Nuestros defensores de derechos humanos están siendo asesinados en regiones como el Cauca, Antioquia, Nariño, Chocó y Valle del Cauca. Los crímenes que han sido sistemáticos y vienen sucediendo cada semana, en los últimos días se han agudizado. Este genocidio que confronta la paz, ha producido una consternación en la sociedad.
Hoy el país se despierta con el asesinato de siete líderes sociales en nueve días. El 25 de junio fue asesinado José Abraham García, Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Pascuita en el municipio de Ituango, Antioquia. Dos días después, fue perpetrado por varios hombres fuertemente armados Julio Cesar Sucerquia, miembro de la Asociación de Comités Barequeros del Norte de Antioquia.
Julio Sucerquia
El 28 de junio, el líder campesino Carlos Hidrobo Navia,
fue abordado en la zona de El Patía, al sur del Cauca. Varios sujetos
lo obligaron a bajar de su moto y le dispararon en varias oportunidades.
Al siguiente día, mientras descansaba en la cama de su habitación, en
el departamento de Córdoba, fue asesinado el líder campesino Iván Lázaro.
Un asesino que no le permitió reaccionar. Hace tres días, 3 de julio,
fue asesinado el concejal Gabriel Correa del municipio de Buenos Aires,
en el norte del Cauca.
Gabriel Adolfo Correa
Carlos Hidrobo Navia
Luego de estos crímenes, se conoció que mientras transmitían el partido de fútbol de la Selección Colombia, asesinaron a otros dos líderes sociales: Felicinda Santamaría en el Chocó y Luis Barrios en Atlántico. Sucesos que lamentó Jorge Flórez, concejal electo del Municipio de Bucaramanga, quien mencionó los dos casos y la noticia de una nueva masacre en Argelia, departamento del Cauca, donde se encontraron siete cuerpos con múltiples disparos en una de las vías de la zona rural del municipio.
En el comunicado de las comunidades indígenas de Cxhab Wala Kiwe, ellos advierten un asunto no menor y es la transición de gobierno, comandado por el Expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo cual ha hecho que el discurso del odio tenga eco en las filas paramilitares y por ende se recrudezca el número de nuestros líderes y lideresas silenciados. “somos conscientes de los cambios que sufre el país y el camino de destrucción que impone el nuevo gobierno nacional. Aunque todavía no ha tomado posesión el presidente electo, por el territorio nacional ya se extiende en la práctica el discurso de odio que tiene tanta resonancia entre el paramilitarismo no desmovilizado” dice en el escrito.
Esto último que se menciona se argumenta directamente con el número de asesinatos que viene en aumento según el informe “Todos los nombres todos los rostros” presentado por la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, la Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), a mayo de 2018, asesinaron en Colombia a 98 líderes y líderesas sociales (en 2017 al mismo periodo iban 77) que se añaden a las muertes de Felicinda Santamaría y Luis Barrios.
Además se suman las constantes amenazas, esta última cuestión que ha sido el agravante en las redes sociales, donde se han conocido varios panfletos de grupos al margen de la ley.
Lo que preocupa a los defensores de derechos humanos y a la ciudadanía en general, es que, con respecto al caso de Argelia, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch y Defensor de Derechos Humanos cuyo trabajo con frecuencia ha girado en torno a Colombia, publicó este panfleto amenazante que dice, había circulado en el municipio pocos días antes de la masacre.
Panfleto difundido por José Miguel Vivanco
Se entiende entonces que el país se encuentra en un proceso de recrudecimiento de la violencia, caracterizado por la persecución armada a los sectores sociales, populares y alternativos, facilitado por la evidente complicidad de los medios masivos de comunicación y un gobierno nacional que no le da prioridad o no tiene la capacidad de brindarle seguridad a sus líderes y líderesas sociales.
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