Posted: 13 Jul 2018 03:32 PM PDT
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La
derecha latinoamericana, siguiendo las órdenes de EE.UU., busca impedir
la postulación del expresidente ecuatoriano Rafael Correa a un nuevo
gobierno.
El reciente caso donde se ordena apresar a Rafael Correa,
quien se encuentra en Bélgica, demuestra las estrategias empleadas por
la derecha latinoamericana supeditadas a las órdenes impartidas desde la
Casa Blanca en una clara violación de la soberanía nacional, las que se
hacen efectivas en la política de aprisionar, atentar o dificultar el
regreso a Ecuador del ex presidente, con el único fin de impedir su
postulación a una nueva gobernanza.En este sentido, la judicialización de la política significa expedir órdenes de prisión preventiva a través del nombramiento interesado de funcionarios que interpreten los deseos de gobiernos vinculados a EE.UU., por encima de los marcos legales y constitucionales, utilizando la Fiscalía como un arma destructiva y obviando todas las posibilidades que se otorgan en la presentación personal cuando ésta se encuentra residiendo con su familia en el extranjero. La rapidez en los procedimientos de arresto y extradición, no realizado en la justicia interna con los connacionales, demuestra la persecución a toda costa de la cual también es parte el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.
Las tres tácticas más utilizadas para destruir la expresión popular son: una, golpe militar o desestabilización a través de “pacíficos grupos estudiantiles-rebeldes” que luchan por la justicia, quemando, asesinando, ejerciendo terrorismo en su máxima expresión; dos, utilizar el sistema judicial con el fin de encarcelar políticos progresistas para impedirles postular a elecciones, o sancionando a todo aquel que se manifieste por la soberanía del país; tercera, manipulando los Medios para apoyar las intrigas, conjuntamente con un bloqueo o caos económico que propicie resentimiento contra mandatarios dignos y nacionalistas.
El caso de Nicaragua y Venezuela es similar al de Siria o Libia, donde “masas espontáneas” nacen de la presión estatal y se organizan con armas para supuestamente liberar la nación. Brasil y Argentina son ejemplos modernos donde la Justicia ya abandonó todo el ideal de objetividad para parcializarse claramente a favor del sistema colonial de dominación.
La prisión de Luiz Inácio Lula Da Silva, sin contar con ninguna prueba sólida, excepto una supuesta propiedad donde la escritura está a nombre de una empresa capitalista y no del ex presidente, basado en “delaciones premiadas”, es decir, en mecanismos judiciales fundamentados en acusaciones orales de empresarios envueltos en tramas de sobornos, se emplea para impedirle alcanzar la primera magistratura. El caso Amia, donde explotó una sede judía en Buenos Aires, y cuya investigación demuestra la complicidad de argentinos e israelíes en ese complot, se traslada a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner quien encabeza sondeos para regresar.
Chile, incluso, se suma a los intentos del gobierno Trump de atacar a Venezuela liderando propuestas guerreristas, aunando en su interior la opacidad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el periodo de Augusto Pinochet al propiciar indultos improcedentes e ilegales. La condena de los asesinos de Víctor Jara ha sido un duro camino que ha tardado más de cuarenta y cinco años.
Cabe destacar en este caso la vía jurídica como expresión de las tendencias dictatoriales pues a fines de diciembre de 1970 Richard Nixon, su ministro Henry Kissinger, Richard Helms (CIA) y Agustín Edwards, representando los golpistas chilenos confabulados con el Congreso y el poder judicial, lograron finalmente quebrar la institucionalidad democrática del país.
En esta situación se encuentra Honduras, Paraguay y Brasil, donde presidentes legalmente elegidos son destituidos o nombrados sin requisitos de ley en una clara manipulación del Congreso, así como el Senado paraguayo destituyó al presidente Fernando Lugo, quien había acabado con la hegemonía capitalista violenta.
¿Enseña EE.UU., con experiencia comprobada, a corromper la justicia?
El gobierno estadounidense tiene una experiencia comprobada en corromper la justicia, hasta tal punto que el prócer Simón Bolívar alertó sobre la forma corrupta de actuar de dicho ente en contra de América.
Actualmente, utilizando presuntos juicios políticos con la finalidad de mermar la popularidad de presidentes demócratas para alejarlos de los cargos públicos y con el fin de derrocar las autoridades legalmente establecidas, amparándose en una falaz “lucha contra la corrupción”, se criminaliza proyectos políticos de transformación. Así se entiende el supuesto “Tribunal Supremo de Justicia en el exilio” para Venezuela, el cual asesorado por el Departamento de Estado de EE.UU. emite una orden de arresto contra el actual presidente, Nicolás Maduro, acusándolo de una participación directa en un esquema de corrupción, el uso indebido de instrumentos jurídicos con fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político.
Se conoce claramente que la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), conectada al centro de torturas Escuela de Las Américas, asesora a gobiernos latinoamericanos para "reformar" sus aparatos jurídicos, participando de la guerra no convencional. El trabajo con Ministerios Públicos, Procuradurías Generales y Fiscalías de la región colonizada es absolutamente condicionado.
La razón sigue siendo la misma: quien se oponga a su política de expoliación hay que exterminarlo por los canales que sean necesarios. Por este mecanismo, las transnacionales emplean el aparato de justicia, las agencias de inteligencia, las fuerzas armadas, el poder electoral y mediático, para adueñarse del continente.
Lo confirma la detención de Lula Da Silva. ordenada por el juez Sergio Moro, cabeza de la investigación judicial conocida como Operación Lava Jato, quien el 2009 recibió entrenamiento en EE.UU.
La conclusión es obvia: duele al mundo que en Colombia se extermine a líderes transparentes, que en México muera la niñez, que en Venezuela y Nicaragua existan bandas ultraviolentas, que en diversos países sus dirigentes no escuchen el clamor del pueblo. Sin embargo, del aumento en la conciencia crítica, el avance movilizador y la denuncia cada vez más fuerte, proveerá el imperioso amanecer de una América libre y feliz.
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