Resumen Latinoamericano*, 15 de agosto 2018.
El Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control ordenó privativa de libertad contra el exdiputado de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Requesens, a quien le fueron imputados siete delitos en el caso del magnicidio en grado de frustración contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto durante un acto oficial en la avenida Bolívar de Caracas.
De conformidad con los artículos 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, Requesens fue señalado como presunto autor y partícipe de los delitos de homicidio intencional calificado en grado de frustración en perjuicio del jefe de Estado y contra siete funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), así como de los delitos de instigación pública continuada, traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir y posesión de armas y municiones.
En la audiencia oral, el tribunal señaló como lugar de reclusión la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y ordenó la incautación de todos los bienes muebles e inmuebles para que sean colocados a la orden de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, así como la prohibición de enajenarlos y gravarlos.
Igualmente, decretó el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias relacionadas con el imputado.
Nueve personas asistieron a la audiencia oral
Dicho tribunal también procedió este martes a la audiencia oral de los ciudadanos Juan Carlos Monasterios Vanegas, alias Bons (quien participó en el robo de armas en el Fuerte Paramacay, estado Carabobo), Argenis Gabriel Valera Ruiz y José Eloy Rivas Díaz (dueño de la tienda Start Electronic C.A.), a quienes se les dictó privativa de libertad y se les fijó como sitio de reclusión la sede de la Dirección de Contra Inteligencia Militar (Dgcim).
A Monasterios Vanegas y a Valera Ruiz se les acusó de los delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en contra del presidente de la República; homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración contra siete efectivos de la Fanb, lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas, daños violentos a la propiedad, terrorismo y asociación para delinquir.
En cuanto a Rivas Díaz se le acusó de homicidio intencional calificado en grado de frustracióncontra el jefe de Estado, homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración contra siete efectivos militares, financiamiento al terrorismo, daños violentos a la propiedad, terrorismo, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir.
El tribunal dictó la incautación preventiva de todos los bienes muebles e inmuebles, así como la prohibición de enajenarlos y gravarlos, además del bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias de Monasterios Vanegas, Valera Ruiz y Rivas Díaz.
En la audiencia oral, el tribunal también ordenó privativa de libertad contra otros implicados en el intento de magnicidio, específicamente Alejandro Pérez Gámez, Pedro Javier Zambrano, Brayan de Jesús Oropeza Ruiz y Yanín Fabiana Pernía, contra quienes ordenó privativas de libertad.
En el caso de José Gregorio Blanco y Luis Alberto Guerra se acordó medida cautelar sustitutiva, con presentaciones cada 15 días ante el tribunal, por ser presuntos cómplices “no necesarios en el delito de lanzamiento de artefacto explosivo“, indica una nota de prensa.
Además, el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control dispuso que a los imputados se les practique un reconocimiento médico legal para verificar su estado de salud.
