El 54% del ajuste será para pagar intereses de la deuda/ Diputados opositores advirtieron que sin cambios no votarán el Presupuesto
Resumen Latinoamericano/ 18 de septiembre 2018
Un presupuesto basado en la devaluación y el ajuste para honrar a los acreedores
Más allá de los dudosos pronósticos de inflación y recesión, la “ley de leyes” celebra el dólar a $40 y explicita los recortes pautados para afrontar los pagos de deuda externa. Los principales puntos del proyecto.
Sin embargo el documento establece un diagnóstico de la situación y la hoja de ruta de la política económica así como algunas valoraciones acerca de los pilares sobre los cuáles el gobierno pretende afrontar el próximo año.
De entrada, el proyecto asegura que los “shocks de 2018 no nos apartarán del rumbo elegido”. Los mismos son atribuidos a factores que habrían escapado al control del gobierno. Por un lado “la sequía más intensa de los últimos 50 años” y, por el otro, “la suba de tasas de interés más rápidas que lo esperado en Estados Unidos”. A este cuadro agregan el impacto de la causa de los cuadernos que afectaron los proyectos de obra pública bajo el modelo de la participación pública y privada (PPP). Todos estos shocks, para el gobierno, “llegaron cuando todavía no habíamos terminado de corregir los desequilibrios económicos heredados”.
De esa forma, ya en los fundamentos del proyecto buscan explicar los motivos por los cuales de un pronóstico de crecimiento del 3,5% para 2018, una inflación del 10% y un dólar promedio de $19 tal como se plasmó en el presupuesto vigente se recayó a previsiones de una recesión del 2,4%, una inflación del 42% y a un dólar a más de $40 para el mismo ejercicio.
Del texto de la norma vale la pena destacar algunos puntos:
- A pesar de las recurrentes intervenciones del BCRA, por un monto de casi 20 mil millones de dólares en 2018, el texto celebra la devaluación de la moneda. Considera que el dólar a $40 implica un tipo de cambio real más competitivo que permitirá expandir las exportaciones un 20,9% y reducir un 50% el déficit de cuenta corriente llevándolo a U$S 9.900 millones. De este modo apuesta a que sea el nuevo tipo de cambio la vía para superar los desequilibrios del sector externo y la escasez de dólares.
- Insiste en que la vía para recuperar el crecimiento debe ser “expandir la capacidad de la economía para producir” y que “esto se logra a través de la inversión”. Así omite el último informe oficial sobre uso de la capacidad instalada de la industria que arroja como resultado que hoy existe alrededor de un 40% del capital que se encuentra ocioso y que este escenario recesivo carece de atractivo para la inversión productiva. De hecho el mismo texto pronostica una caída en la inversión para 2019 del 9,7%.
- Establece como objetivo prioritario el logro del equilibrio fiscal llevando el déficit a niveles nulos en 2019 y a un superávit de un 1% en 2020.
- Para eso reconoce la necesidad de un esfuerzo fiscal equivalente al 3,1% del PBI comenzando por una reducción de los subsidios equivalente al 0,7% del PBI de los cuales el equivalente al 0,3% corresponden al rubro transporte que pasarán a la responsabilidad de las provincias. Estas tendrán que decidir si los trasladan a tarifas o los afrontan con los presupuestos provinciales.
- Establece el congelamiento de los ingresos de personal y los gastos y servicios en el Estado nacional. De este modo se pronostica una reducción del gasto del 7,7% en términos reales que equivalen a un ajuste de $210 mil millones.
- Por el lado de los ingresos estima un incremento equivalente al 1,1% del PBI como resultado de las retenciones a las exportaciones así como del 0,4% del PBI proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Además, entre otros impuestos, en un cuadro que reconocen recesivo, pronostica un crecimiento del 35% en la recaudación por IVA, 13 puntos por encima de la inflación cuando en 2018 reconocen esperar una caída del consumo privado de un 3,4% y vaticinan una retracción del 1,6% en 2019.
