Resumen Latinoamericano / 3 de julio de 2018
Entre enero y junio del presente año han caído asesinados más de 76 líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos, integrantes del movimiento social y miembros de la oposición política. La población más afectada sigue siendo las campesinas y campesinos miembros de Juntas de Acción Comunal, las organizaciones indígenas y afrodescendientes, excombatientes de las FARC, defensores del territorio, reclamantes de tierras y organizaciones que desarrollan su actividad alrededor de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícitos.
Menos homicidios por conflicto armado, pero crece el genocidio de líderes
A más de un año y medio de la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC, hay una disminución del índice de la muerte de combatientes y civiles por consecuencias del conflicto armado, pero crece exorbitantemente el asesinato de defensores de derechos humanos, líderesas y líderes sociales, excombatientes e integrantes del nuevo partido FARC. Cada 2 semanas han asesinado a 7 integrantes de estos colectivos, además las judicializaciones de la Fiscalía y las amenazas paramilitares siguen en aumento.
En el informe de derechos humanos “Todos los nombres, todos los rostros”, realizado por diferentes organizaciones sociales y políticas del país, se establece que:
“Entre el 24 de noviembre del año 2016 (fecha en la que se suscribió el Acuerdo Final) y el 8 de mayo de 2018, a nivel nacional han sido asesinados 63 ex combatientes de las FARC – EP en proceso de reincorporación, 17 familiares y 6 ex combatientes de las FARC – EP en proceso de reincorporación han sido desaparecidos forzosamente.”
Aunque en la mayoría de los casos de amenazas, ataques y asesinatos se desconoce el responsable material e intelectual, el modo más utilizado para perpetuar el crimen es con sicarios; sujetos que se movilizan generalmente en motocicleta con armas de fuego de corto y largo alcance que interceptan al líder o lideresa causándole la muerte. Los que amenazan utilizan siglas paramilitares como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Águilas Negras, AUC, Rastrojos, entre otras.
Para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:
“Los presuntos autores materiales de los asesinatos fueron principalmente miembros de grupos criminales que posiblemente incluyen a ex miembros o antiguas estructuras de organizaciones paramilitares”.
Empresarios Agro-Extractivistas los autores intelectuales
Según el informe “Cómo protegemos a quienes defienden los derechos humanos en Colombia” publicado en mayo de este año, por la Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO), y Taula Catalana, en el primer trimestre de 2018 la cifra de asesinatos se duplicó comparada con el mismo periodo en 2017, enero ha sido el mes con mayor número de asesinatos. Los departamentos con mayor riesgo son Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, el 62 por ciento de todos los homicidios de líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos se concentran en estos departamentos que hacen parte la región occidental del país.
Los territorios que actualmente tienen más riesgos son donde se encuentran proyectos extractivistas y de infraestructura, como la minería e hidroeléctricas, zonas con presencia de cultivos de uso ilícito, donde se han firmado acuerdos de sustitución voluntaria; zonas cercanas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, que eran copados por las FARC y que ahora se encuentran en disputa territorial; y los municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que al ser espacios de la Implementación del Acuerdo de Paz, se convierten en escenarios de riesgo para el ejercicio y la defensa de los derechos humanos.
Los asesinados en junio
En junio se registraron 13 asesinatos de líderes y lideresas sociales. El mes empezó con el asesinato de 4 líderes sociales, el 2 de junio. Carlos Jimmy Prado Gallardo, quien se desempeñaba como directivo de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico territoriales en Nariño (ASOCOEDNAR), era representante legal de Satinga Joven y delegado nacional del espacio de consulta previa de las comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizales en Nariño; había denunciado varias veces las amenazas en su contra ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Unidad Nacional de Protección (UNP). Julio Cesar Montalvo, líder social indígena, defensor de Derechos Humanos y étnicos, quien pertenecía al resguardo indígena Senú alto San Jorge, en Córdoba, hermano de la gobernadora indígena Meisa Montalvo Teherán. Orlando Negrete Ramírez, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Las Delicias del municipio de Tierralta, Córdoba. Fradi Chica excombatiente de las FARC del municipio de Ituango, Antioquia.
El 11 de junio fue asesinado Yeison Ramírez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Ye, en Putumayo; el 12 de junio, Francisco José Rueda, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Mandarino, en Ituango. El asesinato de la docente de primaria Evelia Francisca Atencia Pérez ocurrió el 21 de junio, en el municipio de Maicao, La Guajira, también se desempeñaba como promotora de la campaña de presidencial Colombia Humana de Gustavo Petro; el 23 de junio fueron asesinados Adrián Pérez, hijo de uno de los líderes de restitución en tierras de la Comunidad “La Nevera”, en el municipio de Curvaradó, Chocó, y Héctor Santiago Anteliz, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda San José, municipio de Teorama, Norte de Santander.
En la última semana de junio perpetraron asesinatos casi todos los días. El 25 de junio fue el asesinato de José Abraham García, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pascuita, en Ituango; el 26 de junio, Jaime Albeiro Idrobo, exconcejal y miembro del Comité de Cocaleros de la vereda La Joaquina, del municipio de Balboa, Cauca; el 27 de junio, Cesar Sucerquia, miembro de la Asociación de Comités Barequeros del Norte de Antioquia (ASOCBARE-NA), en la vereda Mote del municipio de Ituango; el 29 de junio Iván Lázaro, miembro de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, ASCSUCOR, que hace parte de Marcha Patriótica y de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina -Anzorc-, quien fue durante dos periodos secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda Rogero, destacado por abanderar procesos deportivos y culturales en la comunidad.
Indolencia y complicidad estatales
Aunque se han adoptado medidas normativas, administrativas y políticas para garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos, para los líderes y lideresas; estas medidas no son suficientes. Es necesario generar medidas de protección con enfoque diferencial dirigidas a los grupos poblacionales con mayor riesgo, estas medidas son más efectivas si son colectivas, no es suficiente la protección a una persona de la comunidad cuando el riesgo es colectivo; además se debe implementar mecanismos reales de prevención ya que el Sistema de Alertas Tempranas no es tomado con seriedad por el Gobierno y finalmente acatar la solicitud urgente de las organizaciones defensoras de derechos humanos para que se investigue y se establezcan las causas estructurales de los asesinatos.
