/ Bajo el descontrol de la fumigación / 2. Un informe sanitario alerta sobre los niveles cancerígenos por exposición al asbesto en el subte
En Canals, las fumigaciones prácticamente bordean las viviendas. Tiene una tasa de 610 muertes por cáncer cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa nacional es de 115. Los médicos sostienen que el patrón de enfermedades cambió.
En la página de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados aparecen imágenes de los agrotóxicos utilizados.
Imagen: Nahuel Zahler
Un nuevo capítulo de los conflictos entre el modelo de agronegocios y la salud se narra por estas horas en la provincia de Córdoba. El escenario se ubica en el sudeste provincial: Canals, situado a medio camino entre Río Cuarto y la santafesina Venado Tuerto. Esta área, históricamente tambera y hoy típicamente agro-transgénica, ha vivido durante la última década una oscilante conflictividad en torno al uso descontrolado de agroquímicos. Pero de un año a esta parte, la situación se agravó drásticamente. Ante la percepción del aumento de casos de cáncer en forma sustancial, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados solicitó un relevamiento sanitario, que ya concluido confirmó sus sospechas. Las muertes por cáncer en Canals implican más de la mitad (55 por ciento) del total de fallecimientos, mientras que a nivel provincial alcanzan a menos del veinte por ciento.
Asamblea y patrulla sanitaria
Fue un grupo de habitantes del pueblo (igual que en Ituzaingó Anexo, Monte Maíz, barrio San Antonio, Dique Chico) que comenzaron a reclamar un estudio socio-sanitario, junto a mayores controles y el cumplimiento de la ley provincial 9.164 que regula el uso de plaguicidas. Por ejemplo, en su artículo 34 establece que los aplicadores terrestres deben realizar las operaciones de carga, descarga, abastecimiento y lavado en las afueras de los centros poblados. En Canals, afirman los Vecinos Autoconvocados “esto no se cumple”. Asimismo, la distancia de 500 metros desde la zona urbana para aplicaciones terrestres de los productos más tóxicos (clase I y II) que exige la ley, como así también los controles de máquinas, de aplicadores y los resguardos según temperatura y viento son letra muerta. En un comunicado enviado a este cronista, la asamblea sostiene que “todas las semanas hay que tratar de frenar las máquinas, porque están fumigando encima de la gente”. En este sentido, narran que días atrás se dio un caso donde una mujer embarazada de tres meses acudió a los Vecinos Autoconvocados porque “la estaban fumigando calle mediante, en un procedimiento que finalmente fue frenado porque no había habilitación para el mismo, y que estaba siendo avalado por un agente municipal”.
“El descontrol de las fumigaciones, la circulación de máquinas por el pueblo, la presencia de depósitos donde lavan las fumigadoras al lado de las casas nos pusieron en alerta, mientras que en paralelo observamos cómo proliferan casos de cáncer, afecciones en la piel, malformaciones que los propios médicos que nos atienden nos hicieron relacionar con este cuadro ambiental”, explican sobre los fundamentos que los movilizan.
Un espiral que abruma
Frente a este cuadro y luego de diversos reclamos, la asamblea emprendió un estudio colaborativo junto a la Red de médicos de Pueblos Fumigados. El trabajo divulgado como ‘Una epidemia silenciosa’ fue realizado por el pediatra Medardo Ávila Vázquez, el psicólogo Carlos Zubiri, el politólogo Martín Garay y el cirujano Adolfo Estrella. El informe analiza los fallecimientos desde abril de 2017 a marzo de 2018 en este pueblo que ronda los 10.000 habitantes. Por un lado, llamó la atención que la mortalidad esperada (más allá de las causas) era de 78 muertes en un período de 12 meses, pero se toparon con 111 fallecimientos. Y a eso se agrega que el número previsible de muertes por cáncer en Canals en el período estudiado era de 22 personas como máximo, pero fueron 61. El trabajo destaca que la tasa ajustada de mortalidad por cáncer a nivel nacional es de 115 cada 100.000; mientras que la tasa bruta de Canals es de 610 cada 100.000, más de cinco veces mayor.