- La radiografía del ajuste está plasmada en el presupuesto del gasto público por finalidad. Allí se establece un incremento con relación al presupuesto vigente de un 27,4% (unos cinco puntos debajo de la inflación) pero con una distribución heterogénea. En primer lugar destaca el incremento del 48% en los fondos destinados al pago de los servicios de la deuda pública, muy por encima del resto de los ítems. Por caso, en el rubro de administración gubernamental el incremento pautado es de apenas un 8,5% que contrasta con el 30,6% de incremento para el sistema penal y del 27,9% para los servicios de inteligencia.
- El informe reconoce un incremento del peso de la deuda pública sobre el PBI que pasó de un 57,1% en 2017 hasta un 87,1% a fines de este año. Hacia adelante establece la necesidad de emitir en 2019, además de los U$S 11,7 mil millones de dólares pautados por el acuerdo con el FMI, U$S 2.500 millones provenientes de otras fuentes aún no establecidas así como refinanciar U$S 20,1 mil millones.
- Tal como lo recomienda el Banco Mundial y otros organismos internacionales en cuadros de fuerte ajuste, el presupuesto amplía las partidas para seguridad social (34%) y asistencia social (29,1%) como una vía de contención. Además postulan el relanzamiento de los planes Empalme como una forma de subsidiar la mano de obra para las empresas y reducir los costos laborales.
- A la hora de establecer la previsión de crecimiento (o el piso de la recesión) vaticina una inversión en infraestructura equivalente al 4,4% del PBI pero sobre la base de una reducción de la inversión proveniente del Estado Nacional a un 1% del PBI cuando en 2018 será del 1,6% sobre un total de 4,2% y en 2016 del 2,1% sobre un total del 3,9%. Le asigna a las provincias la responsabilidad de una inversión en infraestructura equivalente al 1,8% del PBI al igual que en 2017 cuando en 2018 alcanzará un 1,6% y en 2016 había sido de un 1,3%. Además apuesta a que las obras por PPP equivalgan a un 0,6% del PBI.
- A pesar de las recurrentes intervenciones del BCRA, por un monto de casi 20 mil millones de dólares en 2018, el texto celebra la devaluación de la moneda. Considera que el dólar a $40 implica un tipo de cambio real más competitivo que permitirá expandir las exportaciones un 20,9% y reducir un 50% el déficit de cuenta corriente llevándolo a U$S 9.900 millones. De este modo apuesta a que sea el nuevo tipo de cambio la vía para superar los desequilibrios del sector externo y la escasez de dólares.
- Insiste en que la vía para recuperar el crecimiento debe ser “expandir la capacidad de la economía para producir” y que “esto se logra a través de la inversión”. Así omite el último informe oficial sobre uso de la capacidad instalada de la industria que arroja como resultado que hoy existe alrededor de un 40% del capital que se encuentra ocioso y que este escenario recesivo carece de atractivo para la inversión productiva. De hecho el mismo texto pronostica una caída en la inversión para 2019 del 9,7%.
- Establece como objetivo prioritario el logro del equilibrio fiscal llevando el déficit a niveles nulos en 2019 y a un superávit de un 1% en 2020.
- Para eso reconoce la necesidad de un esfuerzo fiscal equivalente al 3,1% del PBI comenzando por una reducción de los subsidios equivalente al 0,7% del PBI de los cuales el equivalente al 0,3% corresponden al rubro transporte que pasarán a la responsabilidad de las provincias. Estas tendrán que decidir si los trasladan a tarifas o los afrontan con los presupuestos provinciales.
- Establece el congelamiento de los ingresos de personal y los gastos y servicios en el Estado nacional. De este modo se pronostica una reducción del gasto del 7,7% en términos reales que equivalen a un ajuste de $210 mil millones.
- Por el lado de los ingresos estima un incremento equivalente al 1,1% del PBI como resultado de las retenciones a las exportaciones así como del 0,4% del PBI proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Además, entre otros impuestos, en un cuadro que reconocen recesivo, pronostica un crecimiento del 35% en la recaudación por IVA, 13 puntos por encima de la inflación cuando en 2018 reconocen esperar una caída del consumo privado de un 3,4% y vaticinan una retracción del 1,6% en 2019.
