Resumen Latinoamericano*, 17 de agosto 2018.
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró procedente la solicitud de extradición activa al Reino de España del ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ex ministro de Petróleo, Rafael Ramírez Carreño, para ser sometido a un proceso penal en Venezuela.
El máximo órgano judicial del Estado detalló —mediante nota de prensa— que Ramírez enfrentará un procedimiento penal en el país, por su presunta vinculación con los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación.
“Los dos primeros delitos están debidamente tipificados en el artículo 54 y 60 de la Ley Contra la Corrupción, y el tercero en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”. refiere el Máximo Tribunal del país.
En la sentencia N° 258, con ponencia del magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela, la Sala de Casación Penal del TSJ asume que el exministro contará con todas las garantías constitucionales y procesales penales, consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela relativas al principio “de no discriminación; prohibición de desaparición forzada de personas; debido proceso; derecho a la integridad física, psíquica y moral; prohibición de ser sometido a penas, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes; derecho a un sistema penitenciario que asegure su rehabilitación y que no podrán ser juzgados por otros hechos distintos a los señalados en las solicitud de extradición, cometidos con anterioridad a cada solicitud”.
El máximo órgano judicial del Estado detalló —mediante nota de prensa— que Ramírez enfrentará un procedimiento penal en el país, por su presunta vinculación con los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación.
“Los dos primeros delitos están debidamente tipificados en el artículo 54 y 60 de la Ley Contra la Corrupción, y el tercero en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”. refiere el Máximo Tribunal del país.
En la sentencia N° 258, con ponencia del magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela, la Sala de Casación Penal del TSJ asume que el exministro contará con todas las garantías constitucionales y procesales penales, consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela relativas al principio “de no discriminación; prohibición de desaparición forzada de personas; debido proceso; derecho a la integridad física, psíquica y moral; prohibición de ser sometido a penas, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes; derecho a un sistema penitenciario que asegure su rehabilitación y que no podrán ser juzgados por otros hechos distintos a los señalados en las solicitud de extradición, cometidos con anterioridad a cada solicitud”.