Estos datos obtenidos mediante el relevamiento de una funeraria y encuestas a familiares y allegados de las personas fallecidas contrastan significativamente con un acta del Registro Civil local que indica que en 2017 fallecieron 121 personas de las cuales sólo ocho tuvieron como causal algún tipo de cáncer. Incluyendo la posibilidad de personas que no hayan sido sepultadas en el cementerio local, la diferencia en los datos es elocuente. Ese tipo de información oficial, sumado a la ausencia de políticas del intendente Carlos Peiretti llevó al grupo de activistas a impulsar acciones como el relevamiento sanitario, reuniones y pedidos formales de mayor regulación. “Ahora solicitamos más estudios para que se conozca a fondo la situación ambiental del pueblo, pero que sea hecho por académicos que vienen trabajando el tema como la Red Universitaria de Ambiente y Salud de Córdoba (Reduas), y el GEMA (Río Cuarto), porque el Ejecutivo como buena parte del Concejo Deliberante están vinculados a la actividad agrícola y no quieren avanzar en esto.”
Cuerpos no resistentes
Por su parte Avila Vázquez anticipó que complementarán el trabajo con un “monitoreo de agua de lluvia, suelo y polvillo para observar si hay contaminación con agroquímicos, y en qué nivel”, ya que es el factor principal de afectación que se ha encontrado en “estudios de otros pueblos con características similares”, como Monte Maíz o San Salvador en Entre Ríos. Además, el miembro de la Reduas solicitó a las autoridades “que se puedan contrastar los certificados de defunción con lo relevado, y que se tomen medidas inmediatas para resguardar la salud de la comunidad”.
Uno de los demandantes de acciones concretas frente a este escenario es el médico local Adolfo Estrella, con cuarenta años de actividad en Canals. “Estamos cansados de ver casos de cáncer, y si bien uno no puede decir esto empezó tal año, sí ve que hay un aumento progresivo, y que el patrón de enfermedades ha cambiado”. En diálogo con PáginaI12, Estrella describe el panorama crítico que padecen: “Acá se fumiga a la vera del pueblo, y vemos que cada vez se usan más y más químicos, porque las plantas se hacen resistentes, y entonces tenemos un descontrol absoluto”. El médico afirma que los plaguicidas “llegan vía aire cuando fumigan, pero también quedan en la tierra y en el agua, algo que ya está estudiado”. Después “cada cuerpo reacciona de forma diferente, pero en definitiva necesitamos que no se exponga más a nadie a esto, y que se cumplan las leyes para frenar esta irresponsabilidad”.
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Un informe sanitario alerta sobre los niveles cancerígenos por exposición al asbesto en el subte
Ocultar un problema de salud bajo tierra
La fundación Soberanía Sanitaria alertó en un informe sobre la mortalidad que genera la exposición al asbesto, material que se encuentra en los vagones de los trenes adquiridos por el gobierno porteño.
El asbesto se volvió un problema visible cuando fue detectado en vagones comprados por Macri al metro de Madrid.
Imagen: Leandro Teysseire
Mientras continúa por vía judicial el conflicto en torno a la presencia de asbesto en los subtes porteños, un material cancerígeno cuyo uso está prohibido en el país desde 2001, y del que ni el gobierno porteño ni Metrovías se hacen cargo, la fundación Soberanía Sanitaria alertó, a través de un informe, que la mortalidad por exposición a esta fibra mineral viene aumentando desde hace al menos 36 años, que es el tiempo promedio de latencia entre la exposición a la sustancia y el desarrollo de la enfermedad, convirtiéndola en un relevante problema de salud pública. El sanitarista y presidente de la fundación Soberanía Sanitaria, Nicolás Kreplak, explicó que “el problema del asbesto, a diferencia de otros cancerígenos como el cigarrillo, que si se deja de fumar, con los años, las posibilidades de contraer una enfermedad disminuyen o se igualan a las del no fumador, el asbesto que se introduce en las vías respiratorias nunca se metaboliza y siempre es cancerígeno”, y remarcó que el Gobierno de la Ciudad “debería motorizar la investigación en los vagones de subte y no acallar la situación como lo está haciendo”.
