INFORME ANUAL – REGISTRO NACIONAL DE CASOS DE TORTURA Y/O MALOS TRATOS
En el año 2017, el Registro Nacional
de Casos de Tortura registró un total de 1.408 víctimas que permiten la
individualización de 5.328 hechos de tortura y/o malos tratos
penitenciarios. Además, en base a la información acumulada en los
primeros 6 años, este año se propuso profundizar el relevamiento sobre
determinados tipos de tortura para una mayor densidad descriptiva sobre
los mecanismos extendidos de gobierno penitenciario. En lo que refiere a
las cárceles federales se seleccionó el tipo “falta y/o deficiente
alimentación”, en tanto en las cárceles bonaerenses se indagó acerca de
la “falta o deficiente asistencia de la salud”. Asimismo, se presentan
los resultados del Registro de Casos de Tortura y Malos Tratos por parte
de las policías y otras fuerzas de seguridad durante el año 2017. Se
registraron 971 hechos de malos tratos y/o torturas ejercidos en las
instancias de aprehensión, traslado y detención en comisarías sobre 218
víctimas. La publicación de este Informe Anual 2017 confirma una vez más
que la tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento
estructural, extendido y persistente. Este trabajo sostenido durante
años de relevamiento, descripción e interpretación de las prácticas de
tortura constituye una política institucional de la Procuración
Penitenciaria de la Nación, la Comisión por la Memoria de la Provincia
de Buenos Aires y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos
Humanos de la Universidad de Buenos Aires, que constan en Registro
Nacional de Casos de Tortura, encabezado por la socióloga Alcira
Daroqui. (Link con la investigación http://www.ppn.gov.ar/sites/default/files/2017%20Informe%20anual%20RNCT.pdf )
El Registro Nacional de Casos de Tortura,
que lleva control desde 2010, detectó durante 2017 a 1.408 víctimas que
sufrieron 5.328 hechos de tortura o malos tratos o ambas de parte de
los agentes penitenciarios. Estas cifras son de base, se estima que los
casos son muchos más.
El trabajo para el Registro se realizó en
10 unidades penales de la provincia de Buenos Aires y en seis unidades
penales y una alcaidía penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal.
También se relevaron víctimas en otras 14 cárceles federales, una
alcaidía federal, seis unidades de servicios penitenciarios provinciales
(Misiones, Córdoba, Santa Fe y San Juan) y tres institutos dependientes
del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de
Buenos Aires. Además, se relevaron víctimas en otras 23 cárceles del
Servicio Penitenciario Bonaerense y siete centros cerrados del organismo
provincial de niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires.
De las 1.408 víctimas la mayoría son
jóvenes de entre 22 y 44 años y hombres (87,9%), mientras que las
mujeres representan el 11,9% y tres detenidas trans, que equivalen al
0,2% del total.
Los investigadores identificaron 11 tipos
de torturas: agresiones físicas (866 hechos), falta o deficiente
asistencia de la salud (830), aislamiento (823), malas condiciones
materiales de detención (772), falta o deficiente alimentación (586),
amenazas (354), impedimentos de vinculación familiar y social (340),
requisa personal vejatoria (325), robo y/o daño de pertenencias (188),
traslados gravosos (137) y traslados constantes (107).
Las agresiones físicas se presentan
nuevamente como el tipo de tortura relevado con mayor frecuencia y
marcan “la persistencia de la regularidad y sistematicidad de la
violencia física penitenciaria, a través de la reiteración de hechos que
incluyen actos combinados de golpes de puño, patadas, palazos, y en
ocasiones incluyen otras modalidades de agresión como el uso de gas
pimienta o lacrimógeno, el ‘criqueo/motoneta’ o el ‘Plaf-plaf’”,
explican los investigadores. La “motoneta” consiste en esposar
violentamente a la persona detenida, con los brazos atrás y levantados
por encima de la cabeza. Y el “plaf-plaf” son golpes simultáneos con las
dos manos en ambos oídos, que provocan aturdimiento.
“Los funcionarios estatales en los
servicios penitenciarios relevados, además de mantener condiciones
degradantes de vida, encerrar o aislar dentro del encierro, agredir
físicamente, producir hambre y desatender la salud, impiden u
obstaculizan los vínculos familiares, amenazan con más actos de
violencia ya concretados generando sumisión e impunidad, requisan en
forma vejatoria y humillante, roban y dañan las pertenencias de las
personas detenidas, las trasladan en forma gravosa y/o constante”, dice
el extenso trabajo.
La violencia ocurre desde el primer
momento de la detención, dentro de las comisarías, durante traslados, en
alcaidías, destacamentos. Casi la mitad de los casos se registraron en
los grandes complejos penitenciarios del Área Metropolitana: Ezeiza
(55%), Marcos Paz (30%) y Devoto (15%).
De acuerdo al protocolo de Estambul, la
denuncia penal sobre torturas debe hacerse solo por pedido expreso de la
víctima detenida. De ese modo, durante 2017 se registraron apenas 198
denuncias. El por qué de este silencio lo explica Alcira Daroqui:
“Denuncian muy poco por dos motivos: porque el ámbito judicial no hace
nada, otorga impunidad, y por miedo a que el Servicio Penitenciario los
mate o los trasladen o los tiren a otro pabellón donde los maten otros
presos. Con eso los asustan, los acallan. Y así y todo se producen
algunas denuncias interesantes porque permiten demostrar cómo el Poder
Judicial prácticamente archiva o esconde estos casos”.