- La radiografía del ajuste está plasmada en el presupuesto del gasto público por finalidad. Allí se establece un incremento con relación al presupuesto vigente de un 27,4% (unos cinco puntos debajo de la inflación) pero con una distribución heterogénea. En primer lugar destaca el incremento del 48% en los fondos destinados al pago de los servicios de la deuda pública, muy por encima del resto de los ítems. Por caso, en el rubro de administración gubernamental el incremento pautado es de apenas un 8,5% que contrasta con el 30,6% de incremento para el sistema penal y del 27,9% para los servicios de inteligencia.
- El informe reconoce un incremento del peso de la deuda pública sobre el PBI que pasó de un 57,1% en 2017 hasta un 87,1% a fines de este año. Hacia adelante establece la necesidad de emitir en 2019, además de los U$S 11,7 mil millones de dólares pautados por el acuerdo con el FMI, U$S 2.500 millones provenientes de otras fuentes aún no establecidas así como refinanciar U$S 20,1 mil millones.
- Tal como lo recomienda el Banco Mundial y otros organismos internacionales en cuadros de fuerte ajuste, el presupuesto amplía las partidas para seguridad social (34%) y asistencia social (29,1%) como una vía de contención. Además postulan el relanzamiento de los planes Empalme como una forma de subsidiar la mano de obra para las empresas y reducir los costos laborales.
- A la hora de establecer la previsión de crecimiento (o el piso de la recesión) vaticina una inversión en infraestructura equivalente al 4,4% del PBI pero sobre la base de una reducción de la inversión proveniente del Estado Nacional a un 1% del PBI cuando en 2018 será del 1,6% sobre un total de 4,2% y en 2016 del 2,1% sobre un total del 3,9%. Le asigna a las provincias la responsabilidad de una inversión en infraestructura equivalente al 1,8% del PBI al igual que en 2017 cuando en 2018 alcanzará un 1,6% y en 2016 había sido de un 1,3%. Además apuesta a que las obras por PPP equivalgan a un 0,6% del PBI.
El 54% del ajuste será para pagar intereses de la deuda y cambian condiciones de canje
El Gobierno quiere modificar una cláusula sobre reestructuración de pasivos
El Presupuesto 2019 presentado ayer por el Gobierno nacional estipula un ajuste de $358.039 millones en el resultado fiscal primario, ahorro que se utilizará en un 54% para pagar casi $200.000 millones más en intereses, la segunda partida más voluminosa de la ley de leyes después de las jubilaciones y pensiones.
De acuerdo al texto girado al Congreso, los gastos destinados a los servicios de deuda subirán un 49% respecto al 2018, al totalizar $593.016 millones. A pesar de que el oficialismo planteó que el año que viene habrá “déficit 0”, el rojo financiero trepará a más de $600.000 millones, lo que implicará una mejora del 21% frente al registrado en el Presupuesto anterior.
Estos números reflejan la peligrosa dinámica en la que entró el endeudamiento del sector público y que el propio Gobierno reconoce en la ley de leyes. Es que por la suba en el tipo de cambio, el stock de los pasivos se disparó más de 30 puntos en relación del PBI, al pasar de 57,1% a 87% del producto.
En ese sentido, el Ejecutivo introdujo una llamativa modificación al artículo 65 de la ley 24.156, que establece que las reestructuraciones deben implicar una mejora en las condiciones ya sea en los plazos, los montos o la carga de intereses. Sin embargo, el Presupuesto 2019 plantea que un eventual canje ya no deberá cumplir con dos de esos tres requisitos sino que podrá llevarse adelante “atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero”.
Efecto dólar a $40
Las proyecciones que figuran en la ley de leyes en relación al año próximo incorporan el efecto macroeconómico de la devaluación, el nuevo piso del dólar en $40 y los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. El ministerio de Hacienda pronostica un tipo de cambio de $40,10 en 2019 y una inflación promedio del 34% que, medida “punta a punta” en diciembre arrojaría un alza en el índice de precios del 23%, “significativamente por debajo de la de 2018”, que ya sumó 34% hasta agosto.
Esto implicaría una baja en el tipo de cambio real multilateral del 8%, desde los niveles “máximos” que consiguió actualmente con la suba sin respiro del dólar.
