Resumen Latinoamericano / 15 de julio de 2018 / Isaac Marín Lizarazo, Trochando Sin Fronteras
Comunidades conscientes y decididas a parar los megaproyectos, impulsan procesos sociales y comunitarios sin depender de la petrolizada economía.
El piedemonte llanero y las inmensas sabanas del oriente han adquirido momentos de mayor importancia, empujando desde allí, a veces sin proponérselo, períodos políticos, económicos y socioculturales que han impactado significativamente la vida de la nación. Uno de estos, marcado por la producción de hidrocarburos, una “bonanza petrolera” que llevó al departamento de Arauca, después al Casanare y más recientemente al departamento del Meta a convertirse en la gallina de los huevos de oro para la economía y el gobierno colombiano.
Los tres departamentos han tenido su cuarto de hora, por lo menos de publicidad, de explotación de sus recursos naturales y a costa de estos, el enriquecimiento de unos pocos. Paralelo a este, los llaneros han sufrido la agresión militar y paramilitar, los ataques del paramilitarismo han sido parte de la implementación del modelo de extracción petrolera. Después las dinámicas económicas han caído vertiginosamente; en Casanare particularmente el prometido desarrollo no llegó, o por lo menos, no en los niveles que habían anunciado. Allí se perpetuó la pobreza, la desigualdad social se ensanchó, este departamento fue golpeado por la violencia y lo hundieron en la peor crisis la corrupción y el desgobierno propinado por jefes de la región y varones de las mafias políticas del país.
Colombia no es un país petrolero y su producción de crudo, hoy no alcanza los 860.000 barriles por día, esta cifra que en los últimos cinco años se mantiene en descenso, afecta negativamente las economías regionales y rubros importantes del presupuesto de la nación, a estos factores, se suma los bajos precios del petróleo que llegó a menos de 40 dólares y hoy apenas supera 68 dólares por barril cuando en tiempos de bonanza, año 2010 sobrepasó los 100 dólares.
Aun así, hoy sigue siendo importante la explotación petrolera en Casanare, los efectos negativos también; las comunidades se oponen a la extracción de hidrocarburos por varias razones. En la región la violación de los derechos humanos siguen siendo recurrentes, el costo de vida es elevado y los niveles de desempleo superan los promedios nacionales. El deterioro ambiental que representa daños en ecosistemas, la pérdida del agua y por consiguiente largos periodos de sequía, la infraestructura de servicios públicos es desastrosa y la red vial, principalmente la terciaria se encuentra deteriorada, este es el sombrío panorama de tres décadas exportando hidrocarburos.
No es nuevo que las comunidades se opongan al modelo de explotación petrolera, pero ¿cuál es el problema de fondo? ¿Por qué las comunidades se siguen oponiendo a las actividades petroleras? Veamos unos factores que pueden estar inmersos en estas luchas y resistencias regionales. Lo primero que subrayamos, es que la industria petrolera se desarrolla en el marco de una economía de enclave que se caracteriza por niveles de inversión extranjera muy altos con pírricos aportes a la economía local, aquí el desbalance económico no le permite a las empresas nacionales competir, esto explica porque los campos petroleros del pie de monte y los llanos han sido de la Oxxy, la BP, Exxon Movil, Shell, Chevron, Total, Energy, Pacific Rubiales y muchas más; toda la explotación y mercadeo de los hidrocarburos se han realizado de espalda a las comunidades.
Las economías de enclave se caracterizan por imponer el control territorial desde afuera, a la fuerza y por encima de la normatividad local, en este caso por encima de la legislación y la juridicidad colombina. Así en la región, las multinacionales contrataron empresas de seguridad (con mercenarios internacionales), financiaron el paramilitarismo y lograron que los gobiernos colombianos dispusieran de Batallones Militares, Policías, Esmad y efectivos de inteligencia para la custodia de las localidades petroleras.
Allí impusieron la seguridad a la medida de las empresas, desechando las normas comunales, desarticulando los procesos comunitarios, el tejido social y las territorialidades tradicionales. La industria petrolera lleva en su haber miles de campesinos y líderes sociales asesinados, más de 5.000 desaparecidos y numerosas familias lugareñas desplazadas.
Las multinacionales conjugan estrategias de fuerza, y estrategias “blandas” de persuasión y “consensos”, de consecución de aliados, así las petroleras han permeado las instituciones en la región y en establecimientos nacionales. Entonces encontramos funcionarios en abierta defensa de las multinacionales y en contra de las comunidades, señalando y amedrantado a los líderes y activistas lugareños, organismos de control que son permisivos, medios de comunicación que hacen apología del despojo y saqueo de los recursos, acusando y condenado a las comunidades de terroristas o de colaboradores de las insurgencias.
La industria petrolera por ser una economía foránea, además temporal en el territorio, indudablemente mueve las dinámicas sociales. Hacia los llanos se dieron masivas migraciones de familias en busca de empleo, negocios y mejores posibilidades de vida. Y si las bonanzas petroleras fueron cortas, las oportunidades laborales fueron efímeras, haciendo caótico los ciclos de desempleo en la región. Allí las municipalidades con una infraestructura de servicios públicos insuficientes para soportar ejércitos de desempleados y sus familias, cedieron a la crisis. Este oleaje agitado por la industria petrolera hace que las comunidades hoy se opongan con mayor fuerza a proyectos petrolíferos y de extracción de recursos.
La resistencia y oposición se da en varios niveles, hay comunidades muy afectadas por las multinacionales, porque han perdido familiares en esta lucha que lleva más de tres décadas, han perdido sus tierras y fueron expulsados de sus regiones. Otro segmento de la población ya se desencantaron de las fabulosas promesas del desarrollo, aquí también se cuentan los políticos locales que vieron en la centralización de las regalías petroleras por parte del Gobierno Nacional, un rasponazo a las chequeras regionales.
Y la franja que crece y gana mayor incidencia vienen siendo las comunidades conscientes y decididas a parar los megaproyectos, convencidas de detener el modelo de extracción de los bienes públicos, comunidades que defienden los territorios y ejercen soberanía, protegen el agua, la vida y la producción de alimentos, impulsando procesos sociales y comunitarios sin depender de la petrolizada economía.