El informe de la fundación detalla que según un estudio reciente, entre 1980 y 2013, se identificaron 3.259 defunciones por mesotelioma en el país. En 1980 se identificaron 64 defunciones, número que se triplicó llegando a 177 en 2013. La mortalidad entre los hombres pasó de 4,1 por cada millón de habitantes en 1980 a 7,5 en 2013; y entre las mujeres, de 2,5 a 3,9 en el mismo período. La diferencia parece resultar de la mayor prevalencia de exposición ocupacional al asbesto entre los hombres, que en mayor proporción estuvieron expuestos muchos años antes de ocurrida la defunción.
Kreplak explicó a este diario que “al tener un tiempo de latencia muy largo el desarrollo de las enfermedades se hace difícil el diagnóstico, por eso se utiliza como indicador la mortalidad por mesotelioma”. El largo período de incubación también explica el aumento de las estadísticas actuales, “las muertes van aumentando porque son acumuladas. Lo que vemos son el resultado de los años de exposición a la sustancia, que aparece 30 años después”, señaló el sanitarista.
El asbesto se volvió un problema visible cuando a principio de año se detectó el material en los vagones CAF 5000, que circularon entre el año 2013 y parte del 2017, que había comprado Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno porteño, al Metro de Madrid, donde estalló un escándalo por casos de cáncer de trabajadores expuestos a la sustancia.
En julio pasado, el asbesto volvió al centro de la escena local cuando un estudio reveló que otras formaciones también tenían piezas con asbesto. El titular de Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, en diálogo con PáginaI12 resumió la situación actual: “tenemos certeza de que hay asbesto en los CAF 5000, la chatarra cancerígena que compró Macri, quien tenía que saber porque los manuales dicen que tienen asbesto. De los 36 que había, diez están fuera de servicio en el taller Rancagua de la B, el resto los destruyeron”. “Además, mandamos a hacer un estudio unilateral a la Universidad del Sur y se detectó asbesto en los coches Nagoya de la Línea C, en las General Electric de la E y en las Mitsubishi de la B y D”.
Un mes después, los metrodelegados denunciaron que Metrovías y Sbase querían destruir las pruebas del amianto en los trenes, y se opusieron a un operativo que intentó sacar con destino incierto los vagones del taller.
Pianelli afirmó que “lo primero que tienen que hacer es reconocer que tienen asbesto; segundo, los trabajadores tienen que tener un examen anual de salud riguroso por parte de la ART para saber si algún trabajador tiene asbestosis y, en tercer lugar, hay que desamiantar”, y remarcó que “Madrid lo está haciendo, Chile también. Va a llevar varios años reemplazar todo, pero es necesario una política seria para eso. Algo difícil si la comisión que se acordó con el Gobierno de la Ciudad, Metrovías, Sbase y el Sindicato de Supervisores está paralizada. La causa está judicializada”, explicó, cautelar de por medio para que no desaparezcan los trenes con amianto y se los pueda analizar.
En tanto Kreplak, ex viceministro de Salud de la Nación, remarcó que “muchas veces se consideran estas enfermedades como propias del trabajo y pasan desapercibidas. Pero los trabajos son peligros para la salud cuando se hace lo que no corresponde, como comprar trenes con asbesto cuando está prohibido”, remarcó que “es necesario desasbestizar, dar protección adecuada a los trabajadores expuestos”, y sostuvo que “la idea es poder hacer un rastreo de instituciones públicas como se hizo en España, un catastro para sabe dónde está el asbesto”.