Según el Presupuesto, de esta manera se conseguirá una mejora en la balanza comercial, que volverá a tener superávit por unos u$s5.800 millones, por un avance del 19% en las exportaciones, muy superior al 2,3% que subirían las importaciones. Así, el déficit de cuenta corriente se reduciría un 50% desde los u$s22.400 millones de este año hasta llegar a los u$s9.900 millones el año que viene, gracias a un tipo de cambio más competitivo y la recuperación de los envíos a Brasil y del sector agrícola.
Los cuadernos, presentes
En cuanto al nivel de actividad, el Gobierno admite que el PBI caerá 2,4% este año y 0,5% en 2019. En este punto enumera, como es habitual, el impacto de la sequía, la suba de tasas en Estados Unidos, la guerra comercial entre esa potencia y China, la salida de fondos de los emergentes, el alza en el precio del petróleo, combo al que luego suma “la causa judicial de los cuadernos de la corrupción agravó el problema de financiamiento para los proyectos de infraestructura”.
En ese marco, para el año que viene se prevé una baja del consumo privado del 1,6%, del 3,4% para el consumo público y un retroceso de la inversión de 9,7%.
Lo cierto es que en la ley de leyes se autoriza al Ejecutivo a realizar gastos por $4,172 billones, de los que más del 60% son “servicios sociales”. En tanto, los recursos suman $3,572 billones y la autorización para endeudamiento para cubrir el déficit y amortizar deuda, otros $3 billones.
El ingreso tributario que más crecerá son los derechos de exportación que, al volver a aplicarse, permitirán sumar a las arcas públicas $431.651 millones, un 200% más. Serán la tercera fuente en importancia después del IVA y el impuesto a las Ganancias.
Por el lado de los gastos, las jubilaciones y pensiones subirán un 37,6%, mientras que los subsidios económicos caerán un 6,7% y las transferencias corrientes a provincias, un 17,5%. Por su parte, los gastos de capital retrocederán 8,6%.
Por otro lado, el artículo 38 establece que los jubilados que estén percibiendo la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), no podrán desempeñarse “en relación de dependencia o por cuenta propia”. Y se prevé que en abril o mayo se comience a rematar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para hacer frente a la “reparación histórica”.
Diputados opositores advirtieron que sin cambios no votarán el Presupuesto
Por su parte, el titular del bloque justicialista Diego Bossio advirtió: “No vamos a votar un presupuesto exprés, no vamos a votar un presupuesto a ciegas”.
Bossio dijo que el oficialismo “está queriendo que se apruebe un presupuesto de ajuste sugerido por Washington y el FMI para que no haya incertidumbre económica y hay que estudiarlo”.
“La incertidumbre que nosotros vemos es la del trabajador y la de la gente que no llegan a fin de mes y tiene problemas para acceder a la salud y la educación pública, y este presupuesto no resuelve ninguno de esos problemas acuciantes que hoy tienen las grandes mayorías”, expresó.
El diputado peronista Felipe Solá evaluó, a su vez, que la “gobernabilidad” del país no se pondrá en riesgo en caso de que no sea aprobada la ley.
El ex gobernador bonaerense sostuvo que el Gobierno “está atacando la institucionalidad, generando el desorden, el dolor, y la desesperación de los argentinos”.
Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá consideró que “Dujovne simuló ser autor de un Presupuesto colonial dictado por el FMI”.
“Es un Presupuesto que tiene como punto de partida destinar el ahorro nacional -que no va a educación, ni salud, ni obra pública, mucho menos a industrializar el país- al servicio del pago de la deuda externa”, cuestionó Del Pla en un comunicado.
Sostuvo que “el Partido Obrero analizará con lupa este Presupuesto de guerra contra los trabajadores, especialmente en todo lo referido a las conquistas jubilatorias, el fondo de garantía de la ANSES, los regímenes especiales, su endeudamiento, su plan de despidos y los subsidios y beneficios a los capitalistas, que deben ser quienes paguen la crisis”.
Fuente: Tiempo Argentino/ BAE/ AMFIN/ Agencias
Foto de archivo