información de a quién acudir para encontrar lo que buscan. No sería de extrañar que los puestos de trabajo en determinados departamentos de las tiendas, sean codiciados. Algunos artículos se han convertido exclusividad del mercado callejero, siendo casi imposibles de encontrar en las ferreterías estatales, como es el caso de las tuberías térmicas de plástico identificadas por su color rojo. Lo que también puede hacer sospechar que ese mercado se suple no solo de las tiendas sino de otras fuentes anteriores a estas en la cadena de importación y abastecimiento del Estado. Otro tanto ocurre con los artículos para bebés, que tienen sus zonas de venta informal en las cercanías a los hospitales maternos. Los abastecedores, ante el aviso del arribo de un producto demandado para el cuidado de un bebé, acaparan la franja de precios más asequibles de productos desechables, como toallitas húmedas y pañales en paquetes pequeños. Otros artículos económicos corren la misma suerte, incluyendo los juguetes. Estas redes han convertido al abastecimiento de tiendas, supermercados, ferreterías y ¨mercados industriales¨ en un barril sin fondo. Toneladas de artículos, por un valor de millones de pesos, puestos a la venta bajo un precio determinado, pasan automáticamente de la oferta estatal a la ¨oferta¨ de la red de revendedores sin llegar a la mano de los consumidores. La cantidad de mercancía movida por estas redes hace sospechar que sus capacidades monetarias totales implican cientos de millones de pesos anualmente. Incluso la política de digitalización de la televisión ha chocado con esta situación, poniéndose a vender por parte del Estado, de forma planificada, cantidades de cable coaxial, antenas y en ocasiones hasta cajas decodificadoras que desaparecen de las tiendas para aparecer revendidas en la calle o en anuncios en páginas web como Revolico y Por la libre. Los precios originales para la población, establecidos bajo estudios de implementación de una política del Estado, se evaporan y quien verdaderamente pone el precio al producto -con su consecuencia social- es la mafia que lo revende. Con el tiempo estas redes además de un flagelo social, se han convertido en sostén de un sector de la población que ha encontrado en ellas una fuente de empleo e ingresos, ya sea como vendedores, o como arrendadores del espacio de venta. En varias localidades, cuadras casi completas de las viviendas con portal o puerta a la calle se han arrendado para la venta, siendo fuente importante de impuestos en municipios con pocas posibilidades de otras actividades por cuenta propia. Algunas zonas periféricas han desarrollado una sólida economía informal, convirtiéndose en mercados de buena parte de la mercancía acaparada en las zonas más céntricas de la ciudad. El problema ha tomado un volumen preocupante en cuanto a sus posibilidades de solución. Es evidente que se necesitaría de un cambio de las condiciones en que surgió y se expandió. La recurrente referencia a la inexistencia de un mercado mayorista para el sector privado -de posibilidades poco favorables por la escasa disponibilidad del país de dólares para una importación y producción superior a la actual- ha tenido un efecto inmovilizador, al verlo como el supuesto origen total de estos males cuando muchas de sus aristas no son precisamente debidas a esa ausencia. ¿Tendremos que esperar a su hipotética existencia para percatarnos? Parecería imposible, pero sería difícil  entender que un país como el nuestro, que ha vivido libre del azote del narcotráfico con el uso de sus capacidades, carezca de las necesarias para vencer este flagelo. No debe cometerse el error de ignorar su impacto social y la vulnerabilidad que produce, pues en la guerra económica contra Venezuela los revendedores han jugado un papel importante contra la vida del pueblo venezolano. Si en esa nación se ha tratado de una agresión organizada, habría que preguntarse si la expansión en Cuba, hasta ahora irregular, de un ejército de revendedores con capacidad económica -propia o suministrada- suficiente para hacer colapsar las posibilidades de abastecimiento del Estado, no está siendo estudiada y apreciada como variable de desestabilización para nuestro país.